Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe

Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza...
los avances de la región en esa área, analizados en el capítulo III, muchos países no han ratificado instrumentos
fundamentales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San
Salvador. A ello se suma la necesidad de avanzar también en la elaboración de legislaciones nacionales que plasmen
dichos compromisos en derechos con sustrato legal reconocible, tanto a nivel de Constituciones como de leyes
específicas e instancias de fiscalización.
También es necesario acortar la distancia entre esos compromisos y mandatos formales respecto de la
implementación y el alcance efectivo de las políticas y los programas sociales (por ejemplo, con garantías concretas
de acceso y de calidad de los servicios, y la consolidación de niveles adecuados y crecientes de bienestar social, que
redunden en el ejercicio efectivo de los derechos). Finalmente, se requieren avances en materia de exigibilidad de los
derechos económicos y sociales, para que las personas puedan, como titulares de derechos, exigir su cumplimiento
a la institucionalidad social.
2. Fortalecer las capacidades organizacionales y de coordinación interinstitucional
Avanzar hacia una mayor coordinación intersectorial a nivel central y entre niveles de gobierno es un requisito
esencial para implementar políticas integrales que hagan frente a los problemas sociales que, por definición, son
complejos y multidimensionales.
Como se indicó en el capítulo III, las instancias colegiadas de coordinación de políticas sociales, como los
consejos y gabinetes intersectoriales, están presentes en todos los países. En las últimas décadas se ha reforzado la
formalización de la función de gobierno en materia de políticas sociales de protección, promoción e inclusión social
para segmentos de población definidos como prioritarios por sus condiciones de pobreza, vulnerabilidad, exclusión
social o discriminación. Esto se refleja en el surgimiento de los ministerios y secretarías de desarrollo e inclusión social.
Pese a estos avances, en la región persiste una dinámica sectorializada, por lo que se requiere fortalecer tanto
el papel de los ministerios sociales como la articulación de los actores que participan en la gestión de las políticas.
Para ello, la acción pública debe articularse horizontalmente, desarrollando una dinámica de interacción y
diálogo permanente entre las instancias gubernamentales nacionales que implementan las políticas sociales, en
especial las de superación de la pobreza y la desigualdad 29 . Ello implica fortalecer la articulación entre los ministerios
de desarrollo social, los ministerios sectoriales (como los de salud, educación, trabajo, desarrollo productivo rural
y urbano, medio ambiente y otros), las entidades a cargo de atender de forma transversal a segmentos o categorías
específicas de la población (mujeres, niños, pueblos indígenas, afrodescendientes, jóvenes, adultos mayores, personas
con discapacidad y otras) y los organismos con funciones de coordinación, planificación y financiamiento y de
desarrollo económico en general.
También es necesario un nivel cualitativamente superior de articulación y complementación entre el ámbito
social y el económico. Este es uno de los desafíos más importantes de la institucionalidad social en la región.
La coordinación es de particular trascendencia para diseñar e implementar políticas sociales innovadoras, como
las relacionadas con estrategias de inclusión laboral y productiva, los sistemas de cuidado a lo largo del ciclo de
vida, y el territorio como espacio articulador entre acciones nacionales y subnacionales de política social. También es
importante para considerar las necesidades y la incorporación transversal de los grupos discriminados o en situación
de desventaja en numerosos ámbitos de la política social.
La integración vertical entre los distintos niveles de gobierno y a nivel territorial es otro aspecto central de la
institucionalidad para el desarrollo social (especialmente en los países de mayor dimensión territorial y organización
federativa) y exige una mayor coordinación de la acción pública entre las entidades nacionales, regionales y locales.
Es fundamental que la articulación entre los distintos niveles de gobierno no siga una dinámica de “arriba-abajo”
(top-down), con una lógica de integración centralmente dirigida, o mera desconcentración, característica recurrente en
la región, sino que la interacción permita abarcar necesidades sociales diversas, con clara definición de competencias,
y velar por la cobertura efectiva en diversos espacios geográficos.
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Los programas de transferencias condicionadas en los que la coordinación responde a la multidimensionalidad de las causas de la
pobreza han ido acompañados de importantes avances y desafíos en la organización y coordinación de sus acciones, con el desarrollo
de instrumentos de gestión y el surgimiento de gabinetes interministeriales y ministerios de desarrollo social, tal como fue analizado
en los capítulos II y III.
Capítulo IV
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