Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Recuadro IV.7
Instrumentos de protección social y desastres en América Latina y el Caribe
Los instrumentos que se utilizan actualmente para proteger a la
población vulnerable frente a situaciones de desastre en América
Latina y el Caribe incluyen las transferencias monetarias a las
familias, los programas de empleos públicos y los microseguros.
Las transferencias monetarias dirigidas a las familias son
instrumentos orientados a mejorar, de forma parcial, la situación
económica inmediata de los hogares afectados por desastres,
buscando evitar que incursionen en estrategias de sobrevivencia
que puedan dañar las capacidades humanas actuales y futuras
(como, por ejemplo, recurrir al trabajo infantil). A pesar de
que constituyen un instrumento efectivo y de bajo costo para
los gobiernos, representan una solución parcial que debe
complementarse con apoyos a la oferta de bienes de primera
necesidad para reactivar las economías locales y evitar presiones
inflacionarias de los precios debido a la disponibilidad de más
dinero circulante. En el caso de los programa de transferencias
condicionadas, su normativa y regulaciones deberían incorporar
indicaciones que consideren la posibilidad de una ampliación
temporal de la cobertura en caso de ocurrencia de desastres,
acompañada de una suspensión temporal del monitoreo y la
verificación de las condicionalidades. Destacan en tal sentido
las experiencias del Gobierno de Chile tras el terremoto de 2010
y la emergencia por lluvias en el norte del país en 2014, y el
Bono de Emergencia del Gobierno del Ecuador para hogares
afectados por desastres.
Existen experiencias incipientes de programas de empleos
públicos que buscan la inserción laboral de los adultos en edad
de trabajar que se han visto afectados por la ocurrencia de un
desastre. En algunos países de la región, como Bolivia (Estado
Plurinacional de), Colombia, México y el Perú, existen programas
de empleos públicos relacionados con desastres, que se pusieron
en marcha tras la declaración oficial de emergencia. Después
del terremoto de 2010, en Haití se implementaron programas
de empleos de emergencia, con énfasis en los jóvenes y en
coordinación con medidas de prevención del trabajo infantil, que
implicaron grandes esfuerzos de racionalización y coordinación
por parte del gobierno nacional y contaron con una intensa
participación de organismos internacionales. En estos casos es
importante establecer criterios operativos que no permitan la
vulneración de los derechos laborales, en particular proveyendo
salarios aceptables para la satisfacción de las necesidades
básicas durante el período de emergencia.
En Colombia, Haití y México se han comenzado a crear
microseguros dirigidos a hogares o productores agropecuarios
vulnerables que no son beneficiarios habituales de seguros contra
catástrofes de las aseguradoras privadas. En este sentido, es
posible proponer que los países de la región formulen esquemas
solidarios de forma permanente, para evitar la pérdida total de los
activos productivos y patrimoniales de las personas vulnerables
expuestas a daños derivados de desastres. Por otra parte, los
países de la región ubicados en zonas de alta actividad sísmica
deberían considerar la implementación de seguros colectivos que
contemplen un financiamiento basado en subsidios cruzados o
un financiamiento solidario sobre la base del aporte contributivo
de los hogares de mayores ingresos, para poder incorporar
las viviendas de hogares que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social, como se está realizando en el municipio
de Manizales en Colombia.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de L.H. Vargas, “Los retos de los sistemas de protección social en América
Latina y el Caribe ante los desastres”, Instrumentos de protección social: caminos latinoamericanos hacia la universalización, Libros de la CEPAL, Nº 136
(LC/G.2644-P), S. Cecchini y otros (eds.), Santiago, CEPAL, 2015.
G. Fortalecer la institucionalidad para el desarrollo
social inclusivo
Los avances en el ámbito del desarrollo social analizados a lo largo del documento plantean nuevos desafíos
institucionales. Lo social se ha fortalecido en la agenda pública y eso se ha expresado mediante nuevos compromisos
jurídico-normativos y una diversidad de experiencias positivas en cuanto a capacidades fiscales, técnicas, organizacionales
y de coordinación interinstitucional. Para continuar en esta senda, fortaleciendo el enfoque de derechos y la inclusividad
del desarrollo social, se requiere profundizar dichos procesos, propiciando una mayor sostenibilidad en políticas
orientadas por principios de integralidad, efectividad, eficiencia, participación y transparencia.
No existe un único modelo a seguir; más bien hay desafíos que enfrentar y tareas que desempeñar en contextos
institucionales diversos. Promover una intensa coordinación intersectorial y la articulación entre los distintos niveles
de gobierno, lograr mayores niveles de coordinación territorial, fomentar la participación ciudadana, una mayor
rendición de cuentas y la garantía de derechos, así como fortalecer la capacidad de diagnóstico y producción de
datos, registros e indicadores, son desafíos compartidos. A continuación se examinan algunos de estos desafíos, con
miras a potenciar una institucionalidad que posibilite una política social efectiva, eficiente, transparente y sostenible.
1. Plasmar el enfoque de derechos en la institucionalidad para el desarrollo social
La política social en general debe coadyuvar al cumplimiento efectivo de los derechos económicos, sociales y
culturales. En términos formales, el ordenamiento jurídico debe incorporar el enfoque de derechos en relación con
los compromisos y mandatos asumidos por los Estados con las personas en tanto titulares de derechos. A pesar de
Capítulo IV
144