Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe

Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza...
por parte de los 15 países de la región que lo han ratificado. Es necesario también fortalecer los mecanismos de
protección de los derechos de los pueblos indígenas implementados en el sistema de las Naciones Unidas, con
miras a la aplicación efectiva del conjunto de recomendaciones existentes y el monitoreo del cumplimiento de los
estándares internacionales. En el plano nacional, si bien se reconocen importantes progresos, estos continúan siendo
insuficientes y las desigualdades étnicas aún son profundas. En un contexto de mayores dificultades económicas, la
consolidación de estos avances requiere voluntad política y que los Estados redoblen los esfuerzos, especialmente
para promover la participación y respetar la autonomía de los pueblos indígenas (CEPAL, 2014b).
La población afrodescendiente de América Latina también sufre una exclusión y discriminación estructural que
se sigue reproduciendo en diversos ámbitos de la vida económica, social y política. Para enfrentar esta situación de
desventaja, los afrodescendientes han actuado colectivamente exigiendo el respeto de sus derechos y el cumplimiento
de los compromisos adquiridos en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia
y las Formas Conexas de Intolerancia, que obliga a los Estados a reducir la exclusión, la discriminación y la pobreza
en que viven sus pueblos como consecuencia del racismo (CEPAL, 2009).
Se requiere avanzar hacia nuevas formas de ciudadanía, basadas en el combate a todas las formas de discriminación
y en la implementación de políticas activas de promoción de la igualdad de oportunidades y de trato. En los
últimos años, los Estados, los organismos internacionales y la sociedad civil han realizado grandes esfuerzos en ese
sentido, pero el avance es desigual en los distintos países. Mientras unos han creado cuerpos legales y organismos
para la promoción de la igualdad racial o han implementado políticas de acción afirmativa de diversos tipos, otros
aún se encuentran en una fase de reconocimiento o exploración de la problemática. En cada país, los ritmos de
implementación de políticas, instituciones, programas y acciones han dependido de diversos factores, entre los que
se cuenta la voluntad política, la capacidad estatal, el desarrollo de la democracia y, sobre todo, la capacidad de los
grupos afectados para posicionar la temática en la opinión pública y en la agenda social (CEPAL, 2009).
Tanto en el caso de los pueblos indígenas como en el de los afrodescendientes, es necesario redoblar los
esfuerzos para fomentar programas de promoción de la igualdad y mejoramiento de las condiciones de vida, entre
los que se encuentran los programas de transferencias de ingreso y las políticas de empleo y acceso a trabajo
decente, educación y vivienda, así como de acceso a tierras y demás recursos productivos que incluyan la gestión
y el resguardo de los recursos naturales y la biodiversidad. Se requiere, además, la implementación de programas
de salud integrales, destinados a esas poblaciones en áreas rurales y urbanas, y modelos educativos con vocación
multicultural. Transformar las condiciones que permiten la discriminación incluye el acceso a mejores condiciones
de vida, pero también la participación y la toma de decisiones en las estructuras de poder y en los órganos de
representación popular (CEPAL, 2009; Hopenhayn, Bello y Miranda, 2006).
E. Reducir las desigualdades territoriales
La desigualdad regional y la heterogeneidad entre las entidades territoriales subnacionales en cuanto a sus niveles
de ingresos, pobreza, productividad, acceso al bienestar y dotación de recursos naturales, ha sido un rasgo histórico
y estructural de varios países de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012c). Las desigualdades territoriales limitan
a la población el ejercicio de sus derechos, lo que adquiere mayor intensidad y un significado particular en el caso
de los pueblos indígenas, ya que el territorio es fundamental en la definición de su identidad 27 .
Para lograr una mayor igualdad es indispensable reducir las brechas entre los territorios —tomando especialmente
en cuenta las condiciones del medio rural— y adoptar políticas públicas que contemplen no solo la convergencia
productiva, sino también la convergencia espacial (CEPAL, 2010a) (véanse el recuadro IV.5 y el recuadro IV.6).
27
Si bien la legalización de los territorios indígenas constituye una condición imprescindible del derecho territorial, junto con ello
se requieren otras medidas efectivas que permitan garantizar logros tangibles en el mejoramiento de las condiciones económicas y
sociales de estos pueblos (CEPAL, 2014c).
Capítulo IV
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