Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
(gasto de bolsillo), aporte de fundaciones y ONG, u otras entidades. Por otro lado, el enfoque analítico todavía es
meramente contable y de control de presupuesto, y se ha avanzado poco hacia su apreciación como parte integral
del análisis de la política pública y la toma de decisiones 10 .
Para dar sostenibilidad y afianzar la institucionalidad de las políticas de desarrollo social, se requiere potenciar el
desarrollo de pactos fiscales que garanticen recursos estables y permanentes, y con instrumentos de financiamiento
contracíclico, para hacer frente a períodos de crisis o bajo crecimiento. En ese proceso, la identificación de alternativas
asociadas a reglas fiscales en favor de la política social y la asociación de esta a iniciativas de “reforma fiscal verde”
aparecen como posibles caminos de acción.
Una manera de ilustrar los avances y desafíos de la institucionalidad social en relación con el financiamiento
y con algunas dimensiones de análisis aquí propuestas es examinar el caso de grupos o segmentos específicos de
población. Para ello, en el recuadro III.5 se analiza la institucionalidad dedicada a los jóvenes en América Latina,
presentando sus elementos característicos.
Recuadro III.5
Avances y desafíos de la institucionalidad dedicada a la población joven en América Latina
Como ha señalado la CEPAL, el contexto institucional determina
en gran medida el tipo de políticas que pueden ser implementadas
para promover la inclusión social de los jóvenes, su alcance y
su efectividad (Cecchini y otros, 2015). Tres dimensiones de la
institucionalidad —las entidades coordinadoras de la temática, el
marco normativo y la existencia de políticas o planes nacionales
de juventud— son factores determinantes.
En la región, se observa heterogeneidad en cuanto a las
instituciones coordinadoras en materia de juventud: se pueden
identificar ministerios (en Nicaragua, la República Dominicana y
Venezuela (República Bolivariana de)), viceministerios (en Bolivia
(Estado Plurinacional de) y Costa Rica), secretarías (en el Brasil,
el Paraguay y el Perú), subsecretarías o institutos (en Chile, El
Salvador, Honduras, México y el Uruguay), direcciones (en la
Argentina y el Ecuador), consejos nacionales (en Guatemala) y
otros. De acuerdo con la CEPAL (2009), en los objetivos de estas
entidades se incluyen al menos cuatro tareas: conocimiento
sistemático de la realidad juvenil, profesionalización de su personal
técnico, innovación en el diseño y ejecución de programas, y
desarrollo de capacidades comunicacionales para promover
consensos entre la clase dirigente y la opinión pública.
Independientemente de las variaciones observadas
en cuanto al tipo de entidad y las tareas que cumplen para
promover el desarrollo de la población juvenil en sus respectivos
países, las instituciones tienden a ser débiles, en especial
en comparación con la solidez de los ministerios sectoriales
relacionados, como los de educación, trabajo y salud. Ante
este panorama, se vuelve necesario reflexionar sobre las
funciones esenciales que debieran cumplir las instituciones
gubernamentales de juventud. Estas deberían asumir un rol
de coordinación, de articulación de esfuerzos, para dinamizar
procesos y así lograr que mejoren las políticas de juventud
en cada sector, manteniendo una mirada integral sobre las
necesidades de esta población en sus contextos respectivos.
También resulta necesario fortalecer las instancias locales
(sobre todo, municipales) para llevar a cabo iniciativas de
inclusión social juvenil que cuenten con una mayor participación
comunitaria tanto en su diseño como en su implementación.
Un segundo componente clave de la institucionalidad es
la existencia de una normativa sobre juventud. Ello refleja un
consenso de la sociedad respecto de la necesidad de atender
una problemática y cómo abordarla. Por otra parte, obliga a
los diferentes niveles del poder ejecutivo a definir políticas y
programas para cumplir con los objetivos establecidos y a dirigir
recursos del presupuesto público para ello. De esta manera, el
marco jurídico proporciona estabilidad, permanencia de criterios,
institucionalidad y recursos a las políticas públicas de juventud.
El papel de una política o plan nacional de juventud también
es crítico, ya que proporciona la visión para todos los programas
y actividades relacionados con la juventud en un país. En el Foro
Mundial sobre Políticas para la Juventud, que se celebró en Bakú
en 2014, se consensuaron lineamientos básicos para dichas
políticas a . Según lo acordado, una política de juventud debe estar
basada en derechos, ser inclusiva, integral y participativa, tener
perspectiva de género, estar basada en el conocimiento y la
evidencia, ser responsable y contar con recursos. En la región
muchos países han desarrollado estrategias, en las que se toma
la perspectiva de la juventud como un especio de ciudadanía y del
joven como un actor estratégico del desarrollo y se incorporan
elementos del compromiso de Bakú. Sin embargo, la asignación
de recursos destinados a los jóvenes en los presupuestos públicos
aún es insuficiente y en algunos casos se evidencian desfases
entre los objetivos de dichos planes y el presupuesto público.
La mayor parte de estos esfuerzos de institucionalización
de las acciones dirigidas hacia la juventud se han establecido
a partir de la década de 2000. Todo lo anterior sugiere que los
gobiernos son cada vez más conscientes de la importancia de
contar con legislación y políticas adecuadas para responder a las
necesidades, las aspiraciones y las demandas de los jóvenes. Sin
embargo, la existencia de una normativa en temas de juventud y
un plan o política para ejecutar esa normativa es una condición
necesaria pero no suficiente para promover la inclusión de las y
10
Para mejorar estos sistemas de medición deben articularse las propuestas metodológicas del Manual de estadísticas de finanzas
públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el Sistema de Cuentas Nacionales, en la línea de las cuentas satélite, e incluir
la información de costos e inversión como parte integral del sistema de análisis de la gestión social, articulada con la información
social, de manera de potenciar la racionalidad en la toma de decisiones hacia la maximización de los impactos y la eficiencia en el
uso de los recursos (Martínez y Collinao, 2010; Martínez, 2015).
Capítulo III
108