Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe

Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza...
de mayor articulación horizontal y vertical, con miras a garantizar el acceso del conjunto de la población a niveles
adecuados de bienestar y protección frente a riesgos asociados al ingreso, la salud, el desempleo y la nutrición, entre
otros ámbitos, sobre la base de un financiamiento solidario y sostenible en el largo plazo.
El surgimiento del cuidado como eje articulador de diversos servicios públicos a lo largo del ciclo de vida
constituye, en varios países, una experiencia valiosa, en la que se busca superar las fronteras sectoriales tradicionales,
así como la fragmentación de las escasas políticas públicas que existían en esta materia (véase el recuadro III.4).
Recuadro III.4
Institucionalidad de las políticas de cuidado en América Latina y el Caribe
En un contexto marcado por el envejecimiento progresivo de
la población, la desigual distribución del trabajo no remunerado
entre hombres y mujeres, los cambios en los patrones de
inserción laboral de estas últimas y la ampliación de los derechos
vinculados a la protección social de la infancia, las personas
con discapacidad y las personas de edad, la discusión sobre
las políticas de cuidado aparece con creciente fuerza en la
agenda pública.
Todos los países de la región cuentan con algún tipo de
política en esta materia. En todos existen leyes que se refieren
al cuidado infantil, la gran mayoría centradas principalmente en
las licencias por maternidad, así como en el trabajo doméstico
remunerado. No obstante, solo en dos países —el Ecuador y
Venezuela (República Bolivariana de)— se reconoce de forma
expresa en la constitución el trabajo de cuidado no remunerado.
Asimismo, la regulación sobre el cuidado de otros grupos de la
población, como las personas con discapacidad o con enfermedades
terminales o las personas de edad, figura escasamente en los
marcos legales vigentes.
Respecto de los servicios y recursos para cuidar,
todos los países de América Latina cuentan con políticas
asociadas a servicios de cuidado infantil y a centros diurnos
o establecimientos de larga estadía para personas de edad.
No ocurre lo mismo en el caso de los centros para el cuidado
de personas con discapacidad o de los servicios de cuidado
que se brindan dentro de los hogares, que muestran escasa
presencia en los países. Asimismo, solo en siete países se
han implementado transferencias para cubrir los gastos de
contratar servicios de cuidado o para apoyar a quienes ejercen
trabajo de cuidado no remunerado.
La dispar existencia de políticas para todas las poblaciones
involucradas en el cuidado (proveedoras y receptores) da cuenta
de una institucionalidad en construcción en la región, con escasa
presencia de entidades coordinadoras de una política integrada.
Así, el debate sobre la organización social del cuidado —impulsado
inicialmente por el movimiento de mujeres y la economía feminista,
y luego por la preocupación simultánea en distintos sectores de
política y diversos actores sociales y académicos acerca de la falta
de acceso a los servicios y programas existentes de cuidado para
distintos segmentos de población según sus necesidades— ha
redundado en algunos países en el surgimiento gradual de una
problemática transversal a varios sectores de la política pública.
Si bien en países como Chile, el Ecuador, El Salvador, México
y el Uruguay se han implementado mesas gubernamentales
interinstitucionales de coordinación de políticas de cuidado —en
las que participan los sectores social, de salud y educación, y los
dedicados a la infancia, la mujer, las personas con discapacidad y
las personas de edad—, solo el Uruguay cuenta con una entidad
coordinadora de la política de cuidados para todas las poblaciones
y que considera sus tres componentes (tiempo, servicios y
recursos), la Secretaría Nacional de Cuidados, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social. De esta forma, avanzar hacia
una visión del cuidado como derecho universal, componente de
la protección social, requisito para un desarrollo con igualdad y
bien público, con un correlato institucional sólido asociado, es
un desafío abierto en América Latina.
Fuente: R. Aguirre y F. Ferrari, “La construcción del sistema de cuidados en el Uruguay. En busca de consensos para una protección social más igualitaria”,
serie Políticas Sociales, Nº 192 (LC/L.3805), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014; K. Batthyány, “Las políticas
y el cuidado en América Latina. Una mirada a las experiencias regionales”, serie Asuntos de Género Nº 124 (LC/L.3958), Santiago, CEPAL, 2015;
F. Marco y M. N. Rico, “Cuidado y políticas públicas: debates y estado de situación a nivel regional”, Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e
infraestructura, L. Pautassi y C. Zibecchi (coords.), Buenos Aires, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Editorial Biblos, 2013; M. N. Rico
y C. Robles, “Los cuidados como pilar de la protección social: desafíos para su institucionalización”, Documentos de Proyecto, Santiago, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, en prensa.
Finalmente, en paralelo al surgimiento de ministerios dedicados al desarrollo social también se han consolidado
entidades, en su mayoría subministeriales, encargadas de los programas de transferencias de ingreso focalizados en
los hogares pobres (véase el cuadro III.A1.3 del anexo). De los 21 países para los que se cuenta con esta información,
en 10 estos programas son coordinados por los ministerios de desarrollo social, pero también hay 6 casos en que
son gestionados desde la Presidencia de la República y 5 en que son conducidos desde otras carteras, como los
ministerios de educación, salud o finanzas.
C. Las herramientas de gestión y la dimensión
técnico-operativa
La gestión pública representa la traducción operacional de la política. Así, mientras en la cúspide del Estado se
definen los objetivos y los principales lineamientos de acción, los equipos directivos y técnicos son los encargados
de traducir estas definiciones en planes y otros instrumentos que permitan lograr los objetivos trazados, entre los
Capítulo III
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