Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Al respecto se ha señalado que para evaluar el desempeño de estas entidades se requiere un examen caso a
caso, a fin de determinar en qué medida las principales funciones de gobierno están siendo cubiertas, monitoreadas y
coordinadas. En muchos países, el reto principal ya no es reconocer las necesidades insatisfechas, las discriminaciones
sistemáticas o la indiferencia por parte de la política pública, sino lograr en la práctica la implementación de los
compromisos ya asumidos por los Estados, haciendo efectivos los mandatos de las instituciones creadas para ese fin.
Un ejemplo valioso de este desafío, referente al caso de las personas con discapacidad, se explora en el recuadro III.3.
Recuadro III.3
Avances en la institucionalidad orientada a las personas con discapacidad: el reto de acortar
la distancia entre los principios de jure y su aplicación de facto
Las personas con discapacidad son cada vez más consideradas
tanto en las convenciones de organismos internacionales como en
la legislación nacional de todos los países. En el Convenio sobre la
Readaptación Profesional y el Empleo (Personas Inválidas), 1983
(Núm. 159) de la OIT se hace referencia a la readaptación profesional
y el empleo de personas con discapacidad y explícitamente se
establece el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores con discapacidad y los trabajadores en general.
En 1999, en el ámbito de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), se aprobó la Convención Interamericana para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad. En el Marco de Acción de Dakar
sobre Educación para Todos se afirma que la educación es un
derecho fundamental y una necesidad básica para todos los niños,
los jóvenes y los adultos, incluidos aquellos con discapacidades
(UNESCO, 2000). En diciembre de 2006, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
La Convención se concibió como un instrumento de derechos
con una dimensión explícita de desarrollo social.
En todos los países existen instituciones del gobierno central
cuyo objetivo es proteger los derechos de las personas con
discapacidad. En algunos casos, como El Salvador, Guatemala y la
República Dominicana, estas entidades dependen directamente
de la Presidencia de la República, pero en la mayoría de los
países son parte de los ministerios de desarrollo social. En
términos generales, su objetivo es proponer, ejecutar y evaluar
la política pública de inclusión social de las personas con
discapacidad y sus familias en diferentes ámbitos, tales como
la salud, la educación, la protección social, la inclusión laboral
y la accesibilidad en su sentido más amplio. Igualmente, en
los niveles locales, en especial los de mayor tamaño, existen
organismos públicos encargados del bienestar de las personas
con discapacidad y sus derechos.
El acceso a la salud, para el que también existe amplia
legislación en la región, es uno de los temas más avanzados. No
ocurre lo mismo con el acceso a la atención para la rehabilitación,
que en buena parte de los países es provista por organizaciones
no gubernamentales que no logran cubrir las necesidades de toda
la población con discapacidad y cuyos recursos dependen en un
porcentaje considerable de donaciones basadas en la filantropía.
Obstáculos aún mayores se presentan en la educación, tanto en
términos de cobertura como de calidad, el acceso al mercado
laboral y la accesibilidad en el sentido amplio. Si bien existen leyes
u otras normas en que se reconoce el derecho a la educación y
se destaca la importancia del modelo inclusivo, y aunque varios
países han establecido la obligación de incluir a las niñas y los
niños con discapacidad en la educación regular, aún son muchos
los que quedan fuera del sistema escolar o bien acceden, pero a
servicios de calidad muy deficiente (BID, 2015; Padilla Muñoz, 2011).
La discapacidad cognitiva es la que más limita la conclusión de
un período de al menos siete años de estudios, en tanto que las
personas con deficiencia visual son las que con mayor frecuencia
alcanzan ese nivel de escolaridad (CEPAL, 2013).
Al igual que en las áreas antes mencionadas, todos los
países cuentan con leyes u otras normas sobre inserción laboral
de las personas con discapacidad. En los programas de inserción
laboral existentes en la región se incluye la capacitación para
incrementar las competencias, mejorar las condiciones de
empleabilidad y apoyar la búsqueda de empleo u ocupación,
así como programas de inserción laboral en el sector privado,
por medio de incentivos a los empleadores para la contratación.
Desafortunadamente, no se cuenta con información que permita
analizar el impacto de este tipo de acciones. Varios países de la
región a han definido cuotas de contratación de personas con
discapacidad, en algunos casos extendidas al sector privado,
como ocurre en el Brasil y el Ecuador; pero es muy escasa la
capacidad disponible para fiscalizar el cumplimiento de dichas
cuotas (OIT, 2012). En este sentido, en 2014 el Uruguay adoptó el
Decreto 79/014, en que se establece que el 4% de los recursos
presupuestarios destinados a la contratación de personal en
cada establecimiento público solo puede ser destinado para
ese fin (véase el decreto en [en línea] www.impo.com.uy/bases/
decretos/79-2014).
No hay duda de que el principal reto institucional en materia
de la discapacidad en la región es que las entidades encargadas
del tema cuenten con los mecanismos, la estructura y el personal
necesarios para mejorar la coordinación y el monitoreo, con el
fin de lograr la efectiva exigibilidad de los derechos y medidas
reconocidos en la legislación y la oferta programática vigente.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “10 mitos sobre los estudiantes
con discapacidad en América Latina”, 2015; Pedro Luis Castellanos, “Políticas sociales inclusivas, aportes desde la estrategia Quisqueya sin Miseria”,
2013; CEPAL, Panorama Social de América Latina 2012 (LC/G.2557-P), Santiago, 2013; Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Perfil do trabalho
decente no Brasil. Um olhar sobre as unidades da Federação”, 2012; Andrea Padilla Muñoz, “Inclusión educativa de personas con discapacidad”, Revista
Colombiana de Psiquiatría, vol. 40, N° 4, Amsterdam, Elsevier, 2011; Yessenia Tapia Solórzano, “La inserción laboral de las personas con discapacidad y
su incidencia socioeconómica en el Ecuador. Período 2009-2011”, 2012; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), Marco de acción de Dakar. Educación para todos: Cumplir nuestros compromisos comunes, París, 2000.
a
Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
Capítulo III
También cabe mencionar la relevancia que ha adquirido la institucionalidad dedicada a la protección social en años
recientes. Esta abarca una gran diversidad de actores institucionales gubernamentales, desde aquellos explícitamente
encargados del combate a la pobreza y la protección social no contributiva, hasta los sistemas tradicionales de seguridad
social y los responsables de la regulación del mercado laboral. Un desafío compartido en todos los casos es la necesidad
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