Normas fundamentales de los Convenios de Ginebra y de sus ...
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) La Potencia ocupante no podrá exigir ningún cambio en el personal y en laestructura de dichas Sociedades, que pueda causar perjuicio a las actividades arribamencionadas.También a este respecto, los magistrados y los funcionarios están, hasta cierto punto,protegidos contra las presiones políticas: está prohibido a la Potencia ocupantemodificar el estatuto de los funcionarios o de los magistrados del territorio ocupado odictar contra ellos sanciones o cualesquiera medidas de coacción o discriminación pornegarse a ejercer sus funciones alegando razones de conciencia. (IV, 54).d) Legislación penalPor último, mediante un estatuto detallado relativo a la legislación penal, se procuramantener el orden protegiendo a la población del territorio ocupado contra laarbitrariedad de la Potencia ocupante. Se basa en el principio de que la legislaciónpenal del territorio ocupado seguirá vigente, salvo si, por constituir una amenaza parasu seguridad la deroga o la suspende la Potencia ocupante. Habida cuenta de estareserva, incumbirán a los tribunales del territorio ocupado todas las infraccionesprevistas en dicha legislación. (IV, 64).A fin de garantizar el respeto de la equidad, los tribunales sólo podrán aplicar lasdisposiciones legales vigentes antes de la infracción y conformes a los principiosgenerales del derecho, especialmente por lo que concierne al principio de laproporcionalidad de los castigos. Deberán tener en cuenta el hecho de que el acusadono es súbdito de la Potencia ocupante. (IV, 67).El procedimiento judicial debe ser regular, es decir reunir, al menos las garantíassiguientes: información, sin demora al acusado acerca de los detalles de la infracciónque se le atribuya, que debe ser un acto delictivo en el momento de cometerse;presunción de inocencia; ausencia de presiones para obtener confesiones; sentencia enpresencia del acusado y, en principio, dictada públicamente. El acusado sólo podrá serjuzgado una vez por el mismo delito o la misma acusación de conformidad con lamisma legislación y el mismo procedimiento judicial. Se reconocen y garantizan losderechos a la defensa, dado que el acusado podrá interrogar o hacer interrogar a lostestigos, ser asistido por un defensor calificado de su elección, recurrir a los serviciosde un intérprete. Por último, toda persona condenada será informada acerca de susderechos a interponer recurso judicial, así como de los plazos para ejercer esosderechos. Tras tener en cuenta lo que precede, la Potencia ocupante podrá promulgardisposiciones de índole penal, pero el Convenio establece límites muy estrictos para laposibilidad de recurrir a la pena capital. En ningún caso podrá dictarse la pena demuerte contra una persona protegida menor de dieciocho años en el momento de lainfracción ni ejecutarse contra una mujer encinta o una madre de niños de corta edada su cargo. No se ejecutará ninguna sentencia de muerte antes de la expiración de unplazo de por lo menos seis meses desde que la Potencia protectora haya recibido lanotificación de esa sentencia. (P.I, 75; IV, 71, 72, 73; IV, 68; P.I, 76, 77; IV, 75Una cláusula especial protege a los refugiados. (IV, 70).
6. Trato debido a los internados civilesQue se trate de los civiles enemigos en el territorio de una Parte en conflicto o de laspersonas protegidas en territorio ocupado, se aplica el principio de que si la Potenciaocupante considera necesario, por razones imperiosas de seguridad. tomar medidas deseguridad con respecto a las personas protegidas, podrá imponerles, como máximo,una residencia forzosa o proceder a su internamiento. Por lo tanto, el internamiento noes un castigo. A semejanza del código de los prisioneros de guerra, deberá respetar, entoda circunstancia, la dignidad de la persona humana. Por otra parte, el régimen deinternamiento es idéntico al de esos prisioneros y, en conjunto, las normas deinternamiento aplicables a las personas civiles reproducen casi palabra por palabra lasrelativas a los prisioneros de guerra (véanse los artículos 79 a 135 del IV Convenio). Sinembargo, cabe observar que varios artículos relativos por ejemplo a: (IV, 41, 78)la gestión de los bienes (IV, 114)las facilidades en caso de proceso (IV, 115)las visitas (IV, 116)no tienen homólogos en el Convenio sobre los prisioneros de guerra. Atenúan losrigores del internamiento en favor de personas que, por no estar sometidas a ladisciplina militar, pueden, en ciertos casos, beneficiarse de un régimen menos estrictoque los prisioneros de guerra.Además, en el Régimen de trabajo, cabe señalar una diferencia fundamental. Mientrasque puede obligarse a trabajar a los prisioneros (excepto a los oficiales), sólo podráemplearse como trabajadores a los internados civiles cuando ellos asilo deseen.Independientemente de este carácter exclusivamente voluntario, su trabajo se rige porlas mismas normas que el de los prisioneros de guerra. (IV, 95).Por otra parte, en una disposición relativa a la vida de familia consta que losinternados podrán solicitar que sus hijos, dejados en libertad sin vigilancia de lospadres, sean internados con éstos. (IV, 82).En la medida de lo posible, los miembros de una misma familia estarán reunidos en losmismos locales, alojados aparte de los otros internados; además, se les concederán lasfacilidades necesarias para hacer vida familiar.Por lo que respecta a la liberación de los internados, en el Convenio se estipula quetoda persona internada deberá ser liberada por la Potencia detentora, cuando ya noexistan las causas que motivaron su internamiento. Por lo demás, las Partes enconflicto procurarán concertar, durante las hostilidades, acuerdos relativos a laliberación, repatriación, regreso al lugar de domicilio u hospitalización en país neutralde ciertas categorías de internados y, en particular, de niños, de mujeres encintas y demadres lactantes o con niños pequeños, de heridos y enfermos o de internados quehayan padecido largo cautiverio. (IV, 132).
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) La Potencia ocupante no podrá exigir ningún cambio en el personal y en laestructura <strong>de</strong> dichas Socieda<strong>de</strong>s, que pueda causar perjuicio a las activida<strong>de</strong>s arribamencionadas.También a este respecto, <strong>los</strong> magistrados y <strong>los</strong> funcionarios están, hasta cierto punto,protegidos contra las presiones políticas: está prohibido a la Potencia ocupantemodificar el estatuto <strong>de</strong> <strong>los</strong> funcionarios o <strong>de</strong> <strong>los</strong> magistrados <strong>de</strong>l territorio ocupado odictar contra el<strong>los</strong> sanciones o cualesquiera medidas <strong>de</strong> coacción o discriminación pornegarse a ejercer <strong>sus</strong> funciones alegando razones <strong>de</strong> conciencia. (IV, 54).d) Legislación penalPor último, mediante un estatuto <strong>de</strong>tallado relativo a la legislación penal, se procuramantener el or<strong>de</strong>n protegiendo a la población <strong>de</strong>l territorio ocupado contra laarbitrariedad <strong>de</strong> la Potencia ocupante. Se basa en el principio <strong>de</strong> que la legislaciónpenal <strong>de</strong>l territorio ocupado seguirá vigente, salvo si, por constituir una amenaza parasu seguridad la <strong>de</strong>roga o la <strong>sus</strong>pen<strong>de</strong> la Potencia ocupante. Habida cuenta <strong>de</strong> estareserva, incumbirán a <strong>los</strong> tribunales <strong>de</strong>l territorio ocupado todas las infraccionesprevistas en dicha legislación. (IV, 64).A fin <strong>de</strong> garantizar el respeto <strong>de</strong> la equidad, <strong>los</strong> tribunales sólo podrán aplicar lasdisposiciones legales vigentes antes <strong>de</strong> la infracción y conformes a <strong>los</strong> principiosgenerales <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho, especialmente por lo que concierne al principio <strong>de</strong> laproporcionalidad <strong>de</strong> <strong>los</strong> castigos. Deberán tener en cuenta el hecho <strong>de</strong> que el acusadono es súbdito <strong>de</strong> la Potencia ocupante. (IV, 67).El procedimiento judicial <strong>de</strong>be ser regular, es <strong>de</strong>cir reunir, al menos las garantíassiguientes: información, sin <strong>de</strong>mora al acusado acerca <strong>de</strong> <strong>los</strong> <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> la infracciónque se le atribuya, que <strong>de</strong>be ser un acto <strong>de</strong>lictivo en el momento <strong>de</strong> cometerse;presunción <strong>de</strong> inocencia; ausencia <strong>de</strong> presiones para obtener confesiones; sentencia enpresencia <strong>de</strong>l acusado y, en principio, dictada públicamente. El acusado sólo podrá serjuzgado una vez por el mismo <strong>de</strong>lito o la misma acusación <strong>de</strong> conformidad con lamisma legislación y el mismo procedimiento judicial. Se reconocen y garantizan <strong>los</strong><strong>de</strong>rechos a la <strong>de</strong>fensa, dado que el acusado podrá interrogar o hacer interrogar a <strong>los</strong>testigos, ser asistido por un <strong>de</strong>fensor calificado <strong>de</strong> su elección, recurrir a <strong>los</strong> servicios<strong>de</strong> un intérprete. Por último, toda persona con<strong>de</strong>nada será informada acerca <strong>de</strong> <strong>sus</strong><strong>de</strong>rechos a interponer recurso judicial, así como <strong>de</strong> <strong>los</strong> plazos para ejercer esos<strong>de</strong>rechos. Tras tener en cuenta lo que prece<strong>de</strong>, la Potencia ocupante podrá promulgardisposiciones <strong>de</strong> índole penal, pero el Convenio establece límites muy estrictos para laposibilidad <strong>de</strong> recurrir a la pena capital. En ningún caso podrá dictarse la pena <strong>de</strong>muerte contra una persona protegida menor <strong>de</strong> dieciocho años en el momento <strong>de</strong> lainfracción ni ejecutarse contra una mujer encinta o una madre <strong>de</strong> niños <strong>de</strong> corta edada su cargo. No se ejecutará ninguna sentencia <strong>de</strong> muerte antes <strong>de</strong> la expiración <strong>de</strong> unplazo <strong>de</strong> por lo menos seis meses <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que la Potencia protectora haya recibido lanotificación <strong>de</strong> esa sentencia. (P.I, 75; IV, 71, 72, 73; IV, 68; P.I, 76, 77; IV, 75Una cláusula especial protege a <strong>los</strong> refugiados. (IV, 70).
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