Por la procuradora Dña. Noelia Flores Martínez en representación d

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ADMINISTRACIÓNDEJUSTICIAdeber de proteger los bienes jurídicos de la víctima. En este sentidopor su especial interés debe recordarse la Circular 1/2003 de 10 deabril de la Fiscalía General del Estado en la que se dice "El nuevoarto 764.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo a lasmedidas cautelares para el aseguramiento de las responsabilidadespecuniarias contiene una remisión a la Ley de Enjuiciamiento civil(LEC), que ha de ser entendida en sus justos y estrictos términos.Hay que dejar claro, en primer lugar, que la citada remisión nopuede interpretarse en el sentido de que la adopción de cualquiermedida cautelar tendente al aseguramiento de las responsabilidadesciviles exija previa petición de parte ( arto 721 LEC). Tal postura-aparte de contraria al tradicional entendimiento de los presupuestosy finalidad de estas medidas en el procedimiento penal- se opondríaal tenor literal del apartado 3 del mismo artículo que estableceimperativamente la obligación de afianzar (o en su defecto procederal embargo de bienes) de la compañía aseguradora cuando lasresponsabilidades civiles estén cubiertas por un seguro obligatorio.Concretamente, por 10 que respecta a los presupuestos para laadopción de medidas cautelares, la remisión de la LEC habrá de serinterpretada como una remisión sólo a los presupuestos del arto 726de la Ley de Enjuiciamiento Civil... No alcanzará por ejemplo, a lasnormas de procedimiento, de modo que en su tramitación el Juez deInstrucción estará vinculado únicamente al mandato contenido en elapartado 1, que de modo lacónico establece que se forme piezaseparada y se resuelva mediante Auto.Por otra parte, tampoco la remisión de la LEC cuyo arto 727 nomenciona expresamente la fianza -impide que en el procedimientoabreviado el Juez de Instrucción pueda aplicar las normas generalesde la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre aseguramiento de susresponsabilidades pecuniarias (art. 589 y siguientes de la Ley deEnjuiciamiento Criminal), en la medida en que el propio 727.11 a(LEC) introduce una cláusula final de numerus apertus y permiteadoptar cualquier otra medida "que se estime necesaria para16
"'"AI)MINISTRACIÓN1)1:JUSTICIAasegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse enla sentencia estimatoria que recayere en el juicio". Entre estas cabeincluir obviamente, la fianza y el embargo subsidiario regulados enlos mencionados artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.También puede el Juez de Instrucción acordar directamente elembargo, con base en el arto 727.1 a LEC, y permitir al presuntoresponsable civil que lo eluda mediante la prestación de una cauciónsustitutoria (art. 746 LEC) -que equivale a una fianza- con lo que seinvertirían los términos pero el efecto final sería similar».Si en viliud de lo expuesto es claro que la remisión de la Leyde Enjuiciamiento civil ha de entenderse sólo a los presupuestos delas medidas cautelares, las mismas deberán adoptarse conforme alartículo 764.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 728.1 de laLey de Enjuiciamiento Civil cuando puedan producirse durante lapendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas,situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutelaque pudiera otorgarse en una eventual sentencia condenatorio. Puesbien, estos presupuestos se cumplen a juicio de esta instructorasobradamente tal y como se ha expuesto en los razonamientosjurídicos tercero y cuarto de la presente resolución por el presuntoabuso de poder por parte de la accionista mayoritaria (FARUSA) olo que es lo mismo por el Sr. Ruiz de Lopera quien, a través de susentidades instrumentales TEGASA y ENCADESA, se ha apoderadoindiciariamente, de recursos del Real Betis para él y para el resto desus sociedades. Y es claro que si esta situación se mantiene, ya através del inculpado o de sus sociedades, o ya mediante personas omercantiles interpuestas, los perjuicios para el Real Betis BalompiéS.A.D. y para el resto de los socios podrían ser irreparables.Por lo que respecta a la tan alegada y exigida caución quepretende el Ministerio Público que presten las acusacionesparticulares, quizás una lectura apresurada del núm. 2 del arto 764 dela Ley de Enjuiciamiento Criminal, le ha podido llevar a confusión,pues cuando en dicho precepto se remite a las normas de la LEC17
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