Por la procuradora Dña. Noelia Flores Martínez en representación d
Por la procuradora Dña. Noelia Flores Martínez en representación d Por la procuradora Dña. Noelia Flores Martínez en representación d
ADMINISTRACiÓNDEJUSTICIAComo quiera que esta autorización aún no se ha concedido latransmisión de las acciones todavia no se ha producido, de las cualessiguen siendo titular FARUSA hasta que la referida autorización seotorgue en su caso.A tal fin resulta imprescindible para el buen fin de las medidascautelares que en esta resolución se adoptan, que se dirija deinmediato oficio al Consejo Superior de Deportes para que hastatanto recaiga sentencia firme sobre este procedimiento, o sedisponga otra cosa, se deniegue dicha autorización o se suspendacautelarmente la misma sobre dicha compraventa de acciones, puesde la presente instrucción existen indicios más que razonables deque gran parte del paquete accionarial que se pretende transmitir noha sido nunca desembolsado por FARUSA al Real Betis BalompiéS.A.D., por lo que dicha transmisión estaría afectada de nulidadradical o de pleno derecho.Finalmente y por lo que se refiere al límite de las posiblesresponsabilidades pecuniarias se fija prudencialmente en la suma deVEINTICINCO MILLONES DE EUROS, (25.000.000€), ante laseventuales responsabilidades de la etapa de ENCADESA y ante laexigencia del párrafo segundo del arto 589 de la Ley deEnjuiciamiento Criminal que establece que la cantidad que se fije nopodrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable delas responsabilidades pecuniarias.QUINTO.- Antes de entrar a detallar en la parte dispositiva dela presente resolución, las medidas precautorias que se adoptan, síconviene analizar las alegaciones que en contra de su adopción seesgrimieron tanto por el Ministerio Fiscal como por la defensa. Porlo que respecta al primero, manifestó la inexistencia de razones quejustificaran las mismas por la débil probabilidad de una sentenciacondenatoria, alegando nuevamente la prescripción y la posibleinexistencia de perjuicios para la sociedad. En segundo lugarsostuvo que la adopción de cualquiera de las medidas cautelaressolicitadas, debía pasar por la previa prestación de caución para14
· ADMINISTRACIÓNDEJUSTICIAresponder de manera rápida y efectiva de los perjuicios que secausare en el patrimonio del imputado de acreditarse lainnecesariedad de las medidas. En tercer lugar igualmente afirmóque no concurría en el presente caso ninguna de las excepciones a laprestación de caución que el art. 728 párrafo 3° de la Ley deEnjuiciamiento Criminal contempla. En cuarto lugar que elinculpado no ha intentado sustraer su patrimonio a la acción de lajusticia y en quinto y último lugar que no pueden adoptarse deconformidad con el art. 728, párrafo 1°, inciso segundo de la Ley deEnjuiciamiento Criminal, medidas cautelares cuando con ellas sepretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitantedurante largo tiempo.Por su parte la defensa consideraba improcedente lacomparecencia celebrada el día 14-7-10 en el procedimiento penal yasimismo alega que FARUSA no ha sido llamada a las actuacionesni como imputada ni como responsable civil por lo que no podríaadoptarse ninguna medida contra ella.Pues bien, en primer lugar esta instructora quiere poner demanifiesto que ante el contenido impreciso del arto 764.1 de la Leyde Enjuiciamiento Criminal y fundamentalmente para otorgar unplus de garantía al derecho de defensa del inculpado, lo cual evitaríaademás, cualquier alegación de nulidad, al amparo del arto 238.3 dela Ley Orgánica del Poder Judicial, decidió celebrar lacomparecencia para que la propia defensa y cualquiera de las partes,como así ha ocurrido con el Ministerio Público, pudieran alegar lasrazones en las que justificaban su oposición a las medidassolicitadas.Dicho esto, no podemos compartir en absoluto los criterios delMinisterio Fiscal porque no se debe perder de vista que estamos anteun procedimiento penal y no civil, y que los presupuestos yfinalidad del primero son totalmente diferentes a los del segundo,pues en aquél, a parte de los criterios de gravedad, necesariedad yproporcionalidad para la adopción de cualquier medida y porsupuesto del impuso de oficio del procedimiento, rige el sagrado15
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ADMINISTRACiÓNDEJUSTICIAComo quiera que esta autorización aún no se ha concedido <strong>la</strong>transmisión de <strong>la</strong>s acciones todavia no se ha producido, de <strong>la</strong>s cualessigu<strong>en</strong> si<strong>en</strong>do titu<strong>la</strong>r FARUSA hasta que <strong>la</strong> referida autorización seotorgue <strong>en</strong> su caso.A tal fin resulta imprescindible para el bu<strong>en</strong> fin de <strong>la</strong>s medidascaute<strong>la</strong>res que <strong>en</strong> esta resolución se adoptan, que se dirija deinmediato oficio al Consejo Superior de Deportes para que hastatanto recaiga s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>cia firme sobre este procedimi<strong>en</strong>to, o sedisponga otra cosa, se d<strong>en</strong>iegue dicha autorización o se susp<strong>en</strong>dacaute<strong>la</strong>rm<strong>en</strong>te <strong>la</strong> misma sobre dicha comprav<strong>en</strong>ta de acciones, puesde <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>te instrucción exist<strong>en</strong> indicios más que razonables deque gran parte del paquete accionarial que se pret<strong>en</strong>de transmitir noha sido nunca desembolsado por FARUSA al Real Betis BalompiéS.A.D., por lo que dicha transmisión estaría afectada de nulidadradical o de pl<strong>en</strong>o derecho.Finalm<strong>en</strong>te y por lo que se refiere al límite de <strong>la</strong>s posiblesresponsabilidades pecuniarias se fija prud<strong>en</strong>cialm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>la</strong> suma deVEINTICINCO MILLONES DE EUROS, (25.000.000€), ante <strong>la</strong>sev<strong>en</strong>tuales responsabilidades de <strong>la</strong> etapa de ENCADESA y ante <strong>la</strong>exig<strong>en</strong>cia del párrafo segundo del arto 589 de <strong>la</strong> Ley deEnjuiciami<strong>en</strong>to Criminal que establece que <strong>la</strong> cantidad que se fije nopodrá bajar de <strong>la</strong> tercera parte más de todo el importe probable de<strong>la</strong>s responsabilidades pecuniarias.QUINTO.- Antes de <strong>en</strong>trar a detal<strong>la</strong>r <strong>en</strong> <strong>la</strong> parte dispositiva de<strong>la</strong> pres<strong>en</strong>te resolución, <strong>la</strong>s medidas precautorias que se adoptan, síconvi<strong>en</strong>e analizar <strong>la</strong>s alegaciones que <strong>en</strong> contra de su adopción seesgrimieron tanto por el Ministerio Fiscal como por <strong>la</strong> def<strong>en</strong>sa. <strong>Por</strong>lo que respecta al primero, manifestó <strong>la</strong> inexist<strong>en</strong>cia de razones quejustificaran <strong>la</strong>s mismas por <strong>la</strong> débil probabilidad de una s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ciacond<strong>en</strong>atoria, alegando nuevam<strong>en</strong>te <strong>la</strong> prescripción y <strong>la</strong> posibleinexist<strong>en</strong>cia de perjuicios para <strong>la</strong> sociedad. En segundo lugarsostuvo que <strong>la</strong> adopción de cualquiera de <strong>la</strong>s medidas caute<strong>la</strong>ressolicitadas, debía pasar por <strong>la</strong> previa prestación de caución para14
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