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Sin embargo, de manera simultánea la Carta Política ha establecido elementos como laprimacía de los derechos de la persona, el servicio a la comunidad y la garantía de los derechoscomo fines estatales y ha resaltado el concepto de servidores públicos en reemplazo del defuncionarios, que, como su nombre lo indica, se refiere más a la ejecución de una tarea que a labúsqueda del cumplimiento de los fines del Estado en cabeza de quienes hacen parte de laorganización administrativa del mismo. (Arts. 2, 5, 123 y 188).Por su parte la Corte Constitucional, consideró:“por ello, en caso de conflicto irresoluble entre derechos constitucionales tanfundamentales, como la vida, la libertad o el debido proceso, y la persecución deobjetivos estatales de interés general, como los que se logran con una justicia máseficaz, en principio debe el juez constitucional dar prevalencia a los derechos de lapersona, pues es la única forma de conferir un efecto interpretativo real a la carta dederechos.” 14De este modo, la Constitución de 1991 cambió la anterior relación gobernante -gobernado por la nueva relación persona humana - servidores públicos, de suerte que laestructura del Estado está al servicio de la persona para la realización de sus derechos.En este contexto, tendría completa justificación constitucional utilizar el concepto depersona-ciudadano –en tanto sujeto destinatario de políticas públicas-. Igualmente, ante laimposibilidad de agrupar de manera eficaz bajo un solo concepto a los colombianos residentes ennuestro territorio o en el exterior y que requieren de servicios brindados por el Estado, así como atodas las personas que permanecen en el territorio colombiano o tienen contacto con algunaautoridad pública y con el fin de conservar la protección especial que brinda la Constitución a laprotección de los derechos de las personas sin importar el vinculo jurídico que puedan tener conla Administración, es viable recurrir a una interpretación amplia del término ciudadano, debido asu posibilidad de designar, cuando se emplea en sentido amplio, a cualquier miembro de unacomunidad política sin importar su condición.14 Corte Constitucional, Sentencia T-784 de 2000, MP: Vladimiro Naranjo Mesa.20
Adicionalmente a estas consideraciones, el Gobierno Nacional a través del DAFP havenido impulsando de manera decidida la adopción de la “Carta Iberoamericana de ParticipaciónCiudadana en la Gestión Pública” en la cual se establece una base conceptual para el ejercicio dela participación en las gestión y una serie de elementos para el diseño de políticas, a partir de laconsideración de que el termino ciudadano no está referido a personas con derechos exclusivosde ciudadanía o nacionalidad, sino a todo habitante con respecto a la gestión pública del país endonde reside.Del mismo modo, con la adopción por parte de Colombia de la “Carta Iberoamericanade Calidad en la Gestión Pública”, se hace el reconocimiento del derecho de los ciudadanos auna gestión pública de calidad, empoderando a los ciudadanos para que puedan exigir a laAdministración Pública la mejora continua de la gestión pública en su beneficio, tema que, segúndicho documento, es aplicable a cualquier persona natural o jurídica que requiera relacionarsecon la Administración y se encuentre en el territorio del país correspondiente, o posea el derechoa hacerlo aunque se encuentre fuera de éste.De tal forma, con un enfoque en el que el concepto de ciudadano cobra centralidad, seestablecen derroteros a la Administración Pública (y al Estado en general) tales como el fomentoy facilitación de la participación ciudadana en los asuntos públicos mediante la destinación derecursos y la generación de condiciones favorables a la misma, la adopción de políticas públicascon enfoque y participación ciudadana, ajustes normativos para la facilitación de lainterlocución, deliberación y comunicación entre ciudadanos y Administración, y elfortalecimiento de sus capacidades internas mediante actividades de capacitación y reflexión quereconstruyan la cultura organizacional, entre otras.Un segundo concepto central para el presente documento de lineamientos de políticapública es el de Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano SNSC, el cual se deriva del artículo43 de la Ley 489 de 1998 que faculta al Gobierno Nacional para crear sistemas para lacoordinación de las actividades estatales así como de particulares.Ahora bien, de manera más específica, en la norma respectiva, el SNSC se define comoel conjunto de políticas, orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, organismos,21
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