2011 TSPR 184 - Rama Judicial de Puerto Rico

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CC-2010-0984 7la que se analizaba la definición de unidad familiar,expresa que:cuando el legislador ha querido distinguirsituaciones y circunstancias en el contexto de laLey Núm. 12 [Ley de Ética Gubernamental], así loha hecho expresamente. A modo de ejemplo, por supertinencia, nuevamente en referencia a ladefinición de “unidad familiar”, llama laatención que frente a la mención sin condicionaro cualificar del cónyuge del servidor público, seespecifica que para estar incluidos en la unidadfamiliar de ese funcionario o empleado público,respecto a la cual éste debe proveer informaciónfinanciera, sus hijos deben ser sus dependienteso determinadas personas deben compartir con éstesu residencia legal o sus asuntos financierosestar bajo su control legal. P.R. Op. Sec. Just.1988-41. (Énfasis suplido).Por su parte, el Art. 6 en sus incisos (A)(2), (4) y(6) del Reglamento de Ética Gubernamental, supra, disponeque todo servidor público deberá evitar cualquier acciónque pueda crear la apariencia de dar trato preferencial, deperder su completa independencia y de afectar adversamentela confianza del público en la integridad y honestidad delas instituciones gubernamentales.No obstante, a tono con todo lo anterior, hemosexpresado que la mera apariencia de conflicto de intereses,por sí sola, no puede conllevar el que automáticamente seencuentre a un funcionario público incurso en una violaciónética. Oficina de Ética Gubernamental v. Rafael CorderoSantiago, supra, a las págs.853-854.Como vemos, la Ley de Ética Gubernamental, supra, noproscribe las actuaciones de los funcionarios públicos con
CC-2010-0984 8todo familiar, sino sobre aquellos miembros de la unidadfamiliar, según se describe en la propia ley. Es decir, unconflicto de intereses bajo el Art. 3.2 (h) de la Ley deÉtica Gubernamental, supra, debe analizarse en virtud deesa definición de unidad familiar.Del mismo modo, la norma principal de hermenéuticaestablece, y así lo hemos reiterado, que cuando la ley esclara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debeser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.14; Bomberos Unidos v. Cuerpo de Bomberos, 180 D.P.R. 723(2011); Rojas v. Méndez Co., Inc., 115 D.P.R. 50, 53(1984).A la luz de estos preceptos y pronunciamientos, pasemosa resolver la controversia ante nuestra consideración.III.Somos del criterio que la O.E.G. erró en la aplicaciónde la Ley de Ética Gubernamental, supra, y su Reglamento,supra, al ignorar la definición de unidad familiar allíprovista.Por ello, no encontramos necesario discutir loserrores señalados por la peticionaria y procedemos aconceder el remedio que corresponde.Como expusimos, la agencia administrativa le imputó ala señora Raquel Concepción Bonilla infracciones al Art.3.2 (h) de la Ley de Ética Gubernamental, supra, y comoconsecuencia de eso, al Art. 6 (A)(2), (4) y (6) del
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