2011 TSPR 184 - Rama Judicial de Puerto Rico

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CC-2010-0984 11como Directora Regional de Recursos Humanos, fueron confamiliares que no están incluidos en las prohibicionesestablecidas en el Art. 3.2 (h) de la Ley de ÉticaGubernamental, supra. En específico, su hermana, la señoraKeren Concepción Bonilla, su hermano, el señor JoséConcepción Bonilla y su cuñado, el señor José Pérez Adames,no forman parte per se del concepto de unidad familiar quese menciona en dicho artículo.Por ello, al aplicar la definición provista en la ley alos hechos específicos del caso, es forzoso concluir quetanto la O.E.G. como el Tribunal de Apelaciones erraron alaplicar el Art. 3.2 (h) de la Ley de Ética Gubernamental,supra, bajo el fundamento de que los involucrados eranparientes. Por lo tanto, también erraron al determinar quepor las violaciones a ese artículo de ley también se habíaninfringido las disposiciones generales del Art. 6 (A)(2),(4) y (6) del Reglamento, supra.Entendemos que la ley es clara y que sólo era necesarioir a la definición de unidad familiar, allí establecida,antes de aplicarla. Por lo tanto, nuestras conclusiones enel día de hoy no consideran la posibilidad de que se hayaincurrido en alguna violación ética en virtud de laaplicación correcta de la definición de unidad familiar ode algún otro precepto en la Ley de Ética Gubernamental,supra.Ello dado que esas no fueron las alegaciones de laOficina de Ética Gubernamental. Reiteramos que la meraapariencia de conflicto de intereses, por el sólo hecho de
CC-2010-0984 12tratarse de actos entre parientes, no puede,irreflexivamente, catalogarse como una violación ética.Asimismo, aclaramos que el caso ante nuestraconsideración solamente se limita a la interpretación deltérmino unidad familiar del inciso (h) del Art. 3.2 de laLey de Ética Gubernamental, supra. Las expresiones aquívertidas no deben interpretarse como un menoscabo alalcance del inciso (i) del artículo 3.2 de la Ley de ÉticaGubernamental, supra. Ello, pues la querella presentadacontra la señora Raquel Concepción Bonilla fue enmendada,por la propia Oficina de Ética Gubernamental, a fin deretirar las imputaciones relacionadas con el artículo 3.2(i).IV.Por los fundamentos que anteceden, se revoca laSentencia del Tribunal de Apelaciones y se desestima laquerella presentada ante la Oficina de Ética Gubernamentalque sirvió de base para la multa administrativa impuesta ala señora Raquel Concepción Bonilla.Se dictará sentencia de conformidad.Federico Hernández DentonJuez Presidente
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