ORDENANZA NÂº 029-2000 - Municipalidad de La Molina

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Pág. 194796 NORMAS LEGALES Lima, jueves 9 de noviembre de 2000que establecen la previa conformidad en la entrega de bienes comocondición para la atención de los pagos correspondientes.Que, es atribución de la Contraloría General de la Repúblicadisponer el inicio de las acciones legales pertinentes, cuando de laejecución de una acción de control se encontraran indicios de lacomisión de ilícitos penales, por lo cual resulta necesario autorizaral Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de laContraloría General de la República, el inicio de las accioneslegales contra los presuntos responsables, establecidos en elInforme de vistos;De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47º de laConstitución Política del Perú, los Decretos Leyes Nºs. 17537,17667 y el Artículo 19º incisos e) y f) del Decreto Ley Nº 26162 - Leydel Sistema Nacional de Control;SE RESUELVE:Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador Público acargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General de laRepública, para que en nombre y representación del Estado,interponga las acciones legales a que hubiere lugar, contra lospresuntos responsables de los hechos comprendidos en el Informede vistos, remitiéndose para tal efecto los antecedentes correspondientes.Regístrese, comuníquese y publíquese.CARMEN HIGAONNA DE GUERRAContralora General de la República12880Autorizan a procurador iniciar procesojudicial contra presuntos responsablesde delitos de concusión y contrala fe pública en agravio del Ministeriode Promoción de la Mujer y del DesarrolloHumanoRESOLUCIÓN DE CONTRALORÍANº 231-2000-CGLima, 7 de noviembre de 2000Vistos, el Informe Especial Legal Nº 017-2000-CG/B370, resultantedel Examen Especial practicado en el Ministerio dePromoción de la Mujer y del Desarrollo Humano - PROMUDEH,por el período 1999; y,CONSIDERANDO:Que, mediante Solicitud de Requerimiento Nº 035-99-PRO-MUDEH-GGA/OGC de 25.Feb.99 la Oficina General de Comunicacionesdel Ministerio, solicitó la adquisición de 5 millares deBrochure, en virtud de lo cual la Oficina de Logística cursó siete(7) Solicitudes de Cotización signadas con el Número 022-COM-PRAS de 9.Mar.99, precisando que el plazo de entrega de laspropuestas o cotizaciones tenían carácter de urgente; no obstanteexistió un retraso en la entrega a los proveedores de hastadieciséis días desde la fecha de su emisión;Que, durante el proceso de adjudicación directa se excluyó delcuadro comparativo de cotizaciones a proveedores que ofertabanprecios más económicos que el ganador de la buena pro sin queexistiera sustento para ello, habiéndose desechado sus propuestasoriginales del archivo del Ministerio; asimismo, antes de laadjudicación, al proveedor ganador se le solicitó una ampliaciónde su propuesta, habiéndola ampliado con mayor información enatención a lo conversado con la Oficina de Logística del PROMU-DEH, situación que no sucedió con los demás proveedores; en laelaboración del cuadro comparativo de cotizaciones se utilizó lapropuesta más alta de una empresa cuyo representante legaldesconoce haber emitido;Que, a efectos de otorgar la buena pro, la Oficina de Logísticarequirió la opinión técnica de la Oficina General de Comunicaciones,la cual emitió dos opiniones en la misma fecha y con el mismonúmero de documento, pero con una evaluación técnica diferente,existiendo contradicción en los fundamentos de la misma; con elagravante que en la segunda opinión se orientó como mejorpropuesta la del proveedor que finalmente obtuvo la buena pro, enbase a un supuesto material proporcionado adicionalmente;Que, con anterioridad la Oficina General de Comunicaciones,solicitó se le remitieran tres de las siete propuestas alcanzadas alMinisterio, las cuales fueron coincidentemente consideradas en laevaluación final del cuadro comparativo de cotizaciones; asimismo,se ha determinado que de las empresas seleccionadas en elcuadro comparativo se descartó la propuesta más económica, noobstante cumplir con las especificaciones técnicas establecidas enla solicitud de requerimiento, según se afirma por no contar con unrequisito, que no era exigible para calificar, más aún si por elmismo hecho no se cuestionó a otras dos empresas proveedorasconsideradas en el cuadro comparativo;Que, en virtud de las propuestas presentadas por otros proveedorescotizando el mismo servicio se ha evidenciado que elprecio pagado al proveedor favorecido con la buena pro estuvosobrevaluado, lo cual ha ocasionado un perjuicio económico alMinisterio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano -PROMUDEH; con el agravante de que después de otorgarse labuena pro, la Oficina General de Comunicaciones requirió laampliación del servicio que significó un mayor egreso a la entidad,cuyo pago se realizó teniendo en cuenta la cotización de la empresamás no lo requerido por la entidad;Que, los hechos expuestos en los considerandos precedentes,constituyen indicios razonables de la comisión de los delitos deConcusión en la modalidad de Colusión Ilegal y contra la FePública en la modalidad de Falsificación de Documentos, previstoy penado en los Artículos 384º y 427º del Código Penal, respectivamente;Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19º inciso f) delDecreto Ley Nº 26162 - Ley del Sistema Nacional de Control, enlos casos de comprobarse la existencia de daño económico oindicios razonables de la comisión de delito durante la acción decontrol, es deber de la Contraloría General de la Repúblicadisponer el inicio de las acciones legales respectivas. En talsentido, se hace necesario autorizar al señor Procurador Públicoa cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General de laRepública, para que dé inicio a las acciones legales correspondientescontra los presuntos responsables comprendidos en el Informede Vistos; y,De conformidad con lo establecido en el Artículo 19º, inciso f)del Decreto Ley Nº 26162 - Ley del Sistema Nacional de Controly en los Decretos Leyes Nºs. 17537 y 17667;SE RESUELVE:Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador Público acargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General de laRepública, para que en nombre y representación del Estado,interponga las acciones legales por los hechos expuestos, contralos presuntos responsables comprendidos en el Informe de Vistos,remitiéndole para el efecto los antecedentes correspondientes.Regístrese, comuníquese y publíquese.CARMEN HIGAONNA DE GUERRAContralora General de la República12881Autorizan a procurador iniciar procesojudicial contra presuntos responsablesde delito de concusión en agraviode la Empresa de Servicios Postales- SERPOSTRESOLUCIÓN DE CONTRALORÍANº 232-2000-CGLima, 7 de noviembre de 2000Vistos, los Informes Especiales Legales Nºs. 018 y 019-2000-CG/B360, resultantes del Examen Especial practicado a la Empresade Servicios Postales - SERPOST S.A.; y,CONSIDERANDO:Que mediante Resolución de Contraloría Nº 119-2000-CG de23.JUN.2000, se autorizó al Procurador Público encargado de losasuntos judiciales de la Contraloría General para que en nombrey representación del Estado, inicie las acciones legales por loshechos expuestos en los Informes Especiales Legales Nºs. 006,007, 008, 009, 010, 011-2000, resultantes del examen especialpracticado a la empresa Servicios Postales del Perú S.A. - SER-POST, período 1998 - 1999;Que, adicionalmente a los hechos contenidos en los mencionadosinformes, existen indicios de concertación para defraudar alEstado en la contratación efectuada a una empresa para laejecución de obras para el mejoramiento de las instalacioneseléctricas en la sede de la administración postal de Lima, habiéndosedeterminado una sobrevaluación por un monto de S/.265,768.75;Que, asimismo, de la revisión selectiva a las adquisiciones deservicios contratados por SERPOST S.A., se ha determinado queen el período bajo examen se celebraron, entre otros, diecisiete(17) contratos para la prestación de diversos servicios, que en totalascienden a la suma de S/. 877,935.86, que también presentanindicios de concertación para defraudar al Estado;Que, entre las irregularidades detectadas en las citadas contratacionesdestacan las siguientes: los servicios contratados nofueron requeridos por las áreas usuarias y no fueron aplicados niutilizados en la empresa; celeridad inusual para la contratación y
Lima, jueves 9 de noviembre de 2000NORMAS LEGALESPág. 194797pago de los servicios, mediando a veces un día entre la suscripcióndel contrato, la entrega del trabajo y el pago; incumplimiento deobligaciones contractuales, advirtiéndose que no hay relaciónentre el objeto del contrato y el contenido de los informes resultantesde la prestación del servicio; presentación por parte de algunosproveedores, de los mismos o similares informes, para sustentarel pago de diferentes contratos;Que, en el caso de las contrataciones efectuadas para lainterpretación de dispositivos legales, el trabajo se limitó a latranscripción de las normas, sin haberse efectuado un análisisjurídico; la selección de los proveedores se efectuó entre losmismos postores, alternándose en la prestación de los servicios;existiendo también indicios de simulación del proceso de contratación,al advertirse que las invitaciones cursadas por SERPOSTS.A. y las propuestas presentadas por los proveedores tienen elmismo formato, márgenes y tipo de letra, lo que hace presumir queprovienen de la misma fuente;Que, de la revisión a la contratación efectuada a una sociedadde auditoría, se ha verificado indicios de sobrevaluación por elmonto de S/. 63,366.00, determinándose que el trabajo presentado,es en parte la transcripción textual de diversos conceptos,definiciones y comentarios contenidos en el Plan Contable Generalrevisado y aprobado por la CONASEV y de las NormasInternacionales de Contabilidad presentadas por la Federaciónde Colegios de Contadores Públicos del Perú;Que, los hechos expuestos en los considerandos precedentesconstituyen indicios de la comisión del delito de Concusión, previstoy penado en el Artículo 384º del Código Penal;Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19º inciso f) dela Ley del Sistema Nacional de Control, Decreto Ley Nº 26162, enlos casos en que se compruebe la existencia de daño económico oindicios razonables de la comisión de delito durante la acción decontrol, es deber de la Contraloría General de la Repúblicadisponer el inicio de las acciones judiciales respectivas. En talsentido, se hace necesario autorizar al señor Procurador Públicoa cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General de laRepública, para que dé inicio a las acciones legales contra lospresuntos responsables comprendidos en los Informes de Vistos;y,De conformidad con el Artículo 19º, inciso f) del Decreto Ley Nº26162, Ley del Sistema Nacional de Control y los Decretos LeyesNºs. 17537 y 17667;SE RESUELVE:Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador Públicoencargado de los asuntos judiciales de la Contraloría General dela República, para que en nombre y representación del Estado,inicie las acciones legales por los hechos expuestos, contra lospresuntos responsables comprendidos en los Informes de Vistos,remitiéndole para el efecto los antecedentes correspondientes.Regístrese, comuníquese y publíquese.CARMEN HIGAONNA DE GUERRAContralora General de la República12882Autorizan a procurador iniciar procesojudicial contra presuntosresponsables de delito de peculadoen agravio de la Municipalidad Distritalde ChugayRESOLUCIÓN DE CONTRALORÍANº 233-2000-CGLima, 7 de noviembre de 2000Vistos, el Informe Nº 08-99-SVA emitido por la Sociedad deAuditoría Valdez y Asociados S.C., resultante del Examen Especialpracticado a la Municipalidad Distrital de Chugay, provinciade Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, período 1996- 1998, a fin de verificar las denuncias presentadas a través delÁrea de Participación Ciudadana; y,CONSIDERANDO:Que, durante el año 1998 el ex Alcalde de la MunicipalidadDistrital de Chugay celebró contratos con la MuncipalidadDistrital de Sanagorán, mediante los cuales alquiló maquinariapesada (cargador frontal y volquete) de propiedad de laMunicipalidad de Chugay a la Municipalidad Distrital deSanagorán, soslayando la participación de las Áreas de Abastecimientoy Tesorería;Que, se ha evidenciado pagos por concepto del alquiler demaquinaria de propiedad de la Municipalidad Distrital de Chugay,efectuados por la Municipalidad Distrital de Sanagorán, losmismos que fueron recibidos por el ex Alcalde y el ex TenienteAlcalde por importes de S/. 19,090.30 y S/. 1,552.00 respectivamente,no habiendo ingresado dichos montos a las cuentas bancariasde la Municipalidad de Chugay;Que, los hechos expuestos en los considerandos precedentes,constituyen indicios razonables de la comisión del delito de Peculado,previsto y penado en el Artículo 387º del Código Penal;Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19º inciso f) dela Ley del Sistema Nacional de Control, Decreto Ley Nº 26162, enlos casos de comprobarse indicios razonables de la comisión dedelito durante la acción de control, es deber de la ContraloríaGeneral de la República disponer la formulación de las accionesjudiciales respectivas. En tal sentido, se hace necesario autorizaral señor Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de laContraloría General de la República, para que dé inicio a lasacciones legales contra los presuntos responsables comprendidosen el Informe de Vistos; y,De conformidad con el Artículo 19º, inciso f) del Decreto Ley Nº26162, Ley del Sistema Nacional de Control y los Decretos LeyesNºs. 17537 y 17667;SE RESUELVE:Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador Público acargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General de laRepública, para que en nombre y representación del Estado,interponga las acciones legales por los hechos expuestos, contralos presuntos responsables comprendidos en el Informe de Vistos,remitiéndole para el efecto los antecedentes correspondientes.Regístrese, comuníquese y publíquese.CARMEN HIGAONNA DE GUERRAContralora General de la República12883DEFENSORÍA DELPUEBLOExpresan reconocimiento por la laborde las Rondas Campesinas y Comitésde Autodefensa en la lucha contra elterrorismo y el restablecimiento delorden y la paz nacionalRESOLUCIÓN DEFENSORIALNº 55-DP-2000Lima, 8 de noviembre de 2000VISTOS:El petitorio presentado a la Defensoría del Pueblo el 23 deabril de 1999, por los alcaldes de las municipalidades distritalesde Tambo y Santillana ubicadas en las provincias de La Mar yHuanta respectivamente, así como por los Presidentes de losComités Centrales de Autodefensa de los distritos mencionados,en el cual solicitan a la Defensoría del Pueblo interceda ante lasautoridades gubernamentales y el Congreso de la República paraque se amplíen los alcances de las normas que regulan la indemnizacióna los deudos de las víctimas del terrorismo.La queja Nº 5578 presentada el 19 de mayo del 2000 por la"Asociación de Familiares Fallecidos por la Situación Socio Políticade los distritos de Quinua, provincia de Huamanga y Tambo,provincia de La Mar, Ayacucho", con relación a la concesión debeneficios indemnizatorios para los ronderos fallecidos e inválidospor acciones de enfrentamiento con los subversivos a partir de losaños 1982 y 1983.El Informe Defensorial Nº 54 "La Indemnización a los miembrosde los Comités de Autodefensa y Rondas Campesinas víctimasdel terrorismo" elaborado por la Adjuntía para los DerechosHumanos y las personas con Discapacidad de la Defensoría delPueblo.ANTECEDENTES:Primero.- La labor de la Defensoría del Pueblo conrelación a las víctimas de la violencia política.- Como partedel mandato constitucional de defender los derechos fundamentalesde la persona y supervisar el cumplimiento de los deberes dela administración estatal, desde sus inicios, la Defensoría delPueblo atiende a las poblaciones afectadas por la violencia políticacon el objeto de aportar a la restitución de los derechos vulneradoscomo consecuencia de ella.La Defensoría del Pueblo, en el curso de estas actividades,tomó conocimiento de la existencia de otros problemas vinculadosa las secuelas de la violencia política. Tal es el caso de lasautoridades y funcionarios públicos y de los miembros de los
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