o documento PDF - Biblioteca Virtual de las Ciencias en Cuba

éditos de las empresas extranjeras se derivan a sus países de origen, no siendo posible unbeneficio a niveles integrales y con sostenibilidad en aquellas provincias en las que operan.Esto se aprecia fundamentalmente en las empresas extractivas.Con estas características el estado peruano, poco o nada podrá hacer para revertir lasituación puesto que depende de inversores privados para el desarrollo de diferentesactividades económicas. Y, si el estado no puede controlar esta situación, los intentos dedescentralización se repetirán con igual grado de frustración. Como se observa en la gráfica,cuyos datos proceden del Banco Central de la Reserva del Perú 18 , se prevé un incremento dela inversión privada-millones de dólares- mientras que los niveles de inversión pública semantienen constantes durante todo el período. Sin embargo, esta hipótesis de inversiónprivada debería contar con posibles marcos de inestabilidad política, que nuevamentedificultarían cualquier intento exitoso de reinvención estatal. Uno de los síntomas de estainestabilidad política y financiera del Estado que podría desencadenar en un repliegue de losinversionistas privados es la aprobación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras(ITF), tasa impositiva que trata de recaudar más recursos para paliar las dificultadesfinancieras del gobierno y que actúa directamente sobre el formal que restringe su númerode operaciones bancarias, retira capitales y castiga la iniciativa de empresa privada. Este esun solo ejemplo de los factores desestabilizadores de cualquier previsión a medio y largoplazo, sin olvidar la desaprobación del gobierno Toledo, los levantamientos populares enprovincias o las huelgas del sector de la sanidad pública y los cocaleros.Retornando a la década de los 90, momento de cambio global luego del consenso deWashington, Perú se sumió en un proceso que prometía el cambio. Se estabilizó la moneda,se redujo la tasa de inflación, se comenzaron a privatizar empresas y se inició un profundoplan de inserción de la economía peruana al mercado mundial, pero siempre tutelado porinstituciones como el FMI o el Banco Mundial. Fujimori, primero criticando y luego asumiendoel plan de política económica de Mario Vargas Llosa (candidato electoral), desactivó losgobiernos regionales, dando un paso atrás en las aspiraciones legítimas de descentralizar elpaís. En 1993 se aprobó la nueva Constitución que normaba la obligatoriedad de implementarun proceso de descentralización dirigido por Gobiernos Regionales. Para adaptar esta normaconstitucional a la nueva realidad política y social que experimentó Perú en 2.000 y 2.001, seredactó la Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del título IV sobreDescentralización. Sin embargo este proceso seguía sin desarrollarse según lo convenido porLey. El marco legal se ha establecido en diversas ocasiones pero la realidad del país impide suaplicación. Así es como llegamos al último intento descentralizador, para el cual seconvocaron elecciones regionales (17 de noviembre de 2.002), promulgándose entonces laLey de Bases de la Descentralización (nº 27783). 19Este proceso comenzó a desarrollarse en la práctica el primero de enero de 2.003,pero a mediados de año, se escucharon muchas voces críticas que achacaban al gobierno queno se habían comenzado a notar los resultados esperados. Pero insistimos en el concepto“proceso” que significa la implementación paulatina de diversas medidas a través de uncronograma de actividades y que debe cumplir objetivos en el corto y sobre todo en el medioy el largo plazo. Uno de los principales problemas que tiene que resolver una economía encrisis es precisamente el acusado cortoplacismo con el que se desenvuelven las institucionespolíticas y civiles, incapacitando la implementación de un programa de actividades que en ellargo plazo permita resolver problemas estructurales fraguados desde épocas pasadas. Estacaracterística evidencia la inmadurez de un sistema político democrático, ya que las políticas18Documento citado. Pág 5.19Se establecen los principios de descentralización, los objetivos, el territorio, gobierno, jurisdicción y autonomías,competencias, criterios de asignación y solución de conflictos, participación de la ciudadanía.17