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oletín oficial de la provincia - alicante, 13 agosto 2008 - n.º 155 77butlletí oficial de la província - alacant, 13 agost 2008 - n.º 155rimos a que si en virtud de la perfección de un contrato detrabajo, del empresario se espera que exija la realización deun trabajo efectivo a cambio de la remuneración acordada, elordenamiento jurídico no termina de asumir la posibilidad deque éste decida abonar al trabajador su salario y desista deexigir el cumplimiento de las correspondientes obligacionescontractuales, y mucho menos que el trabajador solicite delos poderes públicos la garantía de que se impondrá alempresario la obligación de exigirle la realización efectiva dela obligación comprometida. Quizás por ello, el ET trasreconocer el derecho a la ocupación efectiva, no hayadesarrollado en su articulado el mismo, aunque las violacionesde tales derechos permitirán al trabajador resolver elcontrato por incumplimiento de este derecho, por la víaprevista en el artículo 50 del ET. De otra parte, con caráctergeneral su incumplimiento se tipifica como infracción administrativagrave, e incluso muy grave cuando son atentatoriosa la dignidad del trabajador. Las conductas empresariales deacoso moral, también denominado mobbing, en muchasocasiones se exteriorizan entre otras formas por la falta deocupación efectiva, de modo que serían atacables por estavía.Por otra parte, también se reconoce como derechosbásicos del trabajador en la relación de trabajo, la percepciónpuntual de la remuneración pactada o legalmente establecida,como así regula el artículo 4.2 f) del ET, de modo que encorrespondencia con dicho precepto, entre las causas justasque permiten al trabajador solicitar la extinción de su contratode trabajo, el artículo 50. 1 b) del E.T. recoge la falta de pagoo retrasos continuados en el abono del salario pactado. Laconsagración expresa de este incumplimiento empresarial,más allá de la cláusula genérica del artículo 50.1.c) del ET sejustifica en el hecho de tratarse de una de las obligacionesbásicas asumidas por el empresario al celebrar el contrato detrabajo y que sirven de nota de calificadora de la propiarelación laboral. Su inclusión explícita por otra partes, facilitael juego de la facultad resolutoria en tanto se resuelve ensentido positivo su consideración de incumplimiento contractualsusceptible de originar la extinción contractual. Elimpago o el retraso debe de considerarse en sentido amplio,incluyendo tanto el no abono de cantidad alguna, como elpago parcial, debiendo concurrir el requisito de la gravedadde la conducta para que sea procedente la extinción contractual,sin que la ausencia de culpabilidad del empresarioimpida el juego de la facultad resolutoria. Concurre la gravedadcuando el impago de los salarios no sea un mero retrasoesporádico, sino un comportamiento continuado y persistente,de modo que la gravedad del incumplimiento se manifiestamediante una conducta continuada del deber de abonarlos salarios debidos.En estos casos de incumplimiento empresarial, el artículo50.1 a) del E.T. dispone que el trabajador tendrá derechoal percibo de una indemnización equivalente a la señaladapara el despido improcedente, que de conformidad conlo dispuesto en el artículo 56.1 del ET, se cifra en la cuantíade 45 días por años de servicio, con un máximo de cuarentay dos mensualidades. Se trata de una indemnización tasada,y para el cálculo de la antigüedad del trabajador a efectos desu determinación, deberá fijarse hasta la fecha de la resoluciónjudicial que estime la demanda de resolución contractualpor primera vez, dado su carácter constitutivo, o bienhasta la fecha de la sentencia en vía de recurso si ésta fuerela primera resolución estimatoria de la resolución contractualsolicitada (STS de 11 de noviembre de 1985). En estossupuestos, no cabe realizar reclamación alguna en conceptode salarios de tramitación, ya que por regla general eltrabajador ha continuado prestando sus servicios para laempresa demandada durante la tramitación del proceso, porlo que percibirá el salario correspondiente, procediendo encambio en caso de que no prestara ya sus servicios durantela tramitación del proceso.Sexto. En orden a la concreta valoración de incumplimientosen la obligación de pago del salario, tiene dicho laSala de lo Social de nuestro Tribunal Supremo que no obstaa la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 50- 1-b) ET el hecho de que concurra en forma generalizada porrazón de la situación de crisis de la empresa (sentencia de 24de marzo de 1992 [RJ 1992\1870]), incluso aunque estésujeta a un proceso de suspensión de pagos (sentencia de29 de diciembre de 1994 [RJ 1994\10522]), dado que no sonsituaciones que exoneren al empresario de su deber desatisfacer al trabajador su salario, ni determinan que se estéante un supuesto de trasgresión de esa obligación porrazones de fuerza mayor, no exigiéndose culpabilidad (sentenciasde 28 de septiembre de 1998 [RJ 1998\8553], y 25 deenero de 1999 [RJ 1999\898]).También ha señalado, en forma expresa, que el incumplimientoen esta materia ha de ser grave, estimando que nolo es el retraso de un solo mes (Sentencia de 21 de junio de1986 [RJ 1986\3696]), o el de dos meses (Sentencia de 16 dejunio de 1987 [RJ 1987\4376]) o incluso, con el valor añadidode pronunciarlo con el fin de proclamar la doctrina buena alrespecto, en la falta de abono de tres meses de salario y unapaga extra en una relación laboral vigente durante 20 años(Sentencia de 25 de septiembre de 1995 [RJ 1995\6892]).Pero en cambio, sí se da esa gravedad, por ejemplo, cuandodurante más de un año se viene cobrando el salario conretraso (sentencia de 24 de marzo de 1992) o durante oncemeses consecutivos (Sentencia de 13 de julio de 1998 [RJ1998\5711]) o, así mismo, si el abono de las pagas extras serealiza, en dos anualidades consecutivas, con un retraso decinco o más meses (sentencia de 28 de septiembre de 1998),como también si se adeudan dos meses y una paga extra,cobrándose las nóminas con un retraso medio de 29 días(sentencia de 25 de enero de 1999).Considerando la doctrina jurisprudencial referida, y elresultado de la prueba practicada, es posible concluir que laempresa Europont Componentes, S.L. ha incurrido en unincumplimiento grave, continuado y reiterado como empresario,de sus obligaciones para con el trabajador, al haberledejado de abonar el salario desde el mes de noviembre de2007 hasta la actualidad, así como las pagas extraordinariasde navidad y verano, y al no proporcionarle tampoco ocupaciónefectiva, con el consiguiente perjuicio para el trabajadordemandante, que justifica en definitiva la petición de extincióndel contrato laboral en los términos previstos en elartículo 50 del E.T., entendiendo este Juzgador que lo queprocede estimar es la demanda de extinción del contrato, yno la acción del despido promovida simultáneamente, puesde los hechos probados se desprende no sólo la voluntad delempresario demandado de extinguir tácitamente la relaciónlaboral que existía, sino desde varios meses antes, dejar decumplir con su obligación legal de abonar al trabajadordemandante el salario correspondiente a los servicios efectivamenterealizados.Procede por todo lo expuesto declarar la extinción de larelación contractual que vinculaba al señor Ugarte con laempresa Europont Componentes, S.L. por incumplimientodel empresario demandado de sus obligaciones respecto deltrabajador demandante, debiendo la parte demandada abonarleuna indemnización consistente en 45 días de salariopor cada año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades,prorrateándose por meses los periodos inferiores a unmes. Se trata de una indemnización tasada, y para el cálculode la antigüedad del trabajador a efectos de su determinación,deberá fijarse hasta la fecha de la resolución judicialque estime la demanda de resolución contractual por primeravez, dado su carácter constitutivo, o bien hasta la fecha de lasentencia en vía de recurso si ésta fuere la primera resoluciónestimatoria de la resolución contractual solicitada (STSde 11 de noviembre de 1985).Considerando como antigüedad del Sr. Ugarte el día 3de mayo de 2004, y como salario regulador la suma de2.758,51 euros, le corresponderá una indemnización dediecisiete mil seiscientos cincuenta y cuatro euros con cuarentay seis céntimos (17.654,46 euros).El Fogasa deberá de responder en los términos previstosen el artículo 33 del E.T.Séptimo. Interesaba la parte actora en su demanda, lacondena de manera conjunta y solidaria de todas las empre-