Clasificación de obras audiovisuales - IIN

98Clasificación de obras audiovisuales: construyendo la ciudadanía en la pequeña pantallaformación, y el de estimular características positivas,como la diseminación de contenidos que valoren lacomprensión, la paz, la tolerancia, la igualdad entrelos sexos y la amistad entre los pueblos. El artículo 17ºconstituye, esencialmente, una “Declaración de Principios”acerca de la intersección entre los medios decomunicación, la infancia y la adolescencia, firmadapor los Estados nacionales.En un contexto como este, como afirma el profesorde la ECA/USP Laurindo Leal Filho, ”se puede pensarque la televisión llegue a servir para diseminar derechoshumanos. Las emisoras gozan de concesiones públicas yla Constitución indica claramente cuáles son sus obligaciones:ofrecer cultura, entretenimiento e información.Todo ello respetando las normas, valores y derechos dela familia, entre otras cosas”. En otros términos, losmedios de comunicación no solo tienen la capacidad,sino también la obligación constitucional de promoverlos derechos humanos. “Para que esto pase, es precisocrear mecanismos institucionales que los lleven a avanzaren esta dirección”, concluye el profesor Leal.No obstante, es bien sabido que muchos de lospaíses que presentaron sus informes acerca de las situacionesnacionales tras la ratificación de la Convenciónsobre los Derechos del Niño no hicieron ningunamención sobre lo que se ha realizado para aumentarel alcance de lo dispuesto en el artículo 17º, conformeanaliza Thomas Hammaberg en su artículo “El niño ylos medios de comunicación: informe del Comité de laONU para los Derechos del Niño”. Así queda claro queel nivel de preocupación que los Estados nacionales lesconceden a diversos asuntos pertinentes y fundamentalespara el universo infantil y juvenil – también tratadosen la Convención – no va parejo a las particularidadesde los medios de comunicación y a las políticaspara el sector de radiodifusión.Más allá de laspremisas legalesLa experiencia anterior nos muestra que unos buenosprincipios jurídicos enmarcados formalmente en compromisosfirmados por los Estados nacionales no siempreresultan en medidas ejecutivas concretas. Por lo tanto, altratarse de una función del Estado el garantizar que hayauna programación que estimule características positivas,es importante resaltar que demandar un “programaciónde calidad” e identificar a los niños y adolescentes como“prioridades absolutas” – conforme encontramos en losdispositivos legales que acabamos de mencionar – sonacciones que han de llevar a medidas concretas del Estado,en lo que se refiere a diversos sectores, inclusive alos medios de comunicación de masas. En este sentido,se debe traer a colación una afirmación del jurista JoséCarlos Barbosa Moreira, en el artículo “Acciones civilespúblicas y la programación de la televisión”, publicado enla Revista del Derecho Administrativo:No vale de nada resaltar que ‘la posibilidad de defenderse’de las infracciones del art. 221º [de la ConstituciónFederal], debidamente destacada en el art. 220º,párrafo 3º, inciso II, de ninguna manera se puede que-