Clasificación de obras audiovisuales - IIN

80Clasificación de obras audiovisuales: construyendo la ciudadanía en la pequeña pantallaLos resultados que se derivan de las disputas a respecto dela garantía de la libertad de expresión van a depender delos valores que las cortes están preparadas para atribuirlea este tipo de libertad y de hasta donde acepten subordinarotros derechos e intereses a la libertad de expresión.El derecho a la libertad de expresión deberá contar con elcontrapeso de otros muchos derechos, incluidos el derechoa la igualdad, dignidad, privacidad, campañas políticas,juicio justo, actividad económica, democracia, propiedady, de manera más significativa, los derechos de niños ymujeres”. (ICASA, Nuevo Código de Conducta para Radiodifusores,párrafo 7º, www.icasa.org.za).Sin embargo, en este campo minado es importante trabajarcon encuadres que animen a la reflexión a respecto deconflictos potenciales entre derechos humanos, libertadesy responsabilidades, y que reconozcan que los ‘derechos’tienen una base legal distinta de las ‘libertades’.Para Blandine Kriegel, autora del informe para el Ministeriode Cultura francés sobre las relaciones entre la protecciónal niño y a los contenidos televisivos: “En caso de darseun conflicto entre el principio de la libertad y el principio dela protección de los niños, se debe hacer prevalecer el derechode los niños según la legislación europea vigente”.Los licenciados en derecho Anderson de OliveiraAlarcon y Humberto Quirino, en la obra Programacióntelevisiva para niños y adolescentes: límites y posibilidadesde control, van en la misma dirección:Así, esta será la idea central que buscaremos desarrollar eneste trabajo: controlar no siempre significará censurar. Por elcontrario, la ausencia de control de las programaciones televisivaspara niños y adolescentes puede representar una amenazacontra el equilibrio del estado democrático de derecho, alelevar el derecho que tienen las emisoras de televisión sobre elservicio público que se les ha concedido a la categoría de derechoabsoluto – figura inexistente en el ordenamiento jurídicobrasileño–, todo ello en detrimento del derecho que tienen losniños y los adolescentes a una programación televisiva conformecon los principios y directrices legales vigentes.Desde otra perspectiva – la de que las empresas sonoperadoras de concesiones públicas – también es posiblecuestionar la lógica de un derecho absoluto. En ese sentido,se puede tomar en consideración la sentencia relativaa la Acción de Inconstitucionalidad 2566-0, en la que laFiscalía General brasileña destacó las enseñanzas de laprofesora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, según las que:Por otro lado, cuando se trata de servicios de telecomunicacioneso de radiodifusión que ejerce un particular medianteuna concesión del Poder Público, no existe dicha ‘libertadtotal’ mencionada por el autor [de la acción], puesto que laConstitución, al tratar sobre esta materia (art. 21º, incisosXI y XII), determinó que ‘en los términos de la ley’ estaría fijadala forma de explotación de estos servicios. La concesión,no hay que olvidarlo, constituye un contrato administrativomediante el que el particular (concesionario) ejecuta unservicio, en su propio nombre y por su cuenta, aunque bajo lafiscalización y control de la Administración Pública.En el Congreso NacionalEn Brasil, también se ha debatido sobre este tema en elParlamento, aunque ello no haya dado lugar a la creación