Clasificación de obras audiovisuales - IIN

Capítulo 249profesionales. Ello dificulta significativamente el avancede los debates en el Congreso Nacional sobre cuestionesrelativas a los contenidos retransmitidos por losmedios de comunicación. La elevada cifra de diputadosy senadores que mantienen relaciones con empresas delos medios de comunicación lanza sospechas sobre laindependencia de muchos de estos parlamentarios a lahora de discutir y deliberar sobre tales temas, dado elconflicto de intereses existente. Es bien cierto que esteno es un drama exclusivamente brasileño: el pasado italianoreciente, de intensas relaciones entre el entoncesprincipal político elegido del país y las empresas de comunicación,también sirve para ilustrar el argumento.Las relaciones estrechas entre los medios de comunicacióny la política acaban también influyendo en loscontenidos programáticos de los partidos políticos porlo que atañe a las políticas públicas de comunicación. Amenudo, las empresas de radiodifusión son decisivas ala hora de obtener resultados electorales y de mantenerla popularidad de los políticos elegidos. Así, el voto sobreleyes que provocarían cambios en el status quo, tal comola defensa de los intereses de las empresas de comunicación(véase el debate relacionado con la adopción delmodelo de televisión digital en Brasil), acaba sirviendode moneda corriente en las negociaciones entre los mediosde comunicación y los políticos.Regulación gubernamentalTal como ya hemos demostrado, no hay duda de que el sectorde telecomunicaciones brasileño encaja en los criteriosutilizados histórica y globalmente a la hora de determinar lanecesidad de regulación estatal. A menudo, como ya hemosvisto también, el escenario es todavía más grave de lo queen las democracias más consolidadas. Sin embargo, la normativabrasileña es menos rígida que la de estos países.A partir de la percepción de que el sector de las comunicacionesha venido sufriendo profundos cambios en lasúltimas décadas, en la mayor parte de las democracias occidentalesque se consideran desarrolladas – como EstadosUnidos, Francia, Alemania, Inglaterra y Canadá – se hanaprobado nuevas leyes generales de comunicación a lo largode la década de 1990. En todos estos casos, se trataron endetalle las cuestiones relativas a los contenidos y, sobre todo,se sometió a normas concretas el respeto por los derechos delos niños y adolescentes, como se relatará más adelante.En Brasil, por su parte, la ley que regula el funcionamientodel sector de la radiodifusión – el Código Brasileñode Telecomunicaciones – data del 1962 y no ha idoacompañando las transformaciones que han tenido lugaren los medios de comunicación. Los debates sobre unanueva Ley General de Comunicaciones que aborde temasrelativos a los contenidos, incluida la clasificación poredades de las obras audiovisuales, no consiguió salir adelantedurante los ocho años de mandato del ex-presidenteFernando Henrique Cardoso (1995-2002) y todavía noha empezado en la práctica durante el actual gobierno delpresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006).Además de eso, para acabar con los vacíos generadospor el carácter obsoleto de este Código, una maraña dedecretos, actos administrativos y otras leyes (como la Leyde Prensa, la Ley del Cable, la Ley de la Radiodifusión Comunitaria,la Ley General de las Telecomunicaciones, entreotras) se ha ido creando a lo largo del tempo. La ConstituciónFederal de 1988 contiene principios compatibles con