Clasificación de obras audiovisuales - IIN

38Clasificación de obras audiovisuales: construyendo la ciudadanía en la pequeña pantallaAbundan las propuestas aisladas de miembros de laCámara de Diputados y del Senado en este sentido.No obstante, por factores como los ya mencionados,estas propuestas no suelen salir adelante.• Conceder nuevos permisos y renovar los ya existentes:Según el artículo 223º de la ConstituciónFederal, el Congreso Nacional ha de evaluar lospermisos o renovaciones concedidos por el PoderEjecutivo a las empresas de radiodifusión. Es importanteque los congresistas realicen esta laborconsiderando todo el abanico de prescripcionesconstitucionales que han de cumplir dichas empresas,incluido el cumplimiento de la clasificaciónpor edades de las obras audiovisuales.Consejo de Comunicación Social: Como organismoauxiliar del Congreso Nacional, podría ocuparse de laclasificación por edades, con lo que contribuiría a presentarsugerencias para el perfeccionamiento del modelovigente.C.Poder Judicial y Ministerio PúblicoPoder Judicial: Como la Constitución Federal impidesabiamente cualquier forma de censura, los eventualesabusos que pudieran cometer las emisoras – incluidala falta de respeto por la clasificación por edades de lasobras audiovisuales – han de llevarse ante el Poder Judicial,que tiene la última palabra acerca de los posiblesdesvíos que pudieran haber cometido las emisoras detelevisión. El Supremo Tribunal Federal también debedesempeñar un papel central, dado que está en sus manos,tal como ocurre en varios países del mundo, el definirlos límites aceptables del principio constitucionalde la libertad de expresión.Ministerio Público (MP): La actuación del MinisterioPúblico también es de gran importancia. Una de susfunciones es la de recibir las denuncias hechas por lasociedad con relación a la violación de los derechos humanosy proponer demandas y acciones civiles públicasante el Poder Judicial, para que se salvaguarden estosderechos. El jurista José Carlos Barbosa Moreira consideraesta competencia, en su artículo “Acciones civilespúblicas y la programación de la televisión”, como unode los horizontes más interesantes y más concretos convistas a la protección de los derechos humanos cuandola programación televisiva sobrepasa los límites marcadospor la Constitución. El Ministerio Público es, muy amenudo, el representante de los intereses perjudicadosde los ciudadanos a causa del comportamiento de losmedios de comunicación de masas. En noviembre del2005, por medio de acciones que llevó a cabo el MinisterioPúblico, la programación de una cadena nacionalde televisión dejó de emitirse durante cierto tiempopor no respetar los derechos de los homosexuales. Laacción del Ministerio Público llevó a que se firmara unacuerdo que obligó a la empresa a que cediera, duranteun mes, parte del espacio que se destinaba antes al programadenunciado para que se presentaran contenidosdestinados a la promoción y a la defensa de los derechoshumanos y de la diversidad. Estos contenidos se produjeroncon un amplio apoyo de la sociedad civil organizada,en un proceso dirigido por el Colectivo Intervoces.