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El Mundo Indígena 2013.pdf - Fondo Indigena

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94 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2013Por último, las 12 comunidades de la Cuenca de Laguna de Perlas se expresaroncon un recurso en contra de la construcción de megaproyectos en su territorio.En este pronunciamiento se pide, además, que el gobierno de Nicaragua intercedaante el gobierno de Honduras por la destrucción sistemática de cultivos y dañosambientales en las tierras agrícolas de las comunidades miskitas que habitan ellado nicaragüense del Rio Wangky pero que tradicionalmente usan las tierras enHonduras para garantizar su alimentación. Todo fundamentado por los principios delConvenio 169, ratificado en ambos países.Una particularidad del mencionado evento es que las autoridades indígenas estuvieronacompañadas por la Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional,liderado por el diputado y líder miskitu, Brooklyn Rivera, quien también es miembrode CONADETI y dirigente de YATAMA, durante varios años aliado político delpartido gobernante, FSLN.Se trata de la primera vez que todos los gobiernos territoriales reconocidos víala Ley 445 se reúnen para reclamar sus derechos colectivos y está por verse si estadinámica llega a institucionalizarse por su propia fuerza.A principios de año, la Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacionalcomenzó a circular un texto titulado “Ley de Territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes”.Una propuesta que parece que toma elementos de la Ley 445 y delEstatuto de Autonomía Regional (Ley 28), así como características políticas organizativasde los diversos pueblos, a fin de juntar estos elementos en algo que pareceser un prototipo de estatutos territoriales uniformados, aunque se trata, en realidad,de una propuesta de Ley. Una propuesta aparentemente innecesaria, confusa y conriesgo de violar el derecho de cada uno de los pueblos a determinar libremente sucondición política y estructura organizativa.<strong>El</strong> proceso que parece ser de mayor prioridad para los pueblos indígenas en laCosta Caribe es la reforma al mismo Estatuto de Autonomía Regional, donde igualmenteestá en juego el derecho a la libre determinación. Se trata de una iniciativa que se vienedando desde hace varios años y que podría percibirse como la obligación constitucionaldel Estado de “organizar un régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las comunidadesétnicas de la Costa Atlántica, la que deberá contener, entre otras normas, lasatribuciones de sus órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativoy con los municipios, y el ejercicio de sus derecho” (CP Art. 181,2000). Es decir, repararel actual Estatuto de Autonomía del año 1987, que establece una autonomía regionalcuando por los derechos históricos debería, en realidad, haber sido ser una autonomíaindígena. La autonomía regional se implementó el mismo año 1987, cuando el texto citadode la Constitución Política no estaba tan claro (luego se reformó la Constitución). En

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