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El Mundo Indígena 2013.pdf - Fondo Indigena

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92 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2013ducir del proceso de saneamiento y los consecuentes casos de violencia queponen en riesgo su vida por la defensa de sus territorios y recursos naturales.Mientras tanto, algunos gobiernos territoriales han venido avanzando en el procesode saneamiento por iniciativa propia o con apoyo financiero de la cooperacióninternacional. <strong>El</strong> GTR-K tiene avanzada una primera experiencia piloto desaneamiento. En 2012, el GTR-K recibió -vía este proceso- solicitudes de convivenciaen su territorio de parte de 24 familias mestizas que reconocieron no tenerotra posibilidad legal para permanecer allí. Awas Tingni (AMASAU) avanzó en laelaboración de un diagnóstico de terceros, y en el territorio miskitu de Twi Waupasa,los colonos se retiraron luego que los líderes fueran secuestrados por losindígenas como represalias a la invasión. Allí, como en la mayoría de los 9 territoriosmayangna, la posición general parece ser que todos los terceros sin títulode propiedad válido deben abandonar sus territorios.3. La totalidad de los 22 gobiernos territoriales respaldaron colectivamente recursosintroducidos en contra de las instituciones del Estado.En el año 2012 hubo varios recursos legales. Uno se trata de la denuncia deAwas Tingni Mayangna Sauni Umani (AMASAU) contra el gobierno de Nicaraguay la presidencia de CONADETI por haber permitido la invasión y colonización desu territorio por personas armadas y organizadas como Consejos y Gabinetes delPoder Ciudadano (CPC y GPC). Se trata de organizaciones sandinistas respaldadaspor las alcaldías de Bonanza y Rosita que han conformado un gabineteterritorial integrado por 16 coordinadores de CPC y el delegado de la Intendenciade la Propiedad en Bonanza. <strong>El</strong>los trabajan con una comisión negociadora delPoder Ejecutivo que incluye al secretario político de la alcaldía del FSLN de Bonanza,avanzando así en el proceso de titulación ilegal de tierras desde el año2010. Los usurpadores de tierras declaran tener acuerdos de titulación con elGobierno Central. 1 Se desconoce, así, la sentencia emblemática de la Corte Interamericanade Derecho Humanos del año 2001 en el caso Awas Tingni versusel Estado de Nicaragua. Esta situación se agrava teniendo en cuenta lo acontecidoen 2011, cuando el Ministerio de Medio Ambiente y los Recursos Naturales(MARENA) solo aplicó una multa ínfima a la empresa maderera MAPIINICSAcuando ésta abrió una pista de aterrizaje y un camino permanente para extraerrecursos forestales dentro de los límites de su territorio titulado. Esta polémicapuede verse en zonas donde los conflictos sobre la tenencia de tierra aún persis-

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