El Mundo Indígena 2013.pdf - Fondo Indigena

MEXICO Y AMERICA CENTRAL83La represión gubernamental contra los movimientos de defensa delterritorioLas políticas gubernamentales fueron muy explícitas en cuanto a promover las inversionespara el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente en petróleo,minería e hidroeléctricas; para lo cual establecieron acuerdos con los inversionistasnacionales e internacionales y plantearon cambios en la legislación vigente. Acomienzos de año, el gobierno anunció que las empresas mineras se comprometíanvoluntariamente a pagar un porcentaje de regalías mayor al que la ley establece. Acambio, se supone que las empresas recibieron el compromiso de protección de lasfuerzas de seguridad frente a las protestas comunitarias.El 1 de mayo, una persona fallecida y tres heridos, supuestamente a manos deempleados de seguridad de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, en el municipiode Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango, provocó la ira de lospobladores locales, quienes atacaron un destacamento militar. En respuesta, el gobiernodecretó el estado de sitio en dicho municipio con la finalidad de mantener lagobernabilidad en el área. En ese mismo sentido se explica la instalación de un puestomilitar en San Juan Sacatepéquez para resguardar los intereses de la principalempresa de cemento.De igual manera, durante el mes de diciembre, el gobierno movilizó las fuerzasde la policía para disolver violentamente una concentración de vecinos que manteníanbloqueado el acceso a la mina El Tambor, de los municipios de San José elGolfo y San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala. La manifestaciónera encabezada por mujeres de la comunidad La Puya, quienes se vienen oponiendodesde principios de año porque consideran que la mina contamina sus fuentes deagua y transforma la vida comunitaria. El uso de la fuerza durante éste y otros desalojosha puesto en riesgo la vida de los manifestantes, entre quienes se encuentranmujeres y niños, toda vez que se usan gases lacrimógenos. Los manifestantes consideranque los espacios de diálogo que el gobierno ofrece instalar no tienen mayoresperspectivas porque, de hecho, la consigna gubernamental es asegurar el funcionamientode las empresas mineras.La continua utilización de medidas de fuerza por parte del Estado no han logradoatenuar los más de 80 focos de conflictividad relacionado con la oposición a las actividadesmineras y de expansión de los agrocombustibles que persisten en 13 departamentos,entre los que se cuentan Huehuetenango, Chiquimula, Jalapa, Alta Verapaz,Guatemala y San Marcos. Al respecto, en varios municipios se continuó reali-