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El Mundo Indígena 2013.pdf - Fondo Indigena

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AMERICA DEL NORTE63a favor de las compañías. <strong>El</strong> gobernador Scott Walker (republicano) dijo que confiabaen que el año que viene se aprobaran leyes amigables hacia la industria.Tanto Minnesota como Wisconsin abrieron sus temporadas de caza de lobos en2012, ahora que la EPA sacó a los lobos grises de la lista de especies en peligro y loscolocó, así, bajo control de los estados. Los ojibwa se oponen a las temporadas decaza de lobos en ambos estados porque ellos ven a los lobos como sus parientes. EnMinnesota, las siete bandas prohibieron la caza de lobos en sus tierras. Sin embargo,en muchos casos, las tierras de propiedad indígena son sólo una parte del total de lareserva. Los estados son los entes reguladores de las tierras de propiedad privada enlas reservas. <strong>El</strong> Departamento de Recursos Naturales (DNR) del estado rechazó unpedido de las bandas de prohibir la caza en todas las tierras de las reservas. <strong>El</strong> comisariodel DNR habría dicho que su departamento no tenía la función de considerarargumentos culturales sino de administrar la población de lobos. 10 Categorizar a loslobos como una población administrable parece evitar la idea de que la decisión deabrir la caza de lobos está basada también en argumentos culturales específicos.Pagos de contratosEn junio, la Corte Suprema hizo pública su decisión en el caso Salazar vs. DelegaciónRamah Navajo. Este caso resolvió la cuestión de los pagos de contratos entre el gobiernofederal y las tribus. Bajo la Ley de autodeterminación y asistencia educativaindígena de 1975, las tribus pueden firmar contratos de prestación de servicios educativos,de atención sanitaria, de protección ambiental, etc. que antes habían sidoprestados por la Oficina de Asuntos Indígenas u otras agencias federales. Las agenciassiguen siendo responsables del financiamiento, y el contrato puede ser revocadosi la tribu no cumple con el servicio, como pasó en el lago Spirit. En las últimas décadas,estos contratos estuvieron mal financiados, es decir, el gobierno no cubrió elcosto total del contrato para las tribus. En su decisión, la Corte Suprema decidióahora que el gobierno debe cubrir todos los costos tal como prometió. Sin embargo,la Corte explícitamente dejó abierta la posibilidad de que el Congreso modifique laley. Esto significaría básicamente que si el Congreso declara públicamente que no vaa pagar todos los costos de los contratos que firma, puede hacerlo; sin embargo, elCongreso también podría hacer legal que el Gobierno se niegue a entrar en estosacuerdos. 11 Sería un golpe duro para la autodeterminación indígena. Las consecuenciaspotenciales del caso son extensas, sin embargo. Un caso similar, que afecta eneste caso a los indígenas de Alaska, ya fue modificado. En el caso Asociación Indí-

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