El Mundo Indígena 2013.pdf - Fondo Indigena

AMERICA DEL NORTE51Estos y varios otros documentos legislativos, entre ellos la Ley C-27, la Ley deTransparencia Financiera de las Primeras Naciones, la Ley S-2, Ley de Derechos eIntereses Matrimoniales y Vivienda Tradicional en la Reserva y la Ley C-428, Ley deEnmiendas y Modificaciones de la Ley India, han sido elaboradas sin la debida consultay cooperación con los pueblos indígenas. La Declaración establece la consultay la cooperación como una norma mínima. Sin embargo, la agenda del gobierno canadienseque ha lanzado unilateralmente leyes que afectan los derechos de los pueblosindígenas perpetúa, simplemente, el modelo colonial. Se ignoran los intentos delos pueblos indígenas para volver a restablecer la relación con el gobierno central. Enun ambiente así no es posible la reconciliación.Extracción de recursosLa extracción de recursos en territorios y tierras de pueblos indígenas sigue siendouna fuente de gran conflicto y preocupación en muchas zonas de Canadá. Los gobiernossuelen abandonar sus responsabilidades constitucionales, permitiendo quelas empresas de recursos continúen sin realizar las debidas consultas y procesos deadaptación, sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.A menudo, las naciones indígenas afectadas se ven obligadas a recurrir a costososlitigios para que sean respetados sus derechos.En diciembre de 2012, los indígenas dena del río Ross obtuvieron una victoriasignificativa en la causa Consejo Dena del Río Ross contra Yukon. 13 La sentenciaestablece que: “El gobierno del Yukon tiene la obligación de notificar y, en su caso,consultar y llegar a un entendimiento con el demandante antes de permitir el inicio decualquier actividad de exploración minera dentro de la zona del río Ross, en la medidaen que esas actividades puedan afectar perjudicialmente los derechos aborígenesinvocados por el demandante”.El norte de la provincia de Ontario representa también un área crítica conocidacomo el “Anillo de Fuego” - que las compañías de recursos y los gobiernos ven comoárea potencial de desarrollo. También comprende territorios de los pueblos indígenas.La provincia lanzó una “modernizada” Ley de Minería que pretende ser coherentecon el artículo 35 de la Ley Constitucional de 1982. Sin embargo, la provincia nodesea discutir los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo einformado. Esto sólo va a dar lugar a nuevos conflictos. En 2012, tanto el InninuwugKitchenuhmaykoosib (KI) y la Primera Nación Wahgoshig ganaron casos relacionadoscon la conducta inadecuada de las empresas de recursos en sus territorios. 14