El Mundo Indígena 2013.pdf - Fondo Indigena

50 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2013Cerca de la mitad de la ley C-38 comprende enmiendas relacionadas con el medioambiente que debilitan las leyes existentes. La Ley C-45 introdujo profundas modificaciones,incluyendo cambios en la Ley Indígena de concesiones territoriales queagravan los problemas existentes. También se vuelven a redactar las leyes relacionadasal medio ambiente, incluyendo la Ley de Protección de Aguas Navegables, la Leyde Pesca y la Ley de Información sobre Materiales Potencialmente Peligrosos, quese utilizaron para promover y proteger un medio ambiente sostenible, el agua potabley océanos saludables. Está siendo asaltada la integridad del medio ambiente en detrimentode las generaciones presentes y futuras.Se estima que Canadá contiene cerca de 32.000 grandes lagos y más de 2,25millones de ríos. Sin embargo, una nueva Ley de Protección de la Navegación reducela supervisión ambiental federal, cubriendo 3 océanos y sólo 97 lagos y parte de 62ríos. No están incluidos algunos ríos importantes en la Columbia Británica, a lo largode la ruta del proyectado oleoducto de Northern Gateway.Será mucho menos probable que proyectos de desarrollo de recursos en las tierrastradicionales de los pueblos indígenas estén sujetos a una rigurosa evaluaciónpública del impacto ambiental. Estos cambios figuran en la parte superior de los recortesa la protección ambiental ya aprobados en la anterior ley C-38.La ley S-8, Ley del Agua Potable para las Primeras Naciones, también presentaretos importantes para los pueblos indígenas. Esta peligrosa legislación (entoncesdenominada S-11) sigue progresando, como anteriormente se había informado en ElMundo Indígena 2011. La ley incluiría por primera vez una activa disposición “derogatoria”,es decir que el proyecto de ley permite explícitamente la anulación o derogaciónde los actuales derechos aborígenes y del Tratado si se considerara necesariopara garantizar el acceso al agua potable. En caso de cualquier conflicto o discrepancia,se considera que la nueva ley federal y las regulaciones prevalecen sobre la legislaciónde las Primeras Naciones. Por lo tanto, la ley S-8 plantea serias dudas sobrela validez constitucional y la discriminación. Ningún otro pueblo en Canadá se veobligado a renunciar a demás derechos humanos con el fin de disfrutar del derechohumano al agua potable.Muchas comunidades indígenas están desesperadas por conseguir un mejorabastecimiento de agua luego de décadas de falta de financiación federal. Más de100 comunidades indígenas no gozan de este beneficio. Bajo la nueva ley, la calificaciónnecesaria para un futuro financiamiento federal destinado a la mejora de losservicios de agua estaría ligado a la voluntad de vivir bajo el nuevo régimen de exención.