El Mundo Indígena 2013.pdf - Fondo Indigena

AMERICA DEL NORTE49puedan verse afectados por los proyectos llevados a cabo en su tierras”. El CERDtambién pidió a Canadá desarrollar un plan de acción nacional para aplicar la Declaraciónde la ONU. 9El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier deSchutter, realizó el primer viaje de esta organización a un país desarrollado, incluyendola visita a las comunidades aborígenes. Su informe fue publicado en diciembre de2012. 10 El Relator Especial expresó su profunda preocupación por la inseguridad alimentariade los pueblos indígenas de Canadá y la relación que existe entre la seguridadalimentaria y derecho a la tierra. “Actualmente, este derecho (a la alimentación)se encuentra bajo muy graves amenazas en lo que concierne a las Primeras Nacionesde este país”, dijo De Schutter. “Mi informe será útil, no sólo si se discute a nivelinternacional, sino también si se utiliza para iniciar una diálogo nacional sobre estascuestiones, si se puede lograr que la opinión pública canadiense comprenda mejorcuál es la situación y cuáles son sus responsabilidades”. 11 Sorprendentemente, elgobierno federal criticó al Relator Especial, su visita y sus conclusiones. Este es unejemplo preocupante de conducta de un gobierno que cree que está por encima delcontrol internacional. De Schutter criticó a Canadá por su “terriblemente pobre” reputaciónde no tomar en serio las recomendaciones de los órganos de derechos humanosde la ONU.En octubre, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño examinó la situaciónde Canadá. Criticó al país por las desigualdades en los servicios de bienestarinfantil para los niños indígenas (ya informado en El Mundo Indígena 2012, 2011 y2010) y planteó otras cuestiones de discriminación. 12Estrategias legislativas antidemocráticasDurante 2012, el gobierno federal puso en marcha un importante número de proyectosde ley que afectan a los pueblos indígenas. Se está adoptando un sinnúmero deenmiendas y leyes que socavan los derechos humanos de los pueblos indígenas,incluidos los derechos aborígenes y del Tratado garantizados en la Constitución canadiense.Estas medidas legislativas fueron realizadas con poca o ninguna consultacon los pueblos indígenas y sin su consentimiento. Tales acciones erosionan la democracia,el estado de derecho y la integridad del Parlamento. De particular preocupaciónson dos leyes “presupuestarias” -la ley C-38 y C-45-, que comprenden casi900 páginas en conjunto y que no han contado con debate parlamentario. La LeyC-38 modifica aproximadamente 70 diferentes leyes y, la Ley C-45, alrededor de 60.