El Mundo Indígena 2013.pdf - Fondo Indigena

214 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2013principios. Aunque, luego de un intenso trabajo de lobby maorí, el artículo 45Q de laEnmienda a la Ley de Finanzas Públicas (Modelo de Propiedad Mixta) de 2012 estipulaque “[n]ada en esta Sección permitirá a la Corona actuar de manera inconsistentecon los principios del Tratado de Waitangi”, a la vez estipula que, “para evitar laduda”, la estipulación del Tratado “no se aplica a personas que no sean la Corona”.Con control reducido sobre las empresas, existe la preocupación de que la Corona noesté en una posición que le permita asegurar el reconocimiento adecuado por partede las empresas de los intereses maoríes al agua dulce, de acuerdo con los principiosdel Tratado. 3El impacto de la privatización parcial propuesta sobre los intereses maoríes en elagua dulce fue motivo de investigación. En julio, y a instancias del Consejo Maorí deNueva Zelanda, el Tribunal de Waitangi mantuvo una audiencia urgente sobre elasunto. El Tribunal halló que los maoríes tienen intereses de propiedad residuales enmasas de agua particulares –lo que incluye intereses comerciales– que están garantizadospor el Tratado y que estos intereses se verían perjudicados si el gobiernoavanza con los planes de no reconocer o compensar la usurpación de estos derechos.El tribunal planteó la posibilidad de que el otorgamiento de acciones de lasempresas “en conjunto con los acuerdos de los accionistas y la constitución renovadade la empresa podrían, si se lo planea bien”, dar “una forma significativa al reconocimientode derechos” para los maoríes, pero sólo si esto está listo antes de la privatizaciónparcial. Recomendó que la venta de acciones de las empresas se postergaramientras se llegaba a un acuerdo con los maoríes, y “que la Corona convocara urgentementeun hui [encuentro] para determinar el camino a seguir junto con los líderesiwi [tribales], el Consejo Maorí de Nueva Zelanda y las partes que reivindicaron uninterés en este reclamo”. 4 En octubre, desafiando las recomendaciones del Tribunal,el Gobierno anunció su intención de avanzar con la preparación de la venta de unade las empresas. 5 Algunos días después, anunció un programa de ofertas de accionespara algunos iwi, que fue un intento apenas enmascarado de causar una divisiónentre los maoríes y la oposición muda a las ventas. 6En respuesta, el Consejo Maorí de Nueva Zelanda y otros iniciaron una acción decontrol de constitucionalidad contra el Gobierno en el Tribunal Superior. Esta demandase relacionaba con las decisiones que el Gobierno planeaba tomar (como ofreceracciones a la venta) y con los pasos que ya había tomado (como un inadecuadoproceso de consulta en la venta) en relación con la propuesta de privatización parcialde Mighty River Power, la primera de las empresas estatales que el Gobierno intentaprivatizar parcialmente. El Consejo argumentó que el Gobierno estaría actuando demanera inconsistente con los principios del Tratado si tomaba las decisiones especi-