El Mundo Indígena 2013.pdf - Fondo Indigena

EL PACIFICO213AOTEAROA (NUEVA ZELANDA)Los maoríes, pueblo indígena de Aotearoa, representan el 17% 1 de la poblacióntotal, que asciende a 4,3 millones de habitantes. A pesar de que la mayoríavive en centros urbanos, la identidad cultural maorí es fuerte. La brechaentre maoríes y no maoríes es un fenómeno generalizado: la esperanza devida de los maoríes es casi 10 años menor; los ingresos del hogar es el 72%de la media nacional; la mitad de los hombres maoríes abandonan la escuelasecundaria y representan el 50% de la población carcelaria.En 1840, británicos y maoríes firmaron el Tratado de Waitangi –del queexisten dos versiones, una en inglés y otra en maorí–, por el cual se concedíael derecho de gobierno a los británicos, se prometía que los maoríes mantendríanla soberanía sobre sus tierras, recursos y otros valores. Sin embargo,el Tratado posee un status legal limitado en los tribunales y el Parlamento; enconsecuencia, la protección de los derechos de los maoríes depende, engran medida, de la voluntad política y el reconocimiento ad hoc del Tratado.Nueva Zelanda aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre losDerechos de los Pueblos Indígenas en 2010 (ver El Mundo Indígena 2011).Nueva Zelanda no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.Derechos de aguas de los maoríes, en peligroEn 2012, el Gobierno avanzó con los planes de privatizar parcialmente las empresasestatales (ver El Mundo Indígena 2012) –lo que incluye cuatro empresas deelectricidad– sin brindar la protección adecuada o tomar las medidas necesarias enlo relativo a los derechos de los maoríes a las fuentes de agua utilizadas por lasempresas. El artículo 2 del Tratado de Waitangi ratifica el derecho de los maoríes aejercer tino rangatiratanga (soberanía) sobre sus tierras, recursos y otras riquezas.Los principios del Tratado están resguardados, en cierta medida, en la legislaciónque gobierna las empresas estatales de Nueva Zelanda. 2 Sin embargo, las enmiendaslegislativas promulgadas para hacer aplicable la privatización parcial –la Enmiendaa la Ley de Finanzas Públicas (Modelo de Propiedad Mixta) de 2012 y la Enmiendaa la Ley de Empresas Estatales de 2012– no resguardan adecuadamente estos