El Mundo Indígena 2013.pdf - Fondo Indigena

184 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 20133 Padre Bartomeu Melia, 4 de enero de 2012 en declaraciones a la radio Fe y Alegría.4 Según un documento de la ONG SAI al que Tierraviva tuvo acceso como parte de la Red deEntidades al Servicio de los Pueblos Indígenas(REDESPI), a mediados de los 90 las tierras yaestaban ocupadas por las comunidades avá guaraní: ytu, tekoha ka’a poty y tayy poty. Luego deiniciar los trámites de restitución, las tierras fueron vendidas a un extranjero con las comunidadesadentro, siendo que el Estado ya había firmado el Convenio 169 de la OIT. Los avá guaraní,sufrieron varios intentos de desalojo, una medida cautelar y su trámite fue paralizado por la intervenciónde la Fundación Moisés Bertoni que tenía un interés particular sobre estas tierras. Porsu parte, los aché también reclamaban éstas tierrascomo territorio ancestral y habían sido desplazados(hacia el otro extremo de las tierras hoy recuperadas) por la misma fundación cuandocreó la reserva privada Mbarakayu en la década del 80.Posteriormente, las tierras fueron adquiridas para comunidades indígenas a partir de unproyecto vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC) con financiamiento delBID. El requerimiento del banco era legalizar/regularizar las tierras indígenas que estuvieranafectadas por el proyecto. El MOPC las compró pero las traspasó a la SEAM, quien jamás logró,justamente por el reclamo de los avá sobre las mismas, hacerlas Área Silvestre Protegida yanexarlas, como quería la Fundación Moisés Bertoni, a la Reserva Mbarakayu (propiedad de laFundación). Es importante destacar que el Estado, en cualquiera de sus poderes, estaba obligadoa consultar con todas las comunidades involucradas y dar respuesta a cada una respetandosus derechos.5 En la masacre mueren policías y campesinos y fue hecho principal para que el Congreso le iniciarajuicio político al presidente Lugo y lo destituyera.6 No existen caminos de todo tiempo para poder acceder a esas tierras. Los caminos existentesfueron realizados por los ganaderos de la zona pero no llegan hasta las nuevas tierras. Por otraparte, también existe una fuerte oposición de parte de uno de los propietarios de una de las estanciaspara dar paso y mejorar otro de los posibles accesos. El Estado, una vez más, manifiestasu posición de imposibilidad de acción y negociación frente a los intereses privados.7 Hay que recordar que luego de la sentencia y ante la negativa de la familia Dominguez Dibb(quien ostenta el título de propiedad) de vender las tierras reivindicadas, el ejecutivo elevó unproyecto de Ley ante el parlamento para obligar a estos propietarios a venderle al Estado y asídevolver las tierras ancestrales a sus dueños, la comunidad yakye axa. El parlamento negó elderecho de la comunidad y rechazó el pedido. La respuesta del Estado fue proponer otras tierrasdentro del territorio Enxet Sur que la comunidad acepta ante la imposibilidad de recuperar lassuyas y seguir viviendo en condiciones en extremo precarias.8 A pesar de que la propia Constitución Nacional reconozca, en su Capítulo V, a los pueblos indígenascomo anteriores a la formación y organización del Estado.9 Sobre todo si no se está dentro del circuito de las cooperativas, las que cuentan con todos losservicios, incluso aquellos que el Estado está comprometido a dar gratuitamente a su poblacióny especialmente a la indígena.10 Bajo resolución del Ministerio de Educación y Cultura en 2001, según fuente del GAT en su páginaweb.11 Este hecho punible tiene como protagonistas a Diego Eduardo León, alto funcionario de la empresaCarlos Casado S.A., cuyo mayor accionista es la constructora española Grupo San José(en http://gat.org.py/v5/index.php?detalle=188&titu=7&sec=40).12 Ello ha venido siendo denunciado por las organizaciones indígenas que la nuclean así como porlas organizaciones de la sociedad civil que las acompañan, el GAT e Iniciativa Amotocodie.