El Mundo Indígena 2013.pdf - Fondo Indigena

AMERICA DEL SUR167Aparte de esto, en al menos cinco de estas tierras se constató la presencia decomunidades en situación de aislamiento voluntario, de acuerdo a los datos obtenidospor la Fundación Nacional del Indio, FUNAI. 5Aparte de la amenaza de hidroeléctricas, la población indígena se enfrenta a laimplementación de la mayor compañía de explotación de oro en Volta Grande doXingu. Se lo considera uno de los mayores proyectos de esta naturaleza en Brasil,liderado por la Belo Sul Mineração, subsidiaria brasilera de la Belo Sun Mining Corporation,empresa canadiense perteneciente al grupo Forbes & Manhattan Inc. Laempresa reclama tierras en el mismo trecho del río Xingú, que sufrirá un drásticoimpacto por la represa de Belo Monte. Se instalará a menos de 20 km de la represade Belo Monte y a 16 km de la tierra indígena (TI) Arara da Vola Grande, aparte delas TI afectadas como las de Arara, Trincheira Bacajá, Xicrin y con los indígenas ensituación de aislamiento Ituna-Itatá, y en la TI Paquicamba, del pueblo Juruna.La concesión durará 12 años, estimándose que en ese período se obtendránunas 50 toneladas de oro. La mina será a cielo abierto y contará con una inversiónde poco más de un billón de dólares. Uno de los mayores problemas causados porla mina será la reducción del 80% del cauce del río Xingú, con un empeoramientoconsiderable de la calidad del agua, lo que afectará severamente el volumen depesca, principal fuente de sobrevivencia de la población local.La posición del gobierno en relación a Belo Monte y otros emprendimientos delPAC es de una constante y sistemática violación de los derechos de esta población,y puede pensarse en una estrategia por parte del gobierno brasilero de exterminaciónde los pueblos indígena de Brasil. A título de ejemplo, la hidroeléctrica de BeloMonte tuvo su licencia suspendida por no cumplir la Constitución brasilera y el Convenio169 de la OIT. Sin embargo, las obras fueran retomadas por decisión del SupremoTribunal Federal y el presidente de este órgano alega que “cualquier atrasoen el cronograma de la obra sería una amenazada a la economía nacional”. 6El caso del río Xingú y el Complejo Hidroeléctrico de Belo Monte fue llevadoante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 1 de abril de2011, después de un cuidadoso análisis, la CIDH requirió, a través de una medidacautelar, que fuesen realizadas acciones para proteger las comunidades afectadasen la cuenca del río Xingú, incluyendo la suspensión de las obras de Belo Montehasta que fuesen realizadas las consultas indígenas y la protección de los derechosde los pueblos indígenas aislados. El gobierno de Dilma Rousseff, en vez de acatarla recomendación de la CIDH, reaccionó de forma arrogante y agresiva, negandocualquier irregularidad en relación a los derechos de las poblaciones indígenas delXingú, retirando su candidato como miembro de la comisión en 2012 y amenazó con