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AMERICA DEL SUR149máximo de 25 mil hectáreas para todo el territorio nacional; el otro plantea límitesdiferenciados: 10 mil en costa, 5 mil para la sierra y 20 mil hectáreas para la selva.Los gremios agrarios demandaron una nueva propuesta con la participación de losagricultores.En 2012 se inició la campaña “Territorios Seguros para las Comunidades delPerú”, que busca reactivar el proceso de titulación de tierras comunales, crear unmarco jurídico que las salvaguarde, y reconocer y valorar el aporte de las comunidadesal país. Lanzaron un informe sobre el estado de las comunidades rurales. 12En Espinar, el gobierno instaló una Mesa de Diálogo para abordar los reclamosde la población cusqueña ante las evidencias de contaminación y daño a la saludverificados por el Ministerio de Salud y entidades privadas producto de la actividad dela minera Tintaya. Previamente, el gobierno había impuesto el estado de emergenciay reprimido un paro provincial con el trágico saldo de dos muertos. La población demandaresolver el problema de la contaminación y reformular el convenio marcosuscrito en el 2003 con la empresa Xstrata.Antamina, “una de las diez minas más grandes del mundo en términos de volumende operaciones” -según indica su portal web- no sólo incumplió su plan de contingenciay contradijo su hoja de seguridad sino que mintió a los comuneros y actuóde forma inmoral e irresponsable luego de la rotura de un mineroducto que derramó45 toneladas de concentrados, con el resultado de alrededor de trescientas personascon síntomas de intoxicación. El accidente ocurrió el 25 de julio en la comunidad deSanta Rosa, distrito de Cajacay, región Ancash. A fin de evitar que el derrame llegueal río Fortaleza, personal de la empresa convocó a los pobladores a contener el materialvertido sin una protección adecuada y sin advertirles de la toxicidad del concentrado.Problemática del área amazónicaLa Plataforma de Ordenamiento Territorial (POT) informó que cerca de 16 lotes dehidrocarburos se superponen irregularmente sobre 12 áreas naturales protegidas enla Amazonía. En la mayoría de los casos, los proyectos no cumplen con una adecuadaplanificación territorial, ocasionarán impactos negativos y son focos de futurosconflictos. Para la Plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa desus Territorios (Puinamudt), 13 la mayor parte de los proyectos de hidrocarburos sesuperponen a territorios indígenas, y 18 de los 36 nuevos lotes que Perupetro licitaráen los próximos meses -según anuncio efectuado en setiembre- se encuentran en la
150 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2013región Loreto. En junio, un encuentro de jefes y líderes de los pueblos Awajún yWampis acordó pedir la anulación de las concesiones petroleras y mineras en susterritorios porque fueron otorgadas sin consulta y son consideradas actividades incompatiblescon sus modos de vida.En la selva central, organizaciones indígenas denunciaron indiferencia, corrupcióny abandono del Estado en la lucha contra el narcoterrorismo, flagelo que se incrementaen los alrededores de Ciudad Constitución y se expande por todo el valledel Pichis. En carta enviada al presidente de la República, la Asociación Regional delos Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI S.C.) denunció que los jefes de lascomunidades son conminados, bajo amenaza, a sembrar coca o a facilitar aeropuertosclandestinos. En la selva cusqueña, los bombardeos ejecutados por el Ejércitopara acabar con la presencia de narcoterroristas provocó que más de un centenar deindígenas machiguengas se refugiaran en la ciudad de Quillabamba, capital de laprovincia de La Convención.La empresa española Repsol anunció un importante hallazgo de gas natural, deaproximadamente 60.000 millones de metros cúbicos, en una zona que comprendeal Parque Nacional Otishi y el santuario Megantoni, en las regiones de Junín y Cusco,en la cual habitan familias indígenas de las etnias Machiguenga, Asháninka, Kakinte,Yine Yami e indígenas en aislamiento voluntario.En setiembre, la empresa Talisman Energy de Canadá anunció su retiro del Perúy el cese de sus actividades de exploración petrolera en la provincia Datem del Marañón(Loreto), que trabajaba en la zona desde 2004, específicamente en los lotes 64y 101. Talisman también hacía trabajos en el Complejo de Humedales del Río Pastaza,reconocido por la Convención Ramsar como uno de los ecosistemas acuáticosmás productivos en la selva.En enero de 2013, y después de cuatro años, la Fiscalía Superior Mixta de Baguapidió sanciones, hasta de cadena perpetua, para 53 dirigentes y manifestantes por el“Baguazo”, como se conoce al conflicto del 5 de junio de 2009, que ocasionó la muertede 10 civiles, 23 policías y un oficial de la policía que aún se encuentra desaparecido:el mayor Felipe Bazán. 14 Tres indígenas inculpados -sin pruebas- de asesinar almayor Bazán siguen encarcelados desde el 2009. Asterio Pujupat y Danny Lópezcumplen arresto domiciliario en casas-calabozo en Bagua, lejos de sus hogares y sinsentencia, en tanto que Feliciano Kahuasa continúa en prisión a pesar de habersereconocido su largo período de detención.Organizaciones indígenas de las cuencas del Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientescomunicaron sus “condiciones previas” al proceso de licitación y consulta de lanueva concesión del lote 192 (ex 1AB). Indican que se requiere un proceso de con-
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AMERICA DEL SUR149máximo de 25 mil hectáreas para todo el territorio nacional; el otro plantea límitesdiferenciados: 10 mil en costa, 5 mil para la sierra y 20 mil hectáreas para la selva.Los gremios agrarios demandaron una nueva propuesta con la participación de losagricultores.En 2012 se inició la campaña “Territorios Seguros para las Comunidades delPerú”, que busca reactivar el proceso de titulación de tierras comunales, crear unmarco jurídico que las salvaguarde, y reconocer y valorar el aporte de las comunidadesal país. Lanzaron un informe sobre el estado de las comunidades rurales. 12En Espinar, el gobierno instaló una Mesa de Diálogo para abordar los reclamosde la población cusqueña ante las evidencias de contaminación y daño a la saludverificados por el Ministerio de Salud y entidades privadas producto de la actividad dela minera Tintaya. Previamente, el gobierno había impuesto el estado de emergenciay reprimido un paro provincial con el trágico saldo de dos muertos. La población demandaresolver el problema de la contaminación y reformular el convenio marcosuscrito en el 2003 con la empresa Xstrata.Antamina, “una de las diez minas más grandes del mundo en términos de volumende operaciones” -según indica su portal web- no sólo incumplió su plan de contingenciay contradijo su hoja de seguridad sino que mintió a los comuneros y actuóde forma inmoral e irresponsable luego de la rotura de un mineroducto que derramó45 toneladas de concentrados, con el resultado de alrededor de trescientas personascon síntomas de intoxicación. <strong>El</strong> accidente ocurrió el 25 de julio en la comunidad deSanta Rosa, distrito de Cajacay, región Ancash. A fin de evitar que el derrame llegueal río Fortaleza, personal de la empresa convocó a los pobladores a contener el materialvertido sin una protección adecuada y sin advertirles de la toxicidad del concentrado.Problemática del área amazónicaLa Plataforma de Ordenamiento Territorial (POT) informó que cerca de 16 lotes dehidrocarburos se superponen irregularmente sobre 12 áreas naturales protegidas enla Amazonía. En la mayoría de los casos, los proyectos no cumplen con una adecuadaplanificación territorial, ocasionarán impactos negativos y son focos de futurosconflictos. Para la Plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa desus Territorios (Puinamudt), 13 la mayor parte de los proyectos de hidrocarburos sesuperponen a territorios indígenas, y 18 de los 36 nuevos lotes que Perupetro licitaráen los próximos meses -según anuncio efectuado en setiembre- se encuentran en la