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AMERICA DEL SUR139tes de diferentes organizaciones opositoras al gobierno, quienes llegaron a la sedede la Asamblea Nacional, donde una delegación fue recibida por el presidente FernandoCordero. Para Delfín Tenesaca, presidente de Ecuarunari –la principal organizaciónde base andina, filial de la CONAIE- “…no se puede plasmar el paradigma delBuen Vivir como modelo de vida cuando no existe estabilidad laboral, no hay accesoa la educación, a la salud, no hay presupuestos participativos (…) es imposible tenerun dialogo con el gobierno cuando éste vulnera constantemente la Constitución, poniendolos bienes naturales en manos de las empresas multinacionales, aprobandomegaproyectos de infraestructura e ignorando las propuestas de las organizacionesindígenas para la elaboración de leyes importantísimas como la Ley del Agua”. 9En respuesta a la manifestación liderada por CONAIE, las organizaciones campesinasy sindicales afines al movimiento de gobierno “Alianza País” desplazaronmás de 60 mil miembros que se tomaron las principales plazas de la ciudad. El presidenteCorrea visitó los cuatro lugares en el transcurso de la jornada, propiciandomítines y arengas a sus simpatizantes en los diversos espacios, que fueron confluyendosucesivamente en los entornos del Palacio presidencial de Carondelet. Correaafirmó en una de sus intervenciones en la televisión estatal que “…para la gente sanade la CONAIE siempre han estado las puertas abiertas. No necesitaban hacer unamarcha si querían conversar”. También minimizó la magnitud de la manifestación deCONAIE: “Nada que ver con los levantamientos de los años 90 (…) ahora nadie leshace caso porque el país ha cambiado y si el gobierno es tan antipopular, ¿por quéno esperan a las elecciones y nos barren en las urnas?”. 10Incertidumbres y perspectivasA mediados de año, el 27 de junio de 2012, en la sede de San José, Costa Rica, laCorte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de la demandaplanteada por el pueblo Kichwa de Sarayaku, provincia de Pastaza. 11 La decisión delalto tribunal obliga al Estado ecuatoriano a indemnizar con 1 millón 400 mil dólares,debido a los daños causados por las operaciones de la petrolera argentina CompañíaGeneral de Combustibles (CGC).Dicha empresa suscribió un contrato de exploración sísmica en 1997 y, en 2001comenzó a desarrollar las operaciones sin mediar ningún procedimiento previo deconsulta a las comunidades locales del río Bobonaza. Luego de varios incidentesviolentos, que incluyeron desplazamiento de población, amedrentamiento y juicios adirigentes locales, militarización y bloqueo del libre tránsito dentro del territorio, el
140 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2013pueblo de Sarayaku, con el apoyo de algunos organismos de derechos humanos,planteó la demanda contra el Estado ecuatoriano en la CIDH.Tras varios años de diligencias, la Corte determinó la responsabilidad del Estado,alegando que éste debía haber realizado una consulta previa, libre e informada. Tambiénargumentó que el Estado había violado los derechos del pueblo Sarayaku, lapropiedad comunal indígena y la identidad cultural. La Corte resaltó que otro error fueel no haberle otorgado una tutela judicial efectiva y haber puesto en riesgo la vida eintegridad personal del pueblo Sarayaku, ante la presencia de explosivos de alto poderen su territorio. El fallo también ordena neutralizar, desactivar y retirar la pentolita(explosivo) del suelo del pueblo Sarayaku; realizar consultas previas ante una eventualactividad de extracción de recursos naturales en su territorio; adoptar medidaslegislativas, administrativas o de otra índole, necesarias para garantizar la consultaprevia a los pueblos y comunidades indígenas y tribales.El gobierno, a través del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y laministra de Justicia, Johana Pesántez, señalaron que acatarán la sentencia de laCIDH a favor del pueblo Sarayaku contra el Estado, por las omisiones y negligenciasque derivaron en violación de los derechos colectivos ocurridos entre 2002 y 2003.Mera aclaró que “el tema es responsabilidad del gobierno de Lucio Gutiérrez” pero“existe una reparación moral y económica que el Gobierno va acatar”. 12Sin embargo, a mediados de septiembre, los dirigentes de Sarayaku encabezadospor José Gualinga, a través de una misiva pública dirigida al presidente Correa,expresaron su malestar por el incumplimiento de las acciones comprometidas por lasautoridades: “Han transcurrido ya más de 70 días desde la emisión de la sentencia yel Gobierno que usted preside no ha establecido comunicación formal con el puebloKichwa de Sarayaku para empezar a coordinar el cumplimiento de la sentencia. ElEstado tampoco ha dado pasos tendientes a ejecutar las medidas legislativas y administrativasnecesarias para garantizar el derecho efectivo a la consulta previa. Unproyecto de ley sobre esta materia ha sido remitido ya al pleno de la Asamblea por laComisión de Derechos Colectivos (donde la oposición es mayoría) pero permaneceen el congelador (…) se están llevando procesos de consulta a los pueblos indígenasde nuestra propia región respecto a una nueva ronda petrolera, amparados en unreglamento puesto en vigencia antes de la sentencia, sin participación de las comunidadesindígenas y que no respeta los estándares de derechos humanos señaladospor la Corte Interamericana”. 13A las tensiones y desencuentros derivados de la política minera del gobierno sesuma, precisamente, la decisión gubernamental -hecha pública el 10 de noviembrede 2012- de convocar a la XI Ronda de Licitación Petrolera, que establece concesio-
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AMERICA DEL SUR139tes de diferentes organizaciones opositoras al gobierno, quienes llegaron a la sedede la Asamblea Nacional, donde una delegación fue recibida por el presidente FernandoCordero. Para Delfín Tenesaca, presidente de Ecuarunari –la principal organizaciónde base andina, filial de la CONAIE- “…no se puede plasmar el paradigma delBuen Vivir como modelo de vida cuando no existe estabilidad laboral, no hay accesoa la educación, a la salud, no hay presupuestos participativos (…) es imposible tenerun dialogo con el gobierno cuando éste vulnera constantemente la Constitución, poniendolos bienes naturales en manos de las empresas multinacionales, aprobandomegaproyectos de infraestructura e ignorando las propuestas de las organizacionesindígenas para la elaboración de leyes importantísimas como la Ley del Agua”. 9En respuesta a la manifestación liderada por CONAIE, las organizaciones campesinasy sindicales afines al movimiento de gobierno “Alianza País” desplazaronmás de 60 mil miembros que se tomaron las principales plazas de la ciudad. <strong>El</strong> presidenteCorrea visitó los cuatro lugares en el transcurso de la jornada, propiciandomítines y arengas a sus simpatizantes en los diversos espacios, que fueron confluyendosucesivamente en los entornos del Palacio presidencial de Carondelet. Correaafirmó en una de sus intervenciones en la televisión estatal que “…para la gente sanade la CONAIE siempre han estado las puertas abiertas. No necesitaban hacer unamarcha si querían conversar”. También minimizó la magnitud de la manifestación deCONAIE: “Nada que ver con los levantamientos de los años 90 (…) ahora nadie leshace caso porque el país ha cambiado y si el gobierno es tan antipopular, ¿por quéno esperan a las elecciones y nos barren en las urnas?”. 10Incertidumbres y perspectivasA mediados de año, el 27 de junio de 2012, en la sede de San José, Costa Rica, laCorte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de la demandaplanteada por el pueblo Kichwa de Sarayaku, provincia de Pastaza. 11 La decisión delalto tribunal obliga al Estado ecuatoriano a indemnizar con 1 millón 400 mil dólares,debido a los daños causados por las operaciones de la petrolera argentina CompañíaGeneral de Combustibles (CGC).Dicha empresa suscribió un contrato de exploración sísmica en 1997 y, en 2001comenzó a desarrollar las operaciones sin mediar ningún procedimiento previo deconsulta a las comunidades locales del río Bobonaza. Luego de varios incidentesviolentos, que incluyeron desplazamiento de población, amedrentamiento y juicios adirigentes locales, militarización y bloqueo del libre tránsito dentro del territorio, el