James E. Bernard V. - Ministerio Público de Panamá

Justicia Penal Internacional y Derechos Humanossar su consentimiento para que el Tribunal ejerza su competencia, mediante unadeclaración que para tales efectos depositará ante el secretario del Tribunal.El resultado final de la redacción del artículo 12.3., deja la puerta abiertaa la interpretación de que la vinculación de cualquier Estado que no sea parte delEstatuto del Tribunal, podrá reconocer la competencia del mismo de manera limitadaal crimen de que se trate, por lo que la actividad inherente de la Corte, bajoeste supuesto sería limitada al caso concreto.Por lo demás, y en cuanto a las circunstancias de que esta aceptaciónvoluntaria de cualquier Estado que no sea parte del Estatuto de Roma, sea limitadaa algún hecho o hechos en concreto, la posibilidad de que la Corte ejerza sucompetencia, por razones obvias, quedaría reducida temporalmente a efectosde los propios hechos para los cuales se ha prestado consentimiento.Otro comentario, que hay que tener en consideración, es el hecho deque al tratarse del crimen de genocidio, y toda vez que es de recibo común elhecho de que este tipo de actos criminales están proscritos fundamentalmentepor normas de jus cogens internacionales, resulta no sólo criticable la exigenciade que los Estados tengan que reconocer la competencia de la Corte, ya sea porcuanto que son parte de su Estatuto o por que han expresado su voluntad desometerse a ella.En este caso en particular, sostengo que el Estatuto debió contemplaruna declaración expresa de la automaticidad de su jurisdicción en los casos decrimen de genocidio ya sea por los nacionales de los Estados partes de la convenciónsobre Genocidio, o para las personas que cometen estos crímenes bajoen el territorio de los Estados partes de esta misma convención.El Estatuto de Roma presenta una cuestión importante que puede serconsiderada como una excepción temporal a la aceptación automática de la competenciay jurisdicción del Tribunal, cuando establece la posibilidad de que losEstados que ratifiquen el Estatuto, declaren una moratoria que podrá ser hasta75