James E. Bernard V. - Ministerio Público de Panamá

Justicia Penal Internacional y Derechos Humanostados partes o por el Consejo de Seguridad. 177No es el momento apropiado, pero debo señalar, lo que ya antes muchosautores han criticado, sobre el contenido político de las decisiones y laconformación del Consejo de Seguridad, que desde esta perspectiva, prácticamenterealizaría no sólo una actividad de puesta en marcha del Tribunal mediantela denuncia, sino que se convertiría en una instancia cuasi judicial, cuya declaraciónde la comisión por parte de un Estado de un acto de agresión internacional,se convertiría en una prueba unilateral imposible de rebatir en el proceso,por lo tanto la declaración de la comisión del hecho y de sus responsables porparte del Consejo de Seguridad, valdría tanto como el establecimiento de un“principio de presunción de culpabilidad”, contrario a la garantía de presunciónde inocencia, cuya prueba en contra sería muy difícil, cuando no imposible derealizar ante el Tribunal.La anterior propuesta, puesta en marcha por la Comisión de DI, al parecerdejó su impronta en el trabajo de la Comisión Preparatoria y así, en su textode Proyecto de Estatuto que presenta a la Conferencia de Roma, salvo ciertascuestiones incidentales, se mantuvo la misma posición. Aunque ya daba muestrasde lo problemático y escaso de las modificaciones que propone al Proyectode la CDI, así es de mencionar el señalamiento que realiza, cuando dice en suproyecto de artículo 10 que “A determination by the Security Council shall not beinterpreted as in any way affecting the independence of the Court in itsdetermination of the criminal responsability of any person concerned”.Igualmente, se matiza un poco el tenor de la posibilidad de iniciar lasinvestigaciones, a través de las denuncias de los Estados, en las materias que177 Cfr. FERNÁNDEZ, Silvia. Ob. Cit. Comentando la intervención argentina ante laSexta Comisión de la Asamblea General, del 31 de octubre de 1996, señala que “Tal ycomo está redactada, esta posición constituye una salvaguardia exhorbitante que podríamenoscabar seriamente la independencia y capacidad operativa de la Corte.” Además“Este artículo del proyecto, que subordina la Corte Penal Internacional al Consejo deSeguridad, pareciera basado en la premisa de que la actuación de la justicia puede obstaculizarla búsqueda de la paz... No obstante, la creación de una Corte Penal Internacionalreflejaría, precisamente, la aceptación por parte de la comunidad internacional de que lajusticia es condición imperativa de una paz estable.” pp.55-56142