James E. Bernard V. - Ministerio Público de Panamá

Justicia Penal Internacional y Derechos Humanosde amplio consenso, que permitiese la conformación de un artículo en el que, sinreducir las facultades de iniciar el proceso penal internacional a la esfera de unpequeño grupo de Estados, como los reunidos en el Consejo de Seguridad, elespacio de acción guardase ciertos límites, cónsonos con el estado del desarrolloy su posible evolución próxima del propio Tribunal, que asegure al máximo sueficacia, como instrumento novedoso al servicio de la justicia internacional.Las propuestas de partidas en el proyecto de 1994 de la CDI, se reducíana la posibilidad de que la investigación de los crímenes internacionales,materia de la competencia del Tribunal, fuese puesta en marcha por los Estadospartes del Estatuto, podría hacer llegar una denuncia ante el Fiscal, en la que seestablezca que se ha cometido un supuesto crimen. (Cfr. Art. 25 CDI.)En este mismo sentido, cuando los supuestos hechos criminales se refierana la materia de que se ocupa el Consejo de Seguridad, sobre la base delCapítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, sobre situaciones que afecten ocomprometan la seguridad y la paz internacional, o de otra manera constituyanun acto de agresión, sólo podría ser puesta la denuncia por un Estado parte o porel propio Consejo de Seguridad, hasta que éste haya determinado que un Estadoha cometido el acto de agresión, objeto de la denuncia. (Cfr. Proyecto de Art.23. 1994 ILC Draft Statute for an ICC.)Como vemos, la propuesta de la CDI limita la participación de los sujetoscon iniciativa de iniciar las actividades del Tribunal, llevando la noticia criminis,en su denuncia a los Estados partes y al Consejo de Seguridad, que en lossupuestos de Agresión, debería acreditar o determinar la comisión del hecho quesería enjuiciado posteriormente por el Tribunal.Esta propuesta recibió una serie de críticas sustantivas que llevaron amodificarla, bajo el entendimiento que no garantizaba el objetivo de un tribunaleficaz e independiente, en el que el Fiscal tuviese la capacidad o iniciativa, pormotu proprio, para realizar las denuncia sobre los supuestos hechos criminalesde que tuviese conocimiento, sin esperar a que estas fueran hechas por los Es-141