James E. Bernard V. - Ministerio Público de Panamá

Justicia Penal Internacional y Derechos Humanosb. El literal d del artículo 31.1 del Estatuto de Roma considera como excluyentede la responsabilidad penal aquellas actuaciones que presuntamente constituyanun crimen de la competencia del Tribunal, cuando éstas se den bajo lascircunstancias de coacción o amenazas de muerte o lesiones corporales gravese inminentes, ya sea en contra de la propia persona o de un tercero.En este supuesto, la excluyente de la responsabilidad penal opera cuandoel autor de la conducta está compelido a actuar “necesaria y razonablemente,para evitar las amenazas siempre que no tuviera la intención de causar un dañomayor que el que se proponía evitar”. La interpretación de esta situación comouna circunstancia propia del Estado de necesidad, a mi juicio viene determinadaen primer lugar, por los hechos materiales, definidos en los tipos constitutivos delos más graves crímenes que caen bajo la competencia del Tribunal, los cualespor lo general afectan la vida y la integridad física de las víctimas de los mismos.Por lo tanto, la ponderación de los bienes puestos en juego aquí, no pueden serinferiores en graduación los unos con respecto a los otros. 1622. Causas de Justificación. La Legítima Defensa.El Estatuto de Roma, considera la legítima defensa como una causa que“Excluye la Responsibilidad Criminal”, en el artículo 31 c. Sin distinguir el fundamentode ésta como una causa de justificación que puede incidir sobre la apreciacióndel elemento de la antijuricidad de la conducta y no precisamente sobrela capacidad de imputación del autor del acto tenido como criminal, que fundamentala exclusión de la responsabilidad penal del enajenado mental o del sujetointoxicado.La defensa legítima, básicamente, se contempla como un tipo permisivo,es decir, una autorización que bajo las circunstancias aceptadas, permiten a los162 Cfr. MUÑOZ CONDE. Francisco. Teoría General del Delito. Tiran Lo Blanch. Valencia.1991. “La doctrina dominante considera que este supuesto debe ser tratado comoestado de necesidad disculpante, dejando el estado de necesidad como causa de justificaciónsólo para el caso de conflictos de bienes de desigual valor. (hay que tener en cuentala observación de Muñoz Conde, cuando a renglón seguido dice) Sin embargo, nada impideque también aquí opere como causa de justificación, pues no se trata sólo de compararel valor de los bienes en conflicto, sino de enjuiciar si el sacrificio de uno de ellos parasalvar el otro era la única vía adecuada. “ p. 150.118