código de procedimiento - Biblioteca Digital

- 126-para responder de sus actos como gobernante; y conste,que ésta es una de las características fundamentales denuestro juicio político que lo distingue del impeachmen'ejercitado en algunos casos por la cámara de los lores,como el de Warren Hastíngs, conocido por todos.El segundo caso en que le fué dado conocer a la justiciafederal, provino de la acusación entablada por elfiscal de la sección San Luis contra el gobernador de lamisma provincia. Se mandó levantar un sumario por elgeneral Arredondo, jefe de la frontera de San Luis, Córdobay Mendoza, para averiguar el paradero de tres carretas ydos carros que habían sido sustraídos, se decía, con lacomplicidad del gobernador de la provincia, don José RufinoLucero y Sosa; y el juez federal dijo, con verdad,que en todo juicio el principal deber del juez era examinarsu competencia, lo que era tanto más apremianteen el caso, por las singularidades que presentaba, agregando:que las provincias argentinas, a pesar de estarligadas por el pacto y constitución federal, no habían abdicadosu independencia porque sólo habían renunciado aparte de su soberanía, de tal manera que el gobernadordel estado, para no ser perturbado en el ejercicio de susfunciones, quedaba sustraído absolutamente a la jurisdicciónordinaria de los tribunales ante los que no vuelvesino cuando por un juicio político es desnudado de suautoridad, y reducido al estado llano de un simple ciudadano.Concluye el juez que la nación no tiene facultadpara enjuiciar un gobernador, y que cuando éste delinqueo infrinja disposiciones nacionales, debe ser requeridopor el gobierno de la nación para que repare el mal, yaún puede pedir a la provincia misma la reparación delos perjuicios ocasionados por su mandatario, pero jamássujetarlo a un juicio criminal. La corte federal, confirmandoesta sentencia, dijo: que el gobernador de la provincia,nombrado sin intervención alguna del gobierno federal,no podía, mientras durase en el ejercicio de sus funciones,