revista E&P numero 2.pmd - Observatorio Étnico Cecoin

actualidadsos que el Gobierno decida. Es decir, que lasoberanía del pueblo no es tal en materia degrandes inversiones.La lucha contra el imperiode las transnacionalesLa aprobación de la Ley 963 hace parte de laofensiva de las transnacionales en todo elmundo y especialmente en los paísesperiféricos donde las libertades democráticasson recortadas mediante la violencia o el engaño.La respuesta que se logre desarrollarcontra esta ofensiva es un asunto de importancianacional e internacional y debe entrelazarsecon la oposición a la firma del TLCcon Estados Unidos en el cual también tratande establecer normas de «seguridad jurídica»que amplíen las oportunidades y garantíasa los inversionistas en detrimentode los derechos reconocidos a la población.Es por ello que la respuesta contra la Ley963 es urgente puesto que ésta ya es aplicabley probablemente estarán en curso diversoscontratos de estabilidad jurídica congrave perjuicio para la economía nacional yel bienestar social. Su aprobación es motivosuficiente para que las organizaciones sociales,todas las instituciones de la sociedad civily sectores académicos y políticos se pronunciena favor del restablecimiento delimperio de la Ley y la soberanía popular endefensa de los derechos de todos los colombianos.Los pueblos indígenas, los afrocolombianos,los campesinos, los trabajadores asalariadosy todos los ciudadanos, en ejercicio de aquellasoberanía que nos reconoce la misma Constituciónmancillada debemos movilizarnos paradetener la avalancha de leyes y tratados conlos que se está institucionalizando el dominiode las transnacionales en el país. e&petnias &políticaSi bien es preciso reconocer que por la luchade algunos congresistas se logró queen la Ley 963 se incluyera como obligaciónde los inversionistas cumplir las normasambientales y de recursos naturales,aunque su incumplimiento no es causal determinación del contrato, también es importantetener claro que tales normas ambientalesestán siendo modificadas parahacerlas a la medida de los inversionistascomo puede verse con la Ley Forestal, elCódigo de Minas, el proyecto de ley deaguas e incluso reformas constitucionalesque afectan gravemente los derechos indígenasy afrocolombianos reconocidos. Yel TLC podría dictaminar que la «seguridadjurídica» se extendiera a este campo,como es la aspiración explícita de los EstadosUnidos.49DICIEMBRE DE 2005