99 TSPR 146 - Rama Judicial de Puerto Rico

En el Tribunal Supremo de Puerto RicoIn re:Jorge L. Pérez AbreuQueja99 TSPR 146Número del Caso: AB-1999-8Oficina del Procurador General: Lcda. Iris M. Barreto SaavedraProcuradora General AuxiliarAbogado de la Parte Querellada: Por Derecho PropioFecha: 10/4/1999Materia: Conducta ProfesionalEste documento constituye un documento oficial del TribunalSupremo que está sujeto a los cambios y correciones delproceso de compilación y publicación oficial de lasdecisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hacecomo un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICOIn re:Jorge L. Pérez AbreuAB-99-8PER CURIAMSan Juan, Puerto Rico, a 4 de octubre de 1999El 24 de marzo de 1999, le referimos al ProcuradorGeneral de Puerto Rico, con el propósito de que dichofuncionario realizara la correspondiente investigación,e informe a este Tribunal, una comunicación de la Hon.Edna Abruña Rodríguez, Juez Administradora Regional delTribunal de Primera Instancia de Arecibo, relativa lamisma a la conducta observada por el Lcdo. Jorge L.Pérez Abreu con una de las funcionarias de dichotribunal, a saber, la Lcda. Sandra González Maldonado,quien labora como examinadora de pensiones alimentarias.El Procurador General ha rendido su informe. Delmismo surge, en síntesis y en lo pertinente,

AB-99-8 3que el mencionado abogado, en dos ocasiones distintas,irrumpió en la oficina de la Lcda. González Maldonado, enforma descontrolada y hablando en voz alta y estrepitosa,recriminando a dicha funcionaria por alegadamente ésta actuaren forma prejuiciada contra sus clientes, llegando, incluso,a expresarle que le iba "a arrancar la cabeza".Nos informa el Procurador General que, en sucomparecencia, el Lcdo. Pérez Abreu, luego de aceptar haberactuado incorrectamente, por lo cual pide excusas, sostieneque la conducta que observara se debió a que había dejado detomar un medicamento que le había sido recetado por unfacultativo médico para una "crisis de ansiedad" que habíatenido. Atendido el referido informe, le concedimos términoal Lcdo. Pérez Abreu para que se expresara sobre el mismo.En su comparecencia ante el Tribunal, básicamente reitera loexpresado por él ante el Procurador General; añade que hacorregido la situación y nos asegura que no ocurrirá unincidente similar en el futuro.IEl Canon 9 de los de Etica Profesional le impone alabogado el deber de "...observar para con los tribunales unaconducta que se caracterice por el mayor respeto. Elloincluye la obligación de desalentar y evitar ataquesinjustificados o atentados ilícitos contra los jueces ocontra el buen orden de la administración de la justicia enlos tribunales."

AB-99-8 4Los examinadores de pensiones alimentarias que laborandía a día en los tribunales, aun cuando no son jueces,tienen facultad para, luego de recibir la prueba que a bientengan someter las partes, hacer determinaciones de hechos,conclusiones de derecho, y rendir un informe al juez con susrecomendaciones al respecto. La función que llevan a caboestos funcionarios resulta ser indispensable para la buenaadministración de la justicia en un área tan importante comolo es el de sustento de menores. Es por ello que, aun cuandono desempeñan una labor judicial propiamente, estosfuncionarios merecen igual respeto y deferencia que losjueces de parte de los abogados. Resolvemos, enconsecuencia, que infringe el Canon 9 de los de EticaProfesional aquel abogado que observe una conductairrespetuosa contra los examinadores de pensionesalimentarias.Conviene recordar que sin moderación en el lenguaje ytemperamento, los abogados, fiscales y jueces no podemosfuncionar. La grosería, gritería, las imputacionesinfundadas y las alegaciones contrarias a la verdad odesprovistas de una razonable presunción de exactitud, notienen cabida en la administración de la justicia. In re:Alfredo Cardona Alvarez, 116 D.P.R. 895 (1986); In re:Vidalia Rivera García, res. el 19 de marzo de 1999, 99 TSPR40.

AB-99-8 5IIAtendidos los hechos del presente caso, elarrepentimiento, excusas brindadas, y propósito de enmiendadel Lcdo. Jorge Pérez Abreu, limitamos la sanción, en estaocasión, a una enérgica censura. Advertimos al Lcdo. PérezAbreu que no estamos en disposición de tolerar futurastrasgresiones de esta naturaleza, apercibiéndole que, deello ocurrir nuevamente, la sanción disciplinaria conllevarála suspensión del ejercicio de la abogacía.Se dictará la correspondiente Sentencia.

AB-99-8 6EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICOIn re:Jorge L. Pérez AbreuAB-99-8SENTENCIASan Juan, Puerto Rico, a 4 de octubre de 1999Por los fundamentos expuestos en la Opinión PerCuriam que antecede, la cual se hace formar parteíntegra de la presente, se dicta Sentencia limitando lasanción a imponer al Lcdo. Jorge L. Pérez Abreu a unaenérgica censura; advirtiendo a éste de que no estamosen disposición de tolerar futuras trasgresiones de estanaturaleza, apercibiéndole que, de ello ocurrirnuevamente, la sanción disciplinaria conllevará lasuspensión del ejercicio de la abogacía.Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica laSecretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociadosseñora Naveira de Rodón y señor Fuster Berlingeri nointervinieron.Isabel Llompart ZenoSecretaria del Tribunal Supremo