ESPAÑA: - Cestim

4.- Conclusiones y recomendaciones1.- Amnistía Internacional continua constatandola falta de compromiso del Estado españolcon la protección de los menores ante contenidosa los que puede acceder a través devideojuegos con contenidos no recomendadospara su edad; especialmente en aquéllosclasificados para mayores de 18 años que,normalmente, se desarrollan en torno a temáticasque explotan al máximo la violencia. Porlo tanto, el Gobierno español está haciendodejación de los compromisos internacionalesasumidos en materia de protección de losderechos de los menores y de los derechoshumanos.Los menores son un colectivo especialmentevulnerable al que el Estado español se ha comprometido,a través de diversos instrumentos internacionales,a garantizar sus derechos protegiéndolospor encima de cualquier otro interés. El deberdel Estado incluye la obligación de ejercer la debidadiligencia para cumplir y hacer cumplir los derechoshumanos de la infancia. Por lo que debeexistir una legislación que proteja a las personasmenores de edad del acceso a videojuegos quepueden fomentar la vulneración de derechoshumanos acorde con la Convención de Derechosdel Niño y la Declaración Universal de DerechosHumanos que, además de proteger la seguridad yla salud de los menores, fomente la educación envalores y los proteja para el correcto desarrollo dela personalidad.2.- Amnistía Internacional ha podido comprobarque las medidas de control existentes,hasta el momento, en el ámbito del territorioespañol sobre protección del menor en elacceso a contenidos audiovisuales como losvideojuegos, son insuficientes e ineficaces.El código de autorregulación de la industria delsoftware de entretenimiento es voluntario, se aplicaparcialmente, los criterios de clasificación delsistema PEGI no son los más idóneos (advierte dela existencia de contenidos que fomentan la "discriminación")y no se ha realizado un esfuerzosuficiente para darlo a conocer entre los usuarios.Por lo que respecta a la legislación de las comunidadesautónomas, no todas regulan específicamenteel acceso a videojuegos y, eso sí, todascarecen de mecanismos para supervisar elcorrecto cumplimiento de estas disposicioneslegales. Además, Internet y la telefonía móvil sondos nuevos soportes, y todavía en expansión,canales de acceso muy atractivos y a disposiciónde los menores, sobre los que existe un auténticovacío de regulación.Por todo ello, Amnistía Internacional insta alGobierno español a la adopción de una legislaciónmarco de ámbito estatal que garantice la protecciónde la infancia y la adolescencia en todo lorelativo a la producción, distribución, venta, publicidady promoción de los videojuegos. Esta normativadebe proporcionar un marco adecuado enbase al cual las Comunidades Autónomas desarrollenmedidas legislativas y de otro índole alrespecto. Asimismo, la organización solicita alGobierno que participe de forma activa en las iniciativasemprendidas para una mayor seguridadde los menores en su acceso a Internet y a lasnuevas tecnologías en desarrollo como la telefoníamóvil, siguiendo los ejemplos de Francia yReino Unido, respectivamente. La protección delmenor no puede quedar, en ningún caso, sujeta ala voluntariedad de las empresas ni presidida porlas lógicas del mercado3.- Amnistía Internacional ha comprobadoque los videojuegos, en calidad de productode consumo disponible en el mercado, carecende la información completa y suficientepara que el usuario pueda realizar un consumoresponsable y atento a los derechos de lainfancia. Para la organización, la desinformaciónen torno a la compra y acceso a los videojuegoses especialmente grave en la medidaen que afecta a los menores de edad, un colectivoal que el Estado español se ha comprometidoa prestar una protección especial y prioritariaante cualquier actividad desarrollada poragentes públicos o privados.Amnistía Internacional pide al Gobierno españolque los videojuegos, como un producto demercado más, contengan en su etiquetado toda lainformación necesaria sobre su contenido, los procesosde control a los que ha sido sometido, asícomo las vías para realizar una reclamación oconsulta como consumidores del producto.En el mismo sentido, el Gobierno debe garantizarque en los puntos de venta:a) Los videojuegos queden expuestos al públicoordenados de acuerdo con la categoría deedad para la que están clasificados.b) Los establecimientos de venta de juguetes, enningún caso, dispongan de videojuegos paramayores de 18 años.c) Los catálogos y todos los materiales de pro-20