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que en relación a los segundos, el Estado interviene activamente a través depolíticas gubernamentales, programas sociales o reformas legales, con elobjeto de satisfacer una necesidad pública.Dicho en otros términos, “los derechos individuales imponen al Estado unaobligación de no hacer, es decir, le obligan a abstenerse de violarlos, entanto que los derechos sociales conllevan obligaciones de hacer para elEstado; el Estado debe generar las condiciones necesarias para que elDerecho Social pueda ejercerse.” 12Pues bien, en opinión de diversos tratadistas el derecho a la protección de lasalud se circunscribe dentro de esta categoría de derechos y, por tanto,impone al Estado la obligación de realizar a favor del titular de este derechouna serie de prestaciones, las cuales están destinadas a satisfacer unanecesidad de índole individual, pero colectivamente considerada.Se trata de un derecho que se revela frente al Estado, el cual asume eldeber de proteger convenientemente la salud mediante la organización ypuesta en funcionamiento de los medios que se consideran necesarios paraacceder a ella. El sentido de la intervención estatal en el ámbito de lasalubridad –como en cualquier otro derecho social- no es otro que el desuperar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad y queimpide a muchos un tratamiento médico adecuado, entre otros aspectos queeste derecho contiene.El principio de igualdad, entendido como tratamiento en función a lascapacidades de cada individuo, se concretiza en el derecho a la protección12 Ruiz Massieu, José Francisco. “El contenido programático de la Constitución y el nuevo derecho a laprotección de la salud”. Soberón, Díaz Alfaro, et. all. Derecho Constitucional a la Protección de laSalud, Miguel Ángel Porrúa, México, 1983, p. 71.14