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salud de algún gobernado. Según lo dicho, cabría la posibilidad que éstefuncionario sea absuelto de su presunta responsabilidad, por no existir unverdadero ánimo subjetivo culposo o doloso. No obstante el deberconstitucional y legal de un funcionario de denunciar ante las máximasautoridades cualquier anomalía como la antes apuntada.Lo anteriormente expuesto no evita que el o los gobernados agraviados ensu derecho a la salud, dirijan su acción contra el funcionario obligado, y estoopera para efectos de buscar y encontrar responsables al interior del aparatoestatal.Finalmente para que exista responsabilidad en el funcionario que violare elderecho a la salud de algún gobernado, también es necesario que exista laintención de causar daño (dolo), ó simplemente la previsión del resultadodañoso aunque no medie esa intención (culpa)” 1274.3.2 TIPOS DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE SUSFUNCIONARIOS. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL YEXTRACONTRACTUAL.En cuanto a la responsabilidad contractual, de esta ya se ha habladoanteriormente, y solo cabe ratificar que es la que se origina por elincumplimiento de una obligación contraída de mutuo acuerdo; y agregandodesde luego, que es la que corresponde estudiar a los contratosadministrativos; y aquellos contratos en los cuales el Estado. Actúa en unplano de igualdad frente a los particulares. “En cuanto a la responsabilidad127 Revista de Derecho Constitucional, Centro de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,Agosto–Septiembre Nº 12, El Salvador 1994 Cf. Pág. 3 a 7.153
extracontractual podemos agregar que es la exigible por daños y perjuicios,por acto de otro y sin nexo con estipulación contractual, va evolucionando delo subjetivo que impone siempre dolo o culpa en el agente responsable; a loobjetivo, al titular del derecho violentado (en nuestro caso del derecho a lasalud) originando lo que debe repararse” 1284.3.2.1 RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL.Cabe hacer notar que en el derecho penal la vieja polémica doctrinaria entorno a si las personas jurídicas pueden ser procesadas en causa criminal,ha sido superada en los hechos por la ley y la jurisprudencia, pues ambas, deconsumo, han terminado por admitir que las personas jurídicas no puedenser procesadas criminalmente, ya que en determinados casos de atrocidadeso violaciones institucionales de un Estado, son los altos dirigentes de talesgobiernos (es decir personas naturales) las que responden penalmente; porlo tanto el Estado, en principio, sólo es civilmente responsable. Esto derivade que una persona jurídica, como tal, no puede pensar y por lo tanto actuar,la responsabilidad del Estado por violación al derecho a la salud obviamenteno puede ser penal, dado, que esta debe ser subjetiva, y serán sus agentespúblicos los que están sujetos a una responsabilidad penal. La doctrina y lajurisprudencia moderna se inclinan por la responsabilidad civil compartida delfuncionario responsable y del Estado. Esto en lo que respecta a lasconsecuencias civiles del hecho antijurídico acaecido; para los efectospenales los artículos 320 al 334 del Código Penal vigente establece elcastigo por abusos de autoridad y corrupción de los funcionarios públicos.” 129128 Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y sociales. Manuel Osorio, Op. Cit. Cf. Pág. 870.129 Revista de Derecho Constitucional, Op. Cit. Cf. Pág. 7 y 8.154
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