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establecido, es decir, deben ser derechos reconocidos por el ordenamientojurídico vigente; ya sea de manera expresa o implícita, sin llegar claro ainterpretaciones exageradas de las normas.Asimismo para continuar hablando de responsabilidad del Estado y de susfuncionarios es necesario que ese actuar o no actuar haya producido undaño; en efecto, en las relaciones extracontractuales está ampliamentereconocida la indemnización por daños de carácter moral, esta se encuentraregulada en el art. 2, inciso último de la Constitución a saber: “se reconoce laindemnización conforme a la ley por daños de carácter moral”desafortunadamente, ese “conforme a la ley” no es tal, ya que nuestroCódigo Civil, no reconoce expresamente ésta categoría de daño; pero puedeentenderse comprendido en el Art. 2067 del Código en mención en donde seestablece la indemnización por daños en general, por lo que muyprobablemente tendremos que esperar una interpretación jurisprudencial alrespecto; pero cabe hacer énfasis que la norma fundamental no distinguequien será el sujeto activo de realizar esa indemnización, si el funcionario o elEstado mismo, y donde el constituyente no distingue, no puede distinguir elLegislador.Por otra parte esa violación al derecho a la salud tiene que ser realizada porquien ejerce poder de decisión efectivo y real al menos en su manifestaciónjurídico formal. Cabe mencionar que nos encontramos en este punto con lacontroversia sobre los casos en que el funcionario formalmente poseecapacidad de decisión, pero en realidad por presiones externas nocomprobadas al menos mediante documentos ú ordenes escritas, se veobligado a actuar antijurídicamente, esto es por presiones, de un funcionariode jerarquía superior, como podría ser amenaza de despido o algún tipo derepresalia si no toma tal o cual decisión, pese a ser lesiva al derecho a la152