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cualquier conducta de los órganos del Estado, que causare daños y/operjuicios al gobernado. Es pertinente aclarar que en este documentointeresa desarrollar la responsabilidad extracontractual; por lo tanto laspróximas líneas están orientadas a este objetivo.Bien, la responsabilidad extracontractual puede originarse de un acto ohecho legislativo, judicial o administrativo. Asimismo es de muchaimportancia advertir que la responsabilidad estatal por actos legislativos yjudiciales violatorios del derecho a la salud en estricto sentidos es mínima oprácticamente inexistente en nuestro país. En cuanto a la responsabilidad porhechos y actos administrativos podemos decir que es la causa principal deviolaciones” 126 del derecho a la salud de los salvadoreños usuarios delservicio público de salud.4.3.1 PRESUPUESTOS PARA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DESUS FUNCIONARIOS POR VIOLACION DEL DERECHO A LA SALUD.De acuerdo con el ordenamiento jurídico constitucional, el Estado y susfuncionarios son responsables por las violaciones cometidas contra elderecho a la salud de cualquier gobernado, este derecho a la salud seencuentra tipificado en el título II, sección cuarta artículos sesenta y cinco alsetenta de la Constitución; en este sentido pues “sólo cabe hablar deresponsabilidad de los funcionarios públicos única y exclusivamente cuandoestos trasgredan derechos concedidos, y de ninguna manera derechos queaún no lo estén, a menos que el ordenamiento subconstitucional lo implanteo alguna interpretación jurisprudencial lo derive de algún derecho ya126 Juan Francisco Linares, “ Estudio de Derecho Administrativo” Cf. Cáp. XX y XXI.151
establecido, es decir, deben ser derechos reconocidos por el ordenamientojurídico vigente; ya sea de manera expresa o implícita, sin llegar claro ainterpretaciones exageradas de las normas.Asimismo para continuar hablando de responsabilidad del Estado y de susfuncionarios es necesario que ese actuar o no actuar haya producido undaño; en efecto, en las relaciones extracontractuales está ampliamentereconocida la indemnización por daños de carácter moral, esta se encuentraregulada en el art. 2, inciso último de la Constitución a saber: “se reconoce laindemnización conforme a la ley por daños de carácter moral”desafortunadamente, ese “conforme a la ley” no es tal, ya que nuestroCódigo Civil, no reconoce expresamente ésta categoría de daño; pero puedeentenderse comprendido en el Art. 2067 del Código en mención en donde seestablece la indemnización por daños en general, por lo que muyprobablemente tendremos que esperar una interpretación jurisprudencial alrespecto; pero cabe hacer énfasis que la norma fundamental no distinguequien será el sujeto activo de realizar esa indemnización, si el funcionario o elEstado mismo, y donde el constituyente no distingue, no puede distinguir elLegislador.Por otra parte esa violación al derecho a la salud tiene que ser realizada porquien ejerce poder de decisión efectivo y real al menos en su manifestaciónjurídico formal. Cabe mencionar que nos encontramos en este punto con lacontroversia sobre los casos en que el funcionario formalmente poseecapacidad de decisión, pero en realidad por presiones externas nocomprobadas al menos mediante documentos ú ordenes escritas, se veobligado a actuar antijurídicamente, esto es por presiones, de un funcionariode jerarquía superior, como podría ser amenaza de despido o algún tipo derepresalia si no toma tal o cual decisión, pese a ser lesiva al derecho a la152
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