Paramilitarismo, desmovilización y política - Programa de las ...

Paramilitarismo, desmovilización y política¿Qué va a pasar con las AUC?IntroducciónLas negociaciones de paz que adelanta el gobierno con losparamilitares, el proceso de reinserción, la aprobación de la ley dejusticia y paz el pasado mes de junio de 2005 y la incorporación enpolítica de los desmovilizados fueron los temas abordados en el Foro“Paramilitarismo, desmovilización y política. ¿Qué va a pasar con lasAUC?”.El Foro realizado el pasado 21 de septiembre de 2005 gracias a laAlianza conformada por El Tiempo, la revista Semana, Caracol Radio,Fescol y el PNUD se enmarca en la serie de debates que con expertosen los temas de coyuntura realiza la Alianza.El Foro abre el diálogo a la controversia respetuosa, a la formulaciónde propuestas, a la denuncia y al planteamiento de opcionesrelevantes para la actual coyuntura política, pero así mismo y, sobretodo, para el futuro del país.Las muchas páginas escritas sobre el proceso de desmovilización, sinduda, como bien lo dice en las palabras de instalación de este foro,el director de El Tiempo, Rafael Santos, evidencian: “cantidad de líosy vacíos que hay, mucho deseo pero también mucha improvisación.Esta es una oportunidad para disipar esos nubarrones que hay en elproceso y que se puedan hacer las respectivas aclaraciones”.Estas memorias ∗ recogen los aspectos más álgidos del debate y de lasintervenciones de los panelistas, así como los aspectos centrales delas ponencias del Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán; deldirector del Centro de Estudios Políticos Internacionales de laUniversidad del Rosario, Mauricio Romero y del senador Rafael Pardo.Panel 1. Alcances de la ley de justicia y pazPanel 2. Los paramilitares y la reinserciónPanel 3. Los exparamilitares y su participación en políticaPanel 4. Discusión y conclusiones. Posición del gobierno********∗ Estas memorias fueron elaboradas por las periodistas Marcela Giraldo y CamilaGonzález. Las relatorías del Foro fueron realizadas por Juliana Vergara, MarioAndrés Mejía y Juan Nicolás Garzón. Como documento de referencia también setuvo en cuenta el de la relatoría general del Foro de Amparo Díaz, del PNUD.1

Panel 1Alcances de la ley de justicia y pazModerador. Alejandro Santos. Director revista SemanaPonente. Mario Iguarán. Fiscal General de la NaciónPanelistas- Amerigo Incalcaterra. Director a.i. Oficina de la Alta Comisionada de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos- Roberto Camacho. Senador de la República- Markus Schultze-Kraft. Director Colombia/Andes Project InternationalCrisis Group- Alirio Uribe. Director Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo- Iván Cepeda. Columnista El Espectador.Presentación del panelEl panel 1 tuvo como eje temático la discusión sobre la polémica leyde justicia y paz, a partir de un acercamiento al marco jurídico que leda fundamento al proceso de desmovilización y reinserción, conespecial énfasis en el proceso adelantado por las autodefensas unidasde Colombia (AUC). A partir de la ponencia del Fiscal Mario Iguarán,los panelistas y el público abordan el debate.Ponencia: Fiscal General de la Nación, Mario IguaránJusticia también es conformidadEl Fiscal señala que la ley de justicia y paz incluye tres componentes:normas rectoras, procedimiento e implementación.Las normas rectoras. Se refieren al principio de universalidad.Durante el proceso para hacer la ley se sostuvieron encuentros con2

diversos sectores interesados, incluso por ser potencialesbeneficiarios.La ley indica qué es justicia, qué es verdad y qué es reparación. Enefecto, afirma que dentro de la ley la justicia no corresponde alcontexto tradicional de proporcionalidad. Pero justicia también esconformidad: “Si las víctimas, si los colombianos, con su voluntadexteriorizada a través del Congreso, se sienten conformes con ochoaños de prisión, con reparación integral, verdad y justicia, podemosconsiderar que esa conformidad corresponde al término de justicia”.De todos modos, destaca, la ley es un marco que sólo arroja unaverdad jurídica, una verdad procesal. La ley no impide que se activenotros mecanismos, incluso administrativos, para que se conozca laverdad. Es el caso de la Comisión Nacional de Reconciliación yReparación que recomendará los criterios de reparación. Al respecto,considera que al menos en el papel lo contemplado por la ley enreparación es suficiente (incluye restitución, rehabilitación,compensación económica, reparación simbólica y reparacióncolectiva): “Tenemos una ley que no es perfecta, pero que contemplatodos los aspectos; es responsabilidad nuestra que a través de ella sepuedan lograr la justicia, la verdad y la reparación”.En cuanto al procedimiento: es una etapa que surte el gobierno paradeterminar quiénes pueden ir en la lista porque cumplen losrequisitos de elegibilidad (desmovilización, desmantelamiento,entrega de secuestrados, entrega de bienes, cese de hostilidades,entrega de menores).Sería prudente que el decreto reglamentario estableciera tiempos yresponsabilidades respecto a los requisitos de elegibilidad para podercomenzar a aplicar la ley. Para ello la Fiscalía está preparando un3

equipo especializado. “Tengo que reconocer -afirma- que tomamosnota de las observaciones hechas por la sociedad civil. Por eso lehemos solicitado a la cooperación internacional el adiestramiento denuestros fiscales para conocer sobre los delitos que incorpora la ley”.Sostiene así mismo que la imputación no será con base en loconfesado, sino con base en la información legalmente obtenida; porello se le ha pedido la sociedad civil brindar información sobre laspersonas que creen van a someterse a la ley.Con base en lo confesado y en la información legalmente obtenida, laFiscalía tendrá sesenta días para desarrollar el proceso: “Yo tambiéncreo que sesenta días son muy pocos para hacer una investigación deesta naturaleza. Pero esto es más que una investigación: la Fiscalía ylos jueces harán un proceso de verificación. La esencia de la ley es ladisposición por parte de estas personas a asumir la responsabilidad, acolaborar con la justicia y con la verdad. La Fiscalía y los juecesverificarán sobre todo unas imputaciones y unos cargos parallamarlos a juicio”.Polémica sobre la ley de justicia y pazLa ley de justicia y paz, aprobada el pasado mes de junio de 2005 porel Congreso de Colombia y que servirá como marco jurídico para ladesmovilización de más de 12.000 paramilitares -buena parte de ellosacusados de secuestros, homicidios, masacres y narcotráfico-, abrelas puertas al análisis y la polémica por parte de la sociedad civil, lacomunidad internacional, las instituciones y las mismas víctimas delos actores del conflicto armado colombiano.Se trata de un tema de gran controversia en círculos académicos ypolíticos, pero cuya pedagogía es fundamental para entender unproceso que será la semilla de otros. Surgen entonces los4

Derechos Humanos, asegura que un proceso de reparación exigeconocer la verdad.De lo contrario, se pregunta “¿sobre qué bases se puede hacer unproceso de reparación?”. El enfoque de la Oficina ha sido el de prestarsu asesoría para que se fortalezcan esos elementos. Sin embargo, laley ofrece el mismo tratamiento a las desmovilizaciones colectivasque a las individuales, lo cual no estimula los acuerdos colectivos.En su último informe sobre Colombia, correspondiente a 2004 ypresentado ante la Comisión de Derechos Humanos en el pasado mesde abril de 2005, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos, Louise Arbour, recomienda al gobierno y alCongreso, que en las negociaciones entre el Estado y grupos armadosilegales, se estableciera un marco jurídico con mecanismos quereconocieran y garantizaran los derechos a la verdad, a la justicia y ala reparación de las víctimas.Observaciones de la ONU a la ley 975Plantea los siguientes argumentos sobre la ley en términos de:• La ley no estimula en forma clara el logro de acuerdoscolectivos entre el gobierno y los grupos armados ilegales paraque estos últimos hagan cesar en forma definitiva sus ataques,abandonen las armas, se marginen del conflicto armado ydesmonte, de modo efectivo, sus estructuras ilícitas• La ley no contiene referencia alguna ni al conflicto armadointerno ni al Derecho Internacional Humanitario (DIH), con ellohace que en sus disposiciones no exista claridad sobre el tipode delitos sancionables con la llamada pena alternativa y esacarencia puede convertir en destinatarios de esta pena a6

sobre las víctimas la carga de obtener la realización de lasprestaciones reparatorias y aborda de manera defectuosa laobligación estatal de deparar no sólo cuando ello le correspondede manera directa, sino cuando los procesados no hayanquerido o podido cumplir con las medidas individuales de lainstitución indemnización y rehabilitación.Lagunas y silencios de la leyDe acuerdo con el análisis de Naciones Unidas, la ley no es adecuada,puesto que puede contribuir a la impunidad y a la continuidad delmovimiento paramilitar. “La ley 975 de 2005 puede contribuir, consus lagunas y con sus silencios, al robustecimiento de la impunidad”.Según la ONU esta normativa trae consigo siete consecuenciasgraves, a saber:• Tiende a dar píe a la reiteración de los crímenes atroces• Puede generar más violencia, porque abre espacios a lavenganza privada• Lesiona el sentido social de la justicia y de la verdad• Quebranta importantes principios y normas del derechointernacional de los derechos humanos y del DIH• Constituye un obstáculo para el logro de una paz auténtica yduradera• Diluye hasta un extremo inadmisible la frontera entre lotolerante y lo inaceptable• Obstaculiza el arraigo de la reconciliación.La ONU preguntaEn este sentido, la Oficina reitera que la normativa no reúne loselementos esenciales aconsejables para una justicia transicional que,en tanto un instrumento para lograr una paz sostenible, logre dos8

objetivos: ofrecer beneficios para que los grupos armados ilegales sedesmovilicen y cesen sus hostilidades; y garantizar de maneraadecuada los derechos de las víctimas de los crímenes atrocescometidos por los miembros de esos grupos.Para una mayor eficacia en su tarea de observación, la Oficina hapuesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, delConsejo Superior de la Judicatura y de la Procuraduría General de laNación una serie de preguntas sobre las medidas que estasinstituciones adoptarán para ejercer las competencias que prevé laley. Entre ellas, Incalcaterra menciona:¿Cuáles dependencias del gobierno se encargarán de elaborary entregar la lista de personas que serán potencialesdestinatarios de los beneficios previstos en la ley?¿Cuáles autoridades estatales van a certificar el cumplimientode cada uno de los requisitos de elegibilidad y en qué tiempo?¿Qué debe entenderse por desmantelamiento de un grupoarmado organizado al margen de la ley?¿Cómo hará el Estado para elaborar la relación de la totalidadde los bienes producto de la actividad ilegal de las personasprocesadas?¿Cuál será el contenido del acta de compromiso suscrita por eldesmovilizado individual ante el gobierno?¿Cuál será el lugar de permanencia de los imputados durantela investigación?¿Cuáles son las acciones previstas para tomar de maneraadecuada, factores como la edad, el género y la salud de lasvíctimas?¿Cuáles instrucciones se darán a los fiscales para el buenabordaje de los interrogatorios?¿Cuáles criterios se aplicarán para acumular la penaalternativa cuando con posterioridad a la sentencia impuesta9

al desmovilizado se conozca la comisión de otros hechospunibles?¿Qué tipo de capacidad se prevé para los funcionarios de larama judicial y del Ministerio Público que tendrán a su cargolas actuaciones señaladas en la ley?Difícil contexto políticoPor su parte otra voz de la comunidad internacional, MarkusSchultze-Kraft, director Colombia/Andes Project International CrisisGroup, manifiesta preocupación sobre dos aspectos: la Fiscalía nodebe tratar de defender la ley sino de implementarla y sobre elcontexto político complejo en que surgió la ley. “El proceso empezócon mal pie, es decir, con las negociaciones de Santa Fe de Ralito.Esto reflejó mucha confusión hacia el exterior”, expresa.En Europa, por ejemplo, no se ha entendido muy bien cómo se hallegado a esta ley. Existía la preocupación de que ésta llegaba en malmomento, es decir, llegaba al final casi del mandato del presidenteÁlvaro Uribe, mientras que se supone que su meta es ladesmovilización y reinserción de grupos armados irregulares eilegales. En este sentido, según Schultze-Kraft, el tiempo es unaspecto en definitiva problemático porque el tiempo político de esteperiodo se está acabandoLa elaboración de la ley de justicia y paz constituye un procesoparalelo y turbulento. “Y tampoco había, según nuestra percepción,suficiente transparencia en este proceso legislativo, al que siguieronmuchas confusiones. Y solo para mencionar, por ejemplo, en lareunión de Cartagena en febrero de 2005, el encuentro entre elgobierno nacional y el G-24 donde no se sabía cuál iba a ser lapropuesta del gobierno porque al parecer existían varias versiones”.10

Además, preocupa el hecho de que la ley no debió haber salido deuna relación subordinada, sino producto de un espacio independiente.Buscar una mirada de conjunto hacia las víctimas de los gruposirregulares en general y el fortalecimiento de la institucionalidadcolombiana en pro de la reconciliación y el fin del conflicto a través delos elementos de verdad, justicia y reparación, son las necesidadesimperiosas del proceso. Sin embargo, deja abierto elcuestionamiento: ¿cómo fortalecer la institucionalidad colombianapara el alcance de la verdad, la justicia y la reparación?Iniciativa pioneraLa ley de justicia y paz es un proyecto innovador y único. Para elcongresista Roberto Camacho, la ley 975 busca responder a laspautas internacionales. “Esta ley es pionera y puede ser un marcoreferencial para otros procesos internacionales”.Es la primera de su tipo que se factura en el mundo para buscar unproceso de paz con organizaciones armadas al margen de la ley deconformidad con las pautas, no los estándares, porque esosestándares no existen, las pautas del derecho internacional y de lostratados que Colombia ha firmado en estas materias.Acerca de las observaciones que hace la ONU a través de la voz deIncalcaterra, Camacho observa que fueron todas consideradas ydebatidas en su debido tiempo cuando se hizo la redacción delproyecto de ley. La asesoría de la ONU fue atendida en la medida enque los propósitos de la ley se ajustaran realmente a esas asesorías.De igual manera, se considera que la ley será útil también parafuturos proyectos de paz con las guerrillas. “En este caso lasautodefensas están en un proceso, pero esperamos que el día de11

mañana las otras organizaciones armadas al margen de la ley comolas Farc, el ELN -y ojalá sea lo más rápido posible-, también sesometan a parámetros similares, porque hoy no pueden haberconsejos de paz simples y llanos de amnistía e indulto sino que tienenque involucrar todos estos elementos”, sostiene el ponente de la ley.En su opinión, no es un proceso por medio del cual el Estado,lamentablemente, logra someter a estas personas y organizacionespara aplicarles el imperio de la ley y la autoridad como debió habersido y como era lo ideal. Es un acuerdo de partes, de manera que elprimer elemento que tenía que tener la ley era su realismo, que elsupremo bien de la paz fuera real y posible dentro de los cánonesaceptables por las partes.El senador, interpreta el fenómeno de los paramilitares como político,haciendo uso del concepto de Estado fallido para dar explicación alsurgimiento de ejércitos paraestatales que usurpan el poder y laautoridad como acto de defensa y autoridad. Al buscar llenar aquelvacío histórico dejado por el Estado, el paramilitarismo se conviertepara el senador Camacho en un acto de corte político.Sobre la posibilidad de una intervención en política de quienes fueronmiembros de grupos paramilitares, afirma que los beneficiarios de laley no podrían hacerlo por haber sido condenados por delitos graves.Al final, si la ley es buena, regular o mala, se sabrá con el paso deltiempo. Sin embargo, es importante valorar el gran esfuerzo dedeclaración de derecho público en Colombia para resolver un conflictoo una situación que le estaba haciendo mucho daño al país.12

No hay lugar a la verdadPara Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,no se puede hacer justicia si no se conoce la verdad. La ley noestablece consecuencias por no decir la verdad, lo que la conviertemás en un proceso de auto perdón, es más una ley residual y es “unaespecie de marco jurídico para garantizar la impunidad”.“No habrá verdad, porque la ley -y ese fue el debate central en elCongreso-, no establece ninguna consecuencia por no decir laverdad; es decir, 21.800 paramilitares no tienen que decir la verdad.La ley prevé la acumulación de penas, que no pueden ser superioresa un máximo de ocho años. Entonces hay es un proceso de autoperdón. ¿Sobre cuáles elementos se hará justicia y reparación si noconocemos la verdad que posibilita hacer justicia y al no haberla nopodremos garantizar los derechos de las víctimas?”, expresa.Califica a la ley de justicia y paz de “residual”, con relación al primermarco legal (ley 782 y decreto 128). La ley 975 “es el marco jurídicopara garantizar la impunidad”. En últimas, la ley de alternatividad tansólo es aplicada a 1% de los desmovilizados. Por ello el desmonte delparamilitarismo no parece ser viable.La anterior afirmación se sustenta en los mismos datos de la Fiscalía:en agosto del 2005, existían 11.414 paramilitares reinsertados, de loscuales 2.616 lo hicieron de forma individual y 8.798 colectiva;además de 5.005 guerrilleros. Esto da un total de 16.419 personas.De todos ellas, a tan sólo 55 les es aplicada la ley 975, que están pordelitos diferentes a rebelión, sedición, asonada y conspiración.En conclusión, de estos 16.400 pasarán a la ley de justicia y paz tansolo 55, es decir, que los otros 16.400 ya están indultados, tienenauto inhibitorio, preclusión de investigación o cesación de13

procedimiento. De igual forma -también según la Fiscalía-, de éstos161.400 paramilitares, trece son de mando y de éstos, diez tienencargos por narcotráfico.Califica la entrega de bienes de “irrisoria”, por cuanto hasta elmomento se conoce que el bloque Meta ha entregado tan solo diezcamionetas; el Libertador, cuatro vehículos, cinco motos, dos lanchasy cuatro motores; el Montes de María, cuatro vehículos; y el que máslo ha hecho es el Catatumbo: 105 fincas, 56 inmuebles, ocho canoas,dos lanchas, quince motores y diez vehículos.En síntesis para Uribe, esta ley “permite una continuidad de laestructura paramilitar, ya que no busca detener su funcionamientosino hacerle una especie de reingeniería al paramilitarismo”. Laverdad, en suma, depende del reconocimiento de culpa por parte deldesmovilizado y del proceso de acogimiento de acusación.Finalmente resalta la intención de diferentes ONG de buscar elescenario internacional para procesar crímenes de lesa humanidad yde guerra cometidos en el país.Víctimas: brillan por su ausenciaLas víctimas piden, como base para un proceso de desmovilizaciónreal y completo de desmonte del paramilitarismo. Sobre ello hayconsenso, pero también desconfianza por la eventualidad de que sehaga realidad. “Cuando nos hemos pronunciado en contra de esteproceso y del marco jurídico del mismo es porque sentimos que no sevan a desmontar los paramilitares y que estamos en un proceso deparamilitarización del país y de la política”, observa Alirio Uribe.Las víctimas no son tenidas en cuenta como actores fundamentalesdentro del proceso de aplicación de la ley y se les reduce a espacios y14

tiempos limitados y de poca repercusión. No son reconocidas por unaley, como sí lo son los victimarios. Son desconocidas para la ley dejusticia y paz, en la cual tampoco se reconoce la participación defuncionarios estatales y mucho menos el vínculo entre el Estado, lasFuerzas Militares y paramilitares, según coinciden algunos panelistas.Se hizo evidente la existencia de asociaciones de victimas en las dosúltimas décadas, con lo que se hace referencia a la posibilidad departicipación activa de ellas y no bajo la figura de una Comisión quedesarticula el proceso histórico de las mismas. “Las víctimas nonecesitamos que nos representen”, manifiesta el columnista IvánCepeda, otro de los expertos participantes en este panel.Sostiene que estas víctimas han sido desconocidas por una ley quetampoco reconoce la participación de agentes estatales en crímenesde lesa humanidad. “Hasta que no se reconozca que agentesestatales han cometido crímenes contra la humanidad será muy difícilavanzar hacia la erradicación plena y total de las causas que hanmotivado el conflicto armado y buena parte de sus daños y el impactode la violencia”, afirma Cepeda.La participación de las víctimas no se resuelve en foros, sino cuandoson sujetos procesales. La ley no es un acuerdo entre las partes y nole resta poder a los grupos paramilitares, pues “esto no correspondea la ley sino a la voluntad política”.La recién creada Comisión de Reparación y Reconciliación ha tenidoun comienzo un poco en falso al señalar que auspiciará la creación deasociaciones de víctimas. “No necesitamos que nadie nos organicesino que sencillamente se respete nuestro derecho a existir y actuarpúblicamente, eso es lo que le hemos reclamado al Estado en15

múltiples escenarios y también lo hemos dicho a los agentes deviolencia en Colombia”, manifiesta.Un camino hacia la impunidadLa ley en definitiva no es ese acuerdo entre partes contrincantes quedespués de una discusión y una negociación han logrado acordarciertas reglas de juego. Se ha tratado de un proceso de conciliaciónlogrado a través de varias etapas desde la mesa de negociación deRalito entre el Alto Comisionado con los comandantes paramilitares.Para el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, constituye unpapel fundamental el concepto de dignidad de las víctimas. A travésde este proceso de discusión no se reconoce su existencia, unelemento fundamental de la reconciliación. Se requiere que haya unano repetición efectiva de los crímenes.Según Cepeda, hay suficiente documentación para afirmar que no sonlos agentes estatales quienes han actuado como ruedas sueltas enconvivencia con los grupos paramilitares. Hay una historia y unasestructuras que han actuado en las últimas décadas que muestranque estos grupos han sido una estrategia contrainsurgente. Lamayoría de los instructores de los grupos paramilitares son retiradosde la fuerza pública y en todas las estructuras de estos grupos existeun responsable de las relaciones con el ejército y la policía.En conclusión –según Cepeda-, en un contexto electoral, el problemano es solamente el de la verdad, la justicia y la reparación, sino si vaa volver ha haber democracia en Colombia y que tanto los elegidoscomo los electores puedan ejercer sus derechos políticos en medio detantos intereses y conflictos.16

Hizo entrega al Fiscal General de un informe de las organizaciones dederechos humanos que condensa 14.400 casos en los que estaríanimplicados grupos paramilitares y funcionarios del Estado.17

Panel 2Los paramilitares y la reinserciónModerador. Rodrigo Pardo. Editor revista Semana.Ponente. Mauricio Romero. Investigador y director del centro deEstudios Políticos Internacionales de la Universidad del RosarioPanelistas- Alfredo Witschi-Cestari. Representante residente del Programa delas Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- Alonso Salazar. Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín- Darío Villamizar. Coordinador del Programa de la Alcaldía de Bogotáde Atención a la Población Reincorporada complementario alPrograma de Reinserción del Gobierno Nacional- Luis Evelis Andrade. Presidente de la Organización NacionalIndígena de Colombia- José Félix Lafaurie. Presidente de la Federación Nacional deGanaderos (Fedegán)- Juan B. Pérez. Asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz- Jairo Libreros. Experto en seguridad y defensa de la UniversidadExternado de Colombia.Presentación del panelEl panel 2 tuvo como eje temático la discusión sobre la polémica delos paramilitares y la reinserción, a partir de la ponencia presentadapor el investigador Mauricio Romero. El tema del paramilitarismo semueve entre dos polos: de una parte, están los optimistas, paraquienes el país atraviesa por un periodo de transición hacia elposconflicto y la paz; y en el otro extremo están quienes afirman quevivimos en un periodo de consolidación de nuevas mayoríaselectorales con una alta probabilidad de que el conflicto y la violenciase prolonguen. Expertos de diferentes tendencias y sectores abordanestos aspectos.1

Ponencia: Mauricio Romero, investigadorNarcotráfico vs fortalecimiento de la civilidadEl tema del paramilitarismo se mueve entre dos polos: por un ladoestán los optimistas, para quienes el país está atravesando por unperiodo de transición hacia el posconflicto y la paz; en el otroextremo están quienes afirman que vivimos en un periodo deconsolidación de nuevas mayorías electorales con una altaprobabilidad de que el conflicto y la violencia se prolonguen.Centroamérica podría ser un referente importante para abordar estostemas en varios aspectos:• Inclusión política. En Centroamérica se dio un mecanismoamplio de participación de todos los sectores sociales, queestaba inmersa en un ambiente generalizado de reconciliación.En el caso colombiano estas dos condiciones no se cumplen o almenos son relativas. Ni en Centroamérica ni en Colombia huboni hay un plan de reinserción como tal, puesto que este tipo deprogramas por lo general son el resultado y de políticas yprácticas procedentes del extranjero. “En el país se observamás bien una recomposición de elites tradicionales regionales,así como una inclusión de sectores ligados de manera directa oindirecta con el narcotráfico, por ello se dice que los sistemaspolíticos locales y la democracia están en riesgo”.• Políticas de equidad y distribución de recursos. En Colombia lanegociación está ratificando la concentración de riqueza ytierras por medios violentos• Reformas en áreas de seguridad y disminución del gasto militar.En Colombia se está privatizando la seguridad y se constituyencompañías privadas creadas por grupos ligados a losdesmovilizados y a los antiguos jefes de las AUC. A su turno, el2

narcotráfico se constituye en un gran obstáculo para elfortalecimiento de la civilidad.En este panorama surgen varios interrogantes: ¿Cuál es el objetivode la reinserción? ¿Cómo realizar el papel de Estado en el proceso?¿Por qué la reinserción tiene un perfil bajo en el Estado y elprotagonismo lo están asumiendo más los niveles subnacionales? ¿Elproyecto de reinserción con los paramilitares es compatible con unaconcepción civilista y democrática? Todas estas preguntas quedanplateadas para reflexionar en torno a ellas y están por responder.El debate: reconciliación, necesidad apremianteLa reinserción ya no es un problema para mañana, es de hoy y deberesolverse hoy. Las Naciones Unidas deben estar más involucradas enel proceso, es imposible que el proceso siga sin su presencia, ya seacomo garantes, asesoras o verificadoras, ya que cuentan con laexperiencia y reconocimiento necesarios para dotarlo de mayorlegitimidad, en especial, en el ámbito internacional.Alfredo Witschi-Cestari, representante residente del PNUD, dice:“Soy de Naciones Unidas y me siento con las manos bloqueadasporque ha habido en el contexto de los buenos oficios, decisión deque nos alejamos de todo el proceso de negociación y dedesmilitarización. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero lareinserción va más allá de los reinsertados”. Es un problema socialcivil que concierne a la comunidad, a los colombianos en general, queincluye a los desplazados y a las víctimas. Para Witschi es importantecontar con el instrumento que significa la comisión de reconciliaciónporque si el débil tiene dificultades puede utilizarlo.3

Witschi, en su condición de representante de las Naciones Unidas,contribuye con su aporte en este panel de reinserción exponiendoaspectos que desde una perspectiva internacional deben ser tenidosen cuenta durante el actual proceso de desmovilización y reinserciónde los combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia.Una visión de conjuntoEn general, “el proceso de reinserción parece no estar cumpliendocon unos principios básicos de reconciliación a partir de los cualespodría forjarse una paz más sólida: pero sin reconciliación el procesodefinitivamente fracasa”. Por esta razón la ley de justicia y pazrequiere de una serie de elementos que la complementen y con loscuales a primera vista no cuenta, para enfrentar problemas quehacen parte de toda la situación como el narcotráfico, la tragedia deldesplazamiento y la reparación a las víctimas.Los cuatro aspectos que se deben tener en cuenta son: lasimplicaciones sociales del proceso de inserción, de suerte qué tantolas comunidades, los desplazados y los reinsertados se comuniquen yreconcilien entre ellos. Si esto no sucede antes del proceso mismo, ala llegada de la nueva gente es imposible lograrlo. “Conozco el casode dos corregimientos con una población total de tres mil personas enuna parte del país, que van a recibir a cuatro mil reinsertados, lo queimplica con las respectivas familias cinco, seis o siete mil personasadicionales. ¿Cuál es el resultado de eso? La posibilidad de tres milnuevos desplazados”, anota Witschi.El otro es la necesaria participación de las Naciones Unidas. En estadimensión se hace especial énfasis y se recuerda que contar con laexperiencia y legitimidad internacional de la ONU es clave para elbuen curso de un proceso de reinserción adelantado en Colombia4

Es fundamental también el desarrollo de grandes proyectos dereconstrucción y se desestima –en opinión de la ONU- la creación deuna oficina central para que administre todo lo concerniente a lareinserción, puesto que más bien se requieren el establecimiento deprocesos de coordinación de políticas coherentes.En cuanto a la Comisión de Reconciliación se la califica como unorganismo débil pero que ante las necesidades actuales debe serempleado, buscando su máximo aprovechamiento. Por otra parte, esfundamental que el proceso amplíe su mirada y la participación detoda la sociedad, las instituciones y la intervención de la ONU, puestoque es una situación que compete a todo el conjunto del paísEn pro de la reconstrucción del paísEn opinión de Witschi, debe haber una visión de conjunto y no esnecesaria una oficina central de reinserción, porque el problema es decompetencia de todo el gabinete, no solo de uno o dos ministerios,sino de todos y cada uno de ellos. Además, instituciones del Estadocomo el Instituto de Bienestar Familia (ICBF) tienen un papel claveen el proceso de reinserción, “entonces más que una oficina que seocupe de eso, tiene que haber un proceso de coordinación y dedivisión política que los lleve a todos a realizar su trabajo”, señala.De otra parte, la ley 975 necesita ser complementada con otras leyesy acciones. Tiene que ser reglamentada, y no resolverá el problemapor sí sola, porque no es más que una pequeña parte de algo muchomás grande. Según Witschi: “Me preocupa no ver muy bien cómo losotros elementos que constituyen el marco de operación y trabajo deun proceso de reinserción y de reconciliación puede llevarse a cabo.Sin reconciliación no es posible llegar a nada”.5

La reinserción no es una parte de la solución, tiene que ir a la par conla solución del problema de las víctimas y desplazamiento. ¿Cómo sepuede llevar a cabo una reinserción que sea coherente y que tengaposibilidad de contribuir a la paz duradera? Es muy complicadomientras existan cientos de miles de desplazados sin solución, puestoque ellos también tienen que ser reinsertados.El país debe reconstruirse, se requiere de grandes planes para elloscon el sector privado, con todos los sectores y con la comunidadinternacional -los bancos internacionales, el Banco Mundial, laCorporación Andina de Fomento (CAF). En este sentido, Witschipropone negociar los fondos requeridos, buscar la factibilidad delcanje de la deuda externa que permita que los pagos se hagan a unfondo de reparación y no a los acreedores internacionales.Experiencia de los gobiernos localesTanto Bogotá como Medellín se han constituido en centros receptoresde la afluencia de desmovilizados de las AUC en proceso dereinserción hacia la vida civil. Los dos gobiernos se han visto en laobligación de incluir dentro de sus respectivos planes, capítulosespecíficos en los cuales se trata de manera especial el tema de ladesmovilización de combatientes, en especial, en lo concerniente alas políticas públicas que se deben desarrollar para la plenareinserción tanto económica como social de este tipo de población.Bogotá, todo un procesoEl Plan de desarrollo Bogotá sin indiferencia 2004-2007 creó unprograma complementario de atención para la poblaciónreincorporada que se encuentra en la ciudad. Éste ha sufrido unafuerte crisis durante sus seis meses de puesta en marcha conrespecto a los reincorporados que se encuentran en albergues. En losbarrios existe la sensación de que los robos, el bandolerismo y la6

inseguridad están estrechamente ligados a la presencia de losdesmovilizados en los diversos sectores.“Esta crisis nos ha permitido conocer la problemática de Bogotá, nobasarnos en estudios y especulaciones, sino ir directamente a losalbergues a trabajar con los mismos incorporados esta problemática”,observa Darío Villamizar, coordinador del programa de Atenciónpara la población reincorporada de la Alcaldía de Bogotá.La Alcaldía viene desarrollando programas específicos para que elpaso de los desmovilizados de los albergues a hogares comunes enlos barrios sea lo menos traumático posible y por tanto ha trabajadopara acercar la oferta distrital a los desmovilizados en una labor quese está realizando en forma mancomunada con las alcaldías locales.Además, en pro de una labor efectiva y positiva el gobierno local hamotivado la participación conjunta de los cinco actores del proceso:los reinsertados, la sociedad en general, el gobierno nacional, elgobierno distrital y las organizaciones sociales.En el caso del Plan de desarrollo este programa está inscrito en loque se llama el eje de reconciliación. Éste es uno de los propósitosclaros que tiene la Alcaldía de Bogotá para la poblaciónreincorporada. Esto señala, de alguna manera, las diferenciassustanciales que tiene el gobierno local con el nacional relacionadascon la participación de desmovilizados y reincorporados enactividades militares, así sea de manera voluntaria como lo señalanlos artículos 9 y 10 de la ley 128 o el decreto 2767 y peor aún elartículo 11 de la ley de justicia y paz, que consagra la obligatoriedadde la colaboración de los desmovilizados individuales para eldesmantelamiento de sus grupos y con esto tendrían derecho a losbeneficios que se les brindan.7

De manera que hasta lo que en el momento ha sido consagrado comovoluntario ahora es obligatorio a partir de la ley de justicia y paz. “Nonos gusta que a los desmovilizados que se encuentran en Bogotá seles lleven operativos militares, así suscriban actas afirmando lavoluntariedad de la acción. Esto conlleva problemas para ellos, susfamilias y los demás reincorporados que se encuentran en un barrio oen una localidad y, en general, para la ciudad”.Según Villamizar, no cabe duda de que algunos de los problemas quese presentaron en marzo, abril, mayo e incluso julio y que llevaron dealguna manera a cambiar la política del gobierno nacional han sidoocasionados por motivo de retaliaciones contra personas que hancolaborado con información. La situación ha tomado talesdimensiones que a modo de ver de la Alcaldía los incidentespresentados en algunos albergues deben ser interpretados comoretaliaciones directas con motivo de la participación de antiguosmiembros de las autodefensas en operaciones militares.En definitiva, la Alcaldía de Luis Eduardo Garzón se muestra contrariaa la política del gobierno nacional en lo concerniente a la participaciónde ex miembros de las autodefensas en operaciones militaresadelantadas por las Fuerzas del Estado. Según el gobierno distritalesta participación debe ser de carácter voluntario y no debeconstituirse en un requisito de obligatorio cumplimiento para que losreinsertados puedan acceder a los beneficios económicos y de ley queel gobierno nacional ha diseñado.Villamizar propone la realización de un encuentro de las ciudades quehan tenido mayor afluencia de desmovilizados y de reincorporados,tales como Bogotá, Medellín, Cali, Montería y Cúcuta. Se trataría deevaluar la actual política de reinserción del gobierno nacional para8

diseñar en forma conjunta una serie de recomendaciones, así comointercambiar experiencias de los logros obtenidos.Medellín: nnecesidad de productividad y democratizaciónLa Alcaldía de Medellín le ha apostado al proceso de reinserción condos supuestos: que la mayor parte de los reinsertados puedantransformarse en seres productivos para la sociedad desde diversospuntos de vista no solo como obreros o empleados, sino como sujetosde la democracia; y con la institucionalización como objetivoindispensable del éxito de la reinserción desde el punto de vistademocrático de la ciudad. Sin la consecución de estos dos objetivos,la Alcaldía considera que el programa fracasará de forma inevitable.“Si cualquiera de esos dos aspectos nos falla, para nosotros elproceso está trunco. No tiene sentido que se sigan haciendoreinserciones si eso no conllevan al fortalecimiento del Estado entodos sus niveles y ese es para nosotros desde el punto de vistapolítico y estratégico el gran desafío de todo este proceso”, expresaAlonso Salazar, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín.Por eso, es fundamental denunciar todo cuánto haya de irregular enel proceso de desmovilización y reincorporación, así como aceptarerrores por parte del propio gobierno. Para que las denuncias tengansentido tienen que ser veraces.Se trata de un proceso muy complejo y heterogéneo de Medellín-opina Salazar-, es una reacción social que ha permitido a paso muylento una disminución de la tasa de homicidios, fortalecimiento de laorganización social y comunitaria y de una conciencia social muchomás atada al espíritu de la Constitución de 1991 que a los9

pensamientos intransigentes de antes de esa Carta, tanto dederechas como de izquierdas.El paramilitarismo encierra un conjunto de intersecciones muycomplejas de diseccionar, en las cuales está el fenómeno delnarcotráfico, el tema asociado con la lucha contrainsurgente, lasacciones de estos grupos contra sectores democráticos y deizquierda, que la ciudad los ha vivido de manera dramática y de otrasformas extendidas de criminalidad que plantean una conjunción.Es un deber político de la Alcaldía y de la sociedad procurar que elproceso de reincorporación sea auténtico y sincero y si no es asíestablecer las denuncias de los procedimientos y las movilizacionesnecesarias para que sea replanteado o abolido en pro de queColombia avance hacia un proceso de paz.“Desde la Alcaldía hemos dicho que este proceso es insuficiente, nosólo por todo lo que el Estado tendrá que hacer para que la paz lleguea nosotros, sino dentro de la perspectiva de la paz y la negociaciónmás inmediata. Insistimos en que sin mecanismos reales dereparación esto es un proceso absolutamente cojo”, sostiene.El gobierno de Medellín ha apoyado de manera decidida el procesodesde el principio de la campaña electoral del entonces candidato yactual alcalde Sergio Fajardo. Durante su administración se hatrabajado con relativo éxito en los programas de reinserción con losdesmovilizados de las autodefensas del Bloque Cacique Nutibara. Elnúmero total de desmovilizados de este Bloque asciende a 864. En laactualidad cursan 80 procesos de ex miembros de dicho bloque en laFiscalía General, 20 desmovilizados han sido detenidos por unespectro muy amplio de delitos, mientras que 33 ex integrantes del10

Cacique Nutibara están en prisión por causa de delitos cometidosantes del proceso de desmovilización.Según las autoridades antioqueñas ésta es una muestra más de queel proceso no se traduce en borrón y cuenta nueva y por tanto serequiere compromiso por parte de la sociedad en general, voluntadpolítica para aplicar la ley y conciencia de que sin reparación elproceso es incompleto.En días pasados la Organización Internacional para las Migraciones(OIM) adelantó un estudio sobre el proceso de desmovilización enMedellín, con resultados en general positivos, pero con la claridad deque no está exento de dificultades. Para las autoridades, lo esenciales que para la sociedad se está recuperando una mano de obra deguerra muy grande que estaba causando un gran daño.Las minorías étnicas tienen la palabraExiste un acuerdo general frente al hecho de que la desmovilización yla reinserción de ex combatientes es un asunto que compete no sóloal Estado, sino a la sociedad en su conjunto y por tanto requiere de laactiva participación de las comunidades indígenas, de las negritudes,de los campesinos, de la academia, del sector privado, entre otros.En la medida en que este proceso no sea lo más concertado y pluralposible, es muy poco probable que la sociedad logre reconciliarse ypor tanto fracasará de forma inexorable. Unos de los problemascentrales que requiere de una solución inmediata, es el concernientea la repartición de la tierra y el acceso a ésta.Para el representante indígena Luis Evelis Andrade, “hablar dereinserción implica necesariamente recordar que quienes van a entrar11

en este proceso por la experiencia que hemos vivido han generadodolor, han generado desarraigo, han generado desplazamiento”.En este sentido es indispensable abrir escenarios posibles paraescuchar la palabra de las comunidades, que digan qué está pasandoy hacia dónde reorientar el proceso para que el Estado tome lasrespectivas determinaciones y las medidas más pertinentes en ordena que este proceso de paz y de reinserción sea efectivo.Ahora bien, esto no se puede hacer sin la sociedad civil. Es imposibleque se ignore el trabajo que ésta hace, por ejemplo, el papel de laIglesia y del sector privado que participa de la propuesta y que estádispuesto a contribuir por su propia iniciativa.Los desmovilizados se van a reinsertar en comunidades que existen,por tanto las van a afectar de forma directa, tercia Witschi, entonceses indispensable que estén involucradas en el proceso y vean subeneficio y no necesariamente que se conviertan en receptorespasivos y se constituyan luego en presa fácil de la situación.Este proceso de reinserción depende de que en efecto se haganrealidad los procesos de verdad, pero no solo referida a losvictimarios directos –quienes se reinsertan-, sino a todos a quieneshan participado de este proceso paramilitar, incluido el mismoEstado, ya sea por acción u omisión. En este sentido, la reparacióntendrá que darse también en las dos direcciones y, en especial, debegarantizarse el retorno de las tierras a las comunidades negras,indígenas y campesinas desplazadas.Al igual que otros panelistas insiste en los cuestionamientos de losindígenas frente a la participación de ex combatientes paramilitaresen operaciones militares. “Deben abrirse escenarios para escuchar las12

voces de las comunidades... Los derechos de los reinsertados nopueden violar en forma directa o indirecta los derechos de lasvíctimas”, concluye.Tierras a sus dueñosEs un hecho que las comunidades indígenas, las afrocolombianas y,en general, todas aquellas minorías étnicas que tienen asiento en elpaís, se han visto afectadas por las dinámicas de la confrontaciónarmada que vive Colombia. Asimismo, uno de los puntos en loscuales se hace más hincapié por parte de la mayoría de los sectoresde opinión es la necesidad de que la reparación se haga por vía de ladevolución de las tierras para aquellas poblaciones a las cuales leshan sido usurpadas mediante el empleo ilegitimo de la violencia.Las comunidades indígenas y varios sectores de la sociedad sepreguntan si la ley de justicia y paz contempla mecanismos efectivospara que estas poblaciones sin tierra puedan materializar su deseo deacceder realmente a una porción de suelo. Sin embargo, otro puntomuy importante para estos grupos tiene que ver con el efectivodesmantelamiento de la estructura paramilitar.De manera específica, las comunidades indígenas reclaman unamayor participación y vocería dentro del proceso que se adelanta conlas autodefensas, a la vez que denuncian graves deficiencias que a sumodo de ver tiene el proceso en lo que se refiere al retorno de lascomunidades desplazadas y las garantías para éstas, la situación delos pueblos indígenas en un contexto de posconflicto y los derechosde las víctimas y su vocería.Andrade se refiere a la necesidad imperiosa de que el proceso con losparamilitares conlleve a que las instituciones y el Estado rompan13

definitivamente con la influencia, económica, política y social queestos grupos ilegales han ejercido durante años.Preocupa en suma el posconflicto, qué va a pasar con los pueblosindígenas con relación a sus territorios y posiciones, y qué sucederádespués del proceso de paz. El proceso de reinserción y los derechosde los reinsertados no puede obviar el derecho de las víctimas.Sector privado y productivoEn opinión de José Félix Lafaurie, presidente de la FederaciónNacional de Ganaderos (Fedegan), en su calidad de representante delsector privado, coincide con sus antecesores en el uso de la palabraen el sentido de que el país ha avanzado más en desmovilización,menos en reinserción y muy poco en atención a los territorios.De otra parte el proceso debe garantizar tres aspectos esenciales.• Que se cumpla con lo acordado• Que definitivamente se establezca el monopolio de la fuerza enmanos del estado• Que se defina los temas sobre la distribución de la tierra, con elfin de generar condiciones de desarrollo social que contribuyancon el bienestar colectivo y la cohesión socialFalta conciencia sobre lo que sucede en las regiones. Una parte delsector más vulnerable rural son los 403.000 ganaderos que tienenmenos de cincuenta animales, es decir, un patrimonio que no alcanzaa superar los 40 millones de pesos. Esos son la carne de cañón. Si elproceso no se hace de forma dinámica volverán a ser presa nosolamente de los grupos insurgentes, sino de ciertos actores socialesque inician con pequeños delitos y llegan a la criminalidad.14

Si la sociedad no acoge a los desmovilizados en las zonas urbanas orurales, serán mano de obra calificada para la guerra, en manosquizás del mayor generador de conflicto como lo es el narcotráfico.Perspectiva del gobierno nacionalJuan B. Pérez, asesor del Alto Comisionado para la Paz, dejó enclaro los beneficios generados por el proceso de desmovilización,sobre todo en materia de orden público. Para el gobierno es claro quedesde el inicio del proceso de negociación con los paramilitares, lasmasacres, homicidios, reclutamiento forzoso –en especial, demenores de edad- y secuestros, atribuidos a estos grupos, handisminuido y en algunos casos desaparecido.Según las proyecciones gubernamentales al finalizar 2005, alrededorde 22.000 miembros de la AUC habrán dejado las armas comoresultado del proceso con esta organización y sus diversas facciones.Ya lo hicieron 10.554. Sin embargo, aun no es clara la manera cómose va a financiar el proceso de desmovilización de algo más de22.000 personas, ya que se requiere de una gran cantidad derecursos económicos y humanos.Es de incalculable valor que aquellos individuos que han venidodelinquiendo se reincorporen a la vida civil y a su vez hagan parte dela dinámica económica de la sociedad. Sin embargo, esto supone ungran reto para las autoridades debido a que si bien a estos individuosse les debe dar una ocupación, no es serio pensar que estas personasvan a estar dispuestas a integrarse al mercado laboral en condicionessimilares a las de un trabajador que devengue el salario mínimo, esdecir, en condiciones sociales y económicas inferiores en comparacióna las que tenían antes de salir de la ilegalidad.15

Por esta razón se han considerado programas que apuntan aconvertir a los desmovilizados en trabajadores productivos que demanera paulatina tengan la posibilidad de constituirse en socios desus negocios e incluso en verdaderos empresarios.Para el tejido social es definitiva la participación del sector privado.Del mismo modo deben hacer parte de este proceso los campesinosde las diversas regiones e incluso grupos de desplazados noocasionados por parte de los grupos paramilitares. Así mismo, elgobierno es consciente sobre la necesidad de que se adelante unproceso de acompañamiento sicosocial con los desmovilizados.En cuanto a la financiación de los proyectos productivos, la nación haproyectado que éstos deben provenir de créditos agropecuarios y delsistema financiero. Estos dineros serán manejados por una fiducia. Laidea es establecer al menos ocho empresas que vinculen a no menosde cuatro mil cabezas de familia.El origen de las tierras posiblemente otorgadas a los desmovilizadosdebe ser transparente. Esto será garantizado por parte de losorganismos de control del Estado, la Defensoría del Pueblo y lasentidades oficiales mediante la creación de comités locales. Aquellos sprovenientes de los grupos ilegales a los cuales se les compruebenproblemas de orden penal no podrán ser parte del proceso.La desmovilización de las autodefensas constituye un mecanismo queabre las puertas a un eventual proceso de paz con los movimientosinsurgentes, en la medida en que estas organizaciones armadas haninsistido en la necesidad de acabar con el paramilitarismo, comocondición fundamental para iniciar un proceso de negociación16

Mercado ilícito de armasEl mercado ilícito de armas generado a partir de la firma de losacuerdos de paz en Centroamérica, lleva a un análisis sobre lasituación a la que está expuesta Colombia en esta materia al culminarel proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa.Para los especialistas como Jaime Libreros, investigador de laUniversidad Externado de Colombia, el proceso con la AUC fortalecela carrera armamentista interna y puede significar el crecimientoexponencial en los índices de homicidios, grupos de pandillas yaumento de grupos de seguridad privada, como sucedió en variospaíses centroamericanos.La desproporción que existe en este último aspecto en los países deCentroamérica es evidente. Los casos guatemalteco y salvadoreño deposguerra ilustran esta situación. En el primero, la relación es decatorce mil guardias privados por seis mil policías, mientras que enEl Salvador la relación es de veinte mil privados por trece mil policías.El Estado debe ser consiente de que en los procesos de paz no existeuna equivalencia entre un hombre desmovilizado por un armaentregada y resulta evidente que en ningún ejército legal o ilegalexiste una relación de un arma por cada hombre.El problema es tan grave que la media internacional indica que 27%de las armas ilegales que manejan los grupos armados no seentregan y este porcentaje alcanza 30% en Colombia. Esto significaque cerca de doce mil fusiles, tres mil pistolas y 70% de las granadasno serán entregados al finalizar el proceso.De tal suerte que el mercado negro de armas en el país se dispararácon la desmovilización de los grupos de autodefensa. Este problema17

debe ser abordado de manera inmediata por parte del gobiernonacional, en la medida en que se tiene establecido que en sectorescomo Soacha están identificadas más de novecientas pandillas todasellas ávidas de material bélico.En este sentido –concluye- el papel de las Naciones Unidas podría sermuy valioso a raíz de sus experiencias con la destrucción simbólica dearmas, el trueque armas-proyectos productivos y la participación desectores de la sociedad civil en los procesos de desarme.18

Panel 3Los ex paramilitares y su participación en políticaModerador. Roberto Pombo. Editor general El TiempoPonente. Rafael Pardo. Senador de la RepúblicaExpertos- Francisco Leal Buitrago. Docente Universidad de los Andes- María Jimena Duzán. Periodista y columnista- Juan Manuel Toro. Representante de la Federación Nacional deConcejales-Orinoquia- Carlos Alonso Lucio. Asesor político del proceso de desmovilización deSanta Fe de Ralito- León Valencia. Director Corporación Nuevo Arco Iris- Carlos Gaviria Díaz. Senador de la República- Claudia López. Investigadora y columnista Semana.com.Presentación del panelEl panel 3 aborda un candente debate sobre la participación de losdesmovilizados en política. El consenso en general de los panelistasotorga una gran trascendencia al hecho de la intervención de losparamilitares, reinsertados o no, en la política nacional, regional ylocal, incluso muchos de ellos de manera abierta desde antes de quese iniciara el proceso de conversaciones de paz en Santa Fe de Ralito.Algunos además aportan al debate datos sobre lo que se ha conocidocomo el mapa de “los innombrables”, es decir, su participación en elseno de varios espacios políticos como el Congreso, las asambleasdepartamentales y los concejos municipales. Se insiste mucho en ladiscusión que los relevos de elites en la historia del país no hanalterado la concentración de la riqueza y el ingreso, lo cual es unindicador de la ineficacia política de dichas elites. Y se sostiene que ladebilidad política del Estado colombiano ha sido una constantedeterminante, de donde surgen los vacíos de poder que dejan espacioa la ilegalidad y debilitan la democracia.1

Ponencia: senador Rafael PardoClaridad y transparencia en los mecanismos de participaciónpolíticaLos principales puntos planteados por el senador Pardo en suintervención se refieren a:• Desmovilización y reincorporación. Uno de los problemas delproceso de desmovilización es el económico, ya que sepretende convertir en microempresarios urbanos y legales apersonas que vienen de la ilegalidad armada. Pero es necesarioencontrar mecanismos para que la gente pueda tener empleo,pero en un contexto donde se eviten las situaciones dedesigualdad con los ex combatientes. Por ello, en los procesos ybeneficios de la reincorporación debería incluirse a los excombatientes del servicio militar obligatorio, una población muypobre y vulnerable “que debería tener acceso por lo menos abecas y cupos que les permitan terminar su secundaria”• Reparación a las víctimas. La ley de justicia y paz dejó vacíosen el tema de la reparación a las víctimas. Sin embargo, aúnpueden crearse mecanismos legales de restitución de bienes,en particular, de bienes agrícolas• Mecanismos de financiación. Se proponen dos fuentes definanciación adicionales a las existentes aunque insuficientes,condenas a reparación a victimarios y presupuestos públicosque son: canje de deuda externa con destino al fondo dereparación para financiación de proyectos de reparacióncolectivos y aportes del sector privado para estímulos degeneración de empleos para ex combatientes. Se propone unaintensa campaña de consecución de cooperación externa para2

apoyo de estos programas y que este programa haga parte delPlan nacional de desarrollo 2006-2010• Participación en política de miembros de grupos paramilitaresdesmovilizados. Plantea que los mecanismos de participacióndeben establecerse por encima de la mesa de diálogo, no pordebajo. No tiene legitimidad colarse en listas. Por eso propusollegar a un compromiso expreso y un sistema de verificaciónque incluye: no participar en estas elecciones pero sí en las deasambleas y concejos del 2007, a través de una circunscripciónespecial, previa verificación de la no reincidencia y de laresolución de la situación judicial de los posibles candidatos• Urge reconcialiación nacional. Se requiere de un programanacional de atención a víctimas de la violencia y a sus excombatientes para que pueda haber una real reconciliaciónnacional. No es suficiente la atención a ex paramilitares que sedesmovilicen ni a ex guerrilleros desertores. La reconciliaciónexige dar atención a las víctimas y a los ex soldados, exsuboficiales y ex oficiales hasta el grado de teniente. Así comoun trabajo de la sociedad en general, que dependerá en granmedida del éxito en el desarrollo de los programas con lasvíctimas y a los ex combatiente. Para los ex soldados seproponen programas de educación y capacitación, así comoterapias tanto sicológicas como físicas, con énfasis especial enlos que sufren discapacidades, en particular, pérdida demiembros u órganos; para los ex combatientes ilegalesprogramas de empleo y de generación de ingresos, así como deatención sicológica en los casos en que los especialistas losrecomienden; y para las víctimas programas de reparacióncolectivos y de indemnización y restitución individuales.3

Polémica sobre el contexto políticoEl relevo de elites tanto de la economía como de la política en lahistoria del país ha tenido una constante sin excepción, no obstantelos cambios estructurales que han ocurrido sobre todo en el siglopasado no se han alterado la concentración de la riqueza y el ingreso.Sin embargo, en las últimas décadas se ha pasado de un país pobre,rural, atrasado, a uno urbano y modernizado en términos capitalistasdependientes. Éste es un indicador importante acerca de la eficacia oineficacia política de las elites. Cuando se habla de relevo de elites,no se hace referencia a un relevo absoluto.Por otra parte, se evidencia la constante debilidad política por partedel Estado que ha permitido amplios e importantes espacios socialesde ilegalidad. El corolario principal de este raquitismo estatal ha sidola fragilidad de la tradicional democracia formal, aunque se hamantenido más que en otros países de América Latina.Así, el último relevo de las elites políticas fue en la década de 1980tras la crisis de representación del bipartidismo liberal-conservadorestimulado por el Frente Nacional. A raíz de éste, las elites regionalesinician su ascenso. En este contexto, el narcotráfico y elparamilitarismo se fortalecen, con la complacencia de algunas eliteseconómicas y políticas, en particular, las rurales, de sectoresestatales y de la fuerza pública, dando paso en la década de 1990 aun proyecto político paramilitar relativamente autónomo paracombatir a las guerrillas.Este proyecto político fracasa en la medida en que el paramilitarismoes controlado por empresarios ilegales que aprovechan la debilidaddel Estado, la apertura y globalización para enriquecerse sobre labase del narcotráfico. Surgen así redes regionales que se imponen através de la violencia y capturan excedentes económicos. Es la4

transformación de estos empresarios ilegales en auténticas mafiasque de alguna forma sofisticada son crimen organizado.Nace, entonces, un proyecto político alternativo al que se le puedecalificar de “proyecto político mafioso”. No constituye un fenómeno demovilidad social sino de legitimación de la ilegalidad. Está destinado acontrolar el Estado, que se materializa con el inicio de la negociacióncon los paramilitares, la desmovilización de sus grupos, los proyectosde ley de alternatividad penal y de verdad, justicia y reparación y laley de justicia y paz.La base de este proyecto político fue la violencia, el enriquecimientoilícito y el desplazamiento. Es un inmenso botín económico productode acciones criminales, desplazamiento de población, apropiaciónviolenta de tierras, clientelismo armado y subordinación de las elitesregionales y la emergencia de nuevas. Es el inicio exitoso de unnuevo y pronto relevo de las elites políticas.Este nuevo relevo de elites es trascendental por sus implicacionesdebido a que transforma de manera estructural lo económico, políticoy social. “No es simplemente un fenómeno de movilidad social, sinode legitimación de la criminalidad e ilegalidad que al producir unanueva institucionalidad rompería con los ya debilitados patronesmorales de la sociedad y entronizaría estructuras depredadoras muydifíciles de desarrollar”, observa el investigador Francisco Leal,quien a la vez se pregunta ¿cómo contrarrestar este fenómeno?Se trata de un reto difícil, por no decir imposible. Se podríaaminorarlo o debilitarlo, a través de medidas institucionales como elrespeto por la institucionalidad; el fortalecimiento de la reformapolítica de 2003; la reforma del sistema electoral y, como5

complemento, la búsqueda de un sistema de partidos que seafuncional a la democracia.“Los innombrables” hacen políticaSe hace evidente, aunque de una manera en cierta forma “solapada”,el hecho de que paramilitares, y ahora ex miembros de las AUC,intervienen en la política regional desde hace varios años.De acuerdo con la columnista María Jimena Duzán, es importantela intervención en política de los ex combatientes, es una opciónsiempre y cuando su presencia no atente contra la dignidad de lasvíctimas, se haga de manera transparente y de acuerdo con lasnormas y controles que exige la Constitución colombiana.Se advierte, la creación de una nueva clase política denominada,precisamente por el origen de donde vienen “los innombrables”. Estáconformada por personas que no hablan claro con el país, que estántratando de imponer sus candidatos en todas las regiones de maneradesigual a través de un clientelismo armado, que están atemorizandoa la población y que son, en gran parte, los culpables de laautocensura de diferentes periódicos en los ámbitos local y regional.Esta nueva elite rural construye un fenómeno narcoparapolítico, queopera como un factor de desplazamiento de la clase políticatradicional. Por ejemplo, opina Duzán, es bastante probable que los“caciques” tradicionales del Norte de Santander estén siendodesplazados por el nuevo representante de esta clase política.“Lo otro curioso es que casi todos están en las listas uribistas”,sostiene Duzán, quien agrega que ese es otro componente de estanueva clase política, no porque respondan a un “uribismo” furibundo,sino porque tienen vocación de poder.6

Sin duda, el periodismo tiene una responsabilidad en develar quienesson “los innombrables”, lo cual constituye un proceso largo y difícil,porque en las regiones estas personas tienen cada vez más poder.“Contras” de la desmovilizaciónEl representante de los concejales de la Orinoquia, Juan ManuelToro, hace un reconocimiento al gobierno de Uribe Vélez por lainstitucionalización o la actitud de responsabilidad en este proceso.De igual modo, Toro acepta las dificultades del proceso dedesmovilización actual de los grupos paramilitares. “No es fácil, nadaen el país lo es, quiénes más que nosotros que estamos en lasregiones podemos reconocer lo que pasa en cada municipio. Portanto, de buena fe estamos totalmente inmiscuidos y predispuestos aeste proceso que se está dando”, enfatiza.Las inquietudes de los 3.500 concejales representados por lasFederaciones en 350 municipios acerca del proceso radican en lasdificultades de crear proyectos productivos y empleo para laspersonas reinsertadas, y más ahora que ingresan a este ejercicio deempleo mil o dos mil personas, en cada municipio.Por otra parte, en los últimos cinco años ha habido 250 concejalesmuertos por causa del conflicto. “No queremos ser más víctimas deeste proceso, los concejales del país queremos ser coprotagonistasdel mismo, nos corresponde liderar la búsqueda de tolerancia políticay social sobre todo con los movimientos políticos y sociedadesregionales”, expresa Toro.Otra inquietud de los concejales obviamente dentro del ejercicio de laintervención en política, es el control estricto que debe haber a la7

financiación y a la tolerancia de los sectores de derecha e izquierdacon otros grupos. Es fundamental entender la diferencia.Pensar en el posconflictoEl afán de todo este complejo proceso de desmovilización ha dejadoolvidado un tema trascendental que es el del posconflicto. CarlosAlonso Lucio, en su calidad de asesor político del proceso dedesmovilización de Santa Fe de Ralito, señala que “el proceso se hacentrado en recoger listados, recibir los fusiles y pagar 358.000 pesosmensuales a cada desmovilizado”.De esta manera, se trata de un proceso de paz parcial que se ocupóde la desmovilización, antes que de la reincorporación social yformación de proyectos productivos. Es mucho más lento hacercultivos y proyectos agroindustriales que incorporen al trabajo a milesde desmovilizados, que desarrollar políticas de desmovilización.Esta lentitud deja a su paso una posible multiplicación de la“bandolerización” y la delincuencia de los desmovilizados, teniendo encuenta que no hay control sobre las actividades de los excombatientes. Lucio propone crear un sistema de guardias ruralespara controlar aunque sea en forma temporal ese alto grupo depersonas que se está reincorporando a la violencia.“El país no alcanza a medir las consecuencias de lo que es unapolítica errada de reinserción como lo ha sido hasta hoy. Es unaformulación simple para un problema tan complejo”, señala. ElEstado ha debido asumir la incorporación de los desmovilizadospermitiendo, por ejemplo, que se les diera una formación y unadisciplina militar a cargo de las Fuerzas Militares. Otro problemadeterminante que ni el gobierno ni las AUC han tenido la voluntad deasumir, es el del narcotráfico, que puede entrar en una fase de8

“ruralización”, complicando el conflicto y la respuesta estatal. Esposible que éste absorba a un alto porcentaje de los desmovilizados.Además, es un proceso parcial también porque se realiza en medio deconflictos que continúan vivos y se ocupó de la negociación con unosólo de los actores que hoy configuran la realidad de violencia y crisiscolombiana. La guerrilla no está en proceso de paz, el narcotráficocontinúa funcionando y continúa además con un proceso de“ruralización” de los carteles.Lo grave de toda esta situación es tener miles de personas reciéndesmovilizadas sin saber qué están haciendo, qué ocurre cuandoreciben el cheque mensual, a qué se dedican, cuál es supreocupación. De allí puede derivarse la multiplicación de ladelincuencia en regiones enteras del país. No solo está lapreocupación que ha expresado el gobierno nacional y muchossectores de la opinión respecto a que estas zonas que han sidodesalojadas por la desmovilización de las organizacionesparamilitares sean retomadas eventualmente por organizacionesguerrilleras, sino que al interior de esas mismas zonas semultipliquen de forma salvaje los índices de delincuencia común.Para Lucio el paramilitarismo es más un fenómeno político que unaorganización política por lo que no considera viable la creación de unsolo partido. El punto de unión fue la lucha antiguerrillera. Pero sí esun fenómeno regionalizado, federativo, con independencia entre losbloques, sin una identidad política. “Otra cosa es que puedan teneruna incidencia alta en la actividad política regional, ejerciendo demanera oficial unos derechos políticos que han asumido, de hecho, enla clandestinidad. Es más preocupante garantizar el pluralismo y losderechos políticos de las demás fuerzas en las regiones dominadaspor el paramilitarismo; son regiones en donde la violencia estáprotagonizando la política”, concluye.9

En síntesis, no hay en este momento una política que garantice unareinserción efectivamente para los veinte mil desmovilizados que secompletarán a diciembre de 2005. Los proyectos productivos que estáimpulsando el gobierno, son mucho más lentos que la realidad enseguridad que puede venir a azotar esas regiones a muy corto plazo,y desde el punto de vista de la actividad política no se puede olvidarque hoy al margen de los paramilitares y del proceso de paz de SantaFe de Ralito la violencia está protagonizando la política misma. Serequiere que hagan una política de cara el país.No hay justicia sin reparaciónPara el senador Carlos Gaviria, esto le causa gran preocupación, enespecial, en vista de lo que se podría llamar la reconstrucción de unasociedad pacífica y democrática. “Veo muy compleja la situación ydemasiado lejana la posibilidad de que esto ocurra”, observa.Justicia y paz es una ley de cumplimiento de promesas electorales, esevidente que las autodefensas, en concepto de Gaviria, apoyaron aldoctor Uribe en su campaña y en su proyecto y lo han hecho acambio de que él les haga grandes concesiones y éstas se han hechode qué manera y a mi modo de ver a costa de la sociedad colombianaGaviria no acepta que el paramilitarismo sea un delito político. Losparamilitares han incurrido en delincuencia común. “Se puede pensarque estoy incurriendo en una contradicción porque fui ponente de laley 782 que autorizó al gobierno a conversar, a dialogar, a negociarcon los paramilitares y lo hice a conciencia y paciencia de lo quehacía, porque siempre he pensado que en Colombia la paz hay quebuscarla por esa vía, no únicamente por razones axiológicas sinoincluso pragmáticas. Es la única vía que puede llevar a la paz”.Es importante la desmovilización de estos grupos porque desde luegoacordaban la terminación del conflicto, no de una forma tan optimista10

como que aportaban a la paz, pero sí a una etapa de terminación delconflicto. Sin embargo, la ley de justicia y paz “pone de presente todala tradición de injusticia del Estado colombiano, que ha sidotradicionalmente injusto”. Esta ley va a crear sin duda situacionesirreversibles, por ejemplo, en materia penal, aunque no en cuanto ala reparación. Cuando las víctimas queden sin reparación, cuandohaya que repararlas es vergonzoso lo que se establece en esta ley.En este sentido, el senador cita dos despropósitos: cuando alguienadquiere una deuda en función de un contrato o en virtud de unaculpa extra contractual, todo el patrimonio de esa persona respondepor la deuda. Sin embargo, en esta ley se les exige a los miembrosde las autodefensas que aporten a un fondo para la reparación devíctimas los bienes adquiridos de forma ilegítima. Pero aquellosadquiridos así no les pertenecen y por tanto no es un aporte de ellos.En segundo lugar, darles tratamiento de delincuentes políticos ysediciosos es un exabrupto porque la sedición, de acuerdo con elCódigo Penal, se da cuando los que mediante el empleo de las armaspretendan impedir el libre funcionamiento del régimen constitucionalo legal vigente incurrirán en prisión de dos a ocho años y multa decincuenta a cien salarios mínimos. “¿Cómo es posible que seconstruya una realidad a contramano de la realidad verdadera? Elderecho puede a menudo valerse de ficciones, pero esta ficcióndesborda toda la capacidad que pueda tener un legislador para actuarde ese modo”. Se le da al paramilitarismo la calidad de movimientocontraguerrillero, pero si lo fuera, no sería político. Los delitos que secometen en función de ellos son políticos, porque tratan de cambiarla sociedad en función de otra mejor.Está claro que como grupo contraguerrillero pretendían que laguerrilla no lograra sus propósitos o en el mejor de los casos11

defenderse de ella, atentando contra los bienes de los poseedores detierra en el campo. Por tanto, por eso se les llamaban movimientosde autodefensa, pero cuando uno se defiende de una agresión noestá incurriendo en un delito político sino en uno común.El punto más sensible de toda la discusión es el de las víctimas.Mientras no se les halla indemnizado y reparado, no se sepa quiénesson los victimarios y éstos hayan pagado una pena proporcional enfunción de la paz que pueden aportar con la desmovilización, nohabrá justicia. Es evidente que hay que darles un tratamiento másbenévolo, pero no cuáles delitos, que en el Código Penal tienen penasde hasta cuarenta años se paguen con una pena de cinco años. Es sinduda, termina Gaviria, “un proyecto de largo alcance autoritario, quesustenta el statu quo en Colombia”.El paramilitarismo ganó la guerraLa Corporación Nuevo Arco Iris, en cabeza de León Valencia, hahecho un minucioso seguimiento al fenómeno paramilitar y a lasnegociaciones durante año y medio con el patrocinio del gobiernosueco. Grupos de investigación en ocho regiones clave del país dondeestá el fenómeno paramilitar han logrado un trabajo académico, serioe independiente, que ha arrojado las siguientes conclusiones.El país debe aceptar que los paramilitares en el norte del país, en elnororiente, en Antioquia ganaron una guerra a los actores armados.De una guerra, no se sale a la democracia. “El que gana la guerraimpone las condiciones. Le ganaron la guerra a la democracia, a losderechos humanos, a la Constitución de 1991 y a la elite que surgiócon Gaviria en los años noventa”, asegura Valencia.Por otra parte, los estudios mencionados concluyen que estos gruposcambiaron el mapa político de estas zonas de una forma drástica, no12

leve. Valencia muestra que las alianzas políticas se transformaron endepartamentos en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, César,Guajira, Antioquia; además de Arauca, los Santanderes y Casanare.El país asiste a una recomposición de la vida política nacional, explicaValencia, la desmovilización de los paramilitares será parcial ya queno se han dado todas las variables que ellos exigen, la másimportante de ellas, la derrota militar de las Farc. Ante esta realidad,la batalla de la sociedad colombiana debería empezar a buscar unatransición democrática de las regiones, ganar pluralismo frente almando único y a la dictadura de un actor armado. “Lo malo no es laparticipación en política, sino la ausencia de pluralismo; hacen políticacon armas que racionalizan y fortalecen los cacicazgos”.Paramilitares: dueños del mapa políticoOtra investigación sobre el tema de la penetración política paramilitaren el país, cuyas fuentes corresponden a la Oficina de DerechosHumanos de la Vicepresidencia de la República, la RegistraduríaNacional del Estado Civil y la Policía Nacional, arrojan conclusionescontundentes acerca del tema.La investigadora y columnista de Semana.com, Claudia López,presenta este estudio, que además refleja un atípico proceso deconsolidación política en las elecciones de Congreso de 2002 y demandatarios locales de 2003, tras la toma paramilitar de ciertosterritorios.¿Cuál fue la estrategia política? Entre 1998 y 2003, los gruposparamilitares, y algunos sectores de las clases políticas regionales,formularon y aplicaron una estrategia de consolidación política y tomadel poder que se vio materializada entre 2002 y 2003, y que habíasido precedida por una ola de masacres (éstas aumentaron en664%), homicidios selectivos y desplazamiento forzado. La estrategia13

se basó en la creación y asignación de “distritos electorales”, nooficiales, donde se designaron los candidatos que debían ganar. Elloen alianza con la clase política tradicional. Los departamentos endonde ha sido más contundente este fenómeno son: Magdalena,Antioquia, Santander, Bolívar, Boyacá, Córdoba, César y Sucre.A través de numerosos gráficos fundamentados todos ellos basadosen datos oficiales de la Registraduría Nacional y la Vicepresidencia dela República, la investigadora muestra la relación entre masacres,homicidios y la toma paramilitar de ciertos territorios. Tras estosfenómenos, siguió la posterior “toma política” con alianzas conpolíticos tradicionales y nuevos hacia la consolidación del controlterritorial. En algunos casos incluso con candidatos únicos.En las regiones mencionadas, los candidatos lograron “saltosolímpicos” en el número de votos entre una elección y otra, y llegarona “conquistar” hasta 95% del total de la votación en ciertosmunicipios. Frente a los hechos, López plantea que la sociedadcolombiana debe entender y enfrentar la situación, de un modo quele permita buscar mecanismos reales para fortalecer una democraciadebilitada. Propone, entonces, que los políticos involucrados en esasalianzas se sometan a la ley 782 y reciban indulto político de maneraque se “revinculen” al ejercicio democrático legal.En conclusión, queda en el ambiente pesimismo y la sensación de quede este proceso político no se puede esperar nada. Según Gaviria,existe un proyecto político autoritario y los paramilitaresdesmovilizados o reinsertados van a servir sin duda ese proyecto. Eneste sentido, lo “limpio”, “honesto” y “deseable” sería que hubiera unpartido que se llamara por su nombre o que confesara sus propósitos.Es muy difícil pensar en una competencia en igualdad decircunstancias con personas de esta naturaleza, que no se han14

desarmado y por tanto habría que competir con personas quemantienen intacto su patrimonio y además sus armas.Fondo de reparación colectiva para las víctimasComo parte fundamental de las conclusiones, el senador ponenteRafael Pardo, reflexiona sobre la necesidad de hacer una nueva leyque mejore el tema de reparación en términos de equidad y de queno sea aleatoria la reparación.La ley 975 no tiene un procedimiento de restitución de bienes, uno delos puntos medulares de la acumulación de poder político en lastierras donde los paramilitares dominan, “no solamente dicen porquién votar, sino van a las fincas y dicen véndame la finca usted, ymejor así no negociamos con su viuda. Y así se han apropiado demillones de hectáreas”. Si hay restitución, se puede plantear que segenere un fondo importante de reparación colectiva para las víctimas,a la comunidad internacional y a los contribuyentes colombianos.Las leyes para desmontar organizaciones criminales tienen que tener:una dosis suficiente de castigo, una dosis suficiente de incentivos yuna recompensa social por lo que va a ocurrir.La ley de verdad, justicia y reparación tiene una dosis inmensa deincentivo, o sea un perdón judicial descomunal a cambio de muy pococastigo -sí hay cárcel pero no hay elementos que introduzcanproporcionalidad frente a las penas- y casi cero de recompensa social,porque no va haber paz completa, no podrá darse un desmonte plenode las organizaciones armadas y no habrá una ampliación de lademocracia y las libertades.15

Panel 4Discusión y conclusionesLa posición del gobierno: José Obdulio GaviriaEn representación del gobierno, el doctor José Obdulio Gaviria,asesor de la presidencia, acompaña el cierre del foro y responde alos cuestionamientos de los asistentes. Este panel contó con lamoderación de la periodista Judith Sarmiento, de Caracol radio.Queda la preocupación de si realmente la ley de justicia y pazserá el fin del paramilitarismo. La mayoría de los panelistasconsideraron que no, que al contrario lo que estaba propiciandoera una paramilitarización mucho más profunda de la sociedad ypolítica colombiana. Incluso Amerigo Incalcaterra entregó undocumento en el cual se consignan las preocupaciones de lasNaciones Unidas frente a esta ley porque no estimula el logro deacuerdos colectivos, le da el mismo peso a la desmovilizaciónindividual que a la colectiva, convierte el paramilitarismo en undelito político, no se refiere a funcionarios públicos implicadoscomo autores o cómplices dentro de acciones paramilitares y noasegura una verdad real.José Obdulio Gaviria. Acerca de si la ley pondrá fin alparamilitarismo, es una mala pregunta. La ley simplemente es uninstrumento, acompañado de unos procesos. Colombia estáviviendo un proceso enmarcado en la seguridad democrática quetiene por objeto que todos los colombianos podamos vivir dentro1

de una estructura social que tenga una gran incidencia estatal, esdecir que el ejercicio firme de la autoridad esté monopolizado porlas instituciones, por la fuerza policiva.Cuando se habla de desmovilización de organizaciones ilegales sehace referencia al secuestro, homicidios, extorsiones, destrucciónde infraestructura y pérdidas de la comunidad en donde esasorganizaciones están presentes. El hecho de que exista unsufrimiento grande y extenso de las comunidades lleva a unapolítica de corazón grande en el sentido de que es bueno que sedesmovilicen, que se les dé una oportunidad a más de 50.000compatriotas alzados en armas, que actúan en organizacionesilegales. Ese el propósito de la ley dentro de los llamadosestándares internacionales.En el desarrollo de la sociedad y del derecho penal también seestablece la figura del perdón y la atenuación del espíritu devenganza o el cobro de los delitos de sangre hasta llegar enciertos momentos a un equilibrio en donde la pena tenga un ciertoequilibrio. Esa es la tendencia universal o lo que llamanestándares internacionales y dentro de éstos una pena alternativapara quienes estuvieron secuestrando, matando, extorsionando ytorturando, puede ser una buena salida al problema social queeso implica. Esa es la ley de alternatividad penal.Esta ley, de ninguna manera, pone fin al paramilitarismo, al ELNni a las Farc. Sin embargo, constituye un buen instrumento paraque esas organizaciones se rediman dentro de unas penas2

alternativas. Se están hablando de más de 19.000 compatriotasacogidos por ella. La ley es universal puesto que obra paracualquier organización que esté alzada en armas ilegal y puedenacogerse a ella y de hecho lo están haciendo, en forma individualo colectiva como ha está sucediendo con las autodefensas.La ley tiene una característica de equilibrio gracias al propósito dela paz y la no impunidad. El hecho de que los paramilitares sedesarmen, entreguen sus fusiles, se quiten sus ridículas gorras yvestidos militares, y dejen de extorsionar, ¿cómo va a verse comouna profundización del paramilitarismo? Otra cosa es que susestructuras económicas enraizadas y unidas al narcotráfico ysecuestro persistan. Ese no es ya un asunto particular de lafuerza pública y un gasto de la sociedad en su conjunto, sino untema que corre por cuenta de la Fiscalía General de la Nación.¿Hasta dónde la ley sirve de legitimadora de un proceso políticoque empezó hace tiempo? Claudia López presentó cifras devotación de personas abiertamente vinculadas al paramilitarismo,que obtuvieron más de 70% en los municipios donde antes nohabían hecho política, y que por esa vía empezó a incrustarse enla sociedad el fenómeno con un componente de cultura mafiosaque está reemplazando a la dirigencia política tradicional.JOG. La política de seguridad democrática supone acabar deforma absoluta con el paramilitarismo, guerrilla y narcotráfico. Elfenómeno de las organizaciones armadas que generaban un poderparalelo al de los políticos corruptos elegidos por unanimidad y3

con candidatos únicos, desaparecerá en las próximas elecciones.Esta es una tarea no solamente del gobierno sino del conjunto dela sociedad porque la seguridad democrática compete también acooperantes, fuerza pública, rama judicial y políticos.No hay ayuda internacional porque se ha pedido que no la haya.Cuando se hable de los procesos de reinserción y reconciliación sedebe pensar en los miembros de la comisión creada por el artículo51 de la ley. A partir de su conformación y luego de que seestablezca el mecanismo de selección de los dos miembros de lasvíctimas, el papel del ejecutivo será secundario.Ellos comenzarán a fijar las políticas básicas de los grandestemas: verdad, justicia y reparación. Eduardo Pizarro, presidentede la comisión, ha dicho que no es propiamente una comisión deverdad en el sentido estricto de la palabra, pero si es lo que másse parece a una en Colombia, incluso su papel puede ser superioral que hicieron el padre Camilo Torres, Monseñor Guzmán yOrlando Fals Borda con respecto al tema de la violencia enColombia en la década de los 50, y a la comisión creada por elPresidente Alberto Lleras en 1962.Se recoge por parte del auditorio un sentimiento pesimista,inquietudes sobre el proceso, se dijo por ejemplo que la guerracontra el paramilitarismo se ha perdido y más la Constitución de1991. ¿Hasta dónde se está consolidando un acuerdo de paz quereconoce la realidad de una guerra perdida y que por consiguientetiene una fuerte influencia de los conceptos de los ganadores?4

JOG. En primer lugar, el Estado o por lo menos el que dirige elPresidente Uribe no hace la guerra y no piensa en términos deguerra, simplemente ejerce sus funciones, en particular la delartículo 2º de la Constitución.El paramilitarismo dejó una guerra perdida en el sentido de queperdieron miles de vidas, bienes, recursos y oportunidades eimplantó un régimen de terror en ciertas regiones como Urabá,Medellín en la época de Fidel Castaño, así como la supresión demiles de dirigentes de la UP, entre otros. En ese sentido claro quees una sociedad que perdió muchísimo.Hay un planteamiento en cuanto a que la desmovilización de losaparatos militares del paramilitarismo no va a ser total porque semetieron en este proceso con la convicción de que el gobierno deÁlvaro Uribe le ganaría la guerra a las Farc y como no ha sido así,han decidido no crear un partido o movimiento político. Nomantendrán las actuales estructuras de pode, sino que lascontinuarán con sus alianzas. Es decir, no se desmovilizan deltodo porque no se acabó la razón de su existencia: las Farc.JOG. Seamos realistas. Es errado pensar que el paramilitarismoes un partido político. Son ejemplos aislados. No van a dar unbrinco frente a ninguno de los movimientos políticos existentes enel país. En segundo término, es cierto que el objetivo de laformación de las autodefensas fue enfrentar a las Farc, al ELN yal EPL en su momento.5

Este gobierno está decidido a enfrentar el tema. En octubre hay16.000 nuevos soldados, se están preparando 10.000 policíasmás, se hace un esfuerzo fiscal enorme para tener seguridad, seva a comprar y alquilar una gran flota de helicópteros y aviones.Se trata de un tema de atención inmediata.Es necesario entender que esa “ayudita” de las AUC era una malaayuda. Por ejemplo, ¿por qué las AUC que invirtieron tanto tiempoy dinero a la zona norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, laconvirtieron en un infierno? Igual por ejemplo en la zona delCatatumbo. De manera que el que se desmovilice en las AUC,libera fuerzas estatales para seguir persiguiendo con más interés,intención, espíritu y pasión a las otras organizaciones ilegales.Más allá del debate sobre lo que está pasando en cada una de lasregiones colombianas, el mensaje que envió el fenómenoparamilitar en muchas regiones del país fue el de manera dehacer las cosas por la fuerza. Hay muchas zonas donde losjóvenes reciben el mensaje de que si se organizan en un grupitopara matar, asesinar y quitarle a las personas su propiedad, van atener éxito. Ese es el modus operandi del paramilitarismo. ¿Cómocontribuye la ley de justicia y paz a que una generación jovenreciba el mensaje de que en Colombia es posible confiar en que eldía de mañana no va a llegar una persona armada y lo va a sacara uno de su tierra si uno no tiene un ejército propio?6

JOG. La ley de justicia y paz es un instrumento de la política deseguridad democrática, que es la que da la garantía de ello. Tuvoque resolver temas como el siguiente: se ha recuperado lasituación de 317 municipios cuyos alcaldes huyeron amenazadosde muerte, y la de otros 300 sin un sólo miembro de la PolicíaNacional ni soldados en los cascos urbanos de las ciudadescapitales. Hoy la totalidad de los alcaldes están haciendo eltrámite de sus asuntos administrativos desde la cabeceramunicipal, todos los municipios tienen un comando de policía confuncionarios. El gran mensaje que tiene que dar la sociedad esque recupera y es capaz de tener la presencia y el monopolio dela fuerza por parte del Estado, que el delito no paga, que lasuerte tarde o temprano de las organizaciones criminales es lacárcel o ser dados de baja.La ley de justicia y paz al fin y al cabo ya es ley. Está claro queexiste buena voluntad para la desmovilización, pero hay unapregunta que inquieta mucho a todos los colombianos: ¿Quévamos a hacer con los desmovilizados hacia el futuro? Porque elpaternalismo de Estado parece que tampoco va a funcionar comose observó en el barrio Teusaquillo de Bogotá, donde ladesocupación de los reinsertados se convirtió en una bomba detiempo. Antes que desmovilizarlos, se debe pensar hacia dóndevan a ser conducidos porque si empuñaron las armas en contradel Estado es porque un día se vieron abandonados por éste.JO. El redimensionamiento y la redireccionalización del procesoqueda en manos de la Comisión y de su director Eduardo Pizarro.7

Es interesante el caso de Medellín, allá se cometieron errores muygraves al principio y luego de un gran proceso de estudio con másde veinte sicólogos y sicólogas, abogados y expertos en materiasque incumben al tema, se acentuó la educación. Hoyprácticamente 80% de los reinsertados del bloque han entrado aprocesos educativos, unos universitarios en el Sena e inclusoalgunos en formación escolar porque eran muy jóvenes y notenían ni siquiera el bachillerato.Carlos Alonso Lucio, asesor político de las autodefensas diceque hoy hay miles de desmovilizados con los cuales no hay uncontacto más allá del pago de su cheque mensual, los cualespodrían estar en la delincuencia y bandolerismo seducidos porotros actores armados. En ese sentido, ¿sería necesaria laexistencia de una oficina central de reinserción que dé un manejomás estatal y ofrezca una política más coherente que permita queuna vez desmovilizada la gente y entregadas sus armas noqueden a su suerte esperando unos proyectos productivos lentos?JOG. Que la comisión trace las políticas y que haya un AltoComisionado o una oficina casi que de rango ministerial porque seestá hablando hoy de 20.000 personas y si se logra un procesocon el ELN podrían ser 23.000 o 24.000.Pero eso ¿se ha considerado la posibilidad de crear esta oficin?JOG. La llegada de Eduardo Pizarro León Gómez, Jaime JaramilloPaneso, Ana Teresa Bernal, Patricia Buriticá y el padre Nel Beltrán8

ha cambiado por completo el nivel de debate interno sobre eltema, puesto que ellos tienen no solamente una gran sabiduríasino que su elevado nivel, prestancia y su función de seguimientoy verificación hace que el futuro inmediato de ese proceso setenga que transformar.Hizo énfasis en que el gobierno tiene la política de seguridadnacional, dentro de este esquema ha habido detenciones masivasde casi 7.000 de las cuales 5.500 personas quedaron libresporque no se les pudo vincular de ser auxiliares de la subversión.La ley de justicia y paz deja a un lado efectivamente que hayaverdad, justicia y reparación y se dice que para construir la pazes necesario sacrificar el principio de la verdad, “que haya justiciaprocesal” y reparación, que el pueblo colombiano tenga quemeterse la mano al bolsillo para que haya reparación porque losparamilitares muy poco van aportar a ella. En todo este proceso,se ha desconocido el papel de las víctimas porque la comisión norepresenta su voz. Ellas han dicho con claridad que a nadie leceden la palabra y que no se sienten representados por nadie nisiquiera por la Comisión, ¿cómo se puede construir un proceso depaz “cuando los paramilitares siguen cometiendo atrocidades”,cuando en Ciudad Bolívar hace quince días hubo una marcha yhoy denunciaron 16 asesinatos?JOG. El tema de las víctimas lo traslado a Eduardo Pizarro, JaimeJaramillo Paneso, al padre Nel Beltrán, Ana Teresa Bernal yPatricia Buriticá con el objeto de que no solamente tengan en9

cuenta su aseveración sobre que las víctimas no quieranrepresentarse en esa Comisión, sino también que no van a seroídas. La primera afirmación de Eduardo ha sido que ese es elobjetivo principal: oír y buscar los mecanismos viables dentro dela estructura real de la sociedad colombiana para su reparación.Reparación que incluye no solamente una satisfacción económica,sino también moral.Se va a oír a las víctimas, pero Colombia va a oír la verdad de loque hicieron los paramilitares en este país. El Fiscal habló de quemuy posiblemente se apuntaría a una verdad procesal, pero si laFiscalía no tiene nada que acusar, como muchas veces ha pasado,no habrá posibilidad de que esta gente le diga al país la verdad, asabiendas de que apenas van a pagar a lo sumo ocho años decárcel al menos que cuenten todo lo que hicieron.JOG. El objetivo venganza, propósito de la ley penal, queda enmanos de los jueces para que no sea un círculo vicioso de accióny reacción. No creo en la bondad, valor y altura moral de ningunode los alzados en armas hoy en Colombia, han abandonadoincluso los propósitos iniciales de la lucha política y desde 1991tienen cada vez más la característica de bandas organizadas porel crimen. En consecuencia, lo ideal sería que la propia autoridadinvestigativa tuviera un gran expediente sobre cada uno de estosseñores, parece que no ocurre así, eso es una realidad, no sepuede esperar de ellos confesiones por espíritu práctico puestoque si después los pillan, les pasa lo que a los Rodríguez queterminaron sometidos a nuevos procesos en el exterior.10

Cuando se dice que la Comisión no es de la verdad, se aclara quetrabaja todavía en medio de unas difíciles situaciones deseguridad puesto que hay dos organizaciones armadas quecontinúan actuando. El que se lograra develar los crímenescometidos por las llamadas “elites” es un asunto del conjunto dela sociedad: de Asonal Judicial, la policía, las organizaciones deinteligencia, el ejército y los cooperantes.Por ejemplo, no entiendo por qué cuando una persona cometecrímenes, no es acusada con la autoridad judicial a través de unsistema de protección de testigos. Esto lleva a la impunidad, noes un solo problema del Estado sino del conjunto de la sociedad.¿Cuál es la radiografía del gobierno nacional sobre lo que estásucediendo en la región del Catatumbo y cuál sería la solución operspectiva que se tiene para salir de esa situación?JOG. No me siento capaz de contestar esa pregunta. Se trata deuna situación muy delicada y grave en la que confluyen lasacciones de las tres organizaciones armadas ilegales o criminales,el desplazamiento ha sido terrible y está totalmente copado porcoca. El Estado está tratando de hacer todo lo humanamenteposible por remediar esa situación que es de máximoexacerbamiento criminal.Preocupa que no aparece para nada la responsabilidad del Estadoen la ley de justicia y paz. Hay muchos casos de víctimas de11

crímenes de Estado que han tenido que salir del país porque losparamilitares que actuaron en convivencia con la fuerza públicafueron exonerados por la justicia. Son muchos los casos depersonas amenazadas por pedir la justicia legítimamente,inclusive miembros de la rama judicial que en el cumplimiento desus funciones han sido amenazados. Entonces, el problema deuna ley como ésta es que no aparece para nada el Estadoinvolucrado en la convivencia, complicidad y órdenes dadas comoautores intelectuales de muchas masacres, desplazamientos,torturas y desapariciones forzadas.A las víctimas siempre se les ha mostrado ante la opinión públicacomo un sector de personas vengativas haciendo alusión a la ideade que se pide justicia como venganza. Tienen todo el legítimoderecho de pedir la verdad, la justicia y la reparación sin sermostrados como enemigos de la paz o gente rencorosa, llena deodio que busca la polarización. Una ganancia sería que lasociedad escuchara a las víctimas, oyera denuncias como lo deMutatá de boca de los propios campesinos desplazados.JOG. Crímenes de Estado, ese es un tema grueso. Endeterminados momentos en Colombia hubo crímenes de Estado.En el caso concreto de la política de seguridad democrática, elejercicio de la transparencia y control no solamente social sinopolítico y judicial es absoluto. Ojalá no se cuele ni un sólo crimendirigido, orientado o presenciado por funcionarios del Estado.Pero el hecho mismo de que usted hable como habla, de que elConsejo de Estado con todas las deficiencias y limitaciones y12

particularmente con lentitud considere uno por uno esos crímenescomo fallas en el servicio demuestra que no son crímenes deEstado sino crímenes cometidos por miembros del Estado, fallasdel servicio por ejemplo en los crímenes cometidos por algunasorganizaciones de policías en retenes, actos de patrulla delejército, entre otros. En esos casos, quienes deben responder sonlas personas que investidas de poder estatal actúan no comofuncionarios del Estado sino como criminales.Eso es un debate que queda a fin de saber si hayresponsabilidades estatales, y éstas implican también el pago deunas indemnizaciones que se tasaran de común acuerdo según seestá avanzando por la vía de la conciliación.Iván Cepeda, interviene: “Más que una pregunta es aterrizar enla realidad de las cosas y bajar de esa retórica, a la cual nos tieneacostumbrados el gobierno. Estuve en Mutatá y me encontré conla siguiente situación. En el pueblo está Hermógenes Maza que esel segundo al mando del frente Hermes Cárdenas y está protegidopor el jefe de la policía quien le sirve de escolta personal. Elambiente del municipio es muy difícil porque existen unas reglasimpuestas por este señor de que cualquier persona que no estédentro de un perímetro, la desaparecen. Sale uno de Mutatá y acinco minutos hay un retén paramilitar en el cual me sorprendióver a varios de estos hombres con civiles, uno de ellos tenía unapañoleta de una unidad contra guerrilla del ejército y hubo quepagarle un retén, ellos son los que controlan ahí y uno les pagapor el beneficio y por el bien de la región. Los cultivos de palma13

son del mismo señor. ¿Y usted me dice que allí el ejército tienepresencia y controla la situación? Le pediría el favor de quehablemos sobre hechos reales, sobre la evidencia de lo queestamos viendo. Ahí no hay ningún control, hay una convivenciafranca entre un grupo de paramilitares, la policía, el ejército y lasempresas palmicultoras que han desterrado mediante la‘operación génesis’ a los campesinos que vivían en esas tierras ya una comunidad afrodescendiente que gracias a la ley 70 de1993 tiene derecho sobre ese territorio comunitario. Luego vienenlas Farc, hacen un operativo ahí y el gobierno reacciona frente aeso. Eso es lo que está pasando con la ley de justicia y paz, no esque no vaya acabar con el paramilitarismo es que no le va arestar el poder que tiene el fenómeno”.JOG. Tomo nota. Me parece que es una acción criminal de eseseñor y del jefe de la policía. No estoy diciendo que acepto suacusación. Debe hacerla de manera directa al Fiscal. Me parecegravísimo que una región llamada a ser de paz y convivenciaesté siendo sometida al oprobio de tener ese poder que ustedmanifiesta, que un señor que rememora ese nombre terrible delpeor criminal de la época de la independencia también entroniceun poder igual de borrachín matón en una zona tan importante.14