ANÁLISIS JURÍDICO DE LA DESPENALIZACIÓN.pdf

23Después de la defensa de los más altos y supremos intereses del Estado, como elfortalecimiento de la unidad nacional, éste como superestructura en la que se desarrollala sociedad, tiene el deber y la obligación en segundo término de proteger la vida desus asociados 24 , brindado todas las facilidades y los medios de protección debidos.La Constitución Política del Ecuador en su artículo 3 numeral segundo señala que sondeberes primordiales del Estado: “Asegurar la vigencia de los derechos humanos, laslibertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social.” 25 Como esobvio el respeto a la vida es el primer derecho humano consagrado en la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos y en la Convención Interamericana de DerechosHumanos, ambos instrumento internacionales aplicables en el Ecuador, ya que somospaís ratificador y depositante.Pero es el artículo 23 de la Ley Suprema del Estado, el que de forma más precisadefiende a la vida. No se debe olvidar que el artículo en mención se encuentra dentrodel Título III que otorga las garantías y derechos a los ciudadanos, así como establecedeberes a cumplir. “Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución yen los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a laspersonas los siguientes:1.- La inviolabilidad de la vida. No Hay pena de muerte...” 26En los Estados de derecho, el respeto a la vida es una de las más primarias y básicaspreocupaciones. La vida en sí es relevante para el Estado, es el motor en el que seapoya para su desarrollo. Sin respeto este bien jurídico, esta superestructura seríaacéfala.No solo la Constitución garantiza la vida de quienes formamos parte del Estadoecuatoriano, ésta más bien forma un sistema de legalidad, que en conjunto con otrasleyes apuntalan la defensa de la integridad humana en todas sus formas.24 Entiéndase por asociados a, todos aquellos que forman parte de un Estado constituido y aceptado asípor la Comunidad Internacional25 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. 1, 11 Agosto 1998.26 Ídem.