Territorio - Maristella Svampa

SUB.COOPrecusan la minería a cielo abierto, aplicar la figura penal de deterrorismo para los activistas. Resulta un poco extraño asociaresta práctica con un gobierno progresista. Desde 2008 en adelantehay 170 personas que están penalizadas bajo la figura deterrorismo, lo cual crea malestar en las poblaciones. Si vamosal caso de Bolivia, que es el más rico desde el punto social ypolítico, Evo ha tenido conflictos con organizaciones indígenasrurales que se han opuesto al desarrollo de proyectosextractivos que se vienen realizando sin respetar el convenio169 de la OIT. El año pasado se discutió la Ley de laPachamama y el Pacto de Unidad, que es la propuesta políticaque nuclea a una serie de organizaciones campesinas de carácterindígena rural y que tuvo un rol muy importante en laAsamblea Constituyente, presentaron una propuesta que incluíael derecho de consulta con carácter vinculante. Finalmenteel Parlamento boliviano aprobó una ley que no la incluye. Lasorganizaciones le exigieron al gobierno de Evo Morales querespetara a las organizaciones tradicionalmente representativasy que no buscara pasar sobre ellas o crear organizaciones paralelaspara poder aprobar los proyectos extractivistas. Es unaproblemática general que tiene que ver con el derecho de lospueblos a decidir sobre este tipo de proyectos. La autonomíatiene una doble dimensión, como dicen tantos especialistas enMéxico o en Colombia, que son los países donde quizá se discutamás esta temática. Sobre todo en México, a raíz de laexperiencia zapatista. Las organizaciones indígenas piden nosolamente el reconocimiento de los derechos culturales, sinotambién el de la autodeterminación política de los pueblos, locual implica una ingeniería institucional nueva, repensar larelación entre el estado central y las naciones que lo constituyen.Una perspectiva muy compleja sin duda.–De todas maneras hay diferencias entre un gobiernocomo el de Evo Morales o el de Alan García.–Yo sé que molesta un poco, pero ese necesario reconocerque el neodesarrollismo de corte extractivista atraviesa atodos más allá de las coloración política. Ahora bien, losescenarios políticos son diferentes. No es lo mismo Bolivia,donde se discute el control de los excedentes, donde el estadobusca apropiarse de esos excedentes que genera la rentagasífera o minera, que el caso de Colombia o Argentina,donde el modelo es netamente transnacional. Ese es un puntode inflexión. Pero desde el punto de vista ambiental, los efectosson tan perversos estemos frente a una empresa estatal otransnacional. Después hay que ver las dinámicas políticas alinterior de cada país, como el avance en términos de derechos.El modelo extractivista está avanzando pero tambiénavanzan las resistencias y sus reclamos, que son netamentedefensivos. Se trata de detener estos proyectos. No siemprese lo logra, pero a veces sí, como por ejemplo en el caso de“En América Latina hayorganizaciones que hangenerado un saberexperto independiente”la hidroeléctrica La Parota en México. Fue muy importante,y se hizo con recursos jurídicos sobre todo y con muchamovilización popular. En Argentina vemos que se ha logradodetener el emplazamiento de ciertos proyectos mineros graciasa la movilización popular unida a la utilización de herramientasnetamente jurídicas. No por casualidad siete provinciasargentinas tienen una ley que prohíbe este tipo de actividad.Y la Ley Nacional de Protección de los Glaciares tienealgo de eso. De todas maneras hay que entender que estamosen un marco de avance del capital y necesariamente hay quedesarrollar una estrategia defensiva y la mayor parte de lasfuerzas ser agotan en ese gran esfuerzo, en una lucha muydesigual, contra las corporaciones que están asociadas a losestados provinciales o nacionales. Yo estuve en el equipo deapoyo para la Ley de Glaciares en el Congreso, con una seriede organizaciones, con asesores de Filmus o Bonasso, hicimostodo un trabajo conjunto, éramos como la “ArmadaBrancaleone”, éramos muy poquitos. Porque éste no fue undebate en sociedad como la Ley de Matrimonio Igualitario,en esto éramos cuatro gatos locos tratando de que pasara laley en el Senado, que sabíamos que era muy difícil. Hicimosmuchísimos informes, y hasta último momento el lobby eratremendo. La campaña que hicieron fue millonaria y salió entodos los diarios nacionales. Y se aprobó sin el apoyo de lamayoría del bloque oficialista. Y aun así sabíamos que unavez aprobada la ley debíamos afrontar la judicialización de lanorma en San Juan. Ahora ellos hicieron un aprendizaje y lapróxima batalla a la que estemos enfrentados nos va traernuevos desafíos, porque estos son siempre escenarios muydinámicos y las estrategias de las empresas y los gobiernoscambian. Como cambió en Esquel. No hubo más consultaspúblicas. O ahora con la ley de reordenamiento territorial,que impulsa Das Neves y que permite en la Patagonia discriminarentre las áreas más protegidas como la cordillerana yun área de sacrificio como la meseta, donde si se pueda llevara cabo los proyectos extractivistas. Ante esto hay queponer en práctica estrategias defensivas que acuden en unmomento de expansión de los derechos, utilizando este tipode herramientas para poder detener los proyectos. Esto hahecho que efectivamente existan hoy en día en AL una seriede redes y organizaciones que han generado un saber expertoindependiente en relación con estas temáticas que hacediez años no existían. Un saber experto independiente queademás es muy respetuoso de los saberes locales, ya seanrepresentados por las organizaciones campesinoindígenas opor la historia de ciertas economías regionales. Ahora bien,lo que hay en términos de proyectos alternativos es otra cosa.Y no creo que las organizaciones sociales deban de ser lasencargadas de hacerlo.–¿Y quién debería hacerlo?–Estos son debates de sociedad. Las organizaciones colocanen agenda los grandes temas de sociedad que deben serdiscutidos sobre todo por el conjunto de la sociedad. >>#1 UNDERGROUND 5 OTOÑO 2011