La Democracia en América Latina: Contribuciones para el Debate

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Por ello, no puede dejar de sorprender que por un lado se sostengala defensa del sistema democrático y por otro se estimule laadopción de “fuertes liderazgos”, que no es más que un eufemismopara sugerir la concentración del poder en manos de los ejecutivosnacionales, en detrimento de la división republicana de los poderesy de las facultades legislativas de los respectivos parlamentos, con laintención de lograr la adhesión e implementación de las políticas estimuladaspor los mismos organismos internacionales de crédito.La estabilidad de las decisiones judiciales y el respeto a los derechosadquiridos por ley sólo constituyen una exigencia de laseguridad jurídica cuando las sentencias y las leyes han sidodictadas en virtud de un procedimiento regular.Esta orientación encuentra, a su vez, una contraofensiva fundamentadaen una ideología de sentido contrario. Es necesario advertirque en distintos países de América Latina existe una tendencia aimpulsar cambios que irían más allá de los límites legales o haciéndoloa través de mecanismos que no serían los procedimientos institucionalespreestablecidos. La justificación para avanzar contra la“seguridad jurídica” estaría dada por la necesidad de modificar unarealidad injusta, para lo cual es necesario remover los impedimentoslegales o institucionales que “sólo” servirían para preservar situacionesde privilegio, y que, por otra parte, en su momento fueron instituidosen función de una concepción ideológica o impuestos por una relaciónde poder.Cabría entonces advertir, a unos y a otros, que el recurso frecuentea regímenes de excepción o la prolongación ilimitada de los estadosde emergencia que restringen garantías y derechos constitucionales,tanto cuando se lo hace en nombre del neoliberalismo o ennombre de una supuesta revolución, representa un grave atentadocontra la seguridad jurídica, y la ausencia de ésta acaba degradandolas bases del Estado de derecho y las libertades individuales.Estado para la democracia285
La justificación para avanzar contra la “seguridad jurídica” estaríadada por la necesidad de modificar una realidad injusta,para lo cual es necesario remover los impedimentos legales oinstitucionales que “sólo” servirían para preservar situacionesde privilegioLa seguridad jurídica va más allá de la ideología. No es un conceptoabstracto ni tampoco puede ser considerado al margen del sistemapolítico que organiza al Estado y a la sociedad.Sólo se podrá preservar la seguridad jurídica en la medida en queexista vigencia plena del Estado democrático de derecho, pues sóloéste es capaz de otorgar certeza de que los derechos y garantías detodos los habitantes, personas físicas o jurídicas, no serán afectadosni alterados en modo alguno.Sólo se podrá preservar la seguridad jurídica en la medida enque exista vigencia plena del Estado democrático de derecho.En un Estado democrático de derecho se extienden las garantíasjurídicas y la previsibilidad a todos los ciudadanos. Reconocer éstossólo a algunos, mientras les son desconocidos los mismos derechosuniversales a los demás, sería crear privilegios irritantes que contraríanla concepción republicana de la igualdad ante la ley.Pretender que se brinde seguridad jurídica sólo a algunos actoresmientras se propicia o se tolera que se les niegue a los demás esinsostenible en el tiempo, y mucho más en democracia.Las experiencias de haber intentado construir “islas de seguridadjurídica” para promover negocios especiales, mientras el resto de losmortales carecían de derechos y de garantías, han terminado malporque tarde o temprano estas “islas” se terminan inundando de lainseguridad colectiva que las rodea.286 Contribuciones para el debate
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