caso Ríos y otros vs. Venezuela - Universidad de Palermo

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSCASO RÍOS Y OTROS VS. VENEZUELASENTENCIA DE 28 DE ENERO DE 2009(EXCEPCIONES PRELIMINARES, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS)En el caso Ríos y otros vs. Venezuela,la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “laCorte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces 1 :Cecilia Medina Quiroga, Presidenta;Sergio García Ramírez, Juez;Manuel E. Ventura Robles, Juez;Leonardo A. Franco, Juez;Margarette May Macaulay, Jueza;Rhadys Abreu Blondet, Jueza, yPier Paolo Pasceri Scaramuzza, Juez ad hoc;presentes, además,Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, yEmilia Segares Rodríguez, Secretaria adjunta;de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre DerechosHumanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29,31, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presenteSentencia.1El Juez Diego García-Sayán se excusó de conocer el presente caso (infra párrs. 8 y 30 a 32).

-3-4. El 19 de julio de 2007 los representantes de 16 de las 20 presuntas víctimas,señores Carlos Ayala Corao, Pedro Nikken, Oswaldo Quintana Cardona y Moirah SánchezSanz (en adelante “los representantes”) 3 , presentaron su escrito de solicitudes, argumentosy pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo23 del Reglamento. En este escrito hicieron alusión a los hechos señalados en la demandade la Comisión, así como a una serie de “hechos supervinientes” a la presentación de lademanda, entre los que destacaron la decisión del Gobierno venezolano de “cerrar la señalabierta de la estación de RCTV, al no renovarle la concesión” el 27 de mayo de 2007 4 . Losrepresentantes pretenden que tales hechos sirvan a este Tribunal para conocer el contextohistórico en el que culminaron los hechos de la demanda, ya que estiman que el cierreconstituye la “concreción de las amenazas” que habrían tenido lugar desde finales del año2006. Así, solicitaron a la Corte que además de las violaciones alegadas por la Comisión,declare que el Estado es responsable por la violación del artículo 24 (Igualdad ante la ley)de la Convención, en relación con el artículo 13 de la misma, por el trato diferenciado encuanto a la expresión del pensamiento que recibieron personas vinculadas con “medios nopartidarios del gobierno”. En sus alegatos finales solicitaron a la Corte que declare al Estadoresponsable por la violación de los artículos 5, 13, 8 y 25 de la Convención Americana “enconexión con” los artículos 1, 2 y 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir ySancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Pará”), enperjuicio de las presuntas víctimas mujeres. Por último, solicitaron a la Corte que ordene alEstado que adopte determinadas medidas de reparación.5. El 21 de septiembre de 2007 el Estado presentó su escrito de interposición deexcepciones preliminares, contestación de la demanda y observaciones al escrito desolicitudes y argumentos. En este escrito el Estado interpuso dos excepciones preliminares,a saber: “parcialidad en las funciones que desempeñan algunos de los jueces integrantes dela Corte” y “necesidad de agotamiento de los recursos dispuestos en el ordenamientojurídico venezolano, como causal de admisibilidad de las demandas que se intentan ante elsistema interamericano de derechos humanos”. Asimismo, solicitó a la Corte que declareimprocedentes e inexistentes las violaciones a los derechos reconocidos en los artículos 5,8, 13, 24 y 25 de la Convención, imputadas por la Comisión y las presuntas víctimas.Solicitó que, como consecuencia de la improcedencia de las denuncias, se declare sin lugarla demanda y el escrito de solicitudes y argumentos, así como también las reclamaciones yreparaciones solicitadas. El Estado designó al señor Germán Saltrón Negretti como Agente yal señor Larry Devoe Márquez como Agente Alterno en el presente caso 5 .3Según los poderes aportados, estas personas han ejercido la representación de 16 de las 20 presuntasvíctimas. La Comisión indicó que la “defensa de los intereses” de las presuntas víctimas Luis Augusto Contreras,Samuel Sotomayor, Armando Amaya y Argenis Uribe, quiénes no habían designado representante para el trámitedel caso ante la Corte al momento de interposición de la demanda, sería “provisionalmente asumida” por laComisión. Posteriormente, el señor Armando Amaya otorgó un poder a los representantes. Sin embargo, si bienaparece como presunta víctima en la demanda, la Comisión no asumió explícitamente la defensa del señor WilmerMarcano y los representantes no lo mencionaron como su representado ni alegaron que el mismo fuera presuntavíctima en el presente caso. En consecuencia, la Corte ha entendido que la Comisión asumió la defensa del señorMarcano en este proceso, instruido hasta su finalización en dichos términos, “como garante del interés público bajola Convención Americana, de modo a evitar [su] indefensión” (artículo 33.3 del Reglamento). Cfr. copias de losPoderes de representación otorgados en favor de Carlos Ayala Corao, Pedro Nikken, Oswaldo Quintana Cardona yMoirah Sanchez Sanz (anexo 79 a la demanda). Además, ver anexos al escrito de la Comisión Interamericana de27 de junio de 2007 (poderes de Noé Pernía y Carlos Colmenares) y anexo al escrito de solicitudes argumentos ypruebas de 20 de julio de 2007 (poder de Armando Amaya).4No obstante, los representantes aclararon que no pretenden litigar en el presente caso la decisión delEstado de cerrar la señal abierta de RCTV y la ejecución de esa decisión el día 27 de mayo de 2007 pues lospeticionarios junto con otros periodistas, camarógrafos, asistentes de cámara y demás trabajadores y directivos deRCTV, presentaron ante la Comisión el 1 de marzo de 2007 una petición relativa al cierre mismo de RCTV.5Escrito del Estado de 12 de junio de 2007.

-4-IICOMPETENCIA6. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo62.3 de la Convención Americana, ya que Venezuela es Estado Parte en la ConvenciónAmericana desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corteel 24 de junio de 1981.IIIPROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE7. Previo examen preliminar realizado por el entonces Presidente de la Corte y deconformidad con los artículos 34 y 35.1 del Reglamento, el 22 y 23 de mayo de 2007 laSecretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) notificó la demanda vía facsimilar alEstado 6 y a los representantes 7 , respectivamente. El 22 de mayo de 2007 la demanda fuedespachada al Estado y a los representantes vía courier, junto con la totalidad de losanexos, los cuales fueron recibidos por los representantes el 31 de mayo de 2007. Porproblemas de la empresa de courier contratada, la demanda no fue recibida por el Estadoen el tiempo estimado, por lo que fue nuevamente enviada al Ministerio de RelacionesExteriores venezolano el 7 de junio de 2007, a través de la Embajada de Venezuela. El 9 dejulio de 2007 el Estado designó al señor Pier Paolo Pasceri Scaramuzza como Juez ad hoc.8. Una vez que el Estado presentó su escrito de contestación de la demanda (suprapárr. 5), el 12 de octubre de 2007 el entonces Presidente de la Corte dictó un Acuerdomediante el cual decidió no aceptar la solicitud del Estado, interpuesta en forma deexcepción preliminar, de que los jueces Cecilia Medina Quiroga y Diego García-Sayán fueranseparados del conocimiento del caso, y sometió el acuerdo al pleno de la Corte. El 18 deoctubre de 2007 el Tribunal dictó una resolución en que declaró improcedente la referidasolicitud del Estado y aceptó la excusa planteada por el Juez García-Sayán.9. El 16 de noviembre de 2007 la Comisión y los representantes presentaron susalegatos escritos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado.10. El 17 de diciembre de 2007 los representantes remitieron documentos como pruebay manifestaron que “por razones de impedimento grave” no pudieron ser aportados juntocon su escrito de solicitudes y argumentos. La Corte pidió al Estado y a la Comisión remitirlas observaciones que estimaran pertinentes. El 18 de enero de 2008, tras una prórrogaotorgada, la Comisión comunicó que no tenía observaciones que formular, mientras que elEstado no se pronunció al respecto.6Cuando se notificó la demanda al Estado, se le informó de su derecho a contestarla por escrito y, en sucaso, de presentar sus observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas que presentaren laspresuntas víctimas o sus representantes, dentro del plazo improrrogable de cuatro meses contado a partir de lanotificación de la misma, de acuerdo con el artículo 38 del Reglamento. Asimismo, en los términos de los artículos35.3 y 21.3 del Reglamento, se solicitó al Estado que designara, dentro del plazo de 30 días, un Agente pararepresentarlo ante la Corte y, si lo estimaba necesario, también un Agente alterno. Por último, se comunicó alEstado la posibilidad de designar un juez ad hoc, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la demanda,para que participara en la consideración del caso.7Asimismo, cuando se notificó la demanda a los representantes, se les informó de su derecho a presentarsu escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, dentro del plazo improrrogable de dos meses contado a partir dela notificación de dicha demanda, en los términos de los artículos 23 y 36.1 del Reglamento.

-5-11. El 11 de junio de 2008 la Presidenta de la Corte ordenó recibir, a través dedeclaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), doce testimonios y seis peritajesofrecidos por la Comisión, los representantes y el Estado 8 , respecto de los cuales las partestuvieron la oportunidad de presentar observaciones. Además, la Presidenta convocó a laComisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar ladeclaración de un testigo propuesto por cada parte, así como sus alegatos finales oralessobre una excepción preliminar y los eventuales fondo, reparaciones y costas. Finalmente,la Presidenta decidió incorporar al acervo probatorio del presente caso dos declaraciones 9 .12. El 17 de junio de 2008 los representantes manifestaron que habían tenidodificultades para autenticar algunas declaraciones y dictámenes ordenados en la resoluciónanterior y, además, comunicaron el fallecimiento del señor Javier García Flores, una de laspresuntas víctimas del presente caso.13. El 20 de junio de 2008 los representantes presentaron “recusación y objeciones” aun dictamen incorporado en este caso. En esa misma fecha la Comisión informó que notenía “observaciones que formular” al respecto y solicitó a la Corte que, conforme a lodispuesto en el artículo 45.1 de su Reglamento, incorporara al presente caso dosdictámenes rendidos en otro caso. El 26 de junio de 2008 el Estado presentó “formalrecusación” contra cuatro de los peritos convocados a rendir dictamen. Entre el 2 y el 7 dejulio de 2008 las partes y los peritos recusados presentaron sus respectivas observaciones.Además, el 10 de julio de 2008 los representantes solicitaron que fuera incorporado otroperitaje rendido en otro caso.14. El 22 de julio de 2008 la Presidenta dictó una resolución en la que desestimó lasrecusaciones planteadas por los representantes y por el Estado, así como la solicitud de laComisión de incorporar al presente caso dos dictámenes periciales rendidos en el casoPerozo y otros vs. Venezuela. Igualmente, la Presidenta dispuso incorporar al acervoprobatorio del presente caso, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 delReglamento, un dictamen pericial del señor Alberto Arteaga, rendido en el referido caso.15. El 7 de agosto de 2008 se realizó la audiencia pública, durante el LXXX Período deSesiones en su sede, la cual fue presidida por el Juez García Ramírez 10 .16. El 8 de septiembre de 2008 la Comisión, los representantes y el Estado presentaron,respectivamente, sus alegatos finales escritos en relación con las excepciones preliminares ylos eventuales fondo, reparaciones y costas en este caso.8Cfr. Resolución dictada por la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 11 de juniode 2008.9Se decidió incorporar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento de la Corte, lasdeclaraciones y peritaje de Ángel Palacios Lascorz, testigo ofrecido por el Estado, y María Alejandra Díaz Marín,perito propuesta por el Estado, rendidos en el Caso Perozo y otros vs. Venezuela.10El 7 de agosto de 2008 la Corte dictó una resolución en la que decidió comisionar a los Jueces GarcíaRamírez, Ventura Robles, Franco, Macaulay, Abreu Blondet y al juez ad hoc Pasceri Scaramuzza, para queasistieran a la audiencia convocada. A esta audiencia pública comparecieron: a) por la Comisión Interamericana:Paulo Sérgio Pinheiro, Comisionado, delegado; Santiago Canton, Secretario Ejecutivo, delegado, y Juan Pablo AlbánA., asesor; b) por los representantes: Pedro Nikken, Carlos Ayala Corao, Oswaldo Quintana y Moirah Sánchez; y c)por el Estado: Germán Saltrón Negretti, Agente del Estado para los Derechos Humanos del Ministerio del PoderPopular para las Relaciones Exteriores; Larry Devoe, Agente Alterno; Alejandro Castillo, Director de Protección deDerechos Fundamentales del Ministerio Público; Roselyn Daher, Consultora Jurídica de la Comisión Nacional deTelecomunicaciones; Carlos Arvelaiz, Consultor Jurídico del Ministerio del Poder Popular para lasTelecomunicaciones y la Informática; Pedro Maldonado, Director General de Derechos Humanos del Ministerio delPoder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia; y Julián Isaías Rodríguez, Asesor. Asimismo, se recibió eltestimonio de Carlos Colmenares (propuesto por la Comisión), Antonio José Monroy (propuesto por losrepresentantes), y Andrés Izarra (propuesto por el Estado).

-6-17. El 13 de octubre de 2008, siguiendo instrucciones de la Presidenta y en los términosdel artículo 45.1 del Reglamento, se requirió al Estado que presentara un informe completoy puntual, emitido por las autoridades competentes, acerca del estado actual y de loactuado en investigaciones y procesos judiciales abiertos o tramitados en relación condenuncias o recursos intentados por las presuntas víctimas del presente caso, en la medidaen que dicha información no constara ya en el expediente 11 . El 4 de noviembre del mismoaño, luego de una prórroga otorgada, el Estado presentó un informe de la Fiscalía Generalde la República y otros documentos. Se otorgó plazo a los representantes y a la Comisiónpara que remitieran las observaciones que consideraran pertinentes. El 18 de noviembre de2008 la Comisión Interamericana manifestó que “la información presentada por el Estado nocorresponde al informe solicitado y en consecuencia, no tiene observaciones que formular”.Los representantes no remitieron observaciones.18. El día 21 de octubre de 2008, siguiendo instrucciones de la Presidenta y en lostérminos del artículo 45.1 del Reglamento, se requirió al Estado que remitiera copiasíntegras y legibles, sin certificar, de lo actuado en investigaciones y procesos judicialesabiertos o tramitados en relación con denuncias o recursos intentados por las presuntasvíctimas. El 5 de diciembre de 2008 el Estado remitió determinada documentación enrespuesta a lo anterior. Se otorgó plazo a los representantes y a la Comisión para queremitieran las observaciones que consideraran pertinentes. El 5 de enero de 2009, luego deotorgada una prórroga, los representantes remitieron sus observaciones y, adicionalmente,hicieron observaciones que no se referían estrictamente a la documentación presentada porel Estado (infra párr. 89). La Comisión no presentó observaciones.19. Por otra parte, las siguientes organizaciones, entidades e instituciones presentaronescritos en calidad de amici curiae: el 15 de mayo de 2008 el Netherlands Institute forHuman Rights-SIM; el 27 de mayo de 2008 el Instituto de la Democracia y DerechosHumanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú- IDEHPUC; el 6 de junio de 2008 laClínica Jurídica de la Universidad Torcuato Di Tella y la Asociación por los Derechos Civiles-ADC; el 2 de julio de 2008, la Asociación Internacional de Radiodifusión –AIR-; el 11 de juliode 2008, la Sociedad Interamericana de Prensa; el 15 de julio de 2008 la AssociationMondiale des Journaux; el 29 de julio de 2008 la Cámara Venezolana de la Industria de laRadiodifusión; el 31 de julio de 2008 el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa(STNP); el 1 de agosto de 2008 la Association of the Bar of the City of New Cork; el 4 deagosto de 2008 el World Press Freedom Comittee; el 5 de agosto de 2008 la “Asociación deRadiodifusores de Chile – ARCHI”; el 2 de septiembre de 2008 el Sindicato Nacional deTrabajadores de la Industria Radiotelevisiva Coraven–RCTV (SINATRAINCORACTEL), y el 5de septiembre de 2008 el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia).IVMEDIDAS PROVISIONALES20. El 27 de noviembre de 2002 la Comisión presentó ante la Corte una solicitud deadopción de medidas provisionales. Ese mismo día el Tribunal dictó una resolución en queordenó al Estado la adopción de medidas provisionales para proteger la vida e integridadpersonal de Luisiana Ríos, Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura Castellanos yArgenis Uribe 12 . Dicha solicitud guardaba relación con un caso en trámite ante la Comisión.11En particular, respecto de los procedimientos de índole penal, se solicitó que en sus informes lasautoridades competentes se refirieran a cada uno de los hechos denunciados; la calificación legal bajo la cualencuadrarían esos hechos; las personas que han figurado como ofendidos, afectados o presuntas víctimas, asícomo el estado actual de las investigaciones. Por último, se solicitó al Estado que remitiera copia íntegra delCódigo Orgánico Procesal Penal, de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de la Ley Orgánica de la Defensoría delPueblo, vigentes en la época de los hechos del caso y en la actualidad.12Cfr. Resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2002.

-7-21. El 24 de enero y 6 de febrero de 2003 la Corte convocó a las partes a una audienciapública sobre las medidas provisionales en la sede de la Corte, que se celebró el día 17 delos mismos mes y año.22. El 20 de febrero de 2003 la Corte dictó una Resolución, en la cual resolvió “declararque el Estado no ha implementado efectivamente las medidas provisionales ordenadas porla Corte” y reiteró al Estado el requerimiento de adoptarlas 13 .23. El 29 de septiembre de 2003 la Comisión sometió a la Corte una solicitud deampliación de medidas provisionales a favor de los señores Carlos Colmenares, Noé Pernía yPedro Nikken. El 2 de octubre de 2003 el Presidente de la Corte dictó una Resoluciónampliando las medidas provisionales 14 , que fue ratificada por la Corte el 21 de noviembredel mismo año 15 .24. El 2 de diciembre de 2003 la Corte dictó una Resolución en la cual reiteró que elEstado no ha implementado efectivamente las diversas medidas provisionales ordenadaspor la Corte en ese asunto; declaró el incumplimiento del Estado del deber que le impone elartículo 68.1 de la Convención; declaró que el Estado incumplió el deber de informar alTribunal sobre la implementación de las medidas; decidió, de persistir tal situación, informara la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el incumplimiento delEstado de las decisiones de este Tribunal y reiteró al Estado el requerimiento de adoptar,sin dilación, las medidas ordenadas y dar participación a los peticionarios en la planificacióne implementación de las mismas 16 . El 4 de mayo de 2004 la Corte dictó una resolución ensimilares términos 17 .25. El 9 de julio de 2004 la Comisión presentó una solicitud de ampliación de lasmedidas. El día 27 de los mismos mes y año el Presidente dictó una Resoluciónampliándolas 18 , que fue ratificada por la Corte el 8 de septiembre de 2004 19 .26. El 12 de septiembre de 2005 la Corté reiteró al Estado lo ordenado 20 .27. El 24 de enero de 2007 el Tribunal declaró improcedente una solicitud de losbeneficiarios de las medidas provisionales y sus representantes, de 22 de enero de 2007, deampliación de las medidas provisionales ordenadas, “por no reunir quienes la presenta[ba]nlos requisitos de legitimación procesal para formularla” 21 .13Cfr. Resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de febrero de 2003.14Cfr. Resolución dictada por el entonces Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2de octubre de 2003.15Cfr. Resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de noviembre de 2003.16Cfr. Resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de diciembre de 2003.17En esa resolución la Corte declaró que el Estado, por haber reconocido su competencia, está obligado acumplir las decisiones del Tribunal, que tiene el poder, inherente a sus atribuciones, de supervisar el cumplimientode las mismas; declaró, igualmente, que el Estado tiene la obligación de implementar las medidas provisionalesordenadas por la Corte y de presentar, con la periodicidad que ésta indique, los informes requeridos y, además,que la facultad de la Corte incluye evaluar los informes presentados, y emitir instrucciones y resoluciones sobre elcumplimiento de sus decisiones; reiteró, en aplicación del artículo 65 de la Convención, que el Estado incumplió eldeber de informar a la Corte sobre la implementación de las medidas; y reiteró al Estado que debe darcumplimiento al contenido de la resolución de 2 de diciembre de 2003. Cfr. Resolución dictada por la CorteInteramericana de Derechos Humanos de 4 de mayo de 2004.18Cfr. Resolución dictada por el entonces Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de27 de julio de 2004.19Cfr. Resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de septiembre de 2004.20Cfr. Resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 de septiembre de 2005.21Cfr. Resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de enero de 2007.

-8-28. El 26 de mayo de 2007, con posterioridad a la presentación de la demanda, ochopersonas, siete de las cuales son presuntas víctimas identificadas en la demanda 22 ,presentaron una solicitud de ampliación de las medidas. El 4 de junio siguiente 14 personas,presuntas víctimas, se adhirieron a la referida solicitud para que se ordenaran medidas“ante el inminente peligro de que se produzcan daños graves e irreparables contra [sus]derechos humanos, en particular contra la libertad de expresión, causados por el cierre delas transmisiones [de RCTV]”. El 14 de junio de 2007 el entonces Presidente desestimó estasolicitud por considerar, inter alia, que la adopción de las medidas solicitadas podía implicarun juzgamiento anticipado por vía incidental con el consiguiente establecimiento de algunosde los hechos y sus respectivas consecuencias objeto del debate principal del caso sometidoal Tribunal 23 . Asimismo, requirió al Estado que mantuviera las medidas provisionalesordenadas. El 19 de junio de 2007 el señor Eduardo Sapene y otras 180 personas, asistidospor los representantes, se adhirieron a la solicitud de 26 de mayo de 2007. El 3 de julio de2007 la Corte ratificó en todos sus términos esta Resolución del Presidente, desestimó lassolicitudes de ampliación y ordenó al Estado que mantuviera las medidas provisionalesordenadas en las Resoluciones de 27 de noviembre de 2002, 21 de noviembre de 2003, 8de septiembre de 2004 y 12 de septiembre de 2005 24 .29. Al momento de dictar esta Sentencia, las medidas provisionales ordenadas seencuentran vigentes, de forma que a la fecha el Estado tiene las obligaciones de:[…A]doptar, sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e integridadpersonal de los señores Luisiana Ríos, Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura Castellanos,Argenis Uribe, Carlos Colmenares, Noé Pernía y Pedro Nikken, así como la libertad de expresión delos tres últimos.[…A]dopt[ar], sin dilación, las medidas que sean necesarias para resguardar y proteger la vida, laintegridad personal y la libertad de expresión de todos los periodistas, directivos y trabajadores delmedio de comunicación social Radio Caracas Televisión (RCTV), así como de las personas que seencuentren en las instalaciones de este medio de comunicación social o que estén vinculadas a laoperación periodística de dicho medio (RCTV).[…A]dopt[ar], sin dilación, las medidas que sean necesarias para brindar protección perimetral a lasede del medio de comunicación social Radio Caracas Televisión (RCTV).[…I]nvestiga[r] los hechos que motivaron la adopción de estas medidas provisionales y suampliación, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.[…D]ar participación a los beneficiarios de las medidas o sus representantes en la planificación eimplementación de las medidas de protección y […], en general, […] manten[erles] informadossobre el avance de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.VEXCEPCIONES PRELIMINARESA) PRIMERA EXCEPCIÓN PRELIMINAR“De la parcialidad en las funciones que desempeñan algunos de los juecesintegrantes de la Corte”22Las señoras Luisiana Ríos e Isabel Mavarez y los señores Isnardo Bravo, David Pérez Hansen, AntonioMonroy, Javier García Flores, José Pernalete y Eduardo Sapene. El señor José Pernalete no es presunta víctima enla demanda. En esta solicitud también manifestaron que es presentada por “los demás periodistas y demástrabajadores y directivos de [RCTV] […,] actuando en [su] nombre y procediendo además en nombre yrepresentación de las demás personas, periodistas, directivos y demás trabajadores que laboran en RCTV”.23Cfr. Resolución dictada por el entonces Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de14 de julio de 2007.24Cfr. Resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de julio de 2007.

-9-30. En la primera excepción preliminar el Estado solicitó que los Jueces Cecilia MedinaQuiroga y Diego García-Sayán fueran “separados del conocimiento” del presente caso. Parasustentar su planteamiento, el Estado se refirió, inter alia, a la relación existente entre estosJueces y una organización no gubernamental. El Estado manifestó que uno de los abogadosque representa judicialmente a las presuntas víctimas en este caso es presidente de esaorganización y miembro de su consejo directivo. En opinión del Estado, los Jueces Medina yGarcía-Sayán habrían emitido, de forma conjunta con el resto de integrantes que conformanesa organización, opiniones previas de carácter negativo y de descrédito contra el Estado, locual “compromete la imparcialidad de los mismos a la hora que se proceda a dictarveredicto en el presente caso”.31. Este planteamiento fue considerado en un Acuerdo del entonces Presidente de laCorte de 12 de octubre de 2007 (supra párr. 8), en el que decidió, inter alia, y “a la luz delos elementos de juicio de que dispon[ía] en es[e] momento, […] no aceptar […] laexclusión de los Jueces Cecilia Medina Quiroga y Diego García-Sayán para el conocimientodel Caso Ríos y otros vs. Venezuela, y ejercer la facultad de someter el punto a la Corte enPleno, en los términos del artículo 19.2 del Estatuto del Tribunal”.32. Lo anterior fue considerado por la Corte en Resolución de 18 de octubre de 2007(supra párr. 8), en la que decidió que el planteamiento del Estado no constituía propiamenteuna excepción preliminar. No obstante, estimó pertinente tomar una decisión al respectocomo cuestión previa para continuar el trámite del caso. En virtud de las consideracionesexpuestas en la propia Resolución, y a la luz de los elementos de juicio de que disponía, laCorte consideró improcedente la referida solicitud del Estado. Sin embargo, analizó unasolicitud de excusa del Juez García-Sayán, en relación con su interés de que “no se v[iera]afectada, de modo alguno, la percepción de absoluta independencia del Tribunal y para nodistraer la atención del Tribunal en asuntos que lo alejen del conocimiento del fondo de losasuntos que le han sido sometidos”. La Corte estimó razonable acceder al planteamiento delJuez García-Sayán y aceptar su excusa 25 . Por lo tanto, lo planteado por el Estado, que notiene naturaleza de excepción preliminar, ya fue resuelto por la Corte en la referidaResolución. Así, es improcedente la primera excepción preliminar interpuesta por el Estado.B) SEGUNDA EXCEPCIÓN PRELIMINAR“Falta de agotamiento de los recursos internos”33. El Estado alegó que si bien las presuntas víctimas han hecho uso de los recursosinternos dispuestos por el ordenamiento jurídico venezolano, al acudir al Ministerio Públicoa presentar las denuncias correspondientes por las supuestas violaciones a sus derechosconstitucionales, esas denuncias se encuentran sujetas a trámite en diversas fases, por loque, en todo caso, correspondería a los tribunales de justicia de Venezuela emitir en suoportunidad las decisiones respectivas. El Estado alegó que se habría ordenadoexpresamente, en todos y cada uno de los casos donde figuran como posibles víctimastrabajadores de la empresa privada RCTV, el inicio de las investigaciones correspondientessobre los hechos en los que se ha presumido la comisión de hechos punibles. El Estadoreconoció que es su deber indicar los recursos internos que es preciso agotar y al respectoseñaló que, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, laspresuntas víctimas de hechos constitutivos de ilícitos penales tienen a su disposición unconjunto de recursos procesales para hacer valer sus derechos, cuando consideren que laactuación desplegada por el Ministerio Público constituye una violación a sus intereses o un25Al aceptar la excusa presentada por el Juez Diego García-Sayán, la Corte también resolvió continuar en elconocimiento del presente caso, hasta su conclusión, con la composición del Tribunal que ahora dicta estaSentencia. Cfr. Resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 18 de octubre de 2007.

-10-incumplimiento de la labor constitucional y legal de aquél. En particular, el Estado se refirióa los recursos disponibles y presupuestos procesales para cuestionar decisiones dedesestimación, archivo fiscal y sobreseimiento de la causa, y alegó que ninguna de laspresuntas víctimas los había interpuesto, por lo que consideró que no han agotado losrecursos internos y solicitó que la demanda sea declarada inadmisible.34. Posteriormente, en sus alegatos finales escritos, el Estado alegó, además, que en loscasos de supuestas agresiones verbales (amenazas, difamación e injuria) y daños a lapropiedad, por tratarse de delitos de instancia privada las presuntas víctimas debieronrecurrir directamente ante el tribunal de juicio e interponer legalmente acusación privada,pues el Ministerio Público está impedido de investigar de oficio estos delitos. A su vez, elEstado mencionó, respecto de las alocuciones oficiales difundidas de conformidad con elartículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que las presuntas víctimas tenían elderecho de recurrir ante los órganos jurisdiccionales correspondientes a solicitar la nulidadde dicha ley, según lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Corte Supremade Justicia y en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, recursointerno idóneo que no habría sido agotado. Asimismo, en cuanto a los oficios remitidos porla Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) (en adelante “CONATEL”) a RCTV,el Estado señaló que las presuntas víctimas no interpusieron acción alguna en elordenamiento jurídico interno.35. Al respecto, los representantes sostuvieron que las alegadas violaciones contenidasen la demanda de la Comisión fueron oportunamente denunciadas y puestas enconocimiento del Ministerio Público venezolano. El hecho de que el Estado admitiera que lasdenuncias se encuentren en trámite, implica que aceptó que el caso es admisible, dado quehabrían transcurrido seis años desde que ocurrieron los primeros hechos denunciados.Asimismo, alegaron que en este caso operó la excepción a la regla del agotamiento de losrecursos internos de “retardo injustificado” en la decisión de los mencionados recursos,criterio que fue adoptado y aplicado en el Informe de admisibilidad No. 6/04 de la ComisiónInteramericana, en el cual también se desechó el alegato de que las presuntas víctimas nohabían interpuesto determinados recursos de revisión. Además, alegaron que eldesentendimiento del Estado se agravó, pues sus propios órganos cerraron averiguacionesen curso, no invocando más que su propia inefectividad para justificar el desamparo de laspresuntas víctimas en la jurisdicción interna. Señalaron que el Ministerio Público es el únicoórgano titular de la acción penal pública en Venezuela, por lo que le correspondía realizarlas diligencias necesarias de investigación y determinar a los autores de los hechosdelictivos.36. Por su parte, la Comisión sostuvo que en su Informe sobre admisibilidad No. 6/04fue debidamente dilucidada la cuestión del agotamiento de los recursos de la jurisdiccióninterna. Alegó que en este informe la Comisión ponderó la aplicabilidad de la excepciónprevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana, a la luz de los elementos queobraban en el expediente, por lo que es improcedente una nueva discusión sobre estamateria. La Comisión señaló que el Estado no alegó en su contestación a la demanda queesa decisión se basara en informaciones erróneas o que fuera producto de un proceso en elcual las partes vieran coartada su igualdad de armas o su derecho a la defensa. LaComisión consideró que el contenido de las decisiones de admisibilidad adoptadas conformea las reglas establecidas en la Convención y en el Reglamento de la Comisión no deberíaser materia de nuevo examen ante la Corte. Por último, alegó que lo dicho por el Estado,en cuanto a la eficacia de los recursos, resultaría impertinente bajo el concepto deexcepción preliminar, pues cualquier discusión sobre el retardo injustificado y lainconformidad de los procesos internos con las obligaciones convencionales a cargo delEstado es un asunto que debe ser ventilado como parte del fondo del caso.

-11-37. La Corte ha desarrollado pautas para analizar una excepción de incumplimiento de laregla del agotamiento de los recursos internos 26 . Al efecto, es preciso analizar suspresupuestos formales y materiales, previstos en los artículos 46 y 47 de la ConvenciónAmericana y en las disposiciones estatutarias y reglamentarias pertinentes de los órganosdel Sistema Interamericano, que es coadyuvante, subsidiario y complementario de laprotección que debe ofrecer el derecho interno de los Estados partes. En cuanto a losaspectos formales, en el entendido de que esta excepción es una defensa disponible para elEstado, deberán verificarse las cuestiones propiamente procesales, tales como: el momentoprocesal en que la excepción ha sido planteada (si fue alegada oportunamente); los hechosrespecto de los cuales se planteó y si la parte interesada ha señalado que la decisión deadmisibilidad se basó en informaciones erróneas o en alguna afectación de su derecho dedefensa. Respecto de los presupuestos materiales, se observará si se han interpuesto yagotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del DerechoInternacional generalmente reconocidos: en particular, si el Estado que presenta estaexcepción ha especificado los recursos internos que aún no se han agotado, y será precisodemostrar que estos recursos se encontraban disponibles y eran adecuados, idóneos yefectivos. Por tratarse de una cuestión de admisibilidad de una petición ante el SistemaInteramericano, deben verificarse los presupuestos de esa regla, según sea alegado, si bienel análisis de los presupuestos formales prevalece sobre los de carácter material y, endeterminadas ocasiones, estos últimos pueden tener relación con el fondo del asunto 27 .38. En el presente caso, según se desprende del expediente del trámite de la peticiónante la Comisión, el 26 de septiembre de 2002 la Comisión transmitió la petición No.4109/02 al Estado y le otorgó dos meses para contestar. El 8 de octubre de 2003,aproximadamente un año después de la transmisión de la petición original y durante la fasede admisibilidad del procedimiento, el Estado envió su contestación, en la cual alegó la faltade agotamiento de los recursos internos. El Estado señaló que el Ministerio Público seencontraba trabajando activamente en los 22 casos penales presentados por lospeticionarios ante los despachos fiscales; que los peticionarios tenían a su disposiciónacciones jurídicas extraordinarias, como el amparo constitucional, para hacer valer susderechos, y que el tiempo invertido en el esclarecimiento de las violaciones denunciadasresultaba razonable en vista de la complejidad de las causas y la dinámica probatoria.Posteriormente, el 15 de octubre de 2003, la Comisión solicitó al Estado que le informara enforma específica y detallada las actuaciones realizadas por el Ministerio Público en relacióncon las denuncias penales en trámite y le solicitó que aclarara puntualmente cuáles eran losrecursos internos que podían ejercer los peticionarios y su efectividad. No consta que el26Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987.Serie C No. 1, párr. 88; Caso Nogueira de Carvalho y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentenciade 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 51, y Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. ExcepcionesPreliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 64.27En particular, cuando se invocan ciertas excepciones a la regla de no agotamiento de los recursosinternos, como son la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso legal, no sólo se estáalegando que el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino que indirectamente se está imputandoal Estado involucrado una nueva violación a las obligaciones contraídas por la Convención. En tales circunstanciasla cuestión de los recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de fondo (Cfr. Caso VelásquezRodríguez Vs. Honduras., supra nota 26, párr. 91; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. ExcepcionesPreliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 90; y Caso Godínez Cruz Vs. Honduras.Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, párr. 93). Por ello, en varias ocasionesla Corte ha analizado los argumentos relativos a dicha excepción preliminar conjuntamente con las demáscuestiones de fondo (Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 26, párr. 96; Caso HeliodoroPortugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de2008. Serie C No. 186, párr. 19; y Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos. ExcepcionesPreliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 34)(Cfr.Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 26, párr. 96; Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. ExcepcionesPreliminares. Sentencia de 4 de septiembre de 1998. Serie C. No. 41, párr. 53; y Caso Salvador Chiriboga, .Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 45).

-12-Estado respondiera a este requerimiento. El 27 de febrero de 2004 fue emitido el Informede admisibilidad 28 .39. La Corte observa, por una parte, que el Estado presentó su primera contestación a lapetición fuera del plazo otorgado por la Comisión para tales efectos. Al declarar laadmisibilidad de la petición, la Comisión consideró que existía un retardo injustificado en lasinvestigaciones y que procedía la aplicación de la excepción prevista en el literal c delartículo 46.2 de la Convención Americana.40. Por otro lado, la Corte estima que un análisis preliminar sobre la efectividad de lasinvestigaciones de los hechos del presente caso implicaría una evaluación sobre lasactuaciones del Estado en relación con sus obligaciones de garantizar los derechosreconocidos en la Convención Americana cuya violación se alega, en particular a través deinvestigaciones serias y efectivas, cuestión que se debe analizar en el fondo de lacontroversia. En consecuencia, este Tribunal considera pertinente acumular al fondo laexcepción interpuesta por el Estado y examinar los argumentos de las partes al resolver siel Estado es responsable por la violación de los artículos de la Convención que se aleganviolados en este caso.A) Presuntas víctimasVICONSIDERACIONES PREVIAS41. Los representantes alegaron que los familiares de las presuntas víctimas “tambiéndeben ser considerados víctimas” y que se les ha generado “un daño inmaterialconsiderable”, por lo cual solicitaron que varios familiares sean considerados beneficiariosde reparaciones. Ni la Comisión ni el Estado se han pronunciado al respecto.42. En relación con la posibilidad de participación de las presuntas víctimas, susfamiliares o representantes en los procesos contenciosos ante este Tribunal, la Corte hadeterminado que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en lademanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar losque han sido mencionados en aquélla, o bien, responder a las pretensiones del demandante.Además, hechos que se califican como supervinientes podrán ser remitidos al Tribunal encualquier estado del proceso antes del dictado de la sentencia 29 . Asimismo, las presuntasvíctimas y sus representantes pueden invocar la violación de derechos distintos a los yacomprendidos en la demanda, mientras se atengan a los hechos contenidos en ésta 30 .43. En cuanto a las presuntas víctimas de un caso, la Corte ha establecido que deben sermencionados en la demanda y en el informe dictado por la Comisión en los términos delartículo 50 de la Convención. Además, de conformidad con el artículo 33.1 del Reglamento,corresponde a la Comisión y no a este Tribunal, identificar con precisión y en la debidaoportunidad procesal a las presuntas víctimas 31 . En consecuencia, la Corte considera como28Cfr. Informe de admisibilidad No. 6/04 (expediente de anexos a la demanda, apéndice 2, folios 83-103).29Cfr. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de2003. Serie C No. 98, párr. 154; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 174, y Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supranota 26., párr. 228.30Cfr. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú, surpa nota 29, párr. 155; Caso Valle Jaramillo y otros Vs.Colombia, supra nota 29., párr. 174, y Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 27, párr. 228.31Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 98; Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo

-13-presuntas víctimas del presente caso únicamente a las 20 personas identificadas por laComisión en esa condición.B) Hechos y alegatos44. Las partes han presentado alegatos referentes a los hechos del presente caso y alcontexto en que habrían ocurrido, así como otros argumentos de hecho y de derechodirigidos a desvirtuar los alegatos de las otras partes, que no constituyen objeto del procesoante este Tribunal.45. En consideración de lo anterior, la Corte estima pertinente señalar los hechos quetomará en cuenta en esta Sentencia.B.1 Hechos presentados por las partes46. En la demanda ante la Corte, la Comisión definió el marco fáctico del presente casobajo el título “Fundamentos de Hecho”. En esa sección, la Comisión incluyó una subsecciónen que describió, en ocho párrafos y en términos generales, una situación política y uncontexto de “amenazas a comunicadores sociales” en que habrían ocurrido los hechos decaso. Con base en sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuelade 2003, así como en su Informe Anual de 2004, la Comisión manifestó que en la época enla cual se iniciaron los hechos materia del presente caso, Venezuela “se encontraba en unperíodo de conflicto institucional y político que causó una extrema polarización de lasociedad”.47. Además, la Comisión señaló que el 9 de abril de 2002 se inició un paro convocadopor la Confederación de Trabajadores de Venezuela y Fedecámaras y el 11 de abril delmismo año se efectuó una marcha de la oposición, que exigía la renuncia del Presidente dela República. En este contexto, señaló la Comisión, se produjeron hechos de violencia queculminaron con un alto número de muertos y heridos, el asalto al gobierno constitucionalmediante un golpe de estado y la posterior reposición del orden constitucional. La situaciónimperante en Venezuela generó un clima de agresión y amenaza continuada contraperiodistas, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de los medios de comunicaciónsocial.48. En lo que se refiere a este caso, la Comisión presentó aproximadamente 40 hechosocurridos entre diciembre de 2001 y junio de 2004, consistentes en declaraciones defuncionarios públicos y en agresiones, amenazas y hostigamientos cometidos en perjuicio delas presuntas víctimas. Hizo referencia a quince investigaciones y procedimientos en lajurisdicción penal en relación con esos hechos. Lo anterior es la base de sus alegatos dederecho.** *49. Los representantes alegaron que los hechos que conforman el presente caso “seencuentran reseñados, alegados y probados” en la demanda, que fueron conocidos por laspartes en el marco de la petición, de las medidas cautelares y de las medidas provisionales,y señalaron una serie de hechos que califican de “supervinientes”. Estos se hallaríandirectamente vinculados con los hechos contenidos en la demanda, ocurridos antes ydespués de presentada la misma, que “deben ser valorados por la Corte […] ya sea comoContencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 229, y Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. ExcepcionesPreliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 224.

-14-parte del ‘contexto’ en el cual tuvieron lugar los hechos […] o como hechos que agravaronlas [alegadas] violaciones, [que] también son hechos imputables al Estado y que dan origena su responsabilidad internacional”. Esos hechos “han continuado y continúanproduciéndose, e incluso las agresiones y amenazas se ha[brían] intensificado[, por lo quese] trata de hechos continuados […] que califican dentro del concepto dado por la Corte alos hechos ‘supervinientes’”. Hicieron referencia a los siguientes “tres tipos de hechos”: losque constituyen “propiamente objeto de litigio” en virtud de haber sido presentados en lademanda; los que permitirían explicarlos, aclararlos o desestimarlos; y los supervinientes,ocurridos después de presentada la demanda. En sus alegatos finales escritos, mencionaronque es “evidente que las agresiones siguen ocurriendo […] en la actualidad”.50. A su vez, los representantes se refirieron a una serie de hechos, situaciones yvaloraciones, que pretenden incluir como parte del contexto incluyen en el marco fáctico delpresente caso y que consideran relevantes para demostrar un contexto de restricciones yviolaciones a la libertad de expresión, y “un patrón de conducta o política de Estado frenteal ejercicio de la libertad de expresión”. Esos hechos consisten en una serie de normas dederecho interno y decisiones judiciales, inter alia 32 procedimientos administrativosancionatorios contra canales de televisión, en particular RCTV 33 y múltiples accionesjudiciales tendientes a sancionar a los medios de comunicación, incluso con la suspensión desu señal. Los representantes afirman que en el caso particular de RCTV se han intentado 18acciones judiciales 34 y mencionaron una supuesta existencia de una campaña dedesprestigio contra RCTV, protagonizada por medios de comunicación del Estado 35 .** *51. En sus escritos e intervenciones, además de referirse a la mayoría de los aspectos dehecho y de derecho del presente caso, el Estado se refirió, inter alia, al rol de los medios decomunicación social privados en Venezuela, que en su opinión se han convertido “en férreossujetos políticos de oposición al gobierno legítimamente constituido”; se opuso a lainterpretación que los representantes efectuaron de algunas normas de derecho interno ydecisiones judiciales; se refirió a determinados hechos y participantes en “un plan paradesestabilizar al gobierno y preparar el golpe de Estado de abril de 2002”; y a consiguientes32Se refirieron a la forma en que se aprobó la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuelay varias reformas posteriores; alcances de la Sentencia No. 1.013 dictada por la Sala Constitucional del TribunalSupremo de Justicia el 12 de junio de 2001; la Sentencia No. 1.942 dictada por la Sala Constitucional del TribunalSupremo de Justicia el 15 de julio de 2003; alcances, contenidos, límites, regímenes sancionatorios, entre otros, deuna nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión; y unas reformas al Código Penal venezolano de2005.33Procedimiento administrativo sancionatorio iniciado el 5 de junio de 2002 por la Comisión Nacional deTelecomunicaciones (CONATEL) contra RCTV por el supuesto incumplimiento de pago de tributo; Procedimientoadministrativo de fiscalización iniciado el 31 de enero de 2003 por el Servicio Nacional Integrado de AdministraciónAduanera y Tributaria (SENIAT) por concepto de pago del Impuesto al Valor Agregado; Procedimiento sancionatorioiniciado por el antiguo Ministerio de Infraestructura contra RCTV, por violación de normativa de contenido de lastransmisiones, cuya apertura fue ordenada el 20 de marzo de 2003; Procedimiento administrativo sancionatorioiniciado el 14 de noviembre de 2004 por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la LibreCompetencia (PROCOMPETENCIA) por supuestas Prácticas contrarias a la Libre Competencia; Procedimientoadministrativo sancionatorio notificado el 18 de marzo de 2004 por el Servicio Nacional Integrado deAdministración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por la supuesta falta de declaración fiscal correspondiente aconceptos de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos; Múltiple fiscalizaciones,Inspecciones e Investigaciones administrativas realizada por la CONATEL y el SENIAT.34Mencionan 11 acciones de amparo y 7 acciones de protección al niño y al adolescente.35En particular, los representantes alegaron que en la emisora de radio del Estado YVKE Mundial y el canalestatal Venezolana de Televisión se transmitirían a diario programas dedicados exclusivamente a ofender ydesprestigiar a periodistas y directivos de medios de comunicación privados.

-15-“actos de rebelión de los oficiales golpistas en la plaza Altamira, los planes del paroempresarial y petrolero, las guarimbas del 2003 y el referéndum revocatorio del 2004”. ElEstado aseguró que durante el desarrollo de tales eventos, los medios de comunicaciónsocial “emprendieron una feroz campaña mediática en la cual se incitó de manera abierta ala población [a] que se uniera a los actos de desestabilización, […] así como también seincitó de manera sistemática y permanente a la realización de actos de desestabilizacióncontra la paz y el orden público, [… y] a la desobe[diencia] de las leyes y de la autoridad,[por medio de la difusión de] mensajes de miedo, de odio y discriminación contra sectoresde la población, simpatizante del gobierno, a pesar de [encontrarse] claramente prohibidopor la legislación interna e internacional”. El Estado alegó que el acto de proclamación delgobierno de facto en el Palacio de Miraflores contó con la participación y asistencia dediversos propietarios y directivos de los medios de comunicación social del país, dentro delos cuáles destaca la presencia de[l] Presidente de RCTV. Consideró el Estado que estaconducta de los medios de comunicación desnaturaliza la verdadera misión de informar aque están obligados según la Constitución e implica el desarrollo de un “terrorismomediático”.52. El Estado manifestó que los argumentos de sus contrapartes “se encuentranorientados a cuestionar el ejercicio libre, institucional y apegado al orden jurídico, de laspotestades soberanas que detenta la República Bolivariana de Venezuela como Estado librey soberano en la comunidad internacional”. Además, señaló que “frente a la serie deacusaciones, alegatos y cuestionamientos que son realizados, tanto por la Comisión, asícomo por las [presuntas] víctimas, en relación a criticar y cuestionar la vigencia y contenidodel texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, así como también elejercicio de la función jurisdiccional por parte del máximo tribunal de la República; elejercicio de la función legislativa por parte del órgano constitucionalmente encargado delegislar (Asamblea Nacional), y el ejercicio de la potestades administrativas de control ysupervisión por parte del Estado del cumplimiento inexorable de la ley; el Estadovenezolano no puede sino expresar su más profundo, categórico y enérgico rechazo yrepudio, por comportar tal clase de argumentos y cuestionamientos injerencias claras ymanifiestas del ejercicio de las potestades soberanas que detenta el Estado y que seencuentran constitucionalmente atribuidas”.B.2 Hechos** *53. La Corte ha establecido que la responsabilidad estatal sólo puede ser exigida a nivelinternacional después de que el Estado haya tenido oportunidad de examinarla y declararlaa través de los recursos de la jurisdicción interna y de reparar el daño ocasionado. Lajurisdicción internacional tiene carácter subsidiario 36 , coadyuvante y complementario 37 .54. Cuando un caso ha sido sometido a la jurisdicción de la Corte para que éstadetermine si el Estado es responsable por violaciones de derechos humanos, consagrados36Cfr. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares,Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 157, párr. 66; y CasoZambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No.166, párr. 47.37Cfr. Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ver también, El Efecto de lasReservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75).Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 2, párr. 31; La Expresión "Leyes" en elArtículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de1986. Serie A No. 6, párr. 26; y Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988.Serie C No. 4, párr. 61.

-16-en la Convención Americana u otros instrumentos aplicables, el Tribunal debe analizar loshechos a la luz de las disposiciones aplicables y determinar si las personas que hansolicitado la intervención de las instancias del Sistema Interamericano son víctimas de lasviolaciones alegadas y, en su caso, si el Estado debe adoptar determinadas medidas dereparación. A esto se concreta la función jurisdiccional de la Corte.55. En cuanto a los hechos del presente caso, la demanda constituye el marco fáctico delproceso 38 y quedaron expuestos los criterios aplicables a la admisibilidad de hechos nuevosy supervinientes (supra párr. 42).56. Si bien los hechos supervinientes pueden ser planteados al Tribunal por las partes encualquier estado del proceso, antes de la sentencia, esto no quiere decir que cualquiersituación o acontecimiento constituya un hecho superviniente para los efectos del proceso.Un hecho de esa índole tiene que estar ligado fenomenológicamente a los hechos delproceso, por lo que no basta que determinada situación o hecho tenga relación con el objetodel caso para que este Tribunal pueda pronunciarse al respecto. Los representantes no hanespecificado qué entienden por hechos continuados ni han argumentado por qué losmismos, aún en tal hipótesis, tendrían que ser considerados como supervinientes. Además,los hechos y referencias contextuales no constituyen nuevas oportunidades para que laspartes introduzcan hechos diferentes de los que conforman el marco fáctico del proceso.57. En cuanto a hechos ventilados en el marco de las medidas cautelares dictadas por laComisión Interamericana, este es un procedimiento autónomo que la Comisión aplica conbase en su Reglamento, respecto del cual la Corte no tiene injerencia ni conoce elexpediente.58. La Corte observa que en el procedimiento de medidas provisionales, iniciado ennoviembre de 2002 a partir de una solicitud de la Comisión, se ordenó al Estado la adopciónde medidas para “resguardar y proteger la vida, la integridad personal y la libertad deexpresión de los periodistas, directivos y trabajadores de […] RCTV, [y] de las otraspersonas que se encuentren en las instalaciones de dicho medio de comunicación […] o queestén [directamente] vinculadas a la operación periodística de [este] medio” (énfasisagregado), así como para “brindar protección perimetral a la sede del medio decomunicación social RCTV [e i]nvestigar los hechos”. De tal manera, si bien las presuntasvíctimas del presente caso han sido también beneficiarias de esas medidas de protección, elgrupo concreto o potencial de esos beneficiarios es más amplio que el conformado por laspresuntas víctimas de este caso. Es necesario precisar que el procedimiento de medidasprovisionales se ha desarrollado en forma paralela pero autónoma a la tramitación del casoante la Comisión y la Corte. En definitiva, el objeto de ese procedimiento de naturalezaincidental, cautelar y tutelar, es distinto al objeto de un caso contencioso propiamentedicho, tanto en los aspectos procesales como de valoración de la prueba y alcances de lasdecisiones. Por ende, los alegatos, fundamentos de hecho y elementos probatoriosventilados en el marco de las medidas provisionales, si bien pueden tener estrecha relacióncon los hechos del presente caso, no son automáticamente considerados como tales ni comohechos supervinientes. Además, la Corte ha sido informada que existe otro procedimientoen curso ante la Comisión por un caso relacionado con el canal de televisión RCTV 39 , por lo38Cfr. Caso “de la Masacre de Mapiripán” Vs Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 deseptiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 59; Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 21, y Caso Bayarri Vs. Argentina. ExcepciónPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 30.39En cuanto a la no renovación de la concesión a RCTV, la Comisión señaló, en una nota al pie de página enla demanda, que con posterioridad a la emisión del Informe de fondo de la Comisión, el 28 de marzo de 2007, elMinisterio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática emitió una resolución (Resolución No.002 de 28 de marzo de 2007) en que se decidió no renovar la concesión de RCTV para transmitir después de su

-17-que las medidas provisionales podrían eventualmente tener incidencia en el mismo. Por todoello, lo actuado en el marco de las medidas provisionales no será considerado en el presentecaso, si no fue formalmente introducido mediante los actos procesales apropiados.59. Es oportuno hacer referencia a lo alegado por la Comisión y los representantes en elfondo de la controversia acerca de los efectos del incumplimiento de órdenes de adopciónde tales medidas dictadas por este Tribunal bajo el artículo 63.2 de la Convención. La Corteha establecido que esa disposición confiere carácter obligatorio a las medidas provisionalesque ordene este Tribunal. Estas órdenes implican un deber especial de protección de losbeneficiarios de las medidas, mientras se encuentren vigentes, y su incumplimiento puedegenerar responsabilidad internacional del Estado 40 . Sin embargo, esto no significa quecualquier hecho, suceso o acontecimiento que afecte a los beneficiarios durante la vigenciade tales medidas, sea automáticamente atribuible al Estado. Es necesario valorar en cadacaso la prueba ofrecida y las circunstancias en que ocurrió determinado hecho, aún bajo lavigencia de las medidas provisionales de protección.60. El marco fáctico de este caso no incluye una parte importante de supuestos hechos,valoraciones de hechos y referencias contextuales que las partes presentaron y alegaroncomo parte del mismo. Algunas cuestiones argumentadas por los representantescomprenden controversias que se encuentran pendientes de resolución ante las autoridadesinternas de Venezuela y podrían formar parte, además, de otros casos pendientes deresolución a niveles interno o internacional. Esas situaciones, valoraciones y argumentos delas partes sobre hechos no comprendidos en el marco fáctico, no corresponden a lacontroversia del presente caso. Por ende, la Corte no se pronunciará en forma específicaacerca de los mismos. Únicamente los toma en cuenta, en lo pertinente, como alegatos delas partes y como contextos de los hechos controvertidos.61. El Estado alegó que los medios de comunicación privados profieren “contiguosataques […] de manera frecuente, contra la inmensa mayoría de […] partidarios ysimpatizantes del gobierno que dirige el Presidente de la República[, … quienes habrían]sido frecuentemente calificados […con una] serie de expresiones de contenidodescalificativo, que solamente tienen como propósito la humillación, la ofensa y ladegradación de una serie de personas, por apoyar y respaldar a un gobierno legítimamenteconstituido y electo”. El Estado señaló que “esta serie de insultos y descalificaciones tiendena crear y fomentar sentimientos de rechazo y repudio a la labor que es ejercida por ciertosmedios de comunicación social [privados], en la inmensa mayoría de personas que apoyanal gobierno venezolano, quienes lógicamente y con razón fundada, cuestionan la labor quedesempeñan estos medios en la sociedad venezolana, con lo cual, se generan situaciones devencimiento, el 27 de mayo de 2007. Los representantes, por su parte, alegaron que las amenazas de cierremediante no renovación y/o la revocatoria de la concesión de RCTV que se iniciaron el año 2002, habríanproseguido luego de comunicado el Informe de fondo de la Comisión, se concretaron y se consumaron con el cierremismo de RCTV, luego de presentada la demanda. Sin embargo, los representantes manifestaron que nopretenden litigar en el marco del presente caso la decisión por el Estado de cerrar la señal abierta de RCTV y laejecución de esa decisión el día 27 de mayo de 2007, sino que pretenden traerlos como hechos referencialessupervinientes al conocimiento de la Corte, a fin de que permita conocer el contexto y alcance de las amenazas derevocatoria y/o cierre de RCTV formuladas por las más altas autoridades del Estado que sí son hechos contenidosen la demanda. Los peticionarios junto con otros periodistas, camarógrafos, asistentes de cámara y demástrabajadores y directivos de RCTV, presentaron ante la Comisión el 1 de marzo de 2007 una petición relativa alcierre mismo de RCTV.40Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párrs. 196 a 200. Ver también, Caso de las Comunidades delJiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanosde 7 de febrero de 2006, considerando séptimo; Caso James y otros. Medidas Provisionales. Resolución de 25 demayo de 1999. Serie E No. 2, Resolutivo 2(b); Resoluciones de 14 de junio de 1998, 29 de agosto de 1998, 25 demayo de 1999 y de 16 de agosto de 2000. Serie E No. 3, vistos 1 y 4; y Resolución de 24 de noviembre de 2000.Serie E No. 3, visto 3; y Asunto de las Penitenciarías de Mendoza. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte de30 de marzo de 2006, considerando décimo

-18-tensión que en determinadas oportunidades pueden traer como consecuencia la generaciónde situaciones infortunadas de violencia […] por parte del sector de la población que esagredido, como consecuencia y responsabilidad directa de la actuación y la actitud que esasumida por algunos medios de comunicación […], y por los sentimientos de rechazo quelos mismos a través de su actividad generan”.62. La Corte reitera que su función es determinar, en ejercicio de su competenciacontenciosa como tribunal internacional de derechos humanos, la responsabilidad del Estadobajo la Convención Americana por las violaciones alegadas, y no la responsabilidad de RCTVu otros medios de comunicación social, o de sus directivos, accionistas o empleados, endeterminados hechos o sucesos históricos en Venezuela, ni su papel o desempeño comomedio de comunicación social. La Corte no hace ninguna determinación de derechos deRCTV, en tanto empresa, corporación o persona jurídica. Aún si fuese cierto que RCTV o supersonal han cometido los actos que el Estado les imputa, ello no justificaría elincumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechoshumanos 41 . El disenso y las diferencias de opinión e ideas son consustanciales al pluralismoque debe regir en una sociedad democrática.63. En sus alegatos finales escritos, los representantes presentaron una serie dealegatos acerca de “la inaceptable retaliación contra las [presuntas] víctimas y a losdefensores de derechos humanos en el presente caso”, en referencia a expresiones ydeclaraciones de agentes estatales respecto de las presuntas víctimas y sus representantesy de unos videos publicados por un canal estatal. Alegaron que tuvo la finalidad de“amedrentar y por tanto frustrar el derecho de petición [de las presuntas víctimas ante] losórganos del sistema”. Al respecto, el artículo 44 de la Convención garantiza a las personasel derecho de acudir ante el Sistema Interamericano, de modo que el ejercicio efectivo deese derecho implica que no se pueda ejercer ningún tipo de represalias contra aquéllas. LosEstados deben garantizar, en cumplimiento de sus obligaciones convencionales, ese derechode petición durante todas las fases de los procedimientos ante las instanciasinternacionales.C) Violaciones alegadas64. La Comisión y los representantes sostuvieron que el Estado es responsable por laviolación de la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas (artículo 13.1 de laConvención).65. La Comisión alegó que los actos descritos en la demanda constituyeron restricciones“del contenido esencial del derecho a la libertad de expresión, cual es, buscar, recibir ydifundir información libremente”, en relación con el deber de garantía contenido en elartículo 1.1 de la misma, aunque no especificó en perjuicio de quiénes ni individualizó loshechos que habrían generado la violación, sino refirió en general que ese derecho fue“obstaculizado tanto por actos u omisiones de agentes del Estado como por actos departiculares”. Alegó en su demanda que cuando se iniciaron los hechos materia del presentecaso, Venezuela se encontraba en un “período de conflicto institucional y político que causóuna extrema polarización de la sociedad” que “generó un clima de agresión y amenazacontinuada contra periodistas, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores asociados delos medios de comunicación social”. La Comisión alegó que, en dicho contexto,determinados discursos o pronunciamientos de las más altas autoridades del Estado, entreellos declaraciones o pronunciamientos del Presidente de la República, coadyuvaron a crearun ambiente de intolerancia y polarización social, incompatible con el deber de prevenir41Cfr. ECHR, Özgür Gündem v. Turkey, Judgment of 16 March 2000, Reports of Judgments and Decisions2000-III, para. 45.

-19-violaciones de derechos humanos que incumbe al Estado, y constituyeron “medios indirectosal ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”, que “pueden resultaren actos de violencia contra las personas que se identifican como trabajadores de undeterminado medio de comunicación”.66. Al observar que la mayoría de los hechos indicados en la demanda fueron cometidospor particulares, la Comisión alegó que es posible atribuir responsabilidad internacional alEstado por esos actos de terceros, pues éste tenía conocimiento de una situación de riesgoreal y no adoptó medidas razonables para evitarlo. Señaló que la gran mayoría de loshechos se produjeron en el marco de acontecimientos de alto interés político e institucional,o en la cobertura de una noticia, incluso cuando se realizaba una manifestación pública en laque se encontraban “partidarios del oficialismo” así como de la “oposición”. La recurrenciade este tipo de eventos dirigidos contra trabajadores de la comunicación social, “genera unevidente efecto amedrentador para continuar ejerciendo su labor en el futuro”, pues laspresuntas víctimas se ven intimidadas y tienen temor fundado de ser objeto de ataque porsu vínculo laboral con el canal. Consideró que el Estado no ha actuado de manera diligenteen cuanto a su deber de investigar los hechos y que las investigaciones internas se hanextendido más allá de lo razonable.67. Los representantes coincidieron sustancialmente con lo alegado por la Comisión einsistieron en que, si bien el discurso de las autoridades públicas, aun el de contenidocrítico, está cubierto en principio por la libertad de expresión, no lo está cuando de maneraclara e inminente incita a agredir a periodistas y medios. En estos casos el Estado resultaresponsable no sólo por el discurso oficial en que se agredió de manera reiterada ysistemática a RCTV, a sus periodistas y directivos, sino por las agresiones provocadas porgrupos de particulares en ejecución y seguimiento de dichos mensajes.68. La Comisión y los representantes alegaron la violación del artículo 5 de laConvención, aunque difirieron respecto de los hechos, argumentos y razones quesustentarían las violaciones alegadas.69. Así, la Comisión indicó cuatro hechos que perjudicaron a tres presuntas víctimas 42 .Alegó que, “por no haber brindado elementos de protección para disminuir el riesgo, por nohaber investigado de forma completa y diligente y no haber sancionado a los responsablespor los impactos de armas de fuego mencionados”, el Estado es responsable por la violacióndel derecho a la integridad física de los señores José Antonio Monroy, Armando Amaya yCarlos Colmenares, heridos con armas de fuego mientras cubrían manifestaciones públicas.El Estado tenía un “especial deber de protección” respecto de esas tres personas, debido aque se encontraban protegidas por medidas cautelares solicitadas por la Comisión desdeenero y julio de 2002, y por ser comunicadores sociales de RCTV y estar en una situación deriesgo, a pesar de lo cual el Estado no adoptó ninguna medida de protección e incumplió lasdecisiones de la Comisión y la Corte.70. Los representantes coincidieron con la Comisión en alegar esos cuatro hechos comoviolatorios del derecho a la integridad física y mencionaron ocho hechos más en estesentido 43 . Los representantes alegaron que la totalidad de los hechos contenidos en lademanda fueron consecuencia directa de las declaraciones de funcionarios públicos dirigidascontra periodistas y directivos de RCTV y, por ende, atribuibles al Estado y constitutivos deviolaciones del deber estatal de respetar, garantizar y prevenir las violaciones al derecho ala integridad personal de las presuntas víctimas. Solicitaron a la Corte que declare que elEstado violó ese derecho, “en su dimensión psíquica”, en perjuicio de “todas las víctimas en42Hechos de 15 de agosto de 2002, 12 de noviembre de 2002, 19 de agosto de 2003 y 3 de marzo de 2004.43Hechos de 10 de abril de 2002, 3 de marzo de 2004, 12 de marzo de 2002, 15 de agosto de 2002, 3 deabril de 2002, 4 de diciembre de 2002, 3 de marzo de 2004 y 3 de junio de 2004.

-20-el presente caso”. Por último, sostuvieron que el Estado había violado los artículos 5, 13, 8y 25 de la Convención Americana “en conexión” con los artículos 1, 2 y 7.b) de laConvención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer(en adelante “Convención de Belem do Pará”).71. El Estado negó haber incurrido en violación de los artículos 5 y 13 de la Convención.Señaló que los hechos esporádicos contenidos en la demanda no forman parte del ejercicioprofesional cotidiano de las presuntas víctimas, y son imputables a terceros no identificados,como reconocen y confiesan aquéllas y la Comisión. Tampoco son atribuibles al Estado, queha garantizado la investigación de tales hechos, la protección de las presuntas víctimas y elcontrol del orden público. Manifestó que esos hechos no pueden justificar una condenacontra el Estado, por cuanto la obligación de prevención es de medios y no de resultados y“el sistema lógico de responsabilidad del los Estados, bien patrimonial, bien por violacionesa los derechos humanos, debe respetar reglas básicas del orden internacional, en el sentidode que, el Estado no puede responder frente a hechos de terceros, en primer lugar, cuandoha aplicado la debida diligencia en evitar y sancionar tales hechos, como en el presentecaso, ni el Estado puede responder por faltas de las propias víctimas, cuando, como ocurreen el caso presente, son los propios denunciantes quienes han ocasionado los hechosaislados y excepcionales que denuncian, mediante su incitación continua al odio y ladesestabilización”.72. El Estado manifestó que la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado ha sidoproporcional, razonable, necesaria e indispensable, “toda vez que han existido gravísimasalteraciones del orden público, de parte de grupos opositores que provocan, en sociedad conRCTV y otros medios parcializados de la oposición, graves atentados contra la buenamarcha de las instituciones y la paz social”. Alegó que en el presente caso las autoridadeshan realizado todo lo que es razonable esperar para disminuir el riesgo, y se han utilizadotodos los medios legales disponibles para la determinación de la verdad, la persecución,captura y castigo de los responsables de cualquier alteración al orden público, o decualquier agresión. El Ministerio Público ha abierto averiguaciones en relación con cadadenuncia formulada por las víctimas, ha sustanciado las mismas y ha solicitado lacolaboración de éstas. El Estado alegó que en muchos casos no se pudo establecer el tipo ygrado de la lesión sufrida por las presuntas víctimas, quienes no asistieron a ningún centroasistencial para ser evaluados.73. Por otro lado, la Comisión y los representantes alegaron que el Estado incumplió suobligación de investigar los hechos del caso, juzgar y sancionar a todos los responsables, enforma exhaustiva, efectiva y dentro de un plazo razonable, conforme a lo previsto en losartículos 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de todas las presuntas víctimas.74. En cuanto al plazo razonable de las investigaciones, la Comisión observó que lasinvestigaciones se han extendido por casi seis años sin que se hubiese juzgado a todos losresponsables, particularmente a los agentes del Estado, lo cual se ve agravado por cuantola legislación venezolana no prevé ningún plazo máximo para la duración de unainvestigación. Ninguno de los hechos denunciados en el ámbito interno ha pasado de laetapa de investigación preliminar y en ninguna de esas causas se ha formulado imputacióna persona alguna como presunto responsable de los hechos, ni siquiera en aquella en quehay un autor detenido. Los representantes enfatizaron que la fase de investigación se haprolongado desmesuradamente en desmedro del derecho de las víctimas de acceder a losórganos de administración de justicia penal en forma expedita y sin dilaciones indebidas.75. El Estado presentó un análisis de cada una de las investigaciones y concluyó que “enlos casos donde jurídicamente era procedente su accionar (delitos de acción pública) harealizado y conducido investigaciones serias, dirigidas al establecimiento de lasresponsabilidades que resulten procedentes”. Además, señaló que Venezuela fue sometida a

-21-una severa crisis política y social, que implicó complejidad en el desarrollo de lasinvestigaciones.76. Dado que existe conexidad entre los hechos de la demanda que la Comisión y losrepresentantes han alegado como violatorios de las referidas normas de la Convención, laCorte considera pertinente analizar conjuntamente, en un primer capítulo del fondo del caso(capítulo VIII), esos hechos y alegatos. En particular, dadas las características del presentecaso y por las razones expuestas oportunamente (infra párrs. 281 a 291), las alegadasviolaciones a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, reconocidos en losartículos 8 y 25 de la Convención, serán analizadas como parte de la obligación estatal deinvestigar posibles violaciones de derechos humanos, contenida en el artículo 1.1 de laConvención, como forma de garantía de los otros derechos que se alegan violados.77. Por último, la Comisión y los representantes alegaron que algunos de lospronunciamientos del Presidente de la República, específicamente los que se refirieron aluso del espacio radioeléctrico de propiedad estatal por RCTV y la concesión con que éstaoperaba, constituyeron formas de restricción indirecta incompatibles con el derecho debuscar y difundir información libremente, en violación del artículo 13.1 y 13.3 de laConvención. Los representantes alegaron que por lo menos en 11 de los hechos se impidió alas presuntas víctimas el acceso a fuentes oficiales de información o instalaciones estatales,lo cual constituyó restricción indebida a su libertad de buscar, recibir y difundir información,así como violación del artículo 24 de la Convención, por trato discriminatorio. A su vez, laComisión y los representantes sostuvieron que el Estado intervino en las emisiones del canalRCTV y en los medios técnicos indispensables para difundir información, y que CONATELremitió oficios para controlar ilegítimamente la emisión de noticias o informaciones, lo queconstituyó restricción indirecta al derecho reconocido en el artículo 13.1 y 13.3 de laConvención Americana. Estos alegatos serán considerados en un segundo capítulo del fondode la controversia (capítulo IX).VIIPRUEBA78. Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como en lajurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación 44 , la Corte procederá aexaminar y valorar los elementos probatorios que constan en el expediente 45 .A) Prueba documental, testimonial y pericial79. Por acuerdo de la Presidencia de la Corte fueron recibidas las declaraciones rendidasante fedatario público (affidávit) de los siguientes testigos y peritos sobre los temas que acontinuación se presentan. Las cuestiones relativas a sus declaraciones serán presentadas,cuando sea pertinente, a lo largo de esta sentencia:44Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 86; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros)Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 50, y CasoBámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91,párr. 15. Cfr. también Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párrs. 183 y 184; Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supranota 26, párrs. 67, 68 y 69, y Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 34.45Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) v. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzode 1998. Serie C No. 37, párr. 76; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra nota 29, párr. 49, y CasoBayarri Vs. Argentina, supra nota 38, párr. 31.

-22-a) Luisiana Ríos Paiva, presunta víctima y testigo propuesta por la Comisión,periodista de RCTV. Declaró, inter alia, sobre hechos ocurridos el 17 de diciembre de2001, 20 de enero, 18 de abril, 2 y 28 de mayo de 2002; sobre la denunciainterpuesta a raíz de dichos hechos y las consecuencias que han tenido en su vidapersonal y desempeño profesional.b) Pedro Nikken, presunta víctima y testigo propuesto por la Comisión y losrepresentantes, es periodista y trabajó en RCTV entre los años 2000 y 2004.Declaró, inter alia, sobre hechos ocurridos el 12 de noviembre de 2002, 19 de agostode 2003 y 3 de marzo de 2004; sobre la investigación de los mismos y lasconsecuencias que han tenido en su vida personal y desempeño profesional.c) Eduardo Guillermo Sapene Granier, presunta víctima y testigo propuesto porla Comisión y los representantes, es Vicepresidente de Información y Opinión deRCTV. Declaró, inter alia, sobre hechos ocurridos entre 2001 y 2004 en contra deperiodistas y trabajadores de RCTV y, en particular, los ocurridos el 13 de abril de2002 y 3 de junio de 2004 contra la sede de RCTV. Asimismo, sobre las denunciasinterpuestas a raíz de esos hechos y las consecuencias que aquellos han tenido en sudesempeño profesional.d) Marcel Granier, testigo propuesto por los representantes, es Presidente yDirector General de RCTV. Declaró, inter alia, sobre agresiones sufridas porperiodistas y trabajadores de RCTV, así como ataques contra la sede de dicho canalde televisión y el efecto de discursos de altos funcionarios del Estado en la líneaeditorial de RCTV.e) Armando Amaya, presunta víctima y testigo propuesto por los representantes,es camarógrafo de RCTV. Declaró, inter alia, sobre hechos del 12 de noviembre de2002, agresiones en su contra y consecuencias que han tenido en su vida personal ydesempeño profesional.f) Anahís del Carmen Cruz Finol, presunta víctima y testigo propuesta por losrepresentantes, es reportera de RCTV. Declaró, inter alia, sobre hechos del 8 dediciembre de 2002, 27 de enero de 2003 y 3 de marzo de 2004, y las consecuenciasque han tenido en su vida personal y desempeño profesional.g) Isabel Cristina Mavarez Marín, presunta víctima y testigo propuesta por losrepresentantes, es periodista y productora en el área de prensa de RCTV. Declaró,inter alia, sobre hechos del 9 de abril de 2002 y sus consecuencias en su vidapersonal y desempeño profesional.h) David Pérez Hansen, presunta víctima y testigo propuesto por losrepresentantes, fue reportero de RCTV hasta 2007 y actualmente es ProductorEjecutivo de la Gerencia de Información de ese canal. Declaró, inter alia, sobrehechos del 12 de marzo y 15 de agosto de 2002 y las consecuencias que dichasagresiones han tenido en su vida personal y desempeño profesional.i) Marcos Fidel Hernández Torrolv, testigo propuesto por el Estado, esperiodista. Declaró, inter alia, sobre la labor de los diversos medios de comunicaciónprivados, entre los cuales se encuentra RCTV, en los últimos tiempos.j) Omar Solórzano García, testigo propuesto por el Estado, es abogado. Declaró,inter alia, sobre el papel de la Defensoría del Pueblo y las intervenciones de ésta enmanifestaciones y protestas; las medidas adoptadas para garantizar el orden y laseguridad de las personas con motivo de esas manifestaciones públicas; las medidas

-23-especiales adoptadas en beneficio de los periodistas, y las lesiones ocurridas a pesarde las medidas adoptadas.k) Daniel Antonio Hernández López, testigo propuesto por el Estado, eseconomista, politólogo y filósofo. Declaró, inter alia, sobre los orígenes y evoluciónde los medios de comunicación en Venezuela y el papel asumido por los medios decomunicación privados, en particular RCTV, entre 2001 y 2006.l) Alís Carolina Fariñas Sanguino, testigo propuesta por el Estado, fue FiscalVigésimo Primero a Nivel Nacional con Competencia Plena entre enero de 2001 yabril de 2008. Declaró, inter alia, sobre órdenes de inicio de investigaciones que sedictaron de oficio en esa Fiscalía después de los hechos ocurridos en contra detrabajadores de medios de comunicación en el año 2004.m) Toby Daniel Mendel, perito propuesto por la Comisión, es Director Senior delPrograma de Derecho de la ONG “Artículo 19”. Declaró, inter alia, sobre la libertad deexpresión como derecho humano y las restricciones permisibles; la libertad deexpresión en relación con los funcionarios públicos y las cuestiones de interéspúblico; actos de intimidación, hostigamiento, persecución y ataques contracomunicadores sociales y personal asociado, cometidos por actores estatales y/oparticulares, así como sobre la obligación positiva del Estado de proteger a RCTV.n) Ricardo Uceda, perito propuesto por la Comisión, es periodista. Declaró, interalia, sobre el efecto de un discurso crítico permanente contra los comunicadoressociales y personal asociado por parte de las autoridades de un país; los efectos deactos de intimidación, hostigamiento, persecución y ataques contra ellos, cometidospor actores estatales y/o particulares, así como acerca de los efectos que estosataques tendrían sobre el ejercicio de la libertad de expresión en los trabajadores dela comunicación social.ñ) Marcelino Bisbal, perito propuesto por los representantes, es periodistaDeclaró, inter alia, sobre los efectos que en el ejercicio del periodismo y la librebúsqueda y difusión de información de ideas tendrían las agresiones a periodistas yotros trabajadores de la comunicación social en Venezuela, incluida en particular laépoca a la que se refieren los hechos del presente caso.o) Eduardo Ulibarri Bilbao, perito propuesto por los representantes, esperiodista. Declaró, inter alia, sobre estándares internacionales relevantes para lalibertad de expresión y el ejercicio del periodismo, así como su aplicabilidad a loshechos denunciados en el presente caso.p) Magadalena López de Ibáñez, perito propuesta por los representantes, espsicóloga clínica. Declaró, inter alia, sobre los efectos psicológicos y psicosomáticos,así como los daños bio-psicológicos experimentados por ciertos periodistas,camarógrafos, asistentes de cámaras y directivos de RCTV presuntas víctimas eneste caso.q) Pedro Berrizbeitia Maldonado, perito propuesto por los representantes, esabogado y profesor de Derecho Proceso Penal. Declaró, inter alia, sobre el papel delMinisterio Público en el proceso penal venezolano, el rol de la víctima en lasinvestigaciones y procesos por delitos de acción pública, el término de duración deuna investigación penal y las formas de inicio de un proceso penal en Venezuela.80. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó lasdeclaraciones de las siguientes personas:

-24-a) Carlos Colmenares, presunta víctima y testigo propuesto por la Comisión, eracamarógrafo de RCTV. Declaró, inter alia, sobre alegados hechos ocurridos los días19 de agosto de 2003 y 3 de marzo de 2004 en los que resultó herido, así comosobre otra agresión ocurrida cuando se encontraba cubriendo una manifestación enChuao y la investigación de dichos hechos. Asimismo, describió las consecuenciasque han tenido en su vida personal y en el ejercicio de su profesión.b) Antonio José Monroy Clemente, presunta víctima y testigo propuesto por losrepresentantes, es camarógrafo de RCTV. Declaró, inter alia, sobre agresionessufridas por él y su equipo reporteril en ocasión de cubrir noticias el 31 de julio y 15de agosto de 2002 en el Tribunal Supremo de Justicia, la investigación de esoshechos y las consecuencias que los mismos han tenido en su vida personal y en elejercicio de su profesión.c) Andrés Izarra, testigo propuesto por el Estado, es productor de televisión,trabajó en RCTV y actualmente es Ministro de Telecomunicaciones de Venezuela yDirector del canal estatal Telesur. Declaró, inter alia, sobre la participación de laspresuntas víctimas, en tanto accionistas, directivos, periodistas y trabajadores deRCTV, en el contexto de los hechos del presente caso.B) VALORACIÓN DE LA PRUEBA81. En este caso, como en otros 46 , el Tribunal admite el valor probatorio de losdocumentos presentados por las partes en su oportunidad procesal que no fueroncontrovertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda.82. Junto con su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, los representantesremitieron, en un anexo número 31, declaraciones de once presuntas víctimas en copiassimples, las cuales fueron transmitidas al Estado oportunamente. Posteriormente, el 17 dediciembre de 2007 los representantes aportaron documentos consistentes en declaracionesde las presuntas víctimas autenticadas por el Cónsul General de la República de Costa Ricaen la República Bolivariana de Venezuela, alegando que “por razones de impedimentograve” no pudieron ser aportadas cuando presentaron su escrito de solicitudes yargumentos. De este modo, los representantes, fundándose en el artículo 44.3 delReglamento, solicitaron que dichas pruebas se declaren admisibles, toda vez que nopudieron ser aportadas con anterioridad debido a la negativa de algunas notarías públicasde autenticarlas. En cuanto a las declaraciones remitidas en esa segunda ocasión, elformato y algunas secciones de las declaraciones no coincide entre las que fueron remitidasprimeramente y las posteriormente autenticadas.83. Al respecto, la Comisión expresó que “en la medida en que [la prueba documentalaportada por los representantes el 17 de diciembre de 2007] consista en certificacionesnotariales de declaraciones que efectivamente hayan sido aportadas al Tribunal en laoportunidad procesal correspondiente, no tiene observaciones que formular”.84. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, este Tribunal considera que no seha vulnerado el derecho de defensa del Estado, ya que éste tuvo la posibilidad de objetar ycontrovertir el contenido de todas esas declaraciones. Sin embargo, se incorporan al acervolas once declaraciones que fueron remitidas por los representantes en la debida oportunidadprocesal, esto es, junto con su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, las cualesserán valoradas tomando en cuenta las observaciones de las partes. En cuanto a las46Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo supra nota 38, párr. 140; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia,supra nota 29., párr. 53, y Caso Bayarri Vs. Argentina, supra nota 38. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie CNo. 187, párr. 35.

-25-declaraciones remitidas el 17 de diciembre de 2007 por los representantes, si bien alegaronque existió un impedimento grave en los términos del artículo 44.3 del Reglamento para supresentación en forma oportuna, las mismas fueron transmitidas al Estado y se le otorgó laoportunidad de presentar sus observaciones. Por ello, el Tribunal las incorpora al acervoprobatorio en los términos del artículo 45.1 del Reglamento.85. Asimismo, los representantes expresaron que las notarías se negaron a tomarlegalmente las declaraciones de los testigos y peritos requeridos por la Resolución de laPresidenta de la Corte de 11 de junio de 2008. El Estado no controvirtió lo anterior.86. La Corte considera indebido que quienes ejercen funciones públicas de dación de fese nieguen a recibir declaraciones de personas convocadas por un tribunal internacional dederechos humanos. Conforme al artículo 24.1 del Reglamento, los Estados Parte en un casotienen el deber de “facilitar [la] ejecución de órdenes de comparecencia de personasresidentes en su territorio o que se encuentren en el mismo”. Dichas personas fueronconvocadas por la Presidencia de la Corte para que rindieran sus declaraciones antefedatario público. Por ello, el Estado debe garantizar, como proyección del principio debuena fe que debe regir el cumplimiento de las obligaciones convencionales, que no existaningún obstáculo para la práctica de la prueba 47 . Sin embargo, en el presente caso la Corteno cuenta con elementos para determinar la veracidad del impedimento alegado.87. En cuanto a los documentos de prensa presentados por las partes, que no han sidoobjetados, este Tribunal considera que pueden tener eficacia probatoria únicamente cuandorecojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuandocorroboren aspectos relacionados con el caso 48 y acreditados por otros medios 49 .88. Los representantes se opusieron a la incorporación de varios documentos aportadospor el Estado en su contestación a la demanda por considerarlos impertinentes para elobjeto del presente caso 50 . Este Tribunal decide incorporarlos al acervo probatorio y47La Corte Permanente de Arbitraje estableció que “[c]ada Estado debe cumplir con sus obligacionesconvencionales bona fide, y de no hacerlo podrá ser sancionado con las penas comunes previstas por el Derechointernacional” (traducción de esta Corte). Cfr. Reports of International Arbitral Awards, The North Atlantic CoastFisheries (Great Britain, United States), 7 September 1910, Volume XI, pp. 167-226, p. 186.48Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 38, párr. 146; Caso de la “Panel Blanca” (PaniaguaMorales y otros). Fondo, supra nota 45, párr. 75; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra nota 29, párr.62, y Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. SerieC No. 191, párr. 42.49Cfr. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 demayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 59; Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenciade 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 30, y Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Suriname. ExcepcionesPreliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 67.50En particular, solicitaron que se declaren inadmisibles los siguientes anexos del escrito de contestación dela demanda: artículo de prensa publicado en el diario de circulación nacional venezolano “El Nacional”, de fecha 16de abril de 2002, contentivo de las entrevistas efectuadas a los directores y representantes de diversos medios decomunicación social (anexo marcado “A.7”); artículo de prensa publicado en el diario de circulación nacionalvenezolano “El Nacional”, de fecha 12 de julio de 2007 (anexo marcado “A.8”); transcripción del Programa PrimerPlano transmitido por RCTV en fecha 23 de febrero de 2003 (anexo marcado “A.10”); artículos de prensapublicados en diversos diarios de circulación nacional venezolanos (anexo marcado “A.11”); copia de la Resoluciónemanada de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia en fecha 24 de febrero de2005 (anexo marcado “A.12”); copia de la Sentencia dictada por al Corte Primera de lo Contencioso Administrativoen fecha 11 de mayo de 2005 (anexo marcado “A.13”); DVD, identificado como “Mensajes Transmitidos Durante elParo de 2002 y 2003”, contentivo de los diversos mensajes trasmitidos por los medios de comunicación socialprivados durante los meses de diciembre, momento en el que tuvo lugar el “Paro” llevado a cabo por los sectorespolíticos de oposición al gobierno nacional (anexo marcado “A.16”); CD contentivo de la presentación en formatoPower Point del trabajo titulado “¿Cómo los Medios Nos Manipulan?”, elaborado por el psiquiatra HeribertoGonzález Méndez (anexo marcado “A.17”); DVD, identificado como “Ataques a Instituciones del Estado”,contentivos de los múltiples ataques y ofensa contra las instituciones democráticas de venezolanas, proferidasdurante la transmisión realizada por RCTV, el día 6 de diciembre de 2002 (anexo marcado “A.20”); DVD,

-26-valorarlos tomando en cuenta las observaciones de los representantes y en el conjunto delacervo probatorio. En cuanto al anexo A.17, su contenido no se ajusta al objeto del litigio,por lo que resulta impertinente su incorporación al acervo probatorio.89. La Corte apreciará los testimonios y dictámenes rendidos por los testigos y peritos,en cuanto se ajusten al objeto que fue definido por la Presidenta en la Resolución del 11 dejunio de 2008 y al objeto del litigio del presente caso, tomando en cuenta las observacionespresentadas por las partes 51 y aplicando las reglas de la sana crítica. Serán analizadas en elcapítulo que corresponda. En virtud de que las presuntas víctimas tienen interés directo enel caso, sus declaraciones no pueden ser valoradas aisladamente, sino dentro del conjuntode las pruebas del proceso 52 , si bien son útiles en la medida en que pueden proporcionarmayor información sobre las violaciones y sus consecuencias 53 .90. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento de la Corte, segúnfue resuelto por la Presidenta (supra párr. 14), el Tribunal incorpora al acervo probatorio delpresente caso la declaración del señor Ángel Palacios Lascorz, el dictamen pericial de laseñora María Alejandra Díaz Marín, y el dictamen pericial del señor Alberto Arteaga, todosrendidos en el Caso Perozo y otros vs. Venezuela, teniendo en cuenta las observacionespertinentes presentadas por las partes.91. Además, la Corte agregará al expediente de prueba de este caso los documentospresentados por el testigo y presunta víctima Carlos Colmenares durante la audienciapública 54 ; por el Estado 55 y por los representantes 56 , en la estricta medida en que se ajustenal objeto del presente caso, en los términos señalados (supra párr. 53 a 63).identificado como “Ofensas al Presidente de la República”, contentivo de los múltiples de ataques y ofensa contra lamajestad del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, proferidas por periodistas de RCTV (anexomarcado “A.21”).51Los representantes objetaron, en un escrito presentado el 5 de enero de 2009, las observaciones delEstado respecto de varios testimonios y peritajes, presentadas en sus alegatos finales escritos. En particularalegaron “la improcedencia a las observaciones del Estado a las declaraciones testimoniales”, se refirieron a “lassupuestas medidas de protección adoptadas por el Estado” y a “la extemporaneidad de las objeciones del Estado ala declaración pericial de la psicóloga Magdalena López”. La presentación de observaciones a los alegatos finales nose encuentra prevista en el Reglamento dentro del procedimiento escrito. Por otro lado, si bien es cierto que elEstado no remitió observaciones a varios testimonios y peritajes en el plazo otorgado por el Tribunal al efecto, laCorte toma en cuenta las observaciones del Estado en tanto fueron presentadas en sus alegatos finales en ejerciciode su derecho de defensa. En consecuencia, la Corte valorará tales elementos probatorios tomando en cuenta lasobservaciones de las partes, en cuanto se refieran exclusivamente a tales elementos probatorios.52Cfr. Case Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33,párr. 43; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra nota 29, párr. 54, y Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia,supra nota 48, párr. 37.53Cfr. Caso de la “Panel Blanca“ (Paniagua Morales y otros), supra nota 44, párr. 70; Caso García Prieto yotros Vs. El Salvador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007.Serie C No. 168, párr. 22, y Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 deseptiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 59.54Entregó un informe médico de 3 de junio de 2008 y un documento que acredita que labora en la NuevaTelevisión del Sur.55Entregó un libro titulado “Mi Testimonio ante la Historia” publicado por el señor Pedro Carmona Estanga.56Entregaron una transcripción de la interpelación al señor Andrés Izarra. Asimismo, entregaron una nota deprensa, titulada “Colegio Nacional de Periodistas exige investigar agresiones” publicada en El Universal.com el 29de julio de 2008, otra nota de prensa, titulada “SNTP denuncia aumento de atropello a la libertad” publicada en eldiario El Universal de 2 de agosto de 2008 y copia de la columna de opinión de la señora Patricia Poleo “Factores dePoder” de fechas de 16 de abril de 2002, 17 de abril de 2002, 18 de abril de 2002, 22 de abril de 2002, 23 de abrilde 2002 y 24 de abril de 2002.

-27-92. La Comisión solicitó en su demanda que este Tribunal incorpore al expediente delpresente caso “una copia de todas las actuaciones relacionadas con las medidasprovisionales ordenadas por la Corte Interamericana a favor de Luisiana Ríos y otros(RCTV)”. La Comisión no justificó su solicitud y el Estado se opuso a la misma. Además, fueseñalado que las actuaciones relacionadas con el procedimiento de las medidasprovisionales en trámite son independientes a este proceso, por lo que no es procedenteresolver favorablemente esa solicitud. Sin embargo, la Corte valorará las declaracionesrendidas por la señora Luisiana Ríos y el señor Carlos Colmenares durante una audienciacelebrada en el procedimiento de medidas provisionales (supra párr. 21), ofrecidas por losrepresentantes para sustentar hechos del caso, considerando que en ambas ocasiones elEstado tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa.93. En cuanto a los videos presentados por la Comisión, los representantes y el Estadoen las diferentes oportunidades procesales, que no han sido impugnados y cuyaautenticidad no se ha cuestionado, esta Corte apreciará su contenido dentro del contextodel acervo probatorio, tomando en cuenta las observaciones presentadas por las partes, yaplicando las reglas de la sana crítica.94. La Comisión ofreció como prueba transcripciones de pronunciamientos de altasautoridades del Estado. En algunos casos, la Comisión hizo referencia al enlace electrónicodirecto de la transcripción que cita como prueba 57 . La Corte ha establecido que si una parteproporciona al menos el enlace electrónico directo del documento que cita como prueba y esposible acceder a éste, no se ve afectada la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal,porque es inmediatamente localizable por el Tribunal y por las otras partes 58 . En este caso,la Corte constata que la Comisión presentó las referidas transcripciones como anexos a suescrito de demanda y que no existió oposición u observaciones de las otras partes sobre elcontenido y autenticidad de las mismas.95. Por otro lado, los representantes y el Estado presentaron documentos y videos juntocon sus respectivos escritos de alegatos finales. En su jurisprudencia el Tribunal haconsiderado que si bien el procedimiento ante esta Corte es menos formal y más flexibleque el procedimiento en el derecho interno, no por ello deja de velar por la seguridadjurídica y por el equilibrio procesal de las partes 59 . En los términos del artículo 44 delReglamento, la Corte considera que esos documentos han sido ofrecidosextemporáneamente, por lo que no serán incorporados al acervo probatorio de este caso.96. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso es preciso asegurar que el Tribunal puedaconocer la verdad de los hechos controvertidos, por lo que tiene amplias facultades pararecibir la prueba que estime necesaria o pertinente, garantizando el derecho de defensa delas partes. De tal manera, en determinados casos, excepcionalmente puede ser necesarioescuchar con mayor amplitud los alegatos de las partes, evacuar prueba que se estime útil,relevante o imprescindible y ordenar otras diligencias que sean pertinentes para la soluciónde las cuestiones controvertidas. La Corte observa que junto con sus alegatos finales57La Comisión proveyó los enlaces electrónicos de los pronunciamientos de 9 de noviembre de 2003, 12 deenero de 2004 y 9 de mayo de 2004 y, además, manifestó que “los contenidos de [las] declaraciones son públicosy pueden encontrarase en diversas páginas oficiales del gobierno, por ejemplo enhttp://www.gobiernoenlinea.ve/misc-view/ver_alo.pag”.58Cfr. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. SerieC No. 165, párr. 26, y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela,supra nota 31, párr. 17.59Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala, supra nota 45 párr. 70; Caso delos Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie CNo. 110, párr. 58, y Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004.Serie C No. 108, párr. 23.

-28-escritos el Estado aportó actas de entrevista de varias de las presuntas víctimas que noconstaban anteriormente, entre esas las de los señores Armando Amaya, Eduardo Sapene,Winston Gutiérrez y la señora Luisiana Ríos ante fiscalías del Ministerio Público. Según fueindicado, el Estado presentó información y documentación relativa a investigacionesrelacionadas con los hechos del presente caso, junto con sus escritos y en respuesta asolicitudes de prueba para mejor resolver. Por formar parte de esas investigaciones, y porconsiderar útil y pertinente contar con el máximo posible de declaraciones de las presuntasvíctimas, la Corte las incorpora al acervo probatorio, en los términos del artículo 45.1 delReglamento.97. Por último, al remitir copia de algunas actuaciones en investigaciones y procesosjudiciales abiertos o tramitados a nivel interno, en respuesta a una solicitud de prueba paramejor resolver (supra párrs. 18), el Estado manifestó que, “en lo que respecta a las causasque aún están en Fase Preparatoria, [el Ministerio Público] se reserva para terceros lasactas de investigación, hasta que dicha etapa cese, teniendo acceso a las mismas sólo laspartes”.98. La reserva de información a personas ajenas al proceso en la fase preparatoria de lasinvestigaciones penales se halla prevista en diversas legislaciones internas. En este caso, elEstado demandado ha señalado lo anterior como fundamento para no enviar a la Corte ladocumentación solicitada en relación con varios procesos penales internos. La restricciónmencionada puede resultar atendible en los procesos internos, pues la divulgación de ciertoscontenidos en una etapa preliminar de las investigaciones podría obstruirlas o causarperjuicios a las personas. Sin embargo, para efectos de la jurisdicción internacional de esteTribunal, es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridosdentro de su territorio 60 y, por ello, su defensa no puede descansar sobre la imposibilidaddel demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin lacooperación de las autoridades estatales 61 . Por ello, la Corte considera que la negativa delEstado a remitir algunos documentos no puede redundar en perjuicio de las víctimas, sinosólo en su propio perjuicio. En consecuencia, el Tribunal puede tener por establecidos loshechos que sean demostrables únicamente a través de prueba que el Estado se hayanegado a remitir 62 .99. En relación con una controversia similar, el Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia ha considerado que otorgar a los Estados, por razones de seguridad nacional, underecho general que les permita negarse a remitir documentos necesarios para el desarrollodel proceso podría hacer imposible la función misma del Tribunal Internacional, y podríatransformarse en un obstáculo para alcanzar su misión 63 . Por su parte, la Corte Europea de60Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 38párr. 136; Caso Gómez Palomino Vs. Perú.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 106, y Caso YatamaVs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie CNo. 127, párr. 134.61Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 38, párr. 135; Caso Chaparro Álvarez y LapoÍñiguez, supra nota 31, párr. 73, y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú supra nota 58, párr. 154.62Cfr., mutatis mutandi, Caso Gonzalez y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, Resolución de la CorteInteramericana de Derechos Humanos de 19 de enero de 2009 (solicitud de ampliación de presuntas víctimas ynegativa de remisión de prueba documental), párr. 59.63El original en inglés señala: “[T]o grant States a blanket right to withhold, for security purposes,documents necessary for trial might jeopardize the very function of the International Tribunal, and defeat itsessential object and purpose. […] To admit that a State holding such documents may unilaterally assert nationalsecurity claims and refuse to surrender those documents could lead to the stultification of international criminalproceedings: those documents might prove crucial for deciding whether the accused is innocent or guilty. The veryraison d’être of the International Tribunal would then be undermined.” Cfr. International Criminal Tribunal for theFormer Yugoslavia, Appeals Chamber, “Lašva Valley” (IT-95-14) TIHOMIR BLAŠKIĆ, Judgment on the Request ofThe Republic of Croatia for Review of the Decision of Trial Chamber II of 18 July 1997, 29 October 1997, para. 65.

-29-Derechos Humanos rechazó argumentos similares presentados por un Estado con el objetode no enviar información de un expediente penal que se encontraba abierto y que habíasido solicitado por dicha Corte. En efecto, el Tribunal Europeo consideró insuficiente alegar,inter alia, que la investigación criminal estaba pendiente y que el expediente conteníadocumentos clasificados como secretos 64 .100. Por lo anterior, en los casos en que las actas de investigación se encuentren bajoreserva, corresponde al Estado enviar las copias solicitadas informando de tal situación y dela necesidad, conveniencia o pertinencia de mantener la confidencialidad debida de dichainformación, lo cual será cuidadosamente evaluado por el Tribunal, para efectos deincorporarla al acervo probatorio del caso, respetando el principio del contradictorio en loque correspondiere, en el entendido de que, según lo ha señalado el Estado, la propialegislación interna permite a las víctimas y sus representantes legales acceder a losexpedientes de las averiguaciones previas 65 .** *101. Efectuado el examen formal de los elementos probatorios que constan en elexpediente del presente caso, la Corte procede a analizar las violaciones alegadas de laConvención Americana en consideración de los hechos que la Corte considere probados, asícomo de los argumentos legales de las partes. Para ello, se atendrá a los principios de lasana crítica, dentro del marco normativo correspondiente 66 . En tales términos, los tribunalesinternacionales tienen amplias facultades para apreciar y valorar las pruebas, de acuerdocon las reglas de la lógica y con base en la experiencia, sin que deban sujetarse a reglas deprueba tasada 67 . La prueba circunstancial, los indicios y las presunciones pueden utilizarse,siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos 68 .64El original en inglés señala: “122. [The State] refused to disclose any documents of substance from thecriminal investigation file, invoking a number of reasons for that decision. First, they stated that the investigationwas pending; then, that it contained certain documents classified as secret and, finally, referred to Article 161 ofthe Code of Criminal Procedure which allegedly precluded the submission of these documents. 123. The Court hason several occasions reminded the Government of the possibility to request the application of Rule 33 § 2 of theRules of Court, which permits a restriction on the principle of the public character of the documents deposited withthe Court for legitimate purposes, such as the protection of national security and the private life of the parties, aswell as the interests of justice. No such request has been made in this case. The Court further remarks that theprovisions of Article 161 of the Code of Criminal Procedure, to which the Government refer, do not precludedisclosure of the documents from a pending investigation file, but rather set out a procedure for and limits to suchdisclosure. The Government failed to specify the nature of the documents and the grounds on which they could notbe disclosed (see, for similar conclusions, Mikheyev v. Russia, no. 77617/01, § 104, 26 January 2006). […] theCourt considers the Government's explanations concerning the disclosure of the case file insufficient to justify thewithholding of the key information requested by the Court”. Cfr. ECHR, Imakayeva v. Russia, Judgment of 9November 2006, Application no. 7615/02, paras 122 and 123.65Cfr. artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal, sancionado el 20 de enero de 1998, publicado en laGaceta Oficial No. 5.208, extraordinario, de 23 de enero de 1998, con la reforma parcial sancionada el 25 deagosto de 2000, y publicada en la Gaceta Oficial No. 37.022, de la misma fecha, y la reforma parcial sancionada el12 de noviembre de 2001, y publicada en la Gaceta Oficial No. 5.558,extraordinario, de 14 de noviembre de 2001,artículo 11 (expediente de prueba, tomo XXVI, folio 9319) y Caso Gonzalez y otras (“Campo Algodonero”) Vs.México, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de enero de 2009 (solicitud deampliación de presuntas víctimas y negativa de remisión de prueba documental), párr. 61.66Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, supra nota 45 párr. 76;Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra nota 29, párr. 54, y Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia, supra nota48, párr. 31.67Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala, supra nota 44, párr. 51; CasoAlmonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra nota 26, párr. 69, y Caso Servellón García y otros Vs. Honduras, supranota 44, párr. 35.68Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 45, párr. 130.

-30-102. La Corte hará las determinaciones correspondientes observando que los elementosprobatorios, entre ellos las declaraciones, sean coincidentes entre sí, que haya otroselementos de convicción que los apoyen y, en general, que la prueba aportada seasuficiente, variada, idónea, confiable y pertinente para demostrar los hechos objeto deanálisis. Es decir, se debe verificar que las premisas planteadas estén acreditadas, así comoel grado de credibilidad racional de la conclusión a la que pretenda llegar la parte que lasalegue. Así, cada hipótesis concreta alegada en un determinado contexto debe estarsustentada por los elementos de prueba, de modo que aquélla adquiera su propio grado deconfirmación sobre la base de los elementos probatorios disponibles, lo que permitirá tenerpor demostrada la hipótesis que resulte más aceptable frente a otras, según esté dotada deun mayor grado de confirmación, apoyo o sustento en la prueba.VIIIARTÍCULO 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) DE LA CONVENCIÓNEN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 5.1 (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL) 69Y 13.1 (LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN) 70 DE LA MISMA103. El artículo 5.1 de la Convención consagra el derecho a la integridad personal, física,psíquica y moral.104. El artículo 13 de la Convención reconoce a todas las personas los derechos ylibertades de expresar su pensamiento, de buscar, recibir y difundir informaciones e ideasde toda índole, así como el derecho a recibir información y conocer la expresión delpensamiento ajeno 71 .105. La libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, “es unapiedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática” 72 . No sólo debegarantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidasfavorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que tocaa las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población. Tales son lasdemandas del pluralismo, que implica tolerancia y espíritu de apertura, sin los cuales noexiste una sociedad democrática. Cualquier condición, restricción o sanción en esta materia69El artículo 5.1 de la Convención establece que: “Toda persona tiene derecho a que se respete suintegridad física, psíquica y moral”.70El artículo 13.1 de la Convención dispone que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento yde expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otroprocedimiento de su elección”.71Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre DerechosHumanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párrs. 30-32. Ver también,Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenciade 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 64; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 146; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. ExcepcionesPreliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 108; CasoRicardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111,párr. 77, y Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No.177, párr. 53.72Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre DerechosHumanos). Opinión Consultiva OC-5/85, supra nota 71, párr. 70. Ver también Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica,supra nota 71, párr. 112; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, supra nota 71., párr. 82; Caso Kimel Vs. Argentina,supra nota 71, párrs. 87 y 88; y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs.Venezuela, supra nota 31, párr. 131.

-31-deben ser proporcionadas al fin legítimo que se persigue 73 . Sin una efectiva garantía de lalibertad de expresión, se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo yla tolerancia; los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantesy, en definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios 74 .106. Con todo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede estar sujeta arestricciones 75 , en particular cuando interfiere con otros derechos garantizados por laConvención 76 . Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democráticay la responsabilidad que entraña para los medios de comunicación social y para quienesejercen profesionalmente estas labores, el Estado debe minimizar las restricciones a lainformación y equilibrar, en la mayor medida posible, la participación de las distintascorrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En estos términos sepuede explicar la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de losmedios, que deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan 77 , y elesfuerzo por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de lasideas 78 .107. El ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones yprácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamenterestringida por actos normativos o administrativos del Estado o por condiciones de facto quecoloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienesla ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares.En el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en la Convención,el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca oprofundice esa vulnerabilidad 79 y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesariasy razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en talsituación, así como, en su caso, investigar hechos que los perjudiquen.108. En el presente caso, la Corte observa que la mayoría de hechos alegados en lademanda como violatorios de los artículos 5 y 13 habrían sido cometidos por particulares,en perjuicio de periodistas y miembros de los equipos reporteriles, así como de los bienes ysede del canal RCTV.73Es así como en el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana se reconoce que: “[s]on componentesfundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, laresponsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad deexpresión y de prensa”. Cfr., además, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, supra nota 71, párr. 152; y Caso “La ÚltimaTentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, supra nota 71, párr. 69.74Cfr., en similares términos, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra nota 71, párr.116.75Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra nota 71, párr. 120; Caso Apitz Barbera y otros (“CortePrimera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 31, párr. 131; Caso Kimel Vs. Argentina,supra nota 71., párr. 54; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, supra nota 71, párr. 95; Caso Palamara Iribarne Vs.Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 79.76Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, supra nota 71, párr. 56; y Caso Apitz Barbera y otros (“CortePrimera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 31 párr. 13177Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra nota 71, párrs. 117 y 118.78Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, supra nota 71, párr. 57. El Tribunal ha señalado que “esindispensable[…] la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto a ellos, cualquiera sea la formaque pretenda adoptar”. Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas. OC-5/85, supra nota 71, párr. 34.79Cfr., inter alia, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03. Serie A No. 18, párrs. 112-172; Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, supra nota 38, párrs.173-189.

-32-109. La Corte ha señalado que la responsabilidad internacional del Estado puedegenerarse por actos violatorios cometidos por terceros, que en principio no le seríanatribuibles 80 . Esto ocurre si el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes que seencuentren en posición de garantes de derechos humanos, las obligaciones erga omnescontenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención.110. La Corte también ha señalado que un Estado no es responsable por cualquierviolación de derechos humanos cometida por particulares. El carácter erga omnes de lasobligaciones convencionales de garantía no implica una responsabilidad ilimitada de losEstados frente a cualquier acto de particulares. Debe atenderse a las circunstanciasparticulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía, considerando laprevisibilidad de un riesgo real e inmediato 81 .111. Con base en los criterios anteriores, corresponde al Tribunal analizar los hechosalegados y la prueba aportada, en el contexto en que habrían ocurrido.A) Contexto de los hechos y discursos de funcionarios públicos112. Según fue indicado anteriormente (supra párrs. 65, 66 y 69), la Comisión consideróque poseyendo “pleno conocimiento de la situación de riesgo” y “de la ocurrencia de hechosde violencia en las calles y en la sede del canal de RCTV, durante los cuales periodistas ytrabajadores de la comunicación social de dicho canal eran agredidos”, el Estado tenía undeber especial de protección e incumplió el deber de prevenir que actos de tercerospudieran afectar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.113. Por su parte, los representantes alegaron que los discursos de referenciaconstituyeron “amenazas y ataques morales en contra de los diversos medios decomunicación social del país y expresamente en contra de RCTV, sus directivos yaccionistas”, cuyo contenido demostraría “una política de [E]stado continuada de ataques yamenazas” en su contra. Presentaron tres tipos de alegatos respecto de estospronunciamientos: a) que constituyen, “en sí mismo, una violación a las obligacionesinternacionales de Venezuela” y “una violación […] a la integridad personal de quienesintegran el equipo de RCTV”; b) que las agresiones físicas de las que han sido objeto laspresuntas víctimas “son consecuencia natural del discurso agresivo y violento del Presidentede la República y otras altas autoridades” ya que “han sido toleradas, justificadas eincentivadas por el propio Presidente de la República”; y c) que los discursos demostrarían“una política de Estado configurada en amenazas, atentados y violaciones a la libertad deexpresión por parte de distintos órganos del poder público del Estado”.114. En sus alegatos finales escritos, el Estado reiteró que las pruebas presentadas nodemuestran la relación causal alegada.115. La Corte observa que lo alegado por la Comisión en la demanda coincide condeterminados alcances y conclusiones de su Informe de fondo No. 119/06 de 26 de octubrede 2006, acerca del contenido de algunas declaraciones de altos funcionarios del Estado,pero se contradice con otros. Por un lado, la Comisión “consideró fundamental distinguir” lasdeclaraciones que se referían a amenazas de revocatoria o no renovación del permiso oconcesión de los medios de comunicación privados, de las “expresiones que constituyen el80Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, supra nota 38, párr. 111; Caso de la Masacre dePueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140,párr. 113; y Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra nota 29, párr. 77.81Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 80, párr. 123; y Valle Jaramillo y otrosVs. Colombia, supra nota 29, párr. 78.

-33-ejercicio legítimo del derecho a la libertad del pensamiento y expresión por parte de altasautoridades del Estado”. En cuanto a esto último, la Comisión constató que en talespronunciamientos “se ha hecho referencia [a RCTV] como “jinetes del Apocalipsis”,“fascistas”, que tienen “una campaña de terrorismo”, “que están concertados en una accióncontra el gobierno de Venezuela, contra el pueblo, contra las leyes y contra la República”,“mentirosos, perversos, inmorales, golpistas y terroristas”, pero hizo las siguientesconsideraciones:[…]la mayoría de los pronunciamientos anexados […] aunque pueden tener un contenido fuerte ycrítico que incluso puede ser valorado como ofensivo, constituyen expresiones legitimas depensamientos y opiniones sobre las formas particulares que puede tener un medio decomunicación de ejercer el periodismo que se encuentran protegidas y garantizadas bajo elartículo 13 de la Convención Americana y la Comisión no encuentra que constituyan violaciónalguna de ese instrumento.212. Los medios de comunicación y los comunicadores sociales ejercen una función que tieneper se una naturaleza pública. Es evidente la particular exposición a la crítica a la quevoluntariamente se someten quienes deciden mostrar a la audiencia pública su trabajo. Laopinión de quienes son los receptores de la información que los medios de comunicación y sustrabajadores producen, fomenta el ejercicio responsable de la función de informar, tomando enespecial consideración la importancia que tiene para los medios y sus trabajadores la credibilidadque se logre a través de su labor informativa..213. Por ello, es evidente que en el marco del debate público en Venezuela el tema de cómolos medios de comunicación ejercen su trabajo es un tema de discusión pública y por ello, lascriticas y calificaciones realizadas en este marco por funcionarios o por particulares deben sertoleradas en cuanto no conduzcan directamente a la violencia.[…]214. Además, no es posible abstraerse de que la Comisión señaló en su Informe sobre laSituación sobre los Derechos Humanos en Venezuela, que durante la visita in loco que llevó acabo tomó conocimiento sobre acciones de los medios de comunicación que obstaculizaron elacceso a información vital de la sociedad venezolana durante los trágicos sucesos de abril de2002 que llevaron al golpe de estado y a la reposición de la democracia. Al respecto, señaló quesi bien las decisiones editoriales motivadas por razones políticas no vulneran ninguno de losderechos garantizados por la Convención, las mejores vías para contribuir al debate son aquellasque permiten que los medios cumplan escrupulosamente su labor de informar a la población.215. Con base en estas consideraciones, la Comisión considera que dichas declaraciones delos funcionarios, pese a poder ser chocantes, fuertes, ofensivas o carentes de prudencia en unmomento en que la historia de Venezuela encontraba a su población claramente dividida enposiciones políticas, no pueden ser consideradas como un incumplimiento del Estado del deber derespetar el derecho a la libertad de pensamiento y de opinión, cuando justamente supone suejercicio 82 (énfasis agregado).116. Por otro lado, al analizar los hechos bajo el artículo 13 de la Convención, en elmencionado Informe de fondo, la Comisión estimó importante tomar en cuenta el contenidode algunos de esos pronunciamientos, a efecto de determinar si las distintas instancias delEstado habían adoptado las medidas que razonablemente podían adoptar teniendoconocimiento del riesgo en que se encontraban los periodistas y trabajadores de RCTV. LaComisión consideró que, “aunque el fuerte contenido de los pronunciamientos no puedaconsiderarse como la causa directa de los posteriores actos en perjuicio de los trabajadoresde RCTV, […] la continuidad de algunos contenidos de las declaraciones desde las más altasesferas del Estado, en los cuales se identifica al medio de comunicación al cual pertenecenlas víctimas coadyuvan a crear un ambiente de fuerte politización y polarización en lasociedad y en los medios de comunicación, además de fuerte intolerancia y fanatismo quepuede resultar en actos de violencia contra las personas que se identifican comotrabajadores de ese medio de comunicación y en la voluntad de obstaculizar su laborperiodística”. También señaló la Comisión que, si bien no pueden considerarse “en términosconvencionales como incitaciones a la violencia”, tales pronunciamientos “sí pueden llegar aser interpretados como tales por partidarios fervorosos de uno u otro bando en un contexto82CIDH. Informe de fondo No. 119/06 de 26 de octubre de 2006, párrs. 211 a 215 (expediente de prueba,tomo I, folios 52-54).

-34-de extrema polarización política como el venezolano”, por lo que darles continuidadperiódica es incompatible con el deber de prevenir los actos que puedan afectar el ejerciciodel derecho a la libertad de expresión 83 .117. La Corte ha reiterado que para establecer que se ha producido una violación de losderechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en elderecho penal interno, la culpabilidad de los autores o su intencionalidad, y tampoco espreciso identificar individualmente a los agentes a los que se atribuyen los hechosviolatorios 84 . Es suficiente que el Estado haya incumplido una obligación a su cargo.118. Además, la atribución de responsabilidad internacional a un Estado por actos deagentes estatales o de particulares deberá determinarse atendiendo a las particularidades ycircunstancias de cada caso 85 , así como a los correlativos deberes especiales aplicables almismo. Si bien esta atribución se realiza con base en el Derecho Internacional, este ordennormativo no puede definir en forma taxativa todas las hipótesis o situaciones deatribuibilidad al Estado de cada una de las posibles y eventuales acciones u omisiones deagentes estatales o de particulares, ni las diversas formas y modalidades que puedenasumir los hechos en situaciones violatorias de derechos humanos 86 .119. En cuanto a los términos en que los actos u omisiones de altos funcionarios puedenser atribuibles al Estado, cabe decir, en términos generales, que todo menoscabo a losderechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglasdel Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituyeun hecho imputable al Estado, pues es un principio de Derecho internacional que ésteresponde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácteroficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia 87 . Es decir, la responsabilidadinternacional se genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido a cualquierpoder u órgano de aquél, independientemente de su jerarquía 88 .120. La Corte Internacional de Justicia ha entendido que las declaraciones de altasautoridades estatales pueden servir no sólo como admisión de la conducta del propioEstado 89 , sino también generar obligaciones a éste 90 . Aún más, tales declaraciones pueden83CIDH. Informe de fondo No. 119/06 de 26 de octubre de 2006, párrs. 277 a 281 (expediente de prueba,tomo I, folios 67-68).84Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 38, párr. 173; Caso La Cantuta Vs. Perú.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 156; Caso de la“Masacre de Mapiripán”, supra nota 38, párr. 11085Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 38, párr. 113; Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 78; y Caso de laMasacre de Pueblo Bello, supra nota 80, párr. 123.86Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 38, párr. 113; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello,supra nota 80, párr. 116.87Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 38, párr. 173; Caso de la “Panel Blanca” (CasoPaniagua Morales y otros). Fondo, supra nota 45, párr. 91; Caso Yvon Neptune Vs. Haití, supra nota 49, párr. 43; yCaso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 79.88Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 18 de agostode 2000. Serie C No. 69, párr. 109; Caso Yvon Neptune Vs. Haití, supra nota 49, párr. 43; y Caso CantoralHuamaní y García Santa Cruz Vs. Perú, supra nota 87, párr. 79. Ver también, Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota84, párr. 156.89Cfr. ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States ofAmerica), Judgment of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1984, p. 390, para. 64.

-36-124. Diversas situaciones provocaron reacciones de órganos políticos de la OEA. Porejemplo, el Consejo Permanente de la Organización, mediante la Resolución 833, de fecha16 de diciembre de 2002, resolvió 95 :Instar al Gobierno de Venezuela a que vele por el pleno disfrute de la libertad de expresión y deprensa y hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad venezolana para que contribuyanal fomento de la paz y de la tolerancia entre todos los venezolanos y a todos los actores socialesa que se abstengan de estimular la confrontación política y la violencia.125. Es oportuno recordar que en los períodos en que ocurrieron los hechos del presentecaso, la Corte dictó varias resoluciones en que ordenaba a Venezuela que adoptara medidasprovisionales de protección a favor de personas vinculadas con medios de comunicaciónsocial 96 . Durante esa época, la Corte constató varias veces el incumplimiento de las órdenessobre medidas provisionales 97 .126. En ese contexto fueron emitidas las declaraciones de funcionarios públicos referidasen la demanda de la Comisión 98 , consistentes en pronunciamientos en un programatelevisivo u otras intervenciones públicas en diferentes fechas y eventos ocurridos durantelos años 2002 a 2004, que fueron transmitidas a través de medios de comunicación. ElEstado no ha controvertido la emisión de tales declaraciones.127. Los discursos y pronunciamientos señalados, de naturaleza esencialmente política, serefieren a los medios privados de comunicación social en Venezuela, en general, y a RCTV,sus dueños y directivos, en particular, aunque no se hacen señalamientos a periodistasespecíficos. La prueba aportada permite comprobar que esas declaraciones contienen lasexpresiones que han sido enfatizadas por la Comisión y los representantes en sus alegatos.Así, el medio de comunicación social RCTV, y en algunos casos sus dueños y directivos, sonseñalados como “fascistas” 99 , y que “están comprometidos en [una] accióndesestabilizadora contra el gobierno de Venezuela, contra el pueblo, contra las leyes, contra95Cfr. Organización de Estados Americanos, “Respaldo a la Institucionalidad Democrática en Venezuela y ala Gestión de Facilitación del Secretario General de la OEA”, OEA/Ser.G. CP/RES. 833 (1348/02), 16 diciembre2002.96Cfr. Caso Luisiana Ríos y otros respecto de Venezuela. Medidas Provisionales. Resolución de la CorteInteramericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2002; Asunto Marta Colomina y Liliana Velásquezrespecto de Venezuela. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8de septiembre de 2003; Asunto Diarios "El Nacional" y "Así es la Noticia" respecto de Venezuela. MedidasProvisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de julio de 2004; y Caso de laEmisora de Televisión "Globovisión" respecto de Venezuela. Medidas Provisionales. Resolución de la CorteInteramericana de Derechos Humanos de 4 de septiembre de 2004.97Cfr. Caso Luisiana Ríos y otros respecto de Venezuela. Medidas Provisionales. Resoluciones de la CorteInteramericana de Derechos Humanos de 20 de febrero de 2003, 21 de noviembre de 2003, 2 de diciembre de2003, 8 de septiembre de 2004 y 12 de septiembre de 2005; Asunto Marta Colomina y Liliana Velásquez respectode Venezuela. Medidas Provisionales. Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 deseptiembre de 2003, 2 de diciembre de 2003, y 4 de julio de 2006; y Resolución Conjunta de la CorteInteramericana de Derechos Humanos sobre varios asuntos (Liliana Ortega y otras; Luisiana Ríos y otros; LuisUzcátegui; Marta Colomina y Liliana Velásquez) respecto de Venezuela de 4 de mayo de 2004.98Además, los representantes se refirieron a 10 declaraciones más del Presidente de la República y 11declaraciones de otros funcionarios públicos, que alegaron forman parte del “contexto” relativo a las violacionesalegadas. Si bien los representantes pueden exponer aquellos hechos que permitan explicar, aclarar o desestimarlos que han sido mencionados en la demanda esta Corte considera que esas otras declaraciones no son explicativasde estos hechos, toda vez que no hacen referencia a los mismos sino que son nuevas declaraciones, distintas a lasallí contenidas. Por lo anterior, la Corte no analizará esas otras declaraciones.99Trascripción del Programa “Aló Presidente” de 15 de diciembre de 2002 (expediente de prueba, tomo V,anexo 47, folios 1505-1506) y trascripción del programa “Aló Presidente” de 12 de enero de 2003 (expediente deprueba, tomo V, anexo 47, folio 1543).

-37-la República” 100 . Además, se identifica a tal medio o a sus dueños, expresa oimplícitamente, como partícipes en el golpe de Estado de 2002; se incluye a RCTV como unode cuatro medios de comunicación privados aludidos como “los cuatro jinetes delApocalipsis” 101 ; y se hacen referencias a RCTV de “enemigos del pueblo de Venezuela” 102 yde responder a un “plan terrorista” 103 . Asimismo, se cuestiona la veracidad de informacióntransmitida por RCTV y en algunas declaraciones se hace referencia a la concesión paraoperar los medios de comunicación y a la posibilidad de cancelarla (infra párrs. 330 a 339).128. RCTV fue caracterizado en la demanda de la Comisión como “un canal privado detelevisión inscrito legalmente” y como “un medio de comunicación con una línea editorialcrítica al gobierno y uno de los cuatro canales privados de televisión de Venezuela señaladoscomo partícipes políticos activos en hechos de convulsión tales como el golpe de Estado deabril de 2002 y el paro de diciembre del mismo año”. Asimismo, indicó la Comisión, “elcanal ha sido objeto de señalamientos a nivel interno […] respecto a la forma de transmitircierta información bajo los argumentos de que incita a la violencia, falta al respeto y lahonra del Presidente de la República y difunde información falsa y tendenciosa” 104 . Estacaracterización no fue controvertida por el Estado e incluso coincide con varios de susalegatos acerca del rol político que habría desempeñado ese medio en determinadosmomentos (supra párr. 51, 52 y 61).129. Del análisis de los hechos alegados (infra párrs. 150 a 265), la Corte observa quefueron cometidos por particulares y la mayoría ocurrieron durante el ejercicio de laboresperiodísticas de las presuntas víctimas, quienes relataron cómo habían sido afectadas en suvida profesional y personal. En general, coincidieron en el temor que les provocaba realizarsus labores periodísticas en las calles, en ciertas zonas y en la cobertura de determinadoseventos; se refirieron a medidas de seguridad que tuvieron que emplear en sus labores, alas afectaciones a su salud y las consecuencias en sus vidas familiares y sociales; ademásalgunas de personas debieron mudarse a otro municipio o estado o se retiraron temporal odefinitivamente de sus labores (infra párr. 272 y 273).130. Asimismo, otros actos fueron dirigidos contra RCTV. Por ejemplo, fue probado que el3 de junio de 2004 la sede del canal RCTV fue atacada violentamente por particulares,quienes obstaculizaron las labores del personal del canal, trataron de forzar las puertas deseguridad que dan acceso al canal incendiando un camión de una empresa, dispararon encontra del edificio y escribieron insultos en las paredes (infra párr. 264). También, fueprobado que el 14 de agosto de 2003 un numeroso grupo de particulares realizaronmanifestaciones en forma violenta afuera de las instalaciones del canal, durante las cualesindividuos no identificados hicieron pintas con diversas inscripciones (infra párr. 237). Por100Trascripción del Programa “Aló Presidente” de 15 de diciembre de 2002 (expediente de prueba, tomoXLVI, folio 1508).101Trascripción del programa “Aló Presidente” de 12 de enero de 2003 (expediente de prueba, tomo V, anexo47, folios 1541-1542).102Trascripción del programa “Aló Presidente” # 191 de 9 de mayo de 2004, disponible enhttp://www.gobiernoenlinea.ve/misc-view/sharedfiles/Alo_Presidente_191.pdf, pág. 11.103Trascripción del programa “Aló Presidente” de 8 de diciembre de 2002 (expediente de prueba, tomo V,anexo 47, folio 1628). Ver también, trascripción del programa “Aló Presidente” de 8 de diciembre de 2002(expediente de prueba, tomo VI, anexo 49, folio 1765), trascripción del programa “Aló Presidente” de 12 de enerode 2003 (expediente de prueba, tomo V, anexo 47, folio 1540) y trascripción del programa “Aló Presidente” # 191de 9 de mayo de 2004, disponible en http://www.gobiernoenlinea.ve/miscview/sharedfiles/Alo_Presidente_191.pdf,pág. 11.104Al hacer esta referencia a RCTV, la Comisión citó lo siguiente: “Resumen y recomendaciones del Informede Human Rights Watch: Entre dos Fuegos: La Libertad de Expresión en Venezuela. En portal de internet:http://www.hrw.org/spanish/informes/2003/venezuela_prensa.html”

-38-último, en varios de los hechos se constató que vehículos y equipos de transmisión delcanal resultaron dañados por particulares no identificados (infra párrs. 200, 225, 237 y264).131. Es claro que en los períodos referidos las personas vinculadas laboralmente conRCTV, o con su operación periodística, se vieron enfrentadas a situaciones amenazantes,amedrentadoras y que pusieron en riesgo sus derechos. En efecto, desde enero de 2002 laComisión dictó medidas cautelares a favor de los trabajadores de RCTV 105 y desdenoviembre de 2002 este Tribunal ordenó a Venezuela que adoptara medidas provisionalesde protección a favor de personas vinculadas con RCTV (supra párrs. 20 a 29). Además,según fue señalado, el Estado hizo mención de órdenes de protección dictadas por losórganos internos venezolanos. La mayoría de los hechos analizados fueron denunciadosante autoridades estatales, específicamente ante el Ministerio Público (supra párrs. 289).Esto demuestra que estas situaciones eran conocidas por el Estado.132. Los representantes alegaron que las agresiones físicas de las que han sido objeto losperiodistas y demás trabajadores de RCTV “son la consecuencia natural del discursoagresivo y violento del Presidente de la República y otras altas autoridades”, pues “[no] escasual que luego de producirse un ataque verbal violento del Presidente de la Repúblicacontra los medios o en concreto contra RCTV, a los pocos días, en la cobertura periodísticadel próximo evento público, ocurran episodios violentos contra los periodistas de RCTV o susbienes.” Señalaron que otro aspecto del patrón de agresión consiste “en la internalizaciónde estas ideas en los venezolanos seguidores y partidarios del Presidente”, quienes sehabrían sentido directa o indirectamente apoyados por el Estado y, por tanto, con derecho aagredir física y moralmente al canal, a sus periodistas, trabajadores y directivos.133. Al respecto, la Corte observa que en su Informe de fondo la Comisión hizo lasiguiente consideración 106 :262. Como ha quedado demostrado, los actos de hostigamiento, agresiones físicas, verbalesy amenazas recibidas por las presuntas víctimas del presenta caso […] provienen tanto de actos yomisiones de funcionarios del Estado como de actos particulares. Los peticionarios alegan que lamayoría de los actos de particulares […] provienen de grupos organizados como son los CírculosBolivarianos como de “grupos paraestatales” como el Movimiento M-28, el Movimiento Tupamaro,el Movimiento Carapacia y el Frente Bolivariano de Liberación “financiados de manera abierta yreconocida por el Gobierno con recursos del Estado […] adoctrinados y provistos de armas paradefender el proyecto revolucionario que persigue el Presidente”, que actuan en colaboración ycoordinación con el gobierno.263. Pese a dichos alegatos, la Comisión no cuenta con elementos suficientes para poderrealizar un análisis claro sobre las características jurídicas de cada uno de estos grupos, así comotampoco se puede determinar cuales de las agresiones físicas y verbales fueron efectivamenterealizadas por cada uno de las organizaciones o movimientos mencionados anteriormente o porparticulares.264. La Comisión no puede dejar de señalar que surgen elementos probatorios que indicanque existe un ligamen entre los Círculos Bolivarianos y el Estado. Pese a ello, faltan en elexpediente constancias que permitan llegar a la conclusión, en las especiales circunstancias delpresente caso, que dichos grupos están autorizados por la legislación del Estado para ejerceratribuciones de autoridad gubernamental. […]265. Teniendo en cuenta lo anterior, el examen de atribución de responsabilidad del Estadodebe limitarse a actos cometidos por particulares en términos generales. […]105Mediante la adopción de dichas medidas, la Comisión solicitó al Estado abstenerse de realizar toda acciónque pudiera tener un efecto intimidatorio sobre el ejercicio profesional de los periodistas y demás trabajadores quelaboraban en los medios de comunicación Globovisión y RCTV, así como la adopción de las medidas necesariaspara proteger la seguridad de todos los empleados y los bienes de los canales mencionados.106CIDH. Informe de fondo No. 119/06 de 26 de octubre de 2006, párrs. 262 a 265 (expediente de prueba,tomo I, folios 63-64).

-39-134. En efecto, en la demanda la Comisión no alegó específicamente que laresponsabilidad del Estado se basara en la atribución de los hechos a personas o grupos queconformaran los llamados “Círculos Bolivarianos”. Tal circunstancia está fuera del marcofáctico del presente caso. Aún en la hipótesis de que ese supuesto de hecho alegado por losrepresentantes fuese un complemento de lo expuesto por la Comisión, se debe notar queaquéllos no han presentado alegatos ni prueba sobre la constitución de esas asociaciones,entidades o grupos de personas, su funcionamiento y, sobre todo, las formas en queestarían apoyados, financiados, dirigidos o, de alguna manera, vinculados con el gobierno oalguna institución o entidad estatal. Incluso en la hipótesis, no comprobada, de que algunode los hechos alegados fuese atribuible a esos grupos o personas vinculadas con losmismos, se requeriría prueba específica de ese vínculo -y del incumplimiento de los deberesestatales de prevención y protección- para atribuir al Estado los actos de esas personas.135. Los representantes tampoco especificaron los efectos que una relación de “personasorganizadas vinculadas al gobierno” tendría en esos hechos, ni definieron qué entienden por“grupos de particulares organizados que se identifican abiertamente como partidarios yseguidores del Gobierno”, ni por “simpatizantes y partidarios del oficialismo”. Ciertamente elEstado también ha utilizado términos similares en su defensa y tampoco ha precisado aquién se refiere (supra párrs. 51, 52 y 61). La Corte observa que la mera “simpatía” ocarácter de “seguidor” o “partidario” de una persona o grupo de personas hacia el gobiernoo “el oficialismo” no sería causa de atribución, per se, de los actos de aquéllos al Estado. Laafinidad o incluso la auto-identificación de una persona con ideas, propuestas o actos de ungobierno, forman parte del ejercicio de sus libertades en una sociedad democrática,ciertamente dentro de los límites previstos en las normas nacionales e internacionalesrelevantes.136. Respecto de lo alegado por los representantes, en cuanto a que los discursos defuncionarios públicos constituyeron un “patrón” o “política de Estado” (supra párr. 113), laCorte ha establecido que no es posible ignorar la gravedad especial que reviste el hecho deatribuir a un Estado Parte en la Convención haber ejecutado o tolerado en su territorio unapráctica de violaciones a los derechos humanos, y que ello “obliga a la Corte a aplicar unavaloración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que sea capaz de crear laconvicción de la verdad de los hechos alegados” 107 .137. En relación con lo anterior, la Corte ha sostenido reiteradamente que la obligación delos Estados Parte de garantizar los derechos reconocidos en la Convención implica su deberde organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través delas cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces deasegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos 108 . A su vez, endiversos casos relativos a detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones, laCorte ha tomado en cuenta la existencia de “prácticas sistemáticas y masivas”, “patrones” o“políticas estatales” en que los graves hechos se han enmarcado, cuando “la preparación yejecución” de la violación de derechos humanos de las víctimas fue perpetrada “con elconocimiento u órdenes superiores de altos mandos y autoridades del Estado o con lacolaboración, aquiescencia y tolerancia, manifestadas en diversas acciones y omisionesrealizadas en forma coordinada o concatenada”, de miembros de diferentes estructuras yórganos estatales. En esos casos, en vez de que las instituciones, mecanismos y poderes del107Cfr. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 135;Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra nota 29, párr. 97; y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera delo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 31, párr. 97.108Cfr. Caso Velásquez Rodríguez y otros vs. Honduras. Fondo, supra nota 45, párr. 166; Caso TrabajadoresCesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 92 y Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile,supra nota 26, párr. 110.

-40-Estado funcionaran como garantía de prevención y protección de las víctimas contra elaccionar criminal de sus agentes, se verificó una “instrumentalización del poder estatalcomo medio y recurso para cometer la violación de los derechos que debieron respetar ygarantizar”, lo que generalmente se ha visto favorecido por situaciones generalizadas deimpunidad de esas graves violaciones, propiciada y tolerada por la ausencia de garantíasjudiciales e ineficacia de las instituciones judiciales para afrontarlas o contenerlas 109 .138. En este caso, los referidos funcionarios públicos hicieron uso, en ejercicio de suinvestidura, de los medios que el Estado les proporcionaba para emitir sus declaraciones ydiscursos, y es por ello que tienen carácter oficial. Si bien no es necesario conocer latotalidad de eventos ocurridos en Venezuela que afectaron a medios de comunicación o asus trabajadores, ni la totalidad de declaraciones o discursos emitidos por altas autoridadesestatales, lo relevante es, para efectos del presente caso y en los contextos en queocurrieron los hechos, que el contenido de tales pronunciamientos fue reiterado en variasoportunidades durante ese período. Sin embargo, no está acreditado que tales discursosdemuestren o revelen, por sí mismos, la existencia de una política de Estado. Además,habiendo establecido el objeto del presente caso (supra párrs. 53 a 63), tampoco han sidoaportados suficientes elementos probatorios que demuestren actos u omisiones de otrosórganos o estructuras estatales, a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poderpúblico, que correspondieren a una política de Estado, en los términos alegados.139. En una sociedad democrática no sólo es legítimo, sino que en ocasiones constituyeun deber de las autoridades estatales, pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sinembargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar enforma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los quefundamentan sus opiniones 110 , y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a laempleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance yeventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, ypara evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipuladade determinados hechos 111 . Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionariospúblicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y,por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos 112 ni constituir formas deinjerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretendencontribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Estedeber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayorconflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política,precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas ogrupos en un momento dado.140. La Comisión consideró que un “medio de prevención razonable” de posibles109Cfr., entre otros, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 38; Caso Myrna Mack ChangVs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101; Caso de la“Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, supra nota 38; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota80; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, supra nota 31;Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra nota53; Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra nota 26; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supranota 44; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 84; y Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia, supra nota49.110Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina, supra nota 71, párr. 79.; y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera delo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 31, párr. 131.111Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina, supra nota 71, párr. 79; y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera delo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 31, párr. 131.112Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supranota 31, párr. 131.

-41-interpretaciones equivocadas del contenido de los referidos discursos políticos, hubiese sidola realización de una clara e inequívoca condena pública a los actos potencialmenteatentatorios de la integridad personal de los directivos, periodistas y demás trabajadores delcanal, a efecto de prevenir agresiones contra ellos. De hecho, en su Informe Especial sobreVenezuela de 2003 la Comisión emitió una recomendación específica de mantener lacondena pública a los ataques contra los comunicadores sociales, con el fin de prevenirfuturos ataques 113 . La Comisión alegó además que otro medio de prevención razonablehubiera sido “el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares solicitadas por la Comisióny posteriormente de las medidas provisionales ordenadas por la Corte”.141. Al respecto, el Estado alegó que “el gobierno de la República Bolivariana deVenezuela siempre ha sido firme y categórico en la condena a todo acto de violencia decualquier índole, y concretamente desde diversas instituciones, órganos y autoridades delgobierno nacional, se ha condenado y repudiado cualquier acto de violencia en contra deperiodistas y trabajadores de los medios, así como cualquier tipo de agresión de equiposperiodísticos y sedes físicas de los diversos medios de comunicación” 114 En la audienciapública, el testigo Andrés Izarra señaló que “[ha] condenado [los hechos de agresión contraperiodistas] públicamente, como periodista y como ministro”, pero que no recordaba fechasy circunstancias en que lo había hecho. Además, el Estado señaló durante la audiencia que“como la propia Comisión reconoció en el caso Perozo y otros, el Presidente de la Repúblicaha expresado públicamente su más enérgica condena a los actos de violencia contratrabajadores de la comunicación” y que tales pronunciamientos “no se han limitado alPresidente de la República, sino que han incluido al Vicepresidente ejecutivo de la Repúblicay al Defensor del Pueblo, entre otras altas autoridades del Estado.”142. La Corte estima que, de los elementos aportados por el Estado para sustentar lasafirmaciones anteriores 115 , no se desprende la existencia de llamados públicos quedemuestren una “firme y categóric[a]” condena a “todo acto de violencia […] en contra deperiodistas y trabajadores de medios”. En el contexto de los hechos del presente caso, esposible considerar que la conducta apropiada de altas autoridades públicas frente a actos deagresión contra periodistas, en razón de su rol de comunicadores en una sociedaddemocrática, hubiese sido la manifestación pública de reprobación de tales hechos.143. Además de lo anterior, si bien es cierto que existe un riesgo intrínseco a la actividadperiodística, las personas que trabajan para determinado medio de comunicación socialpueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se veríanenfrentados, si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan provocar, sugeriracciones o ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad comoinstrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisiónde actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos depersonas que ejercen labores periodísticas o de quienes ejercen esa libertad de expresión.144. La Corte considera que no se desprende del contenido de los referidos discursos odeclaraciones que se haya autorizado, instigado, instruido u ordenado, o de algún modo113CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, OEA/Ser.L/V/II.118doc.4 rev.2, 29 de diciembre de 2003, párrafo 391.114Alegó además que “se han adoptado las medidas acordes con nuestro ordenamiento jurídico, para tratarde evitar cualquier clase de agresión en contra de los medios de comunicación social y de las personas que en elloslaboran, lo cual se puede comprobar con la serie de medidas adoptadas para el cumplimiento de las medidascautelares que en el presente caso fueron acordadas por la Corte [sic], a través de las disposición de diversosorganismos de seguridad para el resguardo y protección de periodistas, y demás personas dedicadas a la actividadde la comunicación social, así como también de las sedes físicas y oficinas de los medios de comunicación”.115Cfr. video (anexo 61 a los alegatos finales del Estado) y comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblode 10 de diciembre de 2002 (expediente de prueba, tomo XXV, folio 9233).

-42-promovido, actos de agresión o violencia contra las presuntas víctimas, por parte deórganos estatales, funcionarios públicos o grupos de personas o individuos específicos.Tampoco surge de tales declaraciones que aquellos funcionarios hayan asumido como actospropios, “justificado” o “considerado legítimas”, o siquiera apoyado o congratulado, accionesque pusieron en riesgo o que ocasionaron daños a las presuntas víctimas, luego deproducidos los ataques en su contra 116 .145. Sin embargo, el hecho de que en diversos discursos oficiales de altos funcionariosestatales se relacionara a RCTV, en particular a sus dueños y directivos, con planes dedesestabilización política, actividades terroristas o con el golpe de Estado de 2002, colocó aquienes trabajaban para este medio particular de comunicación en una posición de mayorvulnerabilidad relativa frente al Estado y determinados sectores de la sociedad.146. La auto-identificación de las presuntas víctimas con la línea editorial de RCTV no esuna conditio sine qua non para considerar que un grupo de personas, conformado porpersonas vinculadas con ese medio de comunicación social, se vieran enfrentadas, en mayoro menor grado, según el cargo que desempeñaban, a una misma situación devulnerabilidad. De hecho, no es relevante ni necesario que todos los trabajadores de RCTVtuviesen una opinión o posición política concordante con la línea editorial del medio decomunicación. Es suficiente la mera percepción de la identidad “opositora”, “golpista”,“terrorista”, “desinformadora” o “desestabilizadora”, proveniente principalmente delcontenido de los referidos discursos, para que ese grupo de personas, por el solo hecho deser identificables como trabajadores de ese canal de televisión y no por otras condicionespersonales, corrieran el riesgo de sufrir consecuencias desfavorables para sus derechos,ocasionadas por particulares.147. No ha sido demostrado que los particulares involucrados en actos de agresión contralas presuntas víctimas hubiesen reivindicado o proclamado, de algún modo, contar conapoyo oficial o instrucciones de algún órgano o funcionario estatal para cometerlos, aún enlos casos en que utilizaban determinados signos externos (vestimenta o indumentariaalusiva al gobierno). Además, no fue aportada prueba acerca de la identidad de esaspersonas, ni de su motivación para cometer tales hechos, por lo que no hay elementos paraconsiderar que sus acciones no les fueran atribuibles a ellos mismos, en su condición deindividuos.148. No obstante, en los contextos en que ocurrieron los hechos del presente caso (suprapárrs. 121 a 126), y al observar la percepción que de ese medio de comunicación hanexpresado tener autoridades estatales y ciertos sectores de la sociedad, es posibleconsiderar que dichos pronunciamientos de altos funcionarios públicos crearon, o al menoscontribuyeron a acentuar o exacerbar, situaciones de hostilidad, intolerancia o116En el caso Diplomatic and Consular Staff in Tehran la Corte Internacional de Justicia observó que el líderreligioso de Irán, Ayatollah Khomeini había hecho varias declaraciones públicas atribuyendo a los Estados Unidosde América la responsabilidad por todos los problemas de su país, lo que podía parecer un apoyo al resentimientogeneral de quienes apoyaban la revolución respecto de la admisión, por parte de los Estados Unidos, del antiguoShah. Además la Corte observó que un vocero de los militantes que habían ocupado la Embajada de EstadosUnidos en Teherán había hecho expresa referencia a un mensaje del Ayatollah llamando a los pupilos y estudiantesa atacar con toda su voluntad a los Estados Unidos y a Israel para que devolvieran al ex Shah y detuvieran laconspiración. Sin embargo, ese Tribunal estimó que “sería ir demasiado lejos interpretar tales declaracionesgenerales del Ayatollah hacia el pueblo o estudiantes de Irán como una autorización del Estado para llevar a cabola operación específica de invadir y tomar la Embajada de los Estados Unidos. De hecho, interpretarlo así, entraríaen conflicto con lo declarado por los propios militantes, quienes se habrían atribuido el crédito por haber planificadoy ejecutado el plan de ocupar la Embajada. Además, las felicitaciones luego del evento, como las que se informóhabría comunicado por teléfono el Ayatollah a los militantes la noche misma del ataque, así como otrassubsecuentes declaraciones de aprobación oficial, aún muy significativas en otros contextos que serán analizadosbrevemente, no alteran el carácter inicialmente independiente y no oficial del ataque de los militantes a laEmbajada”. Cfr. ICJ, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran),Judgment of 24 May 1980, I.C.J. Reports 1980, p. 3, para. 59.

-43-animadversión por parte de sectores de la población hacia las personas vinculadas con esemedio de comunicación. El contenido de algunos discursos, por la alta investidura dequienes los pronunciaron y su reiteración, implica una omisión de las autoridades estatalesen su deber de prevenir los hechos, pues pudo ser interpretado por individuos y grupos departiculares de forma tal que derivaran en actos de violencia contra las presuntas víctimas,así como en obstaculizaciones a su labor periodística.149. La Corte considera que, en la situación de vulnerabilidad real en que se encontraronlas presuntas víctimas para realizar su labor periodística, conocida por las autoridadesestatales, algunos contenidos de los referidos pronunciamientos son incompatibles con laobligación estatal de garantizar los derechos de esas personas a la integridad personal y ala libertad de buscar, recibir y difundir información de esas personas, al haber podidoresultar intimidatorios para quienes se hallaban vinculados con ese medio de comunicacióny constituir faltas al deber de prevenir situaciones violatorias o de riesgo para los derechosde las personas.B) Hechos violatorios de la integridad personal de las presuntas víctimasy de su libertad de buscar, recibir y difundir información150. Varios hechos reseñados por la Comisión y los representantes, en los que se alegaresultó vulnerado el derecho a la integridad física de algunas de las presuntas víctimas,ocurrieron en el contexto de manifestaciones públicas o marchas de grupos sociales.151. El Estado manifestó que en los casos en que se señala la responsabilidad de susagentes por agresiones físicas a periodistas, no se aportó prueba que demostrara falta dedebida diligencia por parte del Estado en tratar de impedir las agresiones. Señaló, entérminos generales, que si las presuntas víctimas participaron en alteraciones del ordenpúblico y sufrieron por su negligencia e imprudencia, no se puede pretender que el Estadoresponda por los daños causados, cuando ha adoptado medidas para protegerlos einvestigar los hechos. Las presuntas víctimas han ignorado estas medidas de protección ymostrado falta de debida diligencia a la hora de iniciar una actividad arriesgada por supropia naturaleza.152. El Estado alegó que “existen innumerables órdenes y medidas de protección dictadaspor los órganos internos venezolanos” para tratar de evitar cualquier clase de agresión encontra de los medios de comunicación social y de las personas que en ellos laboran, comotambién de sus sedes físicas y oficinas. Señaló que esa protección ha sido reconocida endiversas ocasiones por representantes de RCTV y citó al respecto varias declaraciones depresuntas víctimas o de trabajadores de dicho medio. Además, indicó que el Estado, através de los cuerpos de seguridad, “ha prestado las medidas diligentes para proteger a laspresuntas víctimas, no sólo en los hechos que alegan y no demuestran […] sino también encada manifestación oficial o de oposición, permitiendo que los periodistas sean incorporadosa cordones policiales para que puedan realizar su trabajo sin arriesgarse dentro de cualquiersituación de alteración del orden público”. Manifestó que se han tomado “medidas decustodia, vigilancia, protección, tratamiento especial, investigación, acompañamiento, y endefinitiva, colaboración de los cuerpos policiales y de seguridad, con los periodistasvenezolanos, en particular las supuestas y pretendidas víctimas”.153. Los representantes rechazaron que las agresiones sufridas fueran consecuencia de laconducta de las presuntas víctimas. Se produjeron durante el ejercicio de su laborperiodística en la calle. Negaron, además, que hayan estado involucrados en alteracionesdel orden público. Siempre estuvieron “buscando información” para su difusión, en lostérminos del artículo 13 de la Convención. Si bien el Estado dice haber dictado medidas deprotección, es evidente que éstas tienen un carácter exclusivamente formal y nunca han

-44-producido un efecto útil o protector en la práctica. El Estado tampoco ha cumplido suobligación de investigar las agresiones denunciadas.154. Es oportuno aclarar que la Corte no debe determinar ni evaluar si el Estado adoptómedidas para garantizar el orden público y la seguridad de las personas antes de cadamanifestación realizada en Venezuela durante el período en que ocurrieron los hechosobjeto del presente caso. Si el Estado afirma haber adoptado medidas efectivas deprevención y protección, le correspondía probar los casos y situaciones en que las presuntasvíctimas habrían actuado más allá de lo que las autoridades estatales podíanrazonablemente prevenir y hacer o que aquéllas habrían desobedecido sus instrucciones. Elalegato del Estado es inconsistente al señalar, por un lado, que las presuntas víctimasparticiparon en “graves alteraciones del orden público” y por otro, que adoptó medidasefectivas de protección a su favor. El Estado no probó, con respecto a los hechos que semencionan enseguida, que las presuntas víctimas tomaran parte en actos de alteración delorden público, o hubiesen desatendido instrucciones de los órganos de seguridad destinadasa protegerlas. En cuanto a las medidas de protección ordenadas por jueces internos, lamera orden de adoptar tales medidas no demuestra que el Estado haya protegidoefectivamente a los beneficiarios de la orden en relación con los hechos analizados.155. En consecuencia, la Corte tomará en cuenta que autoridades estatales habríanordenado medidas de protección, pero no se pronunciará sobre la idoneidad y efectividad detales medidas ni acerca de la prueba aportada en ese sentido.B.iHechos156. La Comisión alegó que el 17 de diciembre de 2001 la señora Luisiana Ríos fueagredida por particulares “partidarios del oficialismo” en un evento en el Panteón Nacional,por lo que debió abandonar el lugar custodiada por la Policía Militar 117 . El Estado se refirió alas actuaciones realizadas por la Fiscalía respecto de este hecho e informó que el 24 deenero de 2007 fue acordado el sobreseimiento de la causa.157. La Corte constata que las declaraciones de la señora Ríos son coincidentes con laversión de los hechos aportada por la Comisión 118 .158. En cuanto a las investigaciones en relación con este hecho, el 31 de enero de 2002 elseñor Eduardo Sapene Granier interpuso una denuncia ante la Dirección de DelitosComunes 119 . El 18 de febrero de 2002 las Fiscalías 2º y 74º dieron inicio a lasinvestigaciones correspondientes 120 . La Fiscalía 50˚ a Nivel Nacional con Competencia Plenaacumuló este caso a los otros en que presuntamente fue víctima la periodista Luisiana Ríos.117La Comisión alegó que “[e]l 17 de diciembre de 2001 particulares partidarios del oficialismo agredieron ala periodista Luisiana Ríos cuando cubría una noticia relacionada con el acto en honor al Libertador Simón Bolívarque realizaría el Presidente Hugo Chávez en el Panteón Nacional. En esa oportunidad, una mujer intentó golpear ala reportera mientras transmitía la noticia y, en ese contexto agresivo, otro particular empezó a perseguirla con unpalo en la mano. En razón de los acontecimientos en contra de la reportera, ésta tuvo que marcharse del lugarcustodiada por la policía militar.”118Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Luisiana Ríos Paiva el 25 de junio de 2008(expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5598-5602) y declaración de Luisiana Ríos (expediente de prueba, tomoVIII, anexo 31 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 3141-3143).119Cfr. denuncia interpuesta ante el Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana deCaracas el 31 de enero de 2002 (expediente de prueba, tomo V, folios 1475-1480).120Cfr. solicitud de sobreseimiento y desestimación de la Fiscalía 50º a Nivel Nacional con Competencia Plenade 18 de enero de 2006 (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9450-9468).

-45-Fueron practicadas entrevistas 121 . El 18 de enero de 2006, cuatro años después de realizadala primer denuncia, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa por este hecho, el cualfue decretado el 21 de febrero de 2006 por el Juzgado 50º en función de Control del ÁreaMetropolitana de Caracas, por encontrarse prescrita la acción penal 122 . Este Tribunalobserva que el Estado no justificó la inactividad procesal observada en esta investigacióndurante más de tres años y medio (infra párr. 318).159. La Corte estima que no han sido aportados suficientes elementos para dar porprobado que la señora Ríos haya sido agredida durante los sucesos de ese día, ni otroselementos de convicción que corroboren el testimonio de la presunta víctima.** *160. La Comisión alegó que el 20 de enero de 2002 la periodista Luisiana Ríos, elcamarógrafo Luis Augusto Contreras y el asistente de cámara Armando Amaya fueronobstaculizados en sus labores por particulares “simpatizantes del oficialismo” en elObservatorio Cajigal, por lo que no pudieron cubrir el programa presidencial al tener queretirarse del lugar asistidos por funcionarios de la Casa Militar de Miraflores 123 . Losrepresentantes alegaron este hecho como uno de los que “impidi[eron] o imposibilita[ron] elacceso a la información u opinión por parte de los periodistas” (infra párrs. 342 a 351). Ensus alegatos finales el Estado solo se refirió a este hecho en cuanto a las actuacionesrealizadas por la fiscalía responsable del caso e informó que el 24 de enero de 2007 fueacordada la desestimación de la denuncia.161. La Corte constata que las declaraciones de la señora Ríos, ofrecidas por losrepresentantes y rendidas mediante affidávit, son coincidentes con lo alegado por laComisión. En una de esas declaraciones la señora Ríos mencionó que la persona que laidentificó como periodista de RCTV y no la dejó pasar era representante de la llamada“Coordinadora Simón Bolívar de Catia” y que los demás agresores eran personassimpatizantes de los Círculos Bolivarianos 124 .162. La Comisión ofreció como prueba una declaración testimonial rendida por la señoraRíos ante la Corte Interamericana durante una audiencia pública celebrada en el marco delas medidas provisionales (supra párrs. 21). En su testimonio ante la Corte, la señora Ríosdeclaró que al llegar al lugar fue reconocida por las personas que se encontraban ahí,121Cfr., inter alia, acta de entrevista a Luisiana Ríos ante los Fiscales 2º y 74º del Área Metropolitana deCaracas de 11 de marzo de 2002 (expediente de prueba, tomo XXV, folios 9226-9230).122Cfr. decisión de sobreseimiento del Juzgado 50º de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Controldel Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de 21 de febrero de 2006(expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9470-9476).123La Comisión alegó que “[e]l 20 de enero de 2002 la reportera Luisiana Ríos, el camarógrafo Luis AugustoContreras y el asistente de cámara Armando Amaya tenían asignada la cobertura del Programa `Aló Presidente´desde el Observatorio Cajigal. En dicha ocasión su labor fue obstaculizada por un grupo de personas simpatizantesdel oficialismo, que se lanzaron sobre la unidad del programa El Observador y, gritándoles insultos, impidieron elingreso de la periodista al lugar donde el Presidente de la República iba a realizar el programa radial. La reporterade RCTV, Luisiana Ríos, tuvo que quitarse el micrófono y el logo de identificación del canal, así como mantener lacámara oculta `para que no la identificaran y poder pasar´ entre la multitud hacia el Observatorio. Una de laspersonas que lideraba a la gente, al reconocer a Luisiana Ríos como periodista de RCTV le dijo que no entraría allugar, pues era `una palangrista que no decía la verdad´, incitando a las personas que les gritaran y empujaran.Posteriormente, ante la presión que hacían esas personas, los funcionarios de la Casa Militar de Mirafloresayudaron al equipo a que pudieran salir de allí. Luisiana Ríos, Augusto Contreras y Armando Amaya no pudieroncumplir con la cobertura asignada por sus jefes por el riesgo de que les ocurriera algo”.124Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Luisiana Ríos Paiva el 25 de junio de 2008(expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5598-5602).

-46-empezaron a gritarles a ella y a su equipo, a darles golpes en el vidrio, y a insultarles.Afirmó que trató “de pedirle ayuda a los guardias y ellos no [la] dejaban entrar, entre tantolas personas [l]e gritaban, [la] golpeaban, [l]e pegaban, eran como unas 50 personas”.Agregó que ella “le rogaba y le suplicaba al funcionario de la Guardia de Honor que [la]dejara pasar porque sino [la] iban a matar allí”. Aquél la dejó pasar luego, pero elencargado de seguridad y él le dijeron que el Presidente iba a caminar por esa zona y que lerecomendaban que se fuera porque ellos no le podían dar seguridad. Vio que estabangolpeando el carro y logró salir de allí 125 .163. El 31 de enero de 2002 el señor Eduardo Sapene Granier interpuso una denunciaante la Dirección de Delitos Comunes 126 , por la presunta agresión sufrida por Luisiana Ríos yLuis Contreras. El 18 de febrero de 2002 las Fiscalías 2º y 74º dieron inicio a lasinvestigaciones correspondientes 127 . La Fiscalía 50˚ a Nivel Nacional con Competencia Plenaacumuló este caso a los otros en que fue víctima la señora Ríos. Fueron practicadasentrevistas en 2002 y 2004 128 . El 18 de enero de 2006, cuatro años después de realizada laprimera denuncia, la Fiscalía solicitó su desestimación respecto de este hecho 129 . El 21 defebrero de 2006 el Juzgado Quincuagésimo en Función de Control del Área Metropolitana deCaracas decretó el sobreseimiento de la causa por encontrarse prescrita la acción penal 130 .Este Tribunal observa que el Estado no justificó la inactividad procesal durante dos años enesta investigación, ni la demora en dictar la desestimación de la denuncia.164. La Corte estima que no han sido aportados suficientes elementos para dar porprobado que Luisiana Ríos, Luis Augusto Contreras y Armando Amaya hayan sido agredidospor agentes del Estado o se les haya negado la protección de éstos durante los sucesos deese día, ni han sido presentados otros elementos confiables que corroboren el testimonio dela presunta víctima.** *165. La Comisión manifestó que el 12 de marzo de 2002 los reporteros Javier García,Isnardo Bravo y David Pérez Hansen denunciaron ante la Fiscalía agresiones que habíansufrido en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), por parte depersonas que se identificaron como miembros de un grupo partidario del gobierno, mientrascubrían sucesos relacionados con la presencia de personas identificadas como “tomistas” enla Sala del Consejo Universitario y durante la cobertura periodística que se dio a losllamados “Tribunales Populares”. Los representantes alegaron que en dichas circunstanciasel Estado violó el derecho a la integridad personal del señor David Pérez Hansen.125Cfr. declaración rendida por Luisiana Ríos ante la Corte Interamericana durante la audiencia públicacelebrada el 17 de febrero de 2003 en relación con las medidas provisionales ordenadas en el asunto Luisiana Ríosy otros (RCTV) (trascripción de la declaración en el archivo).126Cfr. denuncia interpuesta ante el Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana deCaracas el 31 de enero de 2002 (expediente de prueba, tomo V, folios 1475-1480).127Cfr. solicitud de sobreseimiento y desestimación de la Fiscalía 50º a Nivel Nacional con Competencia Plenade 18 de enero de 2006 (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9450-9468).128Cfr., inter alia, acta de entrevista a Luisiana Ríos ante los Fiscales 2º y 74º del Área Metropolitana deCaracas de 11 de marzo de 2002 (expediente de prueba, tomo XXV, folios 9226-9230).129Cfr. solicitud de sobreseimiento y desestimación de la Fiscalía 50º a Nivel Nacional con Competencia Plenade 18 de enero de 2006 (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9450-9468).130Cfr. decisión de sobreseimiento del Juzgado 50º de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Controldel Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de 21 de febrero de 2006(expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9470-9476).

-47-166. La Corte nota que en una declaración ofrecida por los representantes 131 , el señorPérez Hansen señaló que ese día cubrían la toma de la Sala del Consejo Universitario de laUCV por el Movimiento M-28, cuando cayó un bomba lacrimógena justo en la entrada delRectorado y se creó mucha confusión; que cuando salió a la plaza del Rectorado a recuperarel aliento para retomar la transmisión, un sujeto mayor de pelo canoso le arrebató elmicrófono y lo arrojó al suelo, después de insultarlo. Esto fue confirmado en su declaraciónjurada remitida a la Corte 132 . Además, el video ofrecido como prueba por la Comisiónconfirma la versión de los hechos por parte del señor Hansen 133 . Por su parte, el señorIsnardo Bravo declaró que estando en los alrededores de la UCV, un grupo de personas quese identificaron como miembros del M-28 (“Tomistas”) comenzaron a agredirlos, que hubovarios heridos por piedras, además de que intentaron quemar vehículos de RCTV y de otrosmedios, y les gritaron “¡Malditos periodistas! ¡Los vamos a matar!” 134 .167. En cuanto a las investigaciones respecto a estos hechos, según los representantes,los mismos fueron denunciados al día siguiente ante el Ministerio Público 135 . Casi seis añosdespués de la presentación de esta y otras denuncias se entrevistó a las presuntasvíctimas 136 . El Estado informó que el 21 de julio de 2008 la Fiscalía 32º del MinisterioPúblico de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con CompetenciaPlena solicitó la desestimación de la denuncia “por versar[…] sobre hechos constitutivos dedelitos perseguibles solo a instancia de la víctima” 137 , por lo que a la fecha se esperaría ladecisión correspondiente 138 .168. Este Tribunal concluye que los señores David Perez Hansen, Javier García e IsnardoBravo fueron obstaculizados por particulares al llevar a cabo su labor periodística, en lascircunstancias descritas. Si bien, no ha sido probado que se viera afectada la integridadfísica del señor Pérez Hansen, la Corte observa que el Estado no justificó las razones por lascuales no hubo actividad procesal en la investigación durante seis años (infra párrs. 318).** *169. La Comisión alegó que el 3 de abril de 2002 los señores Isnardo Bravo, WilmerMarcano y Winston Gutiérrez fueron agredidos por personas desconocidas en la sede delInstituto de los Seguros Sociales; además, individuos no identificados amenazaron congolpearlos con cadenas, mientras cubrían la manifestación. Los representantes alegaron que131Cfr. declaración de David Pérez Hansen (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 31 al escrito desolicitudes, argumentos y pruebas, folios 3144-3147).132Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por David Perez Hansen el 25 de junio de 2008(expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5654-5658).133Cfr. video (anexo 67 a la demanda).134Cfr. declaración de Isnardo Bravo (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 31 al escrito de solicitudes,argumentos y pruebas, folio 3127).135Cfr. alegatos finales de los representantes (expediente de fondo, tomo VIII, folio 2493).136Cfr. solicitud de desestimación de 21 de julio de 2008 de la Fiscalía 32º del Área Metropolitana de Caracascon Competencia Plena (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9527-9541).137Cfr. solicitud de desestimación de 21 de julio de 2008 de la Fiscalía 32º del Área Metropolitana de Caracascon Competencia Plena (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9527-9541).138Cfr. Informe n˚DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-PRO-66-10603-08 de 23 de octubre de 2008 (expediente deprueba, tomo XXVI, folio 9238).

-48-en dichas circunstancias el Estado violó el derecho a la integridad física de los señores Bravoy Gutierrez.170. En la declaración del periodista Isnardo Bravo se señala que “un grupo deciudadanos no identificados” lo agredieron a él y a su equipo técnico, les “tiraron piedras,baldes de agua y orina” y los amenazaron con golpearlos con una cadena 139 . En el videopresentado como prueba por la Comisión se observa que en un espacio muy pequeño (unaentrada o escaleras de un edificio) se encuentran muchas personas discutiendo y gritando.En un momento parece que un hombre trata de pegarle a otra persona. En otra escena, seobserva que desde un edificio cae un líquido encima de la gente reunida en la calle 140 . Elseñor Gutiérrez coincidió con lo anterior 141 .171. Según los representantes, el hecho fue denunciado al día siguiente ante el MinisterioPúblico 142 . Aproximadamente seis años después de la presentación de las denuncias seentrevistó a las presuntas víctimas 143 . El Estado informó que el 21 de julio de 2008 laFiscalía 32º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana deCaracas con Competencia Plena solicitó la desestimación de esta y otras denuncias “porversar[…] sobre hechos constitutivos de delitos perseguibles solo a instancia de lavíctima” 144 , por lo que a la fecha se estaría en espera de la decisión correspondiente 145 . Enel desarrollo de la investigación se observa una inactividad procesal que no fue justificada(infra párr. 318).172. La Corte estima que a partir del acervo probatorio es posible dar por probado que losseñores Isnardo Bravo, Wilmer Marcano y Winston Gutiérrez enfrentaron obstáculos departiculares en sus labores periodísticas de ese día. Sin embargo, a partir de la pruebaaportada no es posible concluir que la integridad física de los señores Isnardo Bravo yWinston Gutiérrez se viera afectada.** *173. La Comisión señaló que el 10 de abril de 2002 146 la corresponsal Isabel Mavarez fueagredida por una persona no identificada mientras cubría una noticia en la sede de Petróleos139Cfr. declaración de Isnardo Bravo (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 31 al escrito de solicitudes,argumentos y pruebas, folios 3127-3128).140Cfr. video titulado “Reportero RCTV Isnardo Bravo y su equipo agredidos física y verbalmente en sede delIVSS, 03.04.2002” (anexo 34 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas).141Cfr. acta de entrevista a Winston Gutiérrez ante el Fiscal 32° del Ministerio Público del Área Metropolitanade Caracas de 9 de julio de 2008 (expediente de prueba, tomo XXI, folios 6584-6585).142Cfr. alegatos finales de los representantes (expediente de fondo, tomo VIII, folio 2493).143Cfr. acta de entrevista a Winston Gutiérrez ante el Fiscal 32° del Ministerio Público del Área Metropolitanade Caracas de 9 de julio de 2008 (expediente de prueba, tomo XXI, folios 6584-6585), y solicitud de desestimaciónde 21 de julio de 2008 de la Fiscalía 32º del Área Metropolitana de Caracas con Competencia Plena (expediente deprueba, tomo XXVII, folios 9527-9541).144Cfr. solicitud de desestimación de 21 de julio de 2008 de la Fiscalía 32º del Área Metropolitana de Caracascon Competencia Plena (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9527-9541).145Cfr. Informe n˚DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-PRO-66-10603-08 de 23 de octubre de 2008 (expediente deprueba, tomo XXVI, folio 9238).146En cuanto a la fecha de los hechos, a partir del acervo probatorio se puede llegar a la conclusión de que lafecha en que ocurrió el hecho es el 9 de abril de 2002.

-49-de Venezuela (PDVSA), en Chuao. Se le arrojó un objeto que golpeó su rostro, por lo quedebió recibir atención médica inmediata. Los representantes indicaron que este incidenteocurrió un día antes y que fue una piedra lo que hirió a la señora Mavarez en la frente, locual ameritó 12 puntos de sutura. El Estado alegó que este hecho fue investigado y seacordó el sobreseimiento de la causa el 24 de mayo de 2007.174. La Corte observa que en su affidávit 147 y en otra declaración remitida por losrepresentantes 148 , la señora Mavarez confirmó la versión de los hechos presentada por losrepresentantes, precisando que ocurrieron el día 9 de abril de 2002; que fue golpeada conuna piedra en la frente y que por tres meses no pudo tomar el sol, lo que le impidió cubrirnoticias en la calle. Además, mencionó que esa fue la última vez que la enviaron a cubrirnoticias a la calle y que fue cambiada de cargo.175. En cuanto a las investigaciones de este hecho, el 9 de mayo de 2002 los apoderadosde RCTV interpusieron una denuncia ante las Fiscalías 2˚ y 74˚ Superior de laCircunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas 149 . Las diligencias practicadasfueron: entrevistas a cinco personas en mayo de 2002, se recabó la historia clínica en juniode 2004 y reconocimiento médico legal en el que se caracterizaron las lesiones de la señoraMavarez como leves. En junio de 2006 se recibió una nueva declaración de la señoraMavarez. El 20 de noviembre de 2006 la Fiscalía Auxiliar 50º solicitó el sobreseimiento de lacausa por prescripción de la acción penal 150 , el cual fue decretado por el Juzgado 26˚ dePrimera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitanade Caracas el 24 de mayo de 2007 151 .176. Este Tribunal tiene por probado que el 9 de abri de 2002 la señora Mavarez resultólesionada en el ejercicio de su labor periodística por un objeto contundente lanzado por unapersona no identificada, y que por ello no pudo continuar sus labores. No fue alegado queagentes estatales pudieran protegerla en esas circunstancias y se abstuvieran de hacerlo.** *177. La Comisión alegó que el 18 de abril de 2002 la periodista Luisiana Ríos fue objetode una agresión verbal en la sede del Palacio de Miraflores por parte de un capitán delejército venezolano y que había informado de esto a un superior militar inmediato en laGuardia de Honor, de lo cual también se dejó constancia en un acta. Los representantesseñalaron que al denunciar el hecho con el superior en la Guardia de Honor, éste habíadicho a la señora Ríos que eran cosas de un personal “fuera de control”. En sus alegatosfinales el Estado señaló que en enero de 2007 fue acordada la desestimación de ladenuncia.178. La Corte nota que en su declaración jurada la señora Ríos coincide con la versión delos hechos de la Comisión. Además, especificó que el militar que supuestamente la agredió147Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Isabel Cristina Mavarez Marín el 25 de juniode 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5660-5661).148Cfr. declaración de Isabel Mavarez (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 31 al escrito de solicitudes,argumentos y pruebas, folio 3150)149Cfr. denuncia interpuesta ante la Fiscalías 2˚ y 74˚ del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial delÁrea Metropolitana de Caracas el 9 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo IV, folio 1030).150Cfr. solicitud de sobreseimiento de 20 de noviembre de 2006 de la Fiscalía 50º a Nivel Nacional conCompetencia Plena (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9547-9557)151Cfr. boleta de notificación de 24 de mayo de 2007 (expediente de prueba, tomo XXVII, folio 9559).

-50-era un capitán del ejército adscrito al servicio de la Casa Militar, quien le dijo que “no podíaestar en Miraflores porque era una golpista”, que sabía donde vive, donde trabaja y que laiban a juzgar en un plaza pública y la iban a ejecutar 152 .179. Sin embargo, en otra declaración aportada por la Comisión, a diferencia de lasdeclaraciones anteriormente mencionadas, la señora Ríos no señaló que el capitán se hayareferido a su información personal, sino que ella dedujo eso a partir de que tal personatrabajaba en el Departamento de Inteligencia de Miraflores, donde, afirmó, reposa suhistoria de vida, con los datos de su persona y de sus familiares. En esta declaración laseñora Ríos se refirió a su intento de quejarse con el superior del capitán: precisó que hablócon el jefe de seguridad del Palacio de Miraflores, quien le habría dicho que ciertamente esono era política de los funcionarios de la Casa Militar y le recomendó “que pusiera la queja enprensa”. Mencionó que se había quejado además con el jefe de inteligencia y el jefe de laCasa Militar, quienes le habían explicado que “todavía no tenían el control de todos losfuncionarios militares por lo sucedido el pasado 11 de abril” y que “ellos intentabanconvencer a sus subalternos que no son ellos los indicados para enjuiciar a las personas, eneste caso, a los periodistas”. La Corte toma en cuenta, además, que en un video ofrecidopor la Comisión se observa a la presunta víctima quejándose con otra persona respecto deestos hechos 153 .180. Los representantes manifestaron que el 18 de abril de 2002 se denunciaron lasagresiones verbales y dos días después se solicitó la citación del presunto agresor. LaFiscalía 50˚ a Nivel Nacional con Competencia Plena acumuló este caso a los otros en quepresuntamente era víctima la periodista Luisiana Ríos. El 18 de enero de 2006, la Fiscalíasolicitó la desestimación de la denuncia respecto de este hecho 154 , y el 21 de febrero de2006 el Juzgado 50º en funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas decretó elsobreseimiento de la causa por encontrarse prescrita la acción penal 155 . Se ha comprobadoque en esta investigación hubo inactividad procesal por más de tres años y medio, que nofue justificada (infra párr. 318).181. La Corte estima que no han sido aportados elementos probatorios suficientes quepermitan corroborar que Luisiana Ríos fue agredida o intimidada verbalmente por un militaren las circunstancias descritas.** *182. La Comisión alegó que el 19 de abril de 2002 el camarógrafo Argenis Uribe fuegolpeado y agredido verbalmente al identificarse como parte del personal del canal RCTV,cuando fue detenido por personal de los Vigilantes de la Brigada de Vías Expresas (VIVEX)del Ministerio de Infraestructura. Los representantes mencionaron que fue agredido cuandofue detenido por una infracción de tránsito.152Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Luisiana Ríos Paiva el 25 de junio de 2008(expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5598-5602) y declaración de Luisiana Ríos (expediente de prueba, tomoVIII, anexo 31 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 3141).153Cfr. video rotulado Luisiana Ríos (anexo 32 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas).154Cfr. solicitud de sobreseimiento y desestimación de la Fiscalía 50º a Nivel Nacional con Competencia Plenade 18 de enero de 2006 (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9450-9468).155Cfr. decisión de sobreseimiento del Juzgado 50º de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Controldel Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de 21 de febrero de 2006(expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9470-9476).

-51-183. Los representantes señalaron que este hecho fue denunciado el 19 de abril de 2002ante las Fiscalías 2º y 74º del Ministerio Público, por las agresiones físicas y verbales encontra del señor Uribe 156 . Si bien los representantes señalaron que la Fiscalía 50 habíasolicitado el sobreseimiento de la causa, el cual habría sido decretado el 10 de octubre de2007 por el Juzgado 32° de Primera Instancia en Funciones de Control del ÁreaMetropolitana de Caracas, por prescripción de la acción penal 157 , el Estado informó que lacausa se encuentra en fase preparatoria y que se han realizado diversas diligencias 158 . EstaCorte no ha podido determinar claramente la situación procesal en que se encuentra lacausa, ni las diligencias que se han llevado a cabo, en razón de que el Estado no aportómayor información ni copias del expediente. En los términos señalados (supra párrs. 97 a100), no es posible determinar la diligencia con que habría actuado el Estado en estainvestigación (infra párr. 318).184. Este Tribunal estima que no han sido aportados elementos suficientes que permitandar por probados los hechos alegados.** *185. La Comisión alegó que el 2 de mayo de 2002 la periodista Luisiana Ríos fueamenazada por “miembros y simpatizantes del oficialismo” mientras cubría unainterpelación del señor Pedro Carmona en el Parlamento venezolano; que las personas quela amenazaron permanecieron alrededor del Palacio Legislativo; en razón del temor por suintegridad, la señora Ríos no pudo salir del edificio por más de tres horas, pues a pesar dehaber solicitado ayuda a los Guardias Nacionales, estos se negaron a intervenir, aunquefinalmente fue auxiliada por la Policía Metropolitana. Los representantes precisaron que laseñora Ríos fue agredida verbalmente y amenazada por “miembros de Círculos Bolivarianosy otros partidarios del oficialismo”. En sus alegatos finales, el Estado señaló que lasdeclaraciones de la señora Ríos se contradecían en cuanto a la intervención de miembros dela Guardia Nacional.186. La Corte constata que las declaraciones de la señora Ríos con referencia a estehecho, remitidas por la Comisión 159 y por los representantes 160 , son coincidentes con laversión de los hechos expuesta por los representantes, así como con su declaración juradaante la Corte 161 .187. Estos hechos fueron denunciados el 28 de mayo de 2002 por Luisiana Ríos ante laPrefectura del Municipio Libertador, jefatura civil de la parroquia. El acta de denuncia fuepresentada ante el Fiscal 74º el 7 de junio de 2002 162 . El 25 de mayo de 2004 la Fiscalía156Público.157Según los representantes no fue posible obtener copia de la denuncia a pesar de solicitarla al MinisterioCfr. alegatos finales de los representantes (expediente de prueba, tomo VIII, folio 2494).158Cfr. informe n˚DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-PRO-66-10603-08 de 23 de octubre de 2008 (expediente deprueba, tomo XXVI, folio 9240).159Cfr. declaración de Luisiana Ríos de 28 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo, V, folio 1213).160Cfr. declaración de Luisiana Ríos (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 31 al escrito de solicitudes,argumentos y pruebas, folio 3141).161Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Luisiana Ríos Paiva el 25 de junio de 2008(expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5598-5602).162Cfr. acta de denuncia No. 272 de 28 de mayo de 2002 y escrito de 7 de junio de 2002 (expediente deprueba, tomo IV, folios 1045-1047).

-52-68º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracasordenó el inicio de la investigación respecto de este hecho y el de 28 de mayo de 2002. Laúnica diligencia realizada fue una entrevista a la víctima el 8 de julio de 2008 163 . El 21 dejulio de 2008 la Fiscalía 32º del Área Metropolitana de Caracas con Competencia Plenasolicitó la desestimación de la denuncia por “versar las indicadas denuncias sobre hechosconstitutivos de delitos perseguibles solo a instancia de la víctima” 164 . Se decretó así el 28de julio de 2008 por el Juzgado 51º de Primera Instancia en función de Control del CircuitoJudicial Penal del Área Metropolitana de Caracas 165 . Según la información aportada, seordenó el inicio de la investigación luego de dos años de realizada la denuncia y la primeradiligencia fue realizada más de seis años después del inicio de la investigación (infra párrs.*), lo cual no fue justificado por el Estado.188. En consecuencia, la Corte estima que es posible concluir que en esos hechos laseñora Ríos fue obstaculizada en el ejercicio de sus labores periodísticas por un grupo departiculares no identificados. La prueba no es concluyente en cuanto a la alegada falta deprotección por parte de agentes de seguridad del Estado.** *189. La Comisión indicó que el 24 de mayo de 2002 el señor Isnardo Bravo fue agredidopor particulares en las afueras de la Asamblea Nacional 166 .190. La Corte constata que la declaración del señor Bravo es coincidente con loalegado 167 .191. Este hecho fue denunciado el 5 de junio de 2002 168 . El 21 de julio de 2008 la Fiscalía32º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracascon Competencia Plena solicitó la desestimación de la denuncia de este y otros hechos “porversar […] sobre hechos constitutivos de delitos perseguibles solo a instancia de lavíctima” 169 . A la fecha se estaría en espera de la decisión correspondiente 170 . En esta163Cfr. acta de entrevista a Luisiana Ríos ante el Fiscal 32° del Área Metropolitana de Caracas de 8 de julio de2008 (expediente de prueba, tomo XXI, folios 6498-6500).164Cfr. solicitud de desestimación de 21 de julio de 2008 por la Fiscalía 32º del Área Metropolitana deCaracas con Competencia Plena (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9485-9495).165Cfr. resolución de desestimación de 28 de julio de 2008 por del Juzgado 51º de Primera Instancia enFunción de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia Plena(expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9511-9520).166La Comisión alegó que “[e]l 24 de mayo de 2002 un grupo de personas partidarias del oficialismo que seencontraban haciendo manifestaciones en las afueras de la Asamblea Nacional, agredieron verbalmente alreportero de RCTV, Isnardo Bravo, gritándole frases como `Fuera. Te vamos a linchar, maldito´ y amenazándolocon que se preparara para lo que vendría”.167Cfr. declaración de Isnardo Bravo (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 31 al escrito de solicitudes,argumentos y pruebas, folios 3127-3128).168Cfr. denuncia de 5 de junio de 2002 (expediente de prueba, tomo IV, folios 1051-1052).169Cfr. solicitud de desestimación de 21 de julio de 2008 de la Fiscalía 32º del Área Metropolitana de Caracascon Competencia Plena (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9527-9541).170Cfr. Informe n˚DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-PRO-66-10603-08 de 23 de octubre de 2008 (expediente deprueba, tomo XXVI, folio 9241).

-53-investigación se observa inactividad procesal por más de seis años, que no fue justificada(infra párr. 318).192. Este Tribunal estima que no han sido aportados elementos probatorios suficientespara corroborar los hechos alegados.** *193. La Comisión señaló que el 28 de mayo de 2002 la periodista Luisiana Ríos denuncióante la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas que, en razón del ejercicio de suprofesión, sufrió amenazas en las inmediaciones de su domicilio, instándola a mudarse deallí porque de lo contrario se avisaría de su presencia a un “Círculo Bolivariano” local;además denunció reiterados daños a su vehículo. En sus alegatos finales el Estado señalóuna contradicción en las declaraciones de la señora Ríos, pues ante el Ministerio Públicomanifestó que “se trató de un problema doméstico ya que [quien la amenazó] se estacionóen el lugar que [le] correspondía”, lo que no permite otorgar credibilidad a sus dichos encuanto a que ese fue lo “más aterrador”.194. La Corte constata que la declaración de la señora Ríos es coincidente con la versiónde los hechos alegada por la Comisión 171 , al igual que su declaración jurada ante la Corte 172 .No se confirma la aparente contradicción en sus declaraciones, señalada por el Estado 173 .195. Estos hechos fueron denunciados por la señora Ríos en esa fecha ante la Prefecturadel Municipio Libertador Jefatura Civil de la Parroquia 174 y siguieron el mismo curso que lainvestigación por los hechos alegados de 2 de mayo de 2002 (supra párr. 185 a 187). Seordenó el inicio de la investigación luego de dos años de realizada la denuncia y se realizó laprimera diligencia más de seis años después (infra párr. 318).196. Sin embargo, este Tribunal estima que no han sido aportados elementos probatoriossuficientes que permitan corroborar los hechos alegados por la Comisión y losrepresentantes.** *197. La Comisión alegó que el 31 de julio de 2002 los señores Isnardo Bravo, WilmerMarcano y Winston Gutiérrez fueron agredidos verbalmente y amenazados mientras seencontraban cubriendo la noticia en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia.Asimismo, hubo actos de vandalismo contra dos vehículos de RCTV 175 . Los representantes171Cfr. declaración de Luisiana Ríos (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 31 al escrito de solicitudes,argumentos y pruebas, folio 3141).172Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Luisiana Ríos Paiva el 25 de junio de 2008(expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5598-5602).173Cfr. acta de entrevista a Luisiana Ríos ante el Fiscal 32° del Área Metropolitana de Caracas de 8 de julio de2008 (expediente de prueba, tomo XXI, folios 6498-6500).174Cfr. acta de denuncia No. 272 de 28 de mayo de 2002 y escrito de 7 de junio de 2002 (expediente deprueba, tomo IV, folios 1045-1047).175La Comisión señaló en su escrito de demanda que “[e]l 31 de julio de 2002 seguidores del PresidenteHugo Chávez Frías y miembros de la oposición se concentraron frente a las puertas del Tribunal Supremo deJusticia de Venezuela donde se realizaría la sesión plenaria para discutir la ponencia, en respuesta a la acusacióndel Fiscal General contra los oficiales generales y almirantes acusados de rebelión militar. Mediante votación de 12contra 8 el referido Tribunal objetó la ponencia que solicitaba la apertura a juicio por rebelión militar. […] Mientras

-54-agregaron que a pesar de estar presentes en la escena, las fuerzas del orden no habíanintervenido para repeler a los manifestantes.198. Este Tribunal observa que el señor José Monroy señaló, en declaración en laaudiencia pública del caso, que la policía presente en el lugar de los hechos no intervinopara repeler a los agresores 176 . El señor Bravo no hizo mención de los daños materiales alos vehículos ni refirió que autoridades hayan dejado de intervenir; únicamente mencionólas agresiones verbales que habrían recibido 177 . En el video presentado por losrepresentantes se observan únicamente los daños a vehículos de RCTV 178 .199. El 14 de agosto de 2002 fue denunciado este hecho ante las Fiscalías 2º y 74º delMinisterio Público, por agresiones contra el equipo del programa “El observador” ese día 179 .El Estado informó que el 28 de julio de 2008 la Fiscalía 32º del Área Metropolitana deCaracas solicitó la desestimación de la denuncia, por versar sobre hechos constitutivos dedelitos perseguibles sólo a instancia de las víctimas y que a la fecha se estaría en espera dela decisión correspondiente 180 . Dado que el Estado no informó de otras diligenciasrealizadas, esta Corte observa que en esta investigación hubo inactividad procesal durantemás de seis años que no fue justificada (infra párrs. 318).200. Este Tribunal considera que no han sido aportadas pruebas suficientes para dar porprobadas las alegadas agresiones verbales contra las presuntas víctimas. No ha sidocontrovertido que los vehículos de RCTV fueron dañados por personas no identificadas.** *201. La Comisión indicó que el 13 de agosto de 2002 la reportera Laura Castellanos fueagredida verbalmente mientras cubría una sesión parlamentaria en la Asamblea Nacional 181 .se encontraban cubriendo la noticia en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia, personas desconocidasagredieron verbalmente a los periodistas Isnardo Bravo, Wilmer Marcano, y Winston Gutiérrez, indicándoles entreotras cosas que les iban a matar. Asimismo, se dieron actos de vandalismo y mientras los agresores insultaban alos comunicadores sociales; dos vehículos de RCTV que se encontraban estacionados en la zona cercana alTribunal, resultaron rayados, con los vidrios rotos y con las llantas desinfladas. En las horas de la tarde de esemismo día 31 de julio de 2002, una bomba lacrimógena fue lanzada dentro de uno de los vehículos del canal RCTV,causando que el mismo se incendiara”.176Cfr. declaración rendida por Antonio José Monroy Clemente en la audiencia pública celebrada ante la CorteInteramericana el 7 de agosto de 2008.177Cfr. declaración de Isnardo José Bravo (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 31 al escrito desolicitudes, argumentos y pruebas, folios 3127-3128).178En el video ofrecido se puede ver una camioneta de RCTV con humo saliendo del interior y bomberosintentando apagar el incendio con un extinguidor. El comentarista señala que fue una bomba molotov que habríaincendiado la camioneta. Se pueden ver igualmente dos camionetas blancas pintadas con un spray color rojo loscostados derechos. No aparece la fecha en la grabación. El comentarista agrega que se encuentran frente altribunal. Cfr. video rotulado “Agresiones contra bienes de RCTV” (anexo 35 al escrito de solicitudes, argumentos ypruebas).179Cfr. denuncia de 14 de agosto de 2002 (expediente de prueba, tomo IV, folios 943-951).180Cfr. informe n˚DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-PRO-66-10603-08 de 23 de octubre de 2008 (expediente deprueba, tomo XXVI, folios 9241-9242).181La Comisión alegó en su escrito de demanda que el “13 de agosto de 2002 la reportera Laura Castellanosfue agredida verbalmente por partidarios del Presidente Chávez, miembros de un grupo partidario del oficialismo,mientras cubría la sesión parlamentaria en la Asamblea Nacional. Los agresores trataban de impedir que ejercierasu labor profesional”.

-55-202. La Corte observa que la señora Castellanos, en una de sus declaraciones, mencionaque fue atacada por una mujer 182 . En la misma declaración hace alusión a un ataque porparte de dos mujeres, mientras que en los otros escritos, y particularmente en la denunciade los hechos, se hizo alusión a “forcejeos” con una sola persona 183 . En el video presentadopor los representantes se observa únicamente una persona entrevistada por varios medios yno se constata ninguna de las agresiones descritas 184 .203. El 21 de agosto de 2002 los apoderados de RCTV denunciaron las agresiones ante elFiscal 2˚ del Ministerio Público 185 . El 24 de mayo de 2004 la Fiscalía 68º del MinisterioPúblico ordenó el inicio de la investigación. Se tomaron actas de entrevista a LauraCastellanos el 12 de septiembre de 2002 186 y el 8 de julio de 2008 187 . El 21 de julio de2008 188 , aproximadamente 6 años después de presentada la denuncia, la Fiscalía 32º delMinisterio Público solicitó la desestimación de la denuncia por “versar […] sobre hechosconstitutivos de delitos perseguibles solo a instancia de las víctimas”, la cual fue acordada el25 de julio de 2008 por el Juzgado 18º de Primera Instancia en funciones de Control delÁrea Metropolitana de Caracas 189 . La Corte observa que en esta investigación huboinactividad procesal por más de cinco años, que el Estado no justificó (infra párr. 318).204. Sin embargo, la Corte considera que los elementos de convicción aportados no sonsuficientes para dar por probados los hechos alegados.** *205. La Comisión manifestó que el 15 de agosto de 2002 190 el camarógrafo Antonio JoséMonroy sufrió una herida por arma de fuego en la pierna, mientras cubría una noticia, a raízde lo cual fue intervenido quirúrgicamente y estuvo incapacitado para trabajar durante dossemanas 191 . En sus alegatos finales escritos, el Estado señaló que se realizaron numerosas182Cfr. declaración de Laura Castellanos (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 31 al escrito de solicitudes,argumentos y pruebas, folios 3137-3140).183Cfr. denuncia con fecha de 20 de agosto de 2002 presentada al día siguiente ante el Ministerio Público(expediente de prueba, tomo IV, folios 953-958 y tomo IX, folios 3610-3615).184Cfr. video rotulado "Laura Castellanos" (anexo 36 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas).185Cfr. denuncia con fecha de 20 de agosto de 2002 presentada al día siguiente ante el Ministerio Público(expediente de prueba, tomo IV, folios 953-958 y tomo IX, folios 3610-3615).186Cfr. acta de entrevista de Laura Castellanos ante las Fiscalías 2º y 74º del Área Metropolitana de Caracasde 12 de septiembre de 2002 (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9607-9610).187Cfr. acta de entrevista de Laura Castellanos ante las Fiscalía 32º del Área Metropolitana de Caracas de 8de julio de 2008 (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9611-9612).188Cfr. solicitud de desestimación de 21 de julio de 2008 por la Fiscalía 32º del Área Metropolitana deCaracas con Competencia Plena presentada al día siguiente (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9617-9626).189Cfr. resolución de desestimación de 25 de julio de 2008 por del Juzgado 18º de Primera Instancia enFunciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia Plena(expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9640-9645).190En cuanto a la fecha de los hechos, los escritos principales de las partes mencionan que ocurrieron el 15de agosto, pero los informes del Estado y los escritos de la investigación evidencian que la fecha en que ocurrió elhecho es el 14 de agosto de 2002.191La Comisión alegó en su escrito de demanda que “[e]l 15 de agosto de 2002 el camarógrafo de RCTVAntonio José Monroy sufrió una herida por arma de fuego a nivel de la pierna mientras cubría la noticia sobre losresultados del Antejuicio de Mérito a los Militares, en las adyacencias del Tribunal Superior de Justicia. El señorMonroy fue intervenido quirúrgicamente con anestesia general y con posterioridad se le colocó una férula de

-56-diligencias acerca de este hecho y que la causa estaba en fase intermedia, a la espera deaudiencia preliminar respecto de la persona acusada.206. Este Tribunal constata que en el video presentado por la Comisión como prueba, seobserva a efectivos de las fuerzas de seguridad que se encuentran junto a la cámara deGlobovisión, algunos de ellos junto con particulares, ayudan a cargar al señor Monroy. En laimagen se observa que el señor Monroy estaba herido en su pierna derecha, a causa deldisparo de un arma de fuego, y era atendido por personas que portan chalecos con laleyenda “Defensa Civil - Protección Nacional”. Posteriormente, el señor Monroy fuetrasladado a un automóvil blanco mientras era escoltado por miembros de cuerpos deseguridad 192 . En un informe médico de 9 de septiembre de 2002 se le diagnosticó “heridacomplicada de la pierna derecha, síndrome de compartimiento leve, fractura del bordeanterior sin desplazamiento” y se describen en detalle los procedimientos quirúrgicos ymédicos a los que fue sometido 193 . En un testimonio del señor Monroy ofrecido por losrepresentantes, el interesado corroboró esta versión de los hechos 194 . En su declaraciónante la Corte, coincidió con lo señalado e hizo hincapié en su dificultad para realizardeterminadas actividades físicas 195 .207. El 14 de agosto de 2002 la División Nacional Contra Homicidios del Cuerpo deInvestigaciones Científicas Penales y Criminalísticas inició una investigación en relación conel impacto de bala recibido por el señor Monroy ese mismo día 196 . Se realizaron variasdiligencias de investigación 197 y el 18 de septiembre de 2006 se libró una orden deaprehensión, que se hizo efectiva el 8 de julio de 2008 198 . Al día siguiente, la Fiscalía 32°imputó a la persona aprehendida por la presunta comisión de los delitos de porte ilícito dearma de fuego, intimidación pública y lesiones personales 199 . En esa misma fecha se realizóla audiencia para escuchar al imputado 200 . El 18 de agosto de 2008 se presentó el actoconclusivo de acusación fiscal en contra de dicha persona por la comisión de los delitos deporte ilícito de arma de fuego, intimidación pública, lesiones personales intencionales gravesen agravio de Antonio José Clemente Monroy y lesiones en agravio de otra persona y sealuminio y muletas. El 9 de septiembre de 2002 el camarógrafo Monroy fue evaluado por el médico, quien leinformó que podría laborar reincorporarse al trabajo en dos semanas.”192Cfr. video rotulado “Camarógrafo lesionado (Monroy)” (anexo 69 a la demanda).193Cfr. informe médico del señor Antonio Monroy de 9 de septiembre de 2002 (expediente de prueba, tomoIV, folio 1057)194Cfr. declaración de Antonio Monroy (expediente de prueba, tomo VIII, folio 3148).195Cfr. declaración rendida por Antonio José Monroy Clemente en la audiencia pública celebrada ante la CorteInteramericana el 7 de agosto de 2008.196Cfr. escrito de acusación de la Fiscalía 32º de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas(expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9577-9578).197Entre otras, acta de entrevista al señor Antonio José Monroy Clemente el 2 de septiembre de 2002 einforme médico de 9 de junio de 2006. Cfr. escrito de acusación de la Fiscalía 32º de la Circunscripción Judicial delÁrea Metropolitana de Caracas (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9575-9606) e informe n˚DFGR-DVFGR-DGAP-DPDF-16-PRO-66-6584 de 7 de septiembre de 2007 (expediente de prueba, tomo X, anexo A.5 a lacontestación de la demanda, folio 3739).198Cfr. informe n˚DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-PRO-66-10603-08 de 23 de octubre de 2008 (expediente deprueba, tomo XXVI, folios 9242-9243).199Cfr. decisión de la Fiscalía 32º de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de 9 dejulio de 2008 (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9571-9573).200Cfr. acta de la audiencia oral para oír al imputado llevada a cabo el 9 de julio de 2008 (expediente deprueba, tomo XXVII, folios 9561-9570)

-57-presentó solicitud de enjuiciamiento 201 . La audiencia preliminar se fijó para el 6 de octubrede 2008, pero no pudo llevarse a cabo y fue diferida para el 27 de octubre de 2008 202 . Noconsta ulterior información.208. Ha sido probado que el 14 de agosto de 2002 el señor Monroy sufrió una herida porun disparo de arma de fuego, y por ende un daño a su integridad física, lo cual impidió quepudiera continuar realizando su labor periodística en esa oportunidad y durante semanas,posteriormente. Sin embargo, no han sido aportados elementos probatorios para que laCorte determine si fue un agente estatal quien disparó o lo hizo un particular con el apoyo otolerancia de agentes estatales.** *209. La Comisión mencionó que el 15 de agosto de 2002 el señor Argenis Uribe fueagredido y amenazado y sufrió el robo de su cámara filmadora.210. La prueba presentada en relación con este hecho consiste en la denuncia ante laFiscalía 32° y en información proporcionada por los peticionarios en el expediente deltrámite ante la Comisión 203 .211. El 21 de agosto de 2002 los apoderados de RCTV denunciaron los hechos ante elFiscal 2˚ del Ministerio Público 204 . Se tomaron actas de entrevista al señor Uribe el 28 deagosto de 2002 y 9 de marzo de 2005 y a otra persona 205 . El 26 de abril de 2007, más decuatro años y medio después de la presentación de la denuncia, la Fiscalía solicitó elsobreseimiento de la causa por atipicidad de la conducta y, además, su desestimación “porresultar los hechos constitutivos de delitos perseguibles solo a instancia de las víctimas” 206 .Según el Estado, el 23 de julio de 2008 el Juzgado 32º de Primera Instancia en funciones deControl del Área Metropolitana de Caracas acordó la desestimación de la denuncia 207 . LaCorte observa que la inactividad procesal por más de dos años y medio –entre 2002 y 2005-no fue justificada (infra párr. 318).212. La Corte considera que las pruebas que obran en el expediente no son suficientespara acreditar los hechos alegados.** *201Cfr. escrito de acusación de la Fiscalía 32º de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas(expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9575-9606).202Cfr. informe n˚DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-PRO-66-10603-08 de 23 de octubre de 2008 (expediente deprueba, tomo XXVI, folios 9242-9243).203Cfr. denuncia con fecha de 20 de agosto de 2002 presentada al día siguiente ante el Ministerio Público(expediente de prueba, tomo IV, folios 953-958 y tomo IX, folios 3610-3615).204Cfr. denuncia con fecha de 20 de agosto de 2002 presentada al día siguiente ante el Ministerio Público(expediente de prueba, tomo IV, folios 953-958 y tomo IX, folios 3610-3615).205Cfr. solicitud de desestimación de 26 de abril de 2007 por la Fiscalía 50º a Nivel Nacional con CompetenciaPlena (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9652-9662).206Cfr. solicitud de desestimación de 26 de abril de 2007 por la Fiscalía 50º a Nivel Nacional con CompetenciaPlena (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9652-9662).207Cfr. informe n˚DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-PRO-66-10603-08 de 23 de octubre de 2008 (expediente deprueba, tomo XXVI, folios 9243-9244).

-58-213. La Comisión señaló que el 15 de agosto de 2002 el reportero David Pérez Hansensufrió insultos y agresiones verbales por parte de “adeptos del Presidente”, así comoempujones, golpes y “acoso cuerpo a cuerpo” con un intento de robo cuando cubría unasdeclaraciones del Vicepresidente de la República 208 . Los representantes alegaron queademás fueron amenazados de muerte y que en esas circunstancias el Estado violó elderecho a la integridad física del señor Pérez Hansen.214. En una declaración ofrecida por los representantes, el señor Hansen señaló que unode los agentes de seguridad del Vicepresidente le recomendó que se pusiera a su lado ymencionó que el Vicepresidente le pasó un brazo por encima e hizo un intento de calmar alos manifestantes. Sin embargo, mencionó que los insultos y amenazas continuaron hastaque el Vicepresidente logró sacar al reportero del Puente Llaguno. Posteriormente, el señorHansen alega que los miembros de la Guardia Nacional que estaban presentes no lebrindaron protección 209 . En su affidávit, el señor Hansen confirmó la versión de los hechosalegada por la Comisión 210 .215. Este hecho fue denunciado el 21 de agosto de 2002 211 . Aproximadamente seis añosdespués de la presentación de esta y otras denuncias, se tomó entrevista a las víctimas 212 .El 21 de julio de 2008 la Fiscalía 32º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial delÁrea Metropolitana de Caracas con Competencia Plena solicitó la desestimación de estasdenuncias “por versar[…] sobre hechos constitutivos de delitos perseguibles solo a instanciade la víctima” 213 . A la fecha se estaría en espera de la decisión correspondiente 214 .216. La Corte estima que, a partir del relato de los hechos y de la prueba ofrecida, esposible considerar que el señor Pérez Hansen fue obstaculizado por particulares al llevar a208La Comisión en su escrito de demanda alegó que el “15 de agosto de 2002, el reportero Pérez Hansensufrió insultos y agresiones verbales por parte de adeptos del Presidente Chávez, acompañados de empujones,golpes y `acoso cuerpo a cuerpo´ con un intento de robo cuando cubría unas declaraciones del Vicepresidente. Lasituación generó que la Guardia Nacional rodeara al equipo; sin embargo, esta acción no impidió que continuaranlos intentos de linchar al periodista. Dicha situación fue denunciada ante la Fiscalía encargada de investigar lasamenazas a periodistas de RCTV”.209Cfr. declaración de David Pérez Hansen (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 31 al escrito desolicitudes, argumentos y pruebas, folio 3144).210Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por David Pérez Hansen el 25 de junio de 2008(expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5655-5658).211Cfr. denuncia con fecha de 20 de agosto de 2002 presentada al día siguiente ante el Ministerio Público(expediente de prueba, tomo IV, folios 953-958 y tomo IX, folios 3610-3615).212Cfr. solicitud de desestimación de 21 de julio de 2008 de la Fiscalía 32º del Área Metropolitana de Caracascon Competencia Plena (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9527-9541).213Cfr. solicitud de desestimación de 21 de julio de 2008 de la Fiscalía 32º del Área Metropolitana de Caracascon Competencia Plena (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9527-9541).214Cfr. Informe n˚DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-PRO-66-10603-08 de 23 de octubre de 2008 (expediente deprueba, tomo XXVI, folio 9238). Asimismo, respecto de este hecho consta que el 9 de mayo de 2006 la FiscalíaAuxiliar 50º Nacional del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena solicitó el sobreseimiento de lacausa en relación con la presunta comisión del delito de lesiones cometido en perjuicio de Juan Carlos Pereira,quien no es presunta víctima en este caso. Además, solicitó la desestimación de la denuncia respecto de la posiblecomisión del delito de injurias en contra de Juan Carlos Pereira, David Pérez Hansen y Ronald Alexander PérezPérez “por versar sobre hechos constitutivos de delitos perseguibles solo a instancia de las víctimas”. El 13 dediciembre de 2006 el Juzgado 19º de Control de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitanade Caracas decretó el sobreseimiento y la desestimación Cfr. solicitud de desestimación de 9 de mayo de 2006 dela Fiscalía 50º a Nivel Nacional con Competencia Plena (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9663-9676) yboleta de notificación de 13 de diciembre de 2006 del Juzgado 19º de Control de Primera Instancia del CircuitoJudicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (expediente de prueba, tomo XXVII, folio 9677).

-59-cabo su labor periodística. Algunos miembros de los cuerpos de seguridad y funcionariospúblicos intentaron protegerles. De la prueba aportada no surge que se viera afectada laintegridad física del señor Pérez Hansen. En cuanto a la investigación, se observa unainactividad procesal durante seis años que no fue justificada (infra párrs. 318).** *217. La Comisión sostuvo que el 12 de noviembre de 2002 el señor Armando Amaya,asistente de cámara, fue herido con arma de fuego en la parte posterior del muslo de lapierna derecha, mientras se encontraba filmando en compañía de su equipo periodístico 215 .Los representantes alegaron, con base en un testimonio del señor Amaya, que después dela agresión recibió llamadas de amenazas para él y su familia. En sus alegatos finales, elEstado mencionó que se abrió una causa, que se encontraba en fase de investigación, y queexistían contradicciones entre las primeras declaraciones del señor Amaya ante lasautoridades venezolanas y su posterior declaración dentro del proceso ante la Corte.218. La Corte observa que, en un affidávit remitido a este proceso el señor Amayaconfirmó la versión de los hechos ofrecida por la Comisión y señaló, además, que en esascircunstancias hubo un enfrentamiento con piedras, bombas “molotov”, bombaslacrimógenas e intercambio de disparos; que se dio cuenta de que quienes lo atacaron eran“oficialistas”; y que no recibió atención médica en el primer hospital al que acudió, por loque tuvo que regresar a las instalaciones del canal, de donde lo trasladaron a una clínica 216 .En su declaración ante las Fiscalías 2º y 74º, el señor Amaya ofreció la misma versión de loshechos y mencionó que no había podido identificar a la persona que le disparó y quetampoco pudo identificar a los manifestantes que ahí se encontraban. Igualmente, dijo quea partir de ese día recibió amenazas de muerte 217 . Por otro lado, en su declaración jurada elseñor Pedro Nikken coincidió con esta versión de los hechos, mencionó que los bomberos dela Policía Metropolitana cargaron al señor Amaya y lo atendieron con primeros auxilios yseñaló que nunca recibieron protección directa del Estado 218 .219. En un informe médico acerca de las lesiones que sufrió el señor Amaya se da cuentade una “herida superficial por arma de fuego en cara posterior de muslo derecho nocomplicada” 219 . Finalmente, un artículo periodístico presentado por la Comisión confirmaque en esos hechos el señor Amaya habría resultado herido y menciona que “uno de losefectivos Tomistas, quien había atravesado una colchoneta en la puerta del215La Comisión alegó en su escrito de demanda que “[e]l 12 de noviembre de 2002 el asistente de cámaraArmando Amaya, el reportero Pedro Nikken y el camarógrafo Luis Augusto Contreras, cubrían los sucesos violentosprotagonizados por los denominados Policías Metropolitanos Tomistas, quienes habían tomado las instalaciones dela Policía Metropolitana en oposición al Alcalde Metropolitano. En esa ocasión, el señor Armando Amaya fue heridocon arma de fuego en la parte posterior del muslo de la pierna derecha mientras se encontraba filmando dichossucesos”216Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Armando Amaya el 25 de junio de 2008(expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5663-5665).217Cfr. declaración de Armando Amaya ante las Fiscalías 2º y 74º del Área Metropolitana de Caracas el 28 deenero de 2003 (expediente de prueba, tomo XXI, folios 6494-6495).218Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Pedro Antonio Nikken García el 25 de juniode 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5593-5596).219Cfr. informe médico respecto del señor Armando Amaya emitido el 19 de noviembre de 2002 por elDirector médico de la Administradora Rescarven C.A. (expediente de prueba, tomo IV, folio 1066).

-60-estacionamiento, sacó su revolver 38 y disparó varias veces contra el piquete”, resultandoheridas la presunta víctima y otra persona más 220 .220. En cuanto a las investigaciones en torno a este hecho, el 21 de noviembre de 2002fue interpuesta una denuncia ante el Fiscal 2˚ de la Circunscripción Judicial del ÁreaMetropolitana de Caracas 221 . Según los representantes, se realizaron diversas experticias 222 .Además, se tomó acta de entrevista al señor Amaya 223 . El Estado informó que el 22 defebrero de 2006, el fiscal comisionado requirió información acerca de estos hechos a laBrigada 11-A 224 . Finalmente, el 31 de julio de 2007 los fiscales a cargo del caso decretaronel archivo fiscal de las actuaciones, lo cual fue notificado el 27 de septiembre de 2007 alseñor Amaya 225 . Dado que el Estado aportó únicamente un acta de notificación del archivofiscal, este Tribunal no cuenta con elementos suficientes para determinar si el Estado actuócon la debida diligencia en el desarrollo de esta investigación (supra párrs. 97 a 100).221. La Corte da por probado que el señor Amaya efectivamente resultó lesionado poruna herida producida por arma de fuego, y por ende sufrió un daño a su integridad física.Sin embargo, no han sido aportados elementos probatorios suficientes para determinar sifue un agente estatal quien disparó contra él, o si, en tales circunstancias, agentes estatalesdejaron de proteger a la presunta víctima, pudiendo hacerlo. Esa situación impidió que losseñores Amaya, Pedro Nikken y Luis Augusto Contreras pudieran continuar con sus laboresperiodísticas en esa circunstancia.** *222. La Comisión alegó que el 4 de diciembre de 2002 la reportera Erika Paz y elcamarógrafo Samuel Sotomayor sufrieron amenazas de muerte, insultos, agresiones físicasy destrucción de equipos por “particulares adeptos al gobierno” 226 . Los representantesseñalaron que la policía regional organizó un cordón de seguridad entre las personasenfrentadas, pero nada hizo para detener los ataques contra los periodistas y sus equiposreporteriles. Los representantes alegaron que en dichas circunstancias el Estado violó elderecho a la integridad personal de la señora Erika Paz.223. La Corte observa que la periodista Erika Paz confirmó en su declaración la versión delos hechos planteados por la Comisión 227 . Asimismo, en el video aportado como prueba se220Cfr. nota de prensa titulada “Violencia Política. Desalojo de policías tomistas provocó caos y vandalismo.Un muerto y 35 heridos en disturbios” (expediente de prueba, tomo VI, folios 1998-1999).221Cfr. denuncia interpuesta ante el Fiscal 2˚ de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracasel 21 de noviembre de 2002 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 22 a la demanda, folios 1060-1064).222Cfr. escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, (expediente de fondo, tomo III, folio 609).223Cfr. acta de entrevista a Armando Amaya ante los Fiscales 2º y 74º del Área Metropolitana de Caracas el28 enero de 2003 (expediente de prueba, tomo XXI, folios 6494-).224Cfr. informe n˚DFGR-28.031 de 9 de mayo de 2006 (expediente de prueba, tomo X, anexo A.6.6 a lacontestación de la demanda, folio 3774).225Cfr. acta de notificación de 27 de septiembre de 2007 (expediente de prueba, tomo XXVI, folio 9678).226La Comisión alegó en su escrito de demanda que “[e]l 4 de diciembre de 2002 la reportera Erika Paz y elcamarógrafo Samuel Sotomayor sufrieron amenazas de muerte, insultos, agresiones físicas y destrucción decámaras y materiales periodísticos, por particulares adeptos al gobierno, mientras cubrían una manifestación. Lapolicía regional organizó un cordón de seguridad entre las personas que se estaban enfrentando”.227Cfr. declaración de Erika Paz (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 31 al escrito de solicitudes,argumentos y pruebas, folio 3129).

-61-pueden observar agresiones contra periodistas en una manifestación. Se ve que algunaspersonas avanzan en una carretera y gritan a los periodistas que filman la marcha. En dosocasiones se ve que dos personas tratan de agredir físicamente a un miembro del equipoperiodístico y que otra persona lo impide. Posteriormente, se ve que el camarógrafo esatacado y se escuchan gritos 228 .224. Los representantes alegaron que el hecho fue denunciado al día siguiente ante elMinisterio Público, por agresiones verbales y físicas sufridas por Erika Paz y SamuelSotomayor 229 . Según los representantes, el Estado no ha realizado ninguna actuación y lacausa se encuentra en fase de investigación 230 . Dado que no consta que el Ministerio Públicohaya realizado diligencia alguna, esta Corte ha verificado una falta de diligencia en el actuarde dicho órgano.225. El Tribunal estima que a partir del acervo probatorio es posible dar por probado quealgunos particulares obstaculizaron la labor periodística de la reportera Erika Paz y elcamarógrafo Samuel Sotomayor, aunque no ha sido probado que la integridad física dealguno de ellos se hubiese visto afectada.** *226. La Comisión sostuvo que otros periodistas sufrieron agresiones verbales en variosmomentos, como por ejemplo, el 8 de diciembre de 2002 en perjuicio de Anahís Cruz yHerbigio Henríquez 231 .227. Respecto a las alegadas agresiones verbales en contra de Anahís Cruz y HerbigioHenríquez, únicamente consta la declaración jurada de la señora Cruz, en que mencionóque particulares identificados como miembros de los “Círculos Bolivarianos” los insultaron ylos amenazaron, y que “distintos cuerpos policíacos y de la Guardia Nacional [no hicieron]nada para detener las agresiones” 232 .228. En cuanto a estos hechos, el Estado señaló que varias actuaciones fueronrealizadas 233 , entre otras, entrevistas a testigos y una inspección ocular. Mencionó que el 21de octubre de 2008 la Fiscalía 9° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial delEstado de Aragua habría requerido el sobreseimiento de la causa, en virtud de la atipicidadde los hechos objeto de investigación, y se estaría a la espera de la decisión judicial 234 .228Cfr. video rotulado “Erika Paz” (anexo 37a al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas) y videorotulado “Samuel Soto Mayor” (anexo marcado 37b al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas).229Los representantes sostuvieron que no pudieron obtener copia de la denuncia. Cfr. alegatos finales de losrepresentantes230Cfr. alegatos finales de los representantes (expediente de fondo, tomo VIII, folio 2497.231La Comisión alegó en su escrito de demanda que “el 8 de diciembre de 2002 cuando Anahís Cruz yHerbigio Henríquez fueron agredidos verbalmente por particulares mientras cubrían un paro en la empresa detransporte `Tomas Quiara´”.232Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Anahís del Carmen Cruz Finol el 27 de juniode 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5671-5677).233Cfr. alegatos finales del Estado (expediente de fondo, tomo VIII, folios 2690-2691).234Cfr. informe n˚DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-PRO-66-10603-08 de 23 de octubre de 2008 (expediente deprueba, tomo XXVI, folio 9246).

-62-229. La Corte estima que no han sido aportados suficientes elementos para dar porprobado el hecho alegado, ni otros elementos de convicción que corroboren el testimonio dela presunta víctima.** *230. La Comisión alegó que el 27 de enero de 2003 la señora Anahís Cruz sufrió unaagresión verbal en una rueda de prensa por parte de un General de División del Ejército enla sede del Cuartel Paramaconi en Maracay, Estado de Aragua, quien dio la orden de sacara la referida periodista de la rueda de prensa e impedir su entrada en razón de que “él nodaba declaraciones a golpistas”. El Estado, por su parte, alegó que en ningún momento laperiodista Anahís Cruz fue sacada de la rueda de prensa ni le fue impedida la entrada; quela declaración de la señora Cruz adolece de contradicciones, imprecisiones, relatosreferenciales y juicios de opinión, que impiden otorgar credibilidad a sus dichos.231. Las declaraciones de la señora Cruz coinciden con la versión de los hechos ofrecidapor la Comisión 235 . En el video presentado por los representantes, se observa una entrevistaa un militar de alto rango, en la que éste se refiere a un incidente ocurrido entre laperiodista Cruz y un oficial del Ejército y le solicita a la periodista retirarse 236 .232. Este hecho alegado fue denunciado el 3 de febrero de 2003 ante la Fiscalía 2º delMinisterio Público por presuntas agresiones verbales 237 . Según los representantes, elMinisterio Público se habría limitado a tomar la declaración de la víctima 238 . En este caso, laCorte observa una falta de diligencia en el actuar de dicho órgano, toda vez que el Estadono ha informado de ninguna diligencia practicada desde la denuncia.233. Sin embargo, la Corte considera que la prueba aportada no basta para acreditar quese hubiese producido una agresión verbal contra la periodista ni un impedimento de accesoa las fuentes oficiales de información (infra párrs. 350 y 351).** *234. La Comisión alegó que el 14 de agosto de 2003 “un numeroso grupo de personas`oficialistas´ se presentaron en la sede de RCTV y realizaron manifestaciones en formaviolenta y escribieron insultos en las paredes de la fachada”. Los representantes alegaronque efectivos de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional no hicieron nada para evitarla agresión. El Estado, por su parte, alegó en relación con este y otros hechos que siempreha demostrado tener una política dirigida a resguardar a los trabajadores de los medios decomunicación social.235. La prueba presentada consiste en la propia denuncia, el expediente del trámite antela Comisión y las actas de una inspección judicial llevada a cabo en la sede de RCTV el 15235Cfr. declaración de Anahís Cruz (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 31 al escrito de solicitudes,argumentos y pruebas, folios 3130-3135) y declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Anahís delCarmen Cruz Finol el 27 de junio de 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5671-5677).236237Público.238Cfr. video rotulado"Anahís Cruz" (anexo 38 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas).Según los representantes no fue posible obtener copia de la denuncia a pesar de solicitarla al MinisterioCfr. alegatos finales de los representantes (expediente de fondo, tomo VIII, folio 2497).

-63-de agosto de 2003 239 . Las actas de inspección judicial contienen descripciones de diversaspintas en la fachada y otras partes del edificio, así como fotografías de la concentración demanifestantes tomadas por las cámaras de seguridad del canal.236. Los hechos fueron denunciados el 15 de agosto de 2003 por los apoderados de RCTVante el Fiscal 2° del Ministerio Público 240 , el cual, según los representantes, no ha realizadoninguna actuación 241 . Dado que no consta que el Ministerio Público haya realizado diligenciaalguna desde esa inspección judicial, se observa una falta de diligencia en el actuar de dichoórgano.237. La Corte estima que a partir de la prueba disponible en el expediente es posible darpor probado que particulares realizaron manifestaciones afuera de las instalaciones deRCTV. Durante éstas, individuos no identificados hicieron pintas con diversas inscripciones.** *238. La Comisión indicó que el 19 de agosto de 2003 un reportero y el señor CarlosColmenares, camarógrafo, cubrían una manifestación en una urbanización en Caracas; en lanoche se produjo un tiroteo contra los policías municipales, en el cual el señor Colmenaresresultó herido en el brazo y en la pierna derecha 242 . En sus alegatos finales escritos elEstado señaló que la causa se encontraba en fase de investigación y que el señorColmenares aportó versiones distintas de los hechos en su declaración ante la Corte.239. La Corte constata que en el video presentado por la Comisión como prueba de estoshechos se observan situaciones diferentes a los alegados por la Comisión. 243 En su affidávit,el señor Pedro Nikken declaró que “frente a [ellos] se detuvo una moto de la policía deCaracas y el [copiloto] se volteó y [les] disparó con su arma larga”, resultando herido elseñor Colmenares 244 . En su declaración ante la Corte el señor Colmenares coincidió con lodeclarado por el señor Nikken, manifestó que sintió “perdigones […] en parte del cuello,brazo y piernas” 245 y que la persona que le disparó, a quien no pudo identificar, seencontraba a 20 o 30 metros de distancia, y dijo que esa agresión quedó registrada en un239Cfr. inspección judicial de 15 de agosto de 2003 realizada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en loCivil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (expediente de prueba,tomo IV, folios 1103-1132).240Cfr. denuncia presentada el 15 de agosto de 2003 ante el Ministerio Público (expediente de prueba, tomoIV, folios 1095-1100).241Cfr. alegatos finales de los representantes (expediente de fondo, tomo VIII, folio 2498).242La Comisión alegó en su escrito de demanda que “[e]l 19 de agosto de 2003 el equipo informativo delprograma `El Observador´ de RCTV, integrado por el reportero Pedro Nikken y el camarógrafo Carlos Colmenares,cubría una manifestación en las adyacencias de la Urbanización `Las Acacias´ de Caracas, denominada `ElCohetazo´. La policía de la Alcaldía del Municipio Libertador procedió a reprimir y dispersar la manifestación conbombas lacrimógenas y con perdigones. En la noche, se produjo un tiroteo con los policías municipales y el señorCarlos Colmenares resultó herido en el brazo y en la pierna derecha. Esta fue la segunda vez que el equipoperiodístico del señor Pedro Nikken recibió impactos de arma de fuego”.243Cfr. video rotulado “Carlos Colmenarez” (anexo 39 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas).244Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Pedro Antonio Nikken García el 25 de juniode 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5593-5596)245Cfr. declaración rendida por Carlos Colmenares en la audiencia pública celebrada ante la CorteInteramericana el 7 de agosto de 2008.

-64-video remitido a una fiscalía 246 . Este Tribunal hace notar que dicho video no fue presentadopor ninguna de las partes.240. El 26 de agosto de 2003 los apoderados de RCTV presentaron la denunciacorrespondiente ante el Fiscal 2˚ de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana deCaracas 247 . En informes aportados por el Estado, se señala que las referidas lesiones nofueron médicamente calificadas; que se entrevistó a un testigo; que en abril de 2006 sesolicitó a la Consultoría Jurídica de RCTV un video contentivo de las imágenes grabadas porel equipo reporteril, a fin de practicarle la experticia correspondiente; y que la causa seencontraba en fase preparatoria 248 . Dado que el Estado admitió que no se realizó unaevaluación médico legal, a pesar de que la denuncia se formuló ocho días después deocurrido el hecho, y que el Estado no justificó las razones por las cuales no se llevó a cabodicha diligencia, este Tribunal encuentra que aquél no actuó con la debida diligencia en eldesarrollo de la investigación.241. A partir de los elementos probatorios aportados, el Tribunal estima que es posibledeterminar que el señor Colmenares resultó lesionado por perdigones. Sin embargo, no hansido aportados elementos probatorios suficientes para determinar si fue un agente estatalquien disparó al señor Colmenares o que, en tales circunstancias, agentes estatales dejarande protegerlo, pudiendo hacerlo. Esa situación impidió que los señores Colmenares y PedroNikken pudieran continuar con sus labores periodísticas en esa circunstancia.** *242. La Comisión alegó que el 21 de agosto de 2003 el reportero Noé Pernía fue agredidoverbalmente por una dirigente de los “Círculos Bolivarianos”, mientras cubría una protestasindical de un grupo de empleados de la Alcaldía del Municipio Libertador. Losrepresentantes agregaron que había recibido amenazas contra su vida.243. En un video presentado por los representantes se observa que unos periodistastoman declaraciones a una líder política en el marco de una manifestación de protestasindical. La grabación de la entrevista muestra que la entrevistada y uno de susacompañantes amenazan a uno de los periodistas antes de marcharse 249 .246Cfr. declaración rendida por Carlos Colmenares en la audiencia pública celebrada ante la CorteInteramericana el 7 de agosto de 2008.247Cfr. denuncia interpuesta por los Apoderados de RCTV ante el Fiscal 2º del Ministerio Público de laCircunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 27 de agosto de 2003 (expediente de prueba, tomoIV, anexo a la demanda 30, folios 1134-1138).248Cfr. informe n˚DFGR-20.402 de 15 de marzo de 2005 (expediente de prueba, tomo X, anexo A.6.10 a lacontestación de la demanda, folio 3802); informe n˚ DFGR-28.031 de 9 de mayo de 2006 (expediente de prueba,tomo X, anexo A.6.6 a la contestación de la demanda, folio 3774); informe n˚ DFGR-00655 de 8 de febrero de2007 (expediente de prueba, tomo X, anexo A.6.3 a la contestación de la demanda, folio 3764); informe n˚DFGR-DVFGR-DGAP-DPDF-16-PRO-66-6584 de 7 de septiembre de 2007 (expediente de prueba, tomo X, anexo A.5 a lacontestación de la demanda, folios 3737-3738), e informe n˚DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-PRO-66-10603-08 de 23de octubre de 2008 (expediente de prueba, tomo XXVI, folios 9242-9243).249El video ofrecido muestra una entrevista realizada por periodistas de RCTV y otros medios en el marco delo que parece ser una manifestación. La persona entrevistada (presumiblemente Lina Ron), se dirige a uno de losperiodistas (no se sabe a cual exactamente pues hay varios micrófonos) y manifiesta su disconformidad con laspreguntas que le hicieron. Uno de los periodistas le pregunta si ella se comprometía con el carácter pacífico de lamanifestación, a lo cual la manifestante contestó que no la retara. No se escucha bien cuales son los otros gritosque se oyen aunque se pueden escuchar amenazas. La mujer entrevistada se retira, mientras que una de laspersonas que la acompaña señala a un periodista. Cfr. video rotulado "Noé Pernía" (anexo 40 al escrito desolicitudes, argumentos y pruebas).

-65-244. Las agresiones sufridas por el señor Noe Pernía fueron denunciadas por losapoderados de RCTV ante la Fiscalía 2° el 27 de agosto de 2003 250 . Según losrepresentantes, el Ministerio Público no realizó ninguna actuación y solicitó elsobreseimiento, que habría sido decretado en enero de 2007 251 . El Estado no aportóninguna información respecto a este hecho. Dado que no consta que el Ministerio Públicohaya realizado diligencia alguna, esta Corte ha verificado una falta de diligencia en el actuarde dicho órgano.245. La Corte estima que a partir de la prueba disponible en el expediente es posible darpor probadas las supuestas agresiones verbales de un particular en contra del señor NoePernía.** *246. La Comisión alegó que el 3 de marzo de 2004 el camarógrafo Carlos Colmenaresresultó herido con arma de fuego en el tobillo, mientras cubría con su equipo periodísticomanifestaciones de grupos de oposición al gobierno, en Caracas 252 . Los representantesseñalaron que el señor Colmenares debió permanecer varios meses en reposo. El Estadoalegó que las declaraciones del señor Colmenares son contradictorias.247. La Corte observa que el señor Pedro Nikken, en su affidávit, coincidió con el relato delos hechos de la Comisión; mencionó que dos “motorizados” los sacaron del lugar y lostrasladaron hasta una ambulancia, porque no había policías a quienes pedir protección; quela protesta de la oposición tenía varios días en pie y que fueron “efectivos uniformados deverde pertenecientes a la Fuerza Armada Venezolana” quienes les dispararon 253 . Por suparte, el señor Colmenares, en su declaración ante la Corte, coincidió con la versión de laComisión y señaló que una vez que cesaron los disparos, una unidad motorizada de uncuerpo de emergencia que pertenece al municipio lo sacó en moto del lugar, mucho máslejos de donde se desarrollaban los acontecimientos, y posteriormente fue atendido por unaambulancia que estaba en el sitio. El señor Colmenares no identificó quien le habíadisparado 254 .248. El 3 de marzo de 2004 se dictó la orden de inicio de la investigación por la presuntacomisión de un hecho punible en agravio del señor Colmenares 255 . Se realizaron diversasdiligencias de prueba, tales como la declaración de la víctima en marzo de 2004 yexperticias técnicas. El resultado del reconocimiento médico legal practicado al señor250Cfr. denuncia interpuesta el 27 de agosto de 2003 ante el Ministerio Público (expediente de prueba, tomoIV, folios 1151-1153).251Cfr. alegatos finales de los representantes (expediente de fondo, tomo VIII, folio 2499).252La Comisión alegó en su escrito de demanda que “[e]l 3 de marzo de 2004 el camarógrafo de RCTV,Carlos Colmenares, resultó herido con arma de fuego en el tobillo, mientras cubría las manifestaciones en Caracasrealizadas por la oposición política en contra del Gobierno del Presidente Chávez. Esta fue la segunda vez que elseñor Colmenares resultó herido de bala. Los hechos fueron comisionados a la Fiscalía 21 con competencia plena anivel nacional, la cual decretó el archivo, aunque posteriormente se solicitó la reapertura de la causa”.253Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Pedro Antonio Nikken García el 25 de juniode 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5593-5596).254Cfr. declaración rendida por Carlos Colmenares en la audiencia pública celebrada ante la CorteInteramericana el 7 de agosto de 2008.255Cfr. decreto de archivo de 12 de septiembre de 2005 por la Fiscalía 21º a Nivel Nacional con CompetenciaPlena (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9802-9803).

-66-Colmenares caracterizó sus lesiones como de mediana gravedad 256 . En septiembre de 2005se decretó el archivo de las actuaciones, ya que, habiéndose realizado todas las diligenciastécnicas que pudieran permitir la determinación de los presuntos responsables del hecho,“no había bases para solicitar el enjuiciamiento de alguna persona” 257 . El 12 de marzo de2007 el Juzgado Trigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del CircuitoJudicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró improcedente una petición dereapertura de la investigación, considerando que resultaría impertinente ordenar alMinisterio Público proseguir las averiguaciones, porque los elementos indicados no fueronsuficientes para la individualización del agresor, pues no basta determinar el cuerpo deldelito y su medio de comisión, sin establecer indubitablemente el nexo causal del indiciadocon éstos 258 .249. La Corte estima, a partir de los elementos probatorios disponibles, que el señorColmenares resultó lesionado por una herida de bala. Sin embargo, no han sido aportadossuficientes elementos probatorios para determinar si fue un agente estatal quien disparó osi agentes del Estado se abstuvieron de protegerlo, pudiendo hacerlo. Esa situación impidióque los señores Colmenares y Pedro Nikken pudieran continuar con sus labores periodísticasen esa circunstancia.** *250. La Comisión señaló que el 3 de marzo de 2004 un policía que conducía motocicletapasó la rueda delantera sobre un pie de la señora Anahís Cruz, mientras se encontrabacubriendo una protesta de la oposición en la ciudad de Maracay, cuando un grupo departiculares “seguidores del oficialismo” comenzó a atacar con piedras y otros objetoscontundentes a los manifestantes de la oposición. Los representantes señalaron que quien laatropelló fue un policía de Aragua 259 .251. La Corte constata que en el video aportado como prueba por la Comisión, se escuchala voz de la señora Cruz, que dice que estaba reportando desde el Estado de Aragua. En lasimágenes, tomadas en la noche, se observan varias personas corriendo y motocicletasconducidas por elementos de seguridad circulando cerca de donde se encontraba la cámara.Enseguida se observa que la reportera se acerca a un grupo de “motorizados” y señala quelos efectivos se estaban llevando a un menor detenido. Al acercarse más, grita “me estapisando el motorizado”, “él me piso” y “te vi, me atropellaste”, aunque no se observaespecíficamente que la motocicleta haya arrollado a la periodista. La reportera mencionó256Cfr. decreto de archivo de 12 de septiembre de 2005 por la Fiscalía 21º a Nivel Nacional con CompetenciaPlena (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9802-9803).257Oficio NºFMP-21-NN-0891-2005 de 14 de septiembre de 2005 dirigido al Fiscal General de la República(expediente de prueba, tomo XXVII, folio 9804), y decreto de archivo de 12 de septiembre de 2005 por la Fiscalía21º a Nivel Nacional con Competencia Plena (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9802-9803).258Cfr. decisión del Juzgado 36º de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal delÁrea Metropolitana de Caracas de 12 de marzo de 2007 (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9843-9847).259En su escrito de demanda, la Comisión alegó que el 3 de marzo de 2004 “Anahís Cruz se encontrabacubriendo la protesta de la oposición en la ciudad de Maracay, en el momento en que un grupo de particularesseguidores del oficialismo comenzó a atacar con piedras y otros objetos contundentes a los manifestantes de laoposición. La señora Anahís Cruz denunció que un policía que conducía la motocicleta pasó la rueda delanterasobre su pie”.

-67-además que los agentes de seguridad estaban impidiendo su labor reporteril 260 . En otrasdeclaraciones la señora Cruz se manifestó en el mismo sentido 261 .252. El 12 de marzo de 2004 la Fiscalía 4º de la Circunscripción Judicial del Estado deAragua ordenó el inicio de la investigación y se dispuso practicar una experticia dereconocimiento médico legal 262 . Este hecho, además, fue denunciado el 18 de marzo de2004 ante la Fiscalía 21º a Nivel Nacional con Competencia Plena 263 . De acuerdo con ladeclaración jurada de la señora Alís Carolina Fariñas Sanguino, entonces fiscal, el 18 demarzo de 2004 se dictó la orden de inicio de investigación en virtud del conocimiento queobtuvo dicha Fiscalía del presunto hecho 264 . No obstante, la investigación también continuóadelantándose en el Circuito Judicial Penal del Estado de Aragua. Al respecto, el Estadoalegó que la denunciante no compareció a rendir declaración sobre los hechos y sometersea reconocimiento médico forense, aun cuando se requirió en diversas oportunidades supresencia, mediante citaciones 265 . Dentro de esta causa, el 23 de marzo de 2006 la Fiscalíasolicitó el sobreseimiento de la causa por atipicidad 266 , el cual fue decretado por el Juzgadoel 14 de agosto de 2006 267 .253. La Corte estima, a partir de los elementos probatorios disponibles, que no es posibledar por probado el hecho alegado por la Comisión.** *254. La Comisión señaló en su escrito de demanda que el 3 de marzo de 2004 elperiodista Isnardo Bravo cubría una protesta de la oposición desde la azotea de un edificio,cuando policías motorizados del Municipio La California, Sucre, procedieron a dispersar lamanifestación y dispararon contra el equipo periodístico. Los representantes añadieron quelos disparos se efectuaron con armas largas por parte de funcionarios de la policía de Sucre,cuyo Alcalde era “del oficialismo” e hijo de quien era a la fecha el Vicepresidente de laRepública. Los representantes alegaron que en dichas circunstancias el Estado violó elderecho a la integridad personal del señor Isnardo Bravo.260Cfr. video rotulado "Agresiones a Anahís Cruz" (anexo 68 a la demanda).261Cfr. declaración de Anahís Cruz de 16 de julio de 2007 (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 31 alescrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 3130-3135) y declaración rendida ante fedatario público(affidávit) por Anahís del Carmen Cruz Finol el 27 de junio de 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folios5671-5677).262Cfr. Oficio Nº 05-F4-401-04 (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9681-9682).263Cfr. denuncia presentada el 18 de marzo de 2004 ante la Fiscalía 21º a Nivel Nacional con CompetenciaPlena (expediente de prueba, tomo IX, folios 3659-3667).264Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Alís Carolina Fariñas Sanguino el 30 de juniode 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5740).265Cfr. informe n˚DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-PRO-66-10603-08 de 23 de octubre de 2008 (expediente deprueba, tomo XXVI, folio 9248).266Cfr. solicitud sobreseimiento de la Fiscalía 4º de la Circunscripción Judicial del Estado de Aragua de 22 demarzo de 2006 presentada al día siguiente (expediente de prueba , tomo XXVII, folios 9693-9695).267Cfr. resolución de sobreseimiento del Juzgado 10º de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal enFunciones de Control del Estado de Aragua de 14 de agosto de 2006 (expediente de prueba, tomo XXVII, folio9697).

-68-255. Como prueba fue aportada la declaración del periodista Isnardo Bravo, quiencoincidió con la versión de los hechos proporcionada por la Comisión 268 .256. Según lo señalado por la señora Alis Carolina Fariña Sanguino, entonces fiscal, el 18de marzo de 2004 se dictó la orden de inicio de investigación luego de interpuesta ladenuncia de la que provino el conocimiento que obtuvo la Fiscalía 21° a Nivel Nacional conCompetencia Plena de la presunta comisión de un hecho punible en contra del señorBravo 269 . El Estado informó que se había ordenado la realización de diversas diligencias,entre ellas se citó a declarar a la presunta víctima, y la causa se encontraría en fasepreparatoria 270 . Esta Corte no cuenta con elementos suficientes para verificar si el Estadoactuó con la debida diligencia en el desarrollo de dicha investigación (sura párrs. 97 a 100).257. La Corte considera que no han sido aportados suficientes elementos para probar elhecho alegado por la Comisión y los representantes, ni otros elementos confiables quecorroboren el testimonio de la presunta víctima.** *258. La Comisión alegó que el “3 de junio de 2004 el señor Noé Pernía se encontrabacubriendo una conferencia de prensa en la Alcaldía Metropolitana frente a la Plaza Bolívar,cuando un grupo de personas oficialistas se dirigieron a la puerta principal de la Alcaldía ydispararon con armas de fuego. Dicho grupo se dirigió a la sede del canal RCTV yprocedieron a hacer manifestaciones violentas frente a sus instalaciones[;…] trataron deforzar las puertas de seguridad que dan acceso al canal incendiando un camión de unaempresa, dispararon en contra de la fachada y escribieron insultos en las paredes. Dichoasalto quedó grabado por las cámaras de seguridad de la empresa y constatado porfuncionarios de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención(DISIP) quienes se encontraban estacionados en una motocicleta a poca distancia de lapuerta principal de RCTV. Durante el ataque –que duró casi una hora- se realizaron disparosen contra de las ventanas, la fachada e incluso el personal de RCTV que se asomaba”.259. Los representantes alegaron que las agresiones sufridas por el señor Noé Pernía enla alcaldía constituyeron una violación al artículo 5 de la Convención. Con respecto a loshechos del mismo día en la sede de RCTV, añadieron que funcionarios de la DISIP seencontraban estacionados en una motocicleta a poca distancia de la puerta principal deRCTV, aunque nada hicieron para detener a los agresores; y que transcurrida una horadesde el inicio del ataque, la Guardia Nacional (cuya sede está ubicada en las inmediacionesde RCTV) apareció en el lugar para persuadir a los atacantes de que se retiraran, lo cualhicieron, no sin antes amenazar que volverían más tarde.260. Respecto de las supuestas agresiones sufridas por el señor Pernía, éste declaró queunos individuos dispararon contra la alcaldía, obligando a tirarse al suelo a los periodistasque se encontraban en rueda de prensa con el alcalde, aunque no mencionó que algunapersona hubiese resultado herida 271 .268Cfr. declaración de Isnardo Bravo (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 31 al escrito de solicitudes,argumentos y pruebas, folios 3127-3128)269Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Alís Carolina Fariñas Sanguino el 30 de juniode 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5740).270Cfr. informe n˚DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-PRO-66-10603-08 de 23 de octubre de 2008 (expediente deprueba, tomo XXVI, folio 9247).271Cfr. declaración de Noé Pernía (expediente de prueba, tomo IV, folio 1154).

-69-261. En cuanto a las supuestas agresiones en la sede de RCTV, en la declaración juradade la señora Castellanos se señala que ese “ataque” fue “mucho más fuerte que cualquierade los anteriores”, que “el nivel de violencia contra el canal fue mucho mayor” y que inclusose escucharon tiros que rompieron los vidrios de la fachada. Además menciona que ellamisma se comunicó con diputados “del oficialismo” para que les ayudaran, pero éstoshicieron caso omiso de su solicitud 272 . El señor Eduardo Sapene, en su declaración jurada,confirmó la versión de la Comisión y señaló que el ataque duró aproximadamente una horay media 273 .262. La Corte observa que dos inspecciones judiciales de 3 y 4 de junio de 2004confirman los ataques contra la sede de RCTV, el incendio del vehículo en la entradaprincipal, que se lanzaron objetos contundentes contra la fachada del edificio y que seefectuaron detonaciones y hubo daños en las afueras del canal 274 . Asimismo, en lainspección judicial de 3 de junio de 2004 se constató que efectivos de la Guardia Nacional,dispersaron a las 14:16 horas a las personas que arremetían contra estas instalaciones 275 .En el video aportado por la Comisión se confirma lo expuesto. Además, se escucha que elreportero que comentaba las imágenes menciona que “se trataba evidentemente de ungrupo aislado y coordinado” que atacó las instalaciones, y que “gracias al apoyo de laGuardia Nacional, de la Policía Metropolitana y de los bomberos de Caracas el grupo de malintencionados fue mantenido a raya y posteriormente retirado de las inmediaciones delcanal” 276 .263. La Comisión señaló que a pesar de que la Fiscalía comisionada identificó a la personaque lideró el ataque, la investigación no había concluido 277 . El Estado informó que serealizaron diversas diligencias, como la práctica de la experticia balística a las “conchas”(casquillos) incautadas en el sitio del suceso; análisis audiovisual y de coherencia técnica aun video; avalúo real a la fachada de la empresa RCTV, con el objeto de determinar el valorde los daños presentados 278 . Asimismo, se citó y entrevistó a siete testigos, se solicitó lapráctica de levantamiento planimétrico y trayectoria balística al Cuerpo de InvestigacionesCientíficas, Penales y Criminalísticas; se solicitó informe al Cuerpo de BomberosMetropolitanos sobre su actuación en el siniestro ocurrido en la sede de RCTV y se realizóinspección técnica en el sitio del suceso, con el fin de dejar constancia de las característicasdel lugar 279 . Según el Estado, la Fiscalía 32° del Ministerio Público del Área Metropolitana deCaracas decretó el archivo fiscal de la investigación, aunque el 17 de julio de 2008 laFiscalía habría acordado la reapertura del referido archivo, por lo que la investigación aúnestaría en fase preparatoria 280 .272Cfr. declaración de Laura Castellanos (expediente de prueba, tomo IV, folio 1157).273Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Eduardo Guillermo Sapene Granier el 25 dejunio de 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5585-5591).274Cfr. inspección judicial de 4 de junio de 2004 en la cual se da fe de los daños ocasionados al edificio delcanal RCTV por los hechos suscitados el 3 de junio de 2004 (expediente de prueba, tomo IV, folios 1162-1163).275Cfr. inspección judicial de 3 de junio de 2004 en la cual se da fe de los hechos suscitados en lasinmediaciones del Canal RCTV el día 3 de junio de 2004 (expediente de prueba, tomo IV, folios 1159-1160).276Cfr. video rotulado “Ataque a RCTV – 3 de junio de 2004” (anexo 41 al escrito de solicitudes, argumentosy pruebas).277278Cfr. demanda de la Comisión (expediente de fondo, tomo I, folio 192).Cfr. alegatos finales del Estado (expediente de prueba, tomo VIII, folios 2694-2699).279Cfr. informe n˚DFGR-DVFGR-DGAP-DPDF-16-PRO-66-6584 de 7 de septiembre de 2007 (expediente deprueba, tomo X, anexo A.5 a la contestación de la demanda, folios 3741-3742).

-70-264. El Tribunal estima que a partir de los elementos disponibles en el expediente no esposible probar las supuestas agresiones al señor Pernía. En cambio, es posible dar porprobado el ataque de particulares a las instalaciones de RCTV y las obstaculizaciones quedichos incidentes pudieron provocar en las labores de las presuntas víctimas.** *265. Del análisis de los hechos alegados, la Corte concluye que no fue demostrada laalegada violación del derecho a la integridad física de las presuntas víctimas por acciones desus agentes. Por otro lado, en cinco de los hechos probados ha sido constatado quepersonas o grupos de particulares indeterminados causaron daños a la integridad física yobstaculizaron el ejercicio de la labor periodística de Antonio José Monroy, Armando Amaya,Carlos Colmenares e Isabel Cristina Mavarez Marin. Además, en 10 de los hechos probadosha sido constatado que personas o grupos de particulares indeterminados obstaculizaron elejercicio de la labor periodística de David José Pérez Hansen, Erika Paz, Isnardo José Bravo,Javier García Flores, Luis Augusto Contreras Alvarado, Luisiana Ríos Paiva, Noé Pernía,Pedro Antonio Nikken García, Samuel Sotomayor, Wilmer Marcano y Winston FranciscoGutiérrez Bastardo.B.iiIntegridad psíquica y moral de las presuntas víctimas266. Los representantes solicitaron a la Corte, con base en declaraciones de las presuntasvíctimas y en el peritaje de la psicóloga clínica Magdalena López de Ibáñez, que declare queel Estado violó el derecho a la integridad personal, “en su dimensión psíquica”, en perjuiciode las presuntas víctimas por ellos representadas, como consecuencia de los referidosdiscursos de altos funcionarios, así como de “la concreción y repetición reiterada durante[…] los años 2001 a 2004 de [un conjunto de] hechos de violencia física, amenazas a susvidas y a su integridad física”, lo que habría generado una situación de nervios y estrés atodo el equipo de RCTV y, en concreto, a las presuntas víctimas.267. La Comisión no presentó alegatos en este sentido.268. El Estado señaló que las alegadas violaciones a la integridad psíquica no fueronincluidas en la demanda y que las presuntas víctimas pretenden crear pruebas en su favor,pues las propias declaraciones de las presuntas víctimas no pueden ser prueba de laalegada violación. A su vez, manifestó que el dictamen de la señora López de Ibáñez “fuerealizado de forma colectiva, es decir, contiene observaciones para 15 individuos,generalizando las conclusiones y los aspectos observados clínicamente”; y que era unperitaje deficiente dado que “no se observa que la presentación de resultados se hayarealizado de forma individualizada, que permitan evidenciar y especificar los presuntostrastornos que en diferente grado, se presentaron en cada una de las víctimas”.269. La Corte observa que los representantes sustentaron su argumento, inter alia, en lasdeclaraciones de presuntas víctimas, varias de los cuales hicieron referencia a afectacionesa su integridad a raíz de diversas situaciones en las que se vieron envueltas, varias sinrelacionarlas con algún suceso específico. En particular, manifestaron que a raíz de lasagresiones sufridas en el ejercicio de su profesión desarrollaron “tensión”, “estrés”, “temor”,“pánico”, “tristeza”, “presión psicológica”, entre otros padecimientos. Sin embargo, esteTribunal ha considerado reiteradamente que las declaraciones de las presuntas víctimas y280Cfr. informe n˚DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-PRO-66-10603-08 de 23 de octubre de 2008 (expediente deprueba, tomo XXVI, folio 9248).

-71-otras personas con interés directo en el caso no pueden ser valoradas aisladamente, si bienson útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las violacionesy sus consecuencias (supra párr. 89).270. Además de esas declaraciones, la única prueba ofrecida al respecto es el referidoperitaje de la señora Magdalena López de Ibáñez, perito propuesta por los representantes.Este peritaje consiste en una evaluación psicológica de 15 presuntas víctimas, por medio dela aplicación de entrevistas individuales, exámenes y cuestionarios a cada una de ellas 281 .271. La Corte considera que un peritaje debe encontrarse respaldado por suficienteinformación o hechos comprobables, basado en métodos y principios confiables, y debetener relación con los hechos del caso. En la valoración de este peritaje, la Corte encuentra,en primer lugar, que no se encuentra respaldado por suficiente información sobre el estadode salud físico y psíquico de las presuntas víctimas. La prueba aportada sobre lospadecimientos que habrían sufrido no es suficiente y no especifica si recibieron tratamientomédico. Lo relevante es que en el peritaje, en muchas ocasiones, no se hizo referenciaconcreta a los hechos del caso que específicamente habrían afectado la salud de laspresuntas víctimas, e incluso se hacen constantes referencias a hechos que nocorresponden a este caso. Si bien es útil para determinar ciertas alteraciones en la salud delas presuntas víctimas, es insuficiente para establecer un vínculo específico entre esasalteraciones y los hechos del presente caso.272. No obstante lo anterior, es claro para el Tribunal que las presuntas víctimas fueronobjeto de amedrentamientos y obstaculizaciones, y en algunos casos de agresiones,amenazas y hostigamientos, en el ejercicio de su labor periodística en los hechos probados(supra parr. 265). Algunas de estas personas relataron en sus declaraciones que habíansido afectadas en su vida profesional y personal de distintas formas. Algunas manifestaronel temor que implicaba para ellas realizar su labor periodística en las calles 282 y declararonque en el ejercicio de su profesión era necesario usar chaleco antibalas y máscaraantigases 283 . También fue informado que el servicio médico interno del canal recibió un altonúmero de personas con posterioridad a abril de 2002 por estrés, hipertensión y trastornosdigestivos 284 . Incluso, algunas de las presuntas víctimas declararon tener temor de ir adeterminadas zonas o cubrir ciertos eventos 285 . Asimismo, algunas personas tuvieron que281Cfr. peritaje rendido ante fedatario público (affidávit) por Magdalena López de Ibáñez el 25 de junio de2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5641-5647).282Cfr. declaración rendida por Carlos Colmenares en la audiencia pública celebrada ante la CorteInteramericana el 7 de agosto de 2008; declaración rendida por Antonio José Monroy Clemente en la audienciapública celebrada ante la Corte Interamericana el 7 de agosto de 2008; declaración rendida ante fedatario público(affidávit) por Pedro Nikken el 25 de junio de 2008(expediente de Prueba, tomo XVIII, folio 5594); y declaraciónrendida ante fedatario público (affidávit) por Luisiana Ríos Paiva el 25 de junio de 2008 (expediente de prueba,tomo XVIII, folios 5598-5602).283Cfr. declaración rendida por Carlos Colmenares en la audiencia pública celebrada ante la CorteInteramericana el 7 de agosto de 2008; declaración rendida por Antonio José Monroy Clemente en la audienciapública celebrada ante la Corte Interamericana el 7 de agosto de 2008; y declaración rendida ante fedatario público(affidávit) por Pedro Nikken el 25 de junio de 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5594) . Ver también,declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Eduardo Sapene Granier el 25 de junio de 2008(expediente de Prueba, tomo XVIII, folio 5588); y declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por MarcelGranier el 29 de junio de 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5650).284Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Eduardo Sapene Granier el 25 de junio de2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5588).285Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por David Pérez Hansen el 25 de junio de 2008(expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5658).

-72-mudarse de municipio o estado 286 , otras prefirieron retirarse por un tiempo odefinitivamente de sus labores 287 , y otras dejaron de ejercer el periodismo en la calle 288 .Además, relataron las diversas consecuencias negativas que trajeron a su vida familiar lasagresiones, insultos y las amenazas de las que han sido objeto, así como en algunos casosafectaciones médicas concretas.273. En atención a las afectaciones en la vida personal y profesional que las presuntasvíctimas han declarado haber sufrido como consecuencia de los hechos probados, ytomando en cuenta los contextos en que ocurrieron, la Corte considera que han sidoaportados suficientes elementos probatorios para concluir que el Estado es responsable porla violación de su obligación de garantizar el derecho a la integridad psíquica y moral deCarlos Colmenares, Pedro Antonio Nikken García, Javier García Flores, Isnardo José Bravo,David José Pérez Hansen, Erika Paz, Luisiana Ríos Paiva, Armando Amaya, Isabel CristinaMavarez Marin y Antonio José Monroy.B.iii Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar yErradicar la Violencia contra la Mujer274. Durante la audiencia pública, los representantes alegaron que “en el presente casohay varias mujeres periodistas que fueron y son víctimas de las agresiones y ataques,además de casos como la herida causada en la cara [a Isabel Mavarez[, e]l caso de LauraCastellanos, quien estando embarazada fue agredida dentro de la Asamblea Nacional porgrupos organizados de oficialistas, sufriendo gravísimas consecuencias en la gestación quetenía, con alto riesgo de calcificación de útero y perdida de líquido amniótico”. Asimismoafirmaron que el Estado ha violado los derechos contenidos en los artículos 5, 13, 24, 8 y 25de la Convención Americana “en conexión” con los artículos 1, 2 y 7.b) de la Convención deBelem do Pará, en relación con su obligación general de respetar y garantizar los derechoshumanos de las mujeres periodistas identificadas. Estos planteamientos fueron reiterados ycomplementados por los representantes en sus alegatos finales escritos.275. Los representantes señalaron que las periodistas agredidas fueron Luisiana Ríos,Isabel Mavarez, Erika Paz, Anahís Cruz y Laura Castellanos, que representan el 25% de laspersonas agredidas. Alegaron que las agresiones por particulares y agentes del Estado en286Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Anahís del Carmen Cruz Finol el 27 de juniode 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5671); declaración rendida ante fedatario público (affidávit) porErika Paz el 1 de noviembre de 2007 (expediente de prueba, tomo XIV, folio 5222); declaración rendida antefedatario público (affidávit) por Luisiana Ríos Paiva el 25 de junio de 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII,folios 5598-5602). Ver también, declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Eduardo Sapene Granierel 25 de junio de 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5585)287Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Pedro Nikken el 25 de junio de 2008(expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5594); y declaración rendida ante fedatario público (affidávit) porArmando Amaya el 25 de junio de 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5665). Ver también, declaraciónrendida ante fedatario público (affidávit) por Eduardo Sapene Granier el 25 de junio de 2008 (expediente deprueba, tomo XVIII, folio 5585); y declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Marcel Granier el 27 dejunio de 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5649)288Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Luisiana Ríos Paiva el 25 de junio de 2008(expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5598-5602); declaración rendida ante fedatario público (affidávit) porIsabel Cristina Mavarez Marín el 25 de junio de 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5660); declaraciónrendida ante fedatario público (affidávit) por Erika Paz el 1 de noviembre de 2007 (expediente de prueba, tomoXIV, folio 5222); declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Javier García Flores el 1 de noviembre de2007 (expediente de prueba, tomo XIV, folio 5232); y declaración rendida ante fedatario público (affidávit) porArmando Amaya el 25 de junio de 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5663). Ver también, declaraciónrendida ante fedatario público (affidávit) por Eduardo Sapene Granier el 25 de junio de 2008 (expediente deprueba, tomo XVIII, folio 5591); y declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Marcel Granier el 27 dejunio de 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5649)

-73-contra de las presuntas víctimas mujeres, configuran “una característica y un agravante[para] los hechos descritos en la demanda”, dado que los ataques se perpetraron también“tomando en consideración el sexo” de aquéllas, determinándose entonces como un ataqueespecialmente dirigido contra las mujeres, reiterado y tolerado por el Estado.276. Según fue señalado anteriormente (supra párr. 42), en los términos de laConvención Americana y el Reglamento de la Corte, durante el procedimiento de un casocontencioso ante este Tribunal el momento procesal oportuno para que las presuntasvíctimas, sus familiares o representantes puedan ejercer plenamente su derecho decomparecer y actuar en el juicio, con la correspondiente legitimación procesal, lo constituyeel escrito de solicitudes y argumentos. Si bien los representantes tienen la posibilidad depresentar sus propias solicitudes y argumentos en el proceso ante este Tribunal, enatención a los principios de contradictorio, defensa y lealtad procesal, dicha facultad no losexime de presentarlos en la primera oportunidad procesal que se les concede para esosefectos, o sea en su escrito de solicitudes y argumentos 289 . A pesar de que losrepresentantes no alegaron la violación de la referida Convención de Belem do Pará en elmomento procesal oportuno, la Corte se pronunciará acerca de este alegato.277. En el caso Penal Castro Castro vs. Perú, la Corte se refirió a algunos alcances delartículo 5 de la Convención Americana en cuanto a los aspectos específicos de violenciacontra la mujer, considerando como referencia de interpretación las disposicionespertinentes de la Convención de Belem do Pará y la Convención sobre Eliminación de todaslas Formas de Discriminación contra la Mujer, ya que estos instrumentos complementan elcorpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal de las mujeres,del cual forma parte la Convención Americana 290 . En ese caso, la Corte señaló que ademásde la protección que otorga el artículo 5 de la Convención, el artículo 7 de la Convención deBelem do Pará señala expresamente que los Estados deben velar porque las autoridades yagentes estatales se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra lamujer 291 .278. La Corte observa que los representantes se basan principalmente en un criteriocuantitativo para alegar que los hechos de agresión se produjeron “en razón del sexo” delas presuntas víctimas. En particular, la Corte nota que en sus alegatos finales escritos losrepresentantes resaltaron hechos de 13 de agosto de 2002, que afectaron a la señora LauraCastellanos; hechos de 17 de diciembre de 2001, 20 de enero y 18 de abril de 2002, queafectaron a la señora Luisiana Ríos, y el hecho de 9 de abril de 2002, que involucró a laseñora Isabel Mavarez. Así, los representantes alegaron que la Corte debe tomar en cuentaque ellas se vieron afectadas por los actos de violencia de manera diferente y en mayorproporción a las presuntas víctimas hombres.279. Este Tribunal considera necesario aclarar que no toda violación de un derechohumano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de lasdisposiciones de la Convención de Belem do Pará. Aunque las periodistas mujeres hayansido agredidas en los hechos de este caso, en todas las situaciones lo fueron junto a suscompañeros hombres. Los representantes no demostraron en qué sentido las agresionesfueron “especialmente dirigid[as] contra las mujeres”, ni explicaron las razones por lascuales las mujeres se convirtieron en un mayor blanco de ataque “por su condición [demujer]”. Lo que ha sido establecido en este caso es que las presuntas víctimas se vieronenfrentadas a situaciones de riesgo, y en varios casos fueron agredidas física y verbalmentepor particulares, en el ejercicio de sus labores periodísticas y no por otra condición personal289290291Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, supra nota 80, párr. 225.Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. 276.Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. 292.

-74-(supra párrs. 131, 143 a 149). De esta manera, no ha sido demostrado que los hechos sebasaran en el género o sexo de las presuntas víctimas.280. Asimismo, la Corte considera que los representantes no especificaron las razones y elmodo en que el Estado incurrió en una conducta “dirigida o planificada” hacia las presuntasvíctimas mujeres, ni explicaron en qué medida los hechos probados en que aquéllas fueronafectadas “resultaron agravados por su condición de mujer”. Los representantes tampocoespecificaron cuales hechos y en qué forma representan agresiones que “afectaron a lasmujeres de manera diferente [o] en mayor proporción”. Tampoco han fundamentado susalegatos en la existencia de actos que, bajo los artículos 1 y 2 de la Convención de Belémdo Pará, puedan ser conceptualizados como “violencia contra la mujer”, ni cuales serían “lasmedidas apropiadas” que, bajo el artículo 7.b) de la misma, el Estado habría dejado deadoptar en este caso “para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificarprácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de laviolencia contra la mujer”. En definitiva, la Corte considera que no corresponde analizar loshechos del presente caso bajo las referidas disposiciones de la Convención de Belém doPará.C) Investigaciones de los hechos281. La Corte se referirá a un argumento expuesto por la Comisión y los representantespara atribuir responsabilidad al Estado por hechos de terceros, relacionado con que aquél noha investigado efectivamente los hechos ni determinado, enjuiciado y sancionado a losresponsables.282. La obligación general de garantizar los derechos humanos reconocidos en laConvención, contenida en el artículo 1.1, puede ser cumplida de diferentes maneras, enfunción del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particularesnecesidades de protección 292 . Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en elcontexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía alEstado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a lalibertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo.283. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser unmedio para amparar, proteger o garantizar ese derecho 293 . La obligación de investigar“adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y lanaturaleza de los derechos lesionados” 294 , incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunoscasos, el carácter de jus cogens 295 . En casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparicionesforzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal haconsiderado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial yefectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos292Cfr. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de2006. Serie C No. 155, párr. 73; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra nota 29, párr. 97; y Caso GarcíaPrieto y otros Vs. El Salvador, supra nota 53, párr. 98.293Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 80, párr. 142; Caso Heliodoro PortugalVs. Panamá, supra nota 27, párr. 115; y Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, supra nota 36, párr. 110.294Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 84., párr. 157. Ver también Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay,supra nota 53, párr. 128.295Por ejemplo, en el caso La Cantuta vs. Perú, se determinó que “la prohibición de la desaparición forzadade personas y el correlativo deber de investigarla y sancionar a sus responsables han alcanzado carácter de juscogens”. Cfr. Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 53, párr. 157.

-75-afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida 296 .Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de lasresponsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de susagentes o de particulares-, complementarias entre sí 297 . Por la naturaleza y gravedad de loshechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, losEstados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, deacuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en talessupuestos, responsabilidad internacional del Estado 298 .284. La obligación de investigar “no sólo se desprende de las normas convencionales deDerecho Internacional imperativas para los Estados Parte, sino que además se deriva de lalegislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductasilícitas” 299 . Así, corresponde a los Estados Parte disponer, de acuerdo con los procedimientosy a través de los órganos establecidos en su Constitución y sus leyes 300 , qué conductasilícitas serán investigadas de oficio y regular el régimen de la acción penal en elprocedimiento interno, así como las normas que permitan que los ofendidos o perjudicadosdenuncien o ejerzan la acción penal y, en su caso, participen en la investigación y en elproceso. Para demostrar que es adecuado determinado recurso, como puede ser unainvestigación penal, será preciso verificar que es idóneo para proteger la situación jurídicaque se supone infringida 301 .285. En cuanto a la libertad de expresión, la idoneidad de la vía penal como recursoadecuado y efectivo para garantizarla dependerá del acto u omisión violatorio de esederecho 302 . Si la libertad de expresión de una persona se ha visto afectada por un acto quea su vez ha vulnerado otros derechos, como la libertad personal, la integridad personal o lavida, la investigación penal puede constituir un recurso adecuado para amparar talsituación. Bajo otros supuestos, es posible que la vía penal no sea el medio necesario paragarantizar la protección debida a la libertad de expresión. El uso de la vía penal “debecorresponder a la necesidad de tutelar bienes jurídicos fundamentales frente a conductasque impliquen graves lesiones a dichos bienes, y guarden relación con la magnitud del dañoinferido” 303 .296Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 80, párr. 145; Caso Heliodoro PortugalVs. Panamá, supra nota 27, párr. 115; y Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 84, párr 110.297Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra nota 53, párr. 88.298Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 38, párrs 166 y 176; Caso Godínez Cruz, supra nota 107, párr.175; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú, supra nota 87, párr. 102; Caso del Penal Miguel CastroCastro Vs. Perú, supra nota 44, párr. 119; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 147; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 31, párr.297299Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador, supra nota 53, párr. 104.300Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. OpiniónConsultiva OC-6/86, supra nota 37, párr. 32.301Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 38. párr. 64.302La Corte ha considerado que las infracciones al artículo 13 de la Convención pueden presentarse bajodiferentes hipótesis, según conduzcan a la supresión de la libertad de expresión o sólo impliquen restringirla másallá de lo legítimamente permitido. Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85, supra nota 71, párrs. 53 y 54; y Caso RicardoCanese Vs. Paraguay, supra nota 71, párr. 77.303Caso Kimel Vs. Argentina, supra nota 71, párr. 77.

-76-286. El Estado señaló que en el ordenamiento jurídico venezolano existen otros recursos,que no implican la vía penal, que podrían haber sido efectivos para garantizar el derecho ala libertad de expresión en este caso. Con respecto a las alocuciones oficiales difundidas conbase en el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, señaló que debía serinterpuesto el recurso de nulidad de dicha ley, regulado en el artículo 112 de la LeyOrgánica de la Corte Suprema de Justicia y en el artículo 21 de la Ley Orgánica del TribunalSupremo de Justicia. Asimismo, sostuvo que la acción de amparo prevista en la LeyOrgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales constituye un recursorápido y efectivo para cuestionar la remisión de oficios por parte de CONATEL señalados porla Comisión y los representantes como violatorios de los artículos 13.1 y 13.3 de laConvención (infra párrs. 352 a 361).287. Un punto relevante de la la controversia en que las partes han hecho énfasis es lasdenuncias e investigaciones realizadas en sede penal. La Comisión señaló en su demanda laexistencia de 14 investigaciones penales sobre los hechos del presente caso 304 y de cuatroinvestigaciones relacionadas con declaraciones del Presidente de la República 305 .288. La Corte observa que las denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público enrelación con hechos objeto del presente caso, alegados como constitutivos de violaciones alos artículos 5 y 13 de la Convención, versan en su mayoría sobre supuestas agresionesfísicas y verbales contra periodistas y otros trabajadores, así como daños a instalaciones ybienes de RCTV, muchos de los cuales, como ya fue analizado, constituyeron, en suconjunto, obstrucciones al ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información delas presuntas víctimas (supra párr. 264). Asimismo, fueron denunciados ante el MinisterioPúblico ciertos discursos del Presidente de la República 306 .289. De los 40 hechos mencionados en la demanda, incluyendo las declaraciones defuncionarios públicos, oficios de CONATEL e intervenciones a la señal del canal RCTV (infra304A saber: 1) investigación a partir de la denuncia interpuesta el 31 de enero de 2002 por el señor EduardoSapene Granier, respecto de dos hechos de presunta amenazas y violencia en contra de reporteros que laboranpara RCTV; además, la Comisión señaló que en “el mismo proceso de investigación iniciado a raíz de tal denuncia,se denunciaron […] otros 16 incidentes […]”; 2) investigación a partir de una denuncia presentada el 6 de mayo de2002, por la manifestación violenta realizada en la sede de RCTV el 13 de abril de 2002; 3) investigaciónrelacionada con una denuncia presentada el 12 de marzo de 2002 por agresiones sufridas por Javier García,Isnardo Bravo y David Pérez Hansen; 4) investigación relacionada con una denuncia presentada el 4 de abril de2002 por los hechos acaecidos el 3 de abril de 2002 en perjuicio de Isnardo Bravo, Wimer Marcano y WinstonGutiérrez; 5) investigación a partir de la denuncia presentada el 7 de mayo de 2002 por los hechos de violencia encontra de Isabel Mavarez; 6) investigación a partir de la denuncia presentada el 20 de agosto de 2002 por lasagresiones sufridas entre los días 13 y 15 de agosto de 2002 por Laura Castellanos, David Pérez Hansen y ArgenisUribe; 7) investigación a partir de una denuncia presentada el 21 de noviembre de 2002, por las afectacionessufridas por el señor Armando Amaya; 8) investigación relativa a una denuncia interpuesta el 26 de agosto de2003 por lesiones sufridas el 19 de agosto de 2003 por entre otros Carlos Colmenares y por agresiones sufridaspor Noé Pernía el 21 de agosto de 2003; 9) investigación con relación a los hechos acaecidos el 3 de marzo de2004 en contra de Carlos Colmenares; 10) investigación con relación a los hechos acaecidos el 3 de marzo de 2004en contra de Isnardo Bravo; 11) investigación con relación a los hechos acaecidos el 3 de marzo de 2004 en contrade Anahís Cruz; 12) investigación con relación a los hechos acaecidos el 8 de diciembre de 2002 en perjuicio deAnahís Cruz y Herbigio Henríquez; 13) investigación con relación a los hechos acaecidos el 15 de agosto de 2002en perjuicio del señor Antonio Monroy; 14) una investigación con relación a los hechos acaecidos el 3 de junio de2004 en contra de la sede de RCTV.305A saber: 1) una investigación en relación con las declaraciones del Presidente de 9 de junio de 2002, porlas cuales el 19 de junio de 2002 se solicitó a la dirección de delitos comunes de la Fiscalía General de la Repúblicaque ordenara “la apertura de una investigación” ; 2) otra con la denuncia interpuesta por los apoderados de RCTVel 27 de agosto de 2003; 3) una tercera relacionada con una denuncia interpuesta el 5 de agosto de 2003; y 4)una cuarta a partir de una denuncia interpuesta el 15 de agosto de 2003.306Cfr. denuncia presentada el 19 de junio de 2002 ante la Dirección de Delitos Comunes por el discurso de 9de junio de 2002 en el Programa Aló Presidente No. 107 (expediente de prueba, tomo V, folios 1492-1495) ydenuncia de 27 de agosto de 2003 (expediente de pruebas, tomo IV, folios 922-934)

-77-párrs. 352 a 394), 30 fueron denunciados ante el Ministerio Público o su investigación fueiniciada de oficio por éste 307 . Ninguna denuncia penal presentada ante el Ministerio Públicose refiere a la remisión de oficios por parte de la CONATEL a RCTV ni a las interrupciones ala señal de dicho canal 308 .290. Ante una solicitud de prueba para mejor resolver (supra párr. 18), el Estadomanifestó, “en lo que respecta a las causas que aún están en Fase Preparatoria, [que elMinisterio Público] se reserva para terceros las actas de investigación, hasta que dichaetapa cese, teniendo acceso a las mismas sólo las partes”. Además, el Estado ha informadorespecto de algunas diligencias, pero no ha aportado copias de las mismas, no se hareferido a otros hechos ni aportado prueba alguna. El Tribunal puede tener por establecidoslos hechos que sean demostrables únicamente a través de la prueba que el Estado se hayanegado a remitir (supra párrs. 97 a 100).291. Dadas las características de estos hechos, tomando en cuenta que un puntorelevante de la controversia en que las partes han hecho énfasis es las denuncias einvestigaciones realizadas en sede penal, es necesario precisar en qué supuestos eraexigible al Estado, de conformidad con su legislación interna, la realización de unainvestigación de oficio en forma efectiva y diligente para garantizar los derechos afectados.C.i La acción penal en la legislación venezolana y la falta de investigaciónde algunos hechos denunciados292. El Estado indicó que la Comisión dejó fuera de la controversia que los propiosdenunciantes reconocieron que muchos de los hechos que señalan fueron supuestas injuriaso insultos que, conforme a la legislación venezolana, son delitos de acción privada. Estoimplica que las presuntas víctimas tenían el deber de formular las acusaciones respectivas.Además, señaló que el Ministerio Público ha realizado todo lo conducente a fin de esclarecerlos hechos constitutivos de delitos de acción pública, inclusive aquellos de los que teníaconocimiento a través de las víctimas o sus representantes.293. La Comisión alegó que toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, elEstado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal hasta sus últimasconsecuencias y que, en esos casos, éste constituye la vía idónea para esclarecer loshechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes,además de posibilitar otros modos de reparación.294. Los representantes sostuvieron que las denuncias fueron presentadas ante elMinisterio Público, quien como “único órgano director de la investigación y titular de laacción pública penal en Venezuela , […] es el competente para ordenar el inicio de lainvestigación penal correspondiente”. Alegaron que la mayoría de los casos versan sobrehechos delictivos de conocimiento público que mientras sucedían fueron transmitidos pordiferentes medios de comunicación, por lo que se trata de hechos notorios que debieron serinvestigados de oficio por el Ministerio Público, aun cuando no hubieren sido denunciadospor las presuntas víctimas, en virtud del principio de oficialidad que rige el ejercicio de laacción penal por el Ministerio Público. Asimismo, señalaron que “las diversas figurasdelictivas objeto de las denuncias en cuestión constituyen delitos de acción pública, no sóloconforme al Código Penal con excepción de los delitos de amenazas, difamación e injuria,307Respecto de tres de los hechos –a saber, de 19 de abril de 2002, 4 de diciembre de 2002 y 27 de enerode 2003– si bien los representantes manifestaron haber presentado denuncia no han aportado copia de la misma.308día.Salvo el hecho del 13 de abril de 2002, que sí fue denunciado aunque respecto a todo lo acontecido ese

-78-sino porque además todos ellos son delitos contra los derechos humanos, por lo queconforme a la Constitución le corresponde al Estado su investigación y sanción”.295. El artículo 285 de la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuelaestablece, dentro del llamado “Poder Ciudadano” (uno de los poderes del Estado), lasatribuciones del Ministerio Público, entre las cuales se encuentra ordenar y dirigir lainvestigación penal, así como ““[e]jercer en nombre del Estado la acción penal en los casosen que para intentarla o proseguirla no fuere necesaria instancia de parte, salvo lasexcepciones establecidas en la ley” 309 . El Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela (enadelante “COPP”) dispone que el titular de la acción penal es el Estado, a través delMinisterio Público, “quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales” 310 . EnVenezuela existen tres categorías de delitos: perseguibles de oficio 311 , enjuiciables previorequerimiento de la víctima 312 y perseguibles únicamente a instancia de parte 313 .296. La actividad que podía o estaba en la obligación de realizar el Estado de oficio, encuanto a las conductas denunciadas en el fuero interno, se rige por el principio de oficialidadrespecto de los delitos de acción pública 314 . Por ende, una vez puestos en conocimiento delas autoridades estatales, los hechos que constituyeran delitos de acción pública -comopodían ser ciertas agresiones físicas- debían ser investigados en forma diligente y efectiva309Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reimpresa por error material en la Gaceta OficialNo. 5453, extraordinario, de 24 de marzo de 2000.310Código Orgánico Procesal Penal, sancionado el 20 de enero de 1998, publicado en la Gaceta Oficial No.5.208, extraordinario, de 23 de enero de 1998, con la reforma parcial sancionada el 25 de agosto de 2000, ypublicada en la Gaceta Oficial No. 37.022, de la misma fecha, y la reforma parcial sancionada el 12 de noviembrede 2001, y publicada en la Gaceta Oficial No. 5.558, extraordinario, de 14 de noviembre de 2001, artículo 11.(expediente de prueba, tomo XXVI, folio 9303311Así, la legislación venezolana prevé como regla general la persecución penal de oficio de los hechospunibles calificados como delitos de acción pública. El ordenamiento procesal penal venezolano indica que el iniciodel procedimiento ordinario para los delitos de acción pública puede producirse de oficio por el Ministerio Público,por denuncia de cualquier persona o por querella de la víctima. De este modo, el artículo 283 del COPP dispone que“[e]l Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible deacción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, contodas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores y demás partícipes,y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración”. Si la denuncia ha sidointerpuesta, o recibida la querella, “el fiscal del Ministerio Público ordenará, sin pérdida de tiempo, el inicio de lainvestigación, y dispondrá que se practiquen todas las diligencias necesarias para hacer constar las circunstanciasde que trata el artículo 283. Mediante esta orden el Ministerio Público dará comienzo a la investigación de oficio”.Cfr. Código Orgánico Procesal Penal, artículos 24, 283, 285, 292 y 300 (expediente de prueba, tomo XXVI, folios9303 y 9318).312Esta segunda categoría de delitos, se tramitará de acuerdo con las normas generales relativas a los delitosde acción pública, aunque la parte podrá desistir de la acción en cualquier estado del proceso, lo que extinguirá larespectiva acción penal. Cfr. Código Orgánico Procesal Penal, artículo 26 (expediente de prueba, tomo XXVI, folio26).313El Código Penal venezolano especifica cuáles delitos son de acción o instancia privada, cuyo procedimientose regirá por el procedimiento especial establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Así, ciertos actos ilícitosque fueron calificados por el Estado como delitos de acción privada, como por ejemplo las amenazas, difamación einjurias, no podrán ser enjuiciados sino por acusación de la parte agraviada o de sus representantes legales. Enestos casos, es necesaria la acusación de la víctima ante el tribunal competente, mediante una querella, para quepueda procederse al juicio. No obstante, el tribunal interno podrá ordenar el auxilio judicial del Ministerio Públicopara llevar a cabo una investigación preliminar si el querellante solicita en su querella las diligencias conducentespara identificar al querellado, determinar su domicilio o residencia, para acreditar el hecho punible o para recabarelementos de convicción. Cfr. Código Penal, publicado en la Gaceta Oficial No 5.494, extraordinario, de 20 deoctubre de 2000, reformado por Ley de Reforma Parcial del Código Penal de 3 de marzo de 2005, publicado en laGaceta Oficial No. 5.768, extraordinario, de 13 de abril de 2005, artículos 175 in fine y 449 y Código OrgánicoProcesal Penal, supra nota 310, artículos 25, 400 y 402.314Cfr. Código Orgánico Procesal Penal, supra nota 310, artículos 24, 25 y 26 (expediente de prueba, tomoXXVI, folio 9303 y 9304)

-79-por el Estado y el impulso procesal correspondía al Ministerio Público. Otros hechos alegadoscomo violatorios de la Convención y denunciados ante el Ministerio Público configuran en lalegislación venezolana delitos perseguibles a instancia de parte o de acción privada.297. El artículo 301 del COPP (2001) regula la desestimación de las denuncias o querellaspor parte del Ministerio Público cuando, inter alia, hubieren sido puestos en conocimiento dedicho órgano delitos de acción privada 315 . Respecto de los supuestos en que los hechosdenunciados, que el Estado alega constituían delitos de acción privada, el Ministerio Públicoestaba en la obligación de solicitar la desestimación de la denuncia al Juez de control, deconformidad con la norma citada del COPP. Así, la omisión de las autoridades estatales enemitir una decisión oportuna que aclarara que la vía procesal intentada no era la adecuada,ya sea porque el medio a través del cual se puso en conocimiento de la autoridad no era elestablecido en el ordenamiento jurídico interno o porque el órgano ante el cual se presentóla denuncia o querella no era el competente, no permitiría o no contribuiría a ladeterminación de algunos hechos y, en su caso, de las correspondientes responsabilidadespenales 316 . El Estado no puede justificar su inactividad para llevar a cabo una investigaciónsobre la base de que los hechos no fueron puestos en conocimiento del órgano competentea través de la vía prevista en la legislación interna, pues al menos correspondía al MinisterioPúblico solicitar la desestimación de la denuncia en caso que “luego de iniciada lainvestigación se determinare que los hechos objeto del proceso constituyen delito cuyoenjuiciamiento solo procede a instancia de parte agraviada”.298. Respecto de lo alegado por los representantes (supra párr. 294) la Corte consideraque la ocurrencia de un hecho en un lugar público o su transmisión por medios decomunicación, no le otorga automáticamente carácter de “público y notorio” para efectos deadjudicación judicial. El órgano encargado de la persecución penal de un Estado nonecesariamente tiene que actuar de oficio en tales supuestos. No corresponde a esteTribunal verificar si cada uno de los hechos alegados por los representantes fue transmitidopor televisión ni evaluar la relevancia penal o el posible significado de cada hecho paradeterminar la obligación del Ministerio Público de iniciar de oficio las respectivasinvestigaciones.299. Existe una controversia adicional entre las partes sobre la forma en que debióproceder el Ministerio Público con respecto a las denuncias que abarcaban diversos hechosque configurarían tanto delitos de acción pública como ilícitos perseguibles por particulareso a instancia de éstos.300. Los representantes sostuvieron que “en todas las denuncias presentadas por ante elMinisterio Público se han expuesto, conjuntamente, hechos con relevancia delictiva (deacción pública y de acción privada), con unidad de la resolución criminal, [de manera] queen virtud de la conexidad entre ambas especies delictivas puesta de manifiesto desde lapropia denuncia y a los fines de procurar la unidad del proceso, el Ministerio Público está enla obligación de investigar la comisión de las mismas”. El Estado, según fue señalado,manifestó que las investigaciones por los delitos de acción privada debían ser iniciadas poracusación de la parte agraviada, aunque además manifestó que “el Ministerio Público hacolaborado con las víctimas en la investigación de las situaciones denunciadas”.315Así, la mencionada norma establece que “[e]l Ministerio Público, dentro de los quince días siguientes a larecepción de la denuncia o querella, solicitará al Juez de control, mediante escrito motivado, su desestimación,cuando el hecho no revista carácter penal o cuya acción está evidentemente prescrita, o exista un obstáculo legalpara el desarrollo del proceso. Se procederá conforme a lo dispuesto en este artículo, si luego de iniciada lainvestigación se determinare que los hechos objeto del proceso constituyen delito cuyo enjuiciamiento solo procedea instancia de parte agraviada”.316Cfr., mutatis mutandi, Caso Yvon Neptune Vs. Haití, supra nota 49, párrs. 79 a 81.

-80-301. La legislación interna venezolana prevé que en caso de delitos conexos, cuandoalguno sea delito de acción pública y otro de acción privada, el conocimiento de la causacorresponderá al juez competente para el juzgamiento del delito de acción pública y seseguirán las reglas del proceso ordinario 317 . La autoridad puede conocer del delito noperseguible de oficio una vez que se ha puesto en su conocimiento por parte del interesado.En este supuesto, el Estado estaría en la obligación de disponer todas las medidas deprueba necesarias e investigar en forma diligente.302. Se desprende de la prueba que obra en este caso que, a partir de la primeradenuncia interpuesta el 31 de enero de 2002, se fueron acumulando sucesivas denunciasque abarcaban un gran número de hechos de diversa entidad ocurridos entre 2001 y 2004.Además, en los diversos hechos denunciados no existe identidad de personas sospechosasde haber cometido el delito y éstos tuvieron lugar en diferentes zonas y días. Sin embargo,la Corte observa que todas las denuncias tienen en común el tratarse de hechos quepresumiblemente afectaron a periodistas y trabajadores del medio de comunicación socialRCTV. De hecho, pareciera desprenderse de la prueba que la mayoría de los casos relativosa los medios de comunicación social, y no solamente a RCTV, fueron eventualmenteasignados a una misma Fiscalía, la cual dispuso, “dada la complejidad del caso y […] lasmúltiples denuncias que fueron formuladas, […] la organización de la totalidad de las actasque lo integran, tomando en consideración los incidentes y las individualidadesafectadas” 318 .303. No corresponde a este Tribunal sustituir a la jurisdicción interna para determinar silos hechos denunciados como conductas ilícitas eran conexos o no bajo las reglas del COPPy si procedía la acumulación de los hechos denunciados. Sin embargo, la Corte observa quelas autoridades judiciales no se pronunciaron sobre la procedencia o aplicabilidad de lasreglas de conexidad ni emitieron, salvo en algunos casos, decisiones que hubiesen aclaradosi la vía intentada era la adecuada.304. Respecto de los hechos de 4 de diciembre de 2002, 27 de enero de 2003 y 14 deagosto de 2003 (supra párrs. 224, 232 y 236), no consta que se hayan realizado diligenciasa pesar de haber sido denunciados ante el Ministerio Público poco tiempo después de haberocurrido. Respecto del hecho de 21 de agosto de 2003, los representantes manifestaron queel Ministerio Público no habría realizado ninguna actuación y solicitó el sobreseimiento, quehabría sido decretado por el Tribunal 27º de Primera Instancia en función de Control el 31de enero de 2007 (supra párr. 244). El Estado no aportó información alguna respecto deeste hecho. En cuanto a los hechos que efectivamente fueron puestos en conocimiento delMinisterio Público, la Corte considera que correspondía a este órgano, como encargado de lapersecución penal, emitir oportunamente una decisión para ordenar el inicio de la respectivainvestigación o solicitar la desestimación de la denuncia, según correspondiere. Esto noocurrió en el presente caso respecto de estos hechos.C.iiInvestigaciones penales317El Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 75 que: “Si alguno de los delitos conexoscorresponde a la competencia del juez ordinario y otros a la de jueces especiales, el conocimiento de la causacorresponderá a la jurisdicción penal ordinaria. Cuando a una misma persona se le atribuya la comisión de delitosde acción pública y de acción de instancia de parte agraviada, el conocimiento de la causa corresponderá al juezcompetente para el juzgamiento del delito de acción pública y se seguirán las reglas del proceso ordinario”. CódigoOrgánico Procesal Penal, supra nota 310, artículo 75.318Cfr., inter alia, solicitud de sobreseimiento y desestimación de la Fiscalía 50º a Nivel Nacional conCompetencia Plena de 18 de enero de 2006 (expediente de prueba, tomo XXVII, folio 9451).

-81-305. De la documentación aportada por las partes surge que al momento de dictar estaSentencia, los resultados de las investigaciones de 17 hechos son los siguientes: variasfueron sobreseídas (supra párrs. 158, 163 ,175, 180 y 252), cuatro desestimadas (suprapárrs. 187, 195, 203, 211 y 215), dos archivadas (supra párrs. 220 y 248), y hay variassolicitudes de desestimación por parte del fiscal del caso que se encuentran en espera dedecisión judicial (supra párrs. 167, 171, 191 y 199). En un solo caso denunciado se llegó ala individualización del presunto responsable y se presentó acusación fiscal (supra párr.207). Por otra parte, de aquellas denuncias que no se aportó copia de las investigaciones,surge que tres investigaciones se hallan aún en fase preparatoria (supra párr. 240, 256 y263), en otra se habría solicitado el sobreseimiento (supra párr. 228), y en otra no se hapodido determinar la situación procesal (supra párr. 183).306. La Corte fue informada respecto de otras investigaciones que se relacionan conhechos que no figuran dentro del marco fáctico de la demanda 319 . Por ello, no seránanalizadas por este Tribunal.307. El Tribunal analizará en seguida las diligencias y averiguaciones emprendidasrespecto de los hechos denunciados e investigados.C.ii.1 Cambios en la asignación de la fiscalía a cargo de lapersecución penal308. Según fue indicado, a partir de la primera denuncia interpuesta el 31 de enero de2002 por las presuntas víctimas ante la Dirección de Delitos Comunes 320 , se fueronacumulando sucesivas denuncias que abarcaban un gran número de hechos de diversaentidad ocurridos entre 2001 y 2004.309. Respecto de la denuncia inicial, el 18 de febrero de 2002 las Fiscalías 2º y 74º delMinisterio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a lascuales se había asignado conjuntamente el conocimiento de dicha denuncia, ordenaroniniciar las investigaciones 321 . Dicha causa pasó luego a la Fiscalía 68º del Ministerio Públicode la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.310. El Estado señaló que en marzo de 2005 las causas se encontraban sometidas a laFiscalía 50° del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena 322 , la cual dispuso“organizar la totalidad de las actuaciones que fueron recibidas”. En junio de 2008, elconocimiento de dicha causa habría pasado a la Fiscalía 32º del Área Metropolitana deCaracas.319Así, en respuesta a una solicitud de prueba para mejor resolver, el Estado informó respecto a lasinvestigaciones llevadas a cabo por hechos de septiembre de 2002 en contra de Luisiana Ríos, 19 de septiembre de2002 en contra de Anahís Cruz y 15 de junio de 2008 en contra de Javier David García Flores (ver Informen˚DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-PRO-66-10603-08 de 23 de octubre de 2008 y documentos aportados como pruebapara mejor resolver).320Cfr. denuncia interpuesta ante el Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana deCaracas el 31 de enero de 2002 (expediente de prueba, tomo V, folios 1475-1480).321Cfr. informe n° DFGR-DVFGR-DGAP-DPDF-16 de 15 de marzo de 2005 (expediente de prueba, tomo X,anexo A.6.10 a la contestación de la demanda, folio 3801); y solicitud de sobreseimiento y desestimación de laFiscalía 50º a Nivel Nacional con Competencia Plena de 18 de enero de 2006 (expediente de prueba, tomo XXVII,folios 9450-9468).322Cfr. informe n° DFGR-DVFGR-DGAP-DPDF-16 de 15 de marzo de 2005 (expediente de prueba, tomo X,anexo A.6.10 a la contestación de la demanda, folio 3801).

-82-311. En consecuencia, esta causa fue asignada sucesivamente a diversas fiscalías. Lacantidad y frecuencia de cambios en el órgano encargado de la investigación no resultafavorable para el desarrollo y efectividad de ésta. No se ha establecido que tales cambiosobedezcan a motivos particulares que los justifique, y en este caso no han sido alegados.C.ii.2 Inactividad procesal del Ministerio Público en algunos casos312. Los representantes sostuvieron que la actuación del Ministerio Público fue negligenteen el curso de los procedimientos penales; que las presuntas víctimas no sólo solicitarondiligencias de investigación, sino también aportaron las pruebas disponibles; y que en lamayoría de los casos el Ministerio Público no llevó a cabo las investigaciones o las abandonóluego de realizar las primeras diligencias. Además, alegaron que para considerar que elEstado ha cumplido con su obligación de investigar en aquellos casos en que no exista unapersona condenada, aquél tiene la carga de demostrar que ha realizado una investigacióninmediata, exhaustiva, seria e imparcial.313. El Estado sostuvo que cada denuncia ha recibido trámite procesal, se han practicadopruebas, se ha movilizado el aparato de investigación estatal y se ha contado con laactividad siempre responsable del Ministerio Público y los demás agentes del Estado, por loque es falso que no se ha actuado con la debida diligencia.314. En cuanto a la duración de la fase preparatoria o de investigación, el artículo 313 delCOPP dispone que “el Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con ladiligencia que el caso requiera. Pasados seis meses desde la individualización del imputado,éste podrá requerir al Juez de control la fijación de un plazo prudencial, no menor de treintadías, ni mayor de ciento veinte días para la conclusión de la investigación” 323 .315. El perito Arteaga manifestó que “el procedimiento penal venezolano no tiene untérmino definido expresamente de duración”, y especificó que, “en [su] opinión, debería sercomo máximo de unos seis meses, dependiendo de la complejidad del caso” 324 . Asimismo,el perito Berrizbeitia señaló que “no existe un tiempo predeterminado por la ley para queconcluyan las investigaciones, pero sí la exigencia del legislador de proceder con ladiligencia y celeridad que el caso requiera, evitando las dilaciones indebidas, pues la LeyOrgánica del Ministerio Público impone a los fiscales ejercer sus atribuciones sin másformalidades que las establecidas en la Constitución y leyes de la República, garantizando laprevalencia de la justicia mediante medios que signifiquen simplificación, eficacia yceleridad” 325 .316. Este Tribunal nota que la legislación procesal penal venezolana no establece un plazocierto para la investigación previo a la individualización del imputado, sino requiere que serealice “con la diligencia que el caso requiera” (supra párr. 314). Por ello, el momento enque el Ministerio Público tomó conocimiento del hecho, de oficio o por denuncia, esrelevante para evaluar si las investigaciones fueron conducidas diligentemente.317. La pluralidad de hechos denunciados conjuntamente pudo haber contribuido a tornarcompleja la investigación en términos globales, si bien la investigación de cada hecho enparticular no necesariamente revestía mayor complejidad. Además, la mayoría de los323Código Orgánico Procesal Penal, supra nota 310.324Cfr. peritaje rendido ante fedatario público (affidávit) por Alberto Arteaga Sánchez el 8 de abril de 2008(expediente de prueba, tomo XVI, folios 5510e-5510f).325Cfr. peritaje rendido ante fedatario público (affidávit) por Pedro Berrizbeitia Maldonado el 15 de julio de2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folio 5709).

-83-hechos sucedieron en circunstancias en que resultaba difícil identificar a los presuntosautores. En cuanto a la conducta desplegada por los interesados, los hechos fuerondenunciados con diligencia, al poco tiempo de haber sucedido.318. La Corte observa que la investigación de los hechos de 2 y 28 de mayo de 2002 fueordenada por el Ministerio Público dos años después de interpuesta la denuncia y lasautoridades estatales demoraron más de seis años en llevar a cabo las primeras diligenciasde investigación, sin que justificara el retardo en la recolección de pruebas tendientes a lacomprobación de la materialidad del hecho y la identificación de los autores y partícipes(supra párrs. 187 y 195). Con respecto a algunos hechos en los que se inició unainvestigación, quedó de manifiesto inactividad procesal por entre dos años y medio y seisaños, que no fue justificada por el Estado (supra párrs. 158, 168, 171, 183, 191, 199, 203,211 y 216). Este Tribunal encuentra que las investigaciones correspondientes a estoshechos no se han conducido en forma diligente y efectiva.C.ii.3 Falta de diligencia en la realización de una evaluación médicolegal319. Esta Corte ha señalado que “la autoridad encargada de la investigación debe velarpara que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debeadoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna” 326 .320. Respecto del hecho de 19 de agosto de 2003 no se realizó la evaluación médico legalpara determinar la existencia de lesiones y la gravedad de éstas.321. En casos de agresión física, el tiempo en el que se realiza el dictamen médico esesencial para determinar fehacientemente la existencia de la lesión y del daño 327 . La falta dedictamen o su realización tardía dificultan o imposibilitan la determinación de la gravedad delos hechos, en particular, a fin de clasificar legalmente la conducta bajo el tipo penal quecorresponda, más aún cuando no se cuenta con otras pruebas. La Corte considera que elEstado tiene la obligación de proceder al examen y clasificación de las lesiones cuando serealiza la denuncia y se presenta el lesionado, a menos que el tiempo transcurrido entreésta y el momento en que ocurrió el hecho torne imposible la caracterización de aquéllas.322. En ese caso en que no se realizó la evaluación médico-legal, la denuncia se presentópocos días después y a pesar de ello no se ordenó esa diligencia. El Estado no aportóprueba suficiente para comprobar que el Ministerio Público desplegara las diligenciaspertinentes, lo que permite sostener que hubo falta de diligencia por parte del órganoencargado de la persecución penal con respecto a su deber de llevar a cabo unainvestigación en forma diligente y efectiva.C.ii.4 Decisiones de sobreseimiento y de archivo fiscal en relación conla falta de impugnación o de solicitud de reapertura por parte de losdenunciantes323. El Estado argumentó que el sistema de persecución penal venezolano faculta alMinisterio Público para ordenar el archivo de las actuaciones cuando el resultado de aquéllaresulte insuficiente para acusar y también para solicitar el sobreseimiento. En este caso,esas actuaciones del Ministerio Público han sido debidamente motivadas y justificadas. Laspresuntas víctimas no ejercieron los recursos previstos en el ordenamiento jurídico326Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador, supra nota 53, párr. 112.327Ver, mutatis mutandi, Caso Bayarri Vs. Argentina, supra nota 38., párr. 93, y Caso Bueno Alves Vs.Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 111.

-84-venezolano para cuestionar actos de desestimación, archivo y sobreseimiento dictados,según corresponda, por el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente.324. Los representantes argumentaron que el Estado pretendió justificar su inercia en lafalta de ejercicio de los recursos y acciones pertinentes por parte de las presuntas víctimas,lo cual es un derecho y no una obligación de éstas. Su inactividad no justifica la del Estado.325. Según fue señalado (supra párr. 305), en las investigaciones por varios de loshechos se decretó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal y por atipicidad. Enotra investigación, la Fiscalía decretó el archivo fiscal, sin que conste que las presuntasvíctimas ejercieran los derechos correspondientes para solicitar la reapertura de lainvestigación. Sin embargo, en cuanto a la investigación de 3 de marzo de 2004, decretadoel archivo de las actuaciones en septiembre de 2005, los representantes solicitaron lareapertura de la investigación el 26 de julio de 2006 y el 9 de marzo de 2007, pero el 12 demarzo de 2007 el Juzgado 36º de Primera Instancia en Funciones de Control del CircuitoJudicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró improcedente la petición (suprapárr. 248).326. El artículo 120, inciso 8, del COPP establece que quien sea considerado víctima podráimpugnar el sobreseimiento en el proceso penal, aunque no se haya constituido comoquerellante. Según el artículo 325 del mismo ordenamiento, la víctima podrá interponerrecursos de apelación y de casación contra el auto que declare el sobreseimiento, auncuando no haya querellado. Por otro lado, los artículos 315 a 317 del COPP regulan elinstituto procesal del archivo fiscal, “cuando el resultado de la investigación resulteinsuficiente para acusar”, y el derecho de la víctima que haya intervenido en el proceso desolicitar la reapertura de la investigación indicando las diligencias conducentes y de dirigirseal Juez de control para que examine los fundamentos de la medida.327. Esta Corte considera que la facultad de ejercer recursos contra decisiones delMinisterio Público o de las autoridades judiciales es un derecho de la víctima, querepresenta un avance positivo en la legislación venezolana 328 , pero dicha facultad no eximeal Estado de realizar una investigación diligente y efectiva en los casos en que deba hacerlo.La falta de impugnación del pronunciamiento jurisdiccional o la falta de solicitud dereapertura no desvirtúa el hecho de que el Estado ha faltado a algunos deberes relacionadoscon el desarrollo de medidas diligentes de investigación.C.iiiInactividad de la Defensoría del Pueblo328. Los representantes alegaron que “la Defensoría del Pueblo […] ha tenido una actitudnegligente respecto a las agresiones ocurridas contra periodistas, trabajadores y directivosde RCTV, así como contra las instalaciones y equipos de este medio de comunicación […pues a] la fecha este órgano no ha avanzado ni una sola actuación ni investigación enrelación con todas las agresiones narradas.” Además, señalaron que “apenas es sólo en elaño 2007 y en el [2008], que representantes de este órgano se han apersonado a la sedede RCTV, con `la finalidad de abordar las medidas cautelares y/o provisionales dictadas porla Comisión y la Corte Interamericana, a favor de los trabajadores y periodistas de RCTV´”.Por lo anterior, concluyeron que “es evidente que la Defensoría del Pueblo ha desconocidosu obligación de promoción y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos enVenezuela, al desproteger a los trabajadores de RCTV y fomentar la impunidad de lasagresiones que desde del año 2001 se han venido registrando en su contra”.328El artículo 328 del COPP (2000) disponía que el Ministerio Público y la víctima podrán interponer recursode apelación contra el auto de sobreseimiento, sin embargo, el artículo 117, iniso. 8 del COPP (2000) supeditaba lafacultad de impugnar el sobreseimiento a que el fiscal hubiere recurrido.

-85-329. La Comisión Interamericana no hizo referencia en su demanda a algún procedimientoincoado ante la Defensoría del Pueblo venezolana. Además, de los escritos y pruebasaportados por las partes no se desprende que las presuntas víctimas hayan acudido anteese órgano estatal para denunciar los hechos alegados, ni se aportó prueba de algúnprocedimiento diligenciado en ese sentido. En consecuencia, la Corte no se pronunciaráacerca de lo alegado por los representantes.** *330. Al evaluar si las investigaciones constituyeron un medio para garantizar el derecho ala libertad de expresión y a la integridad personal, así como para prevenir violaciones aestos derechos, la Corte toma en cuenta que la pluralidad de hechos denunciadosconjuntamente pudo haber contribuido a tornar compleja la investigación en términosglobales, si bien la investigación de cada hecho en particular no necesariamente revestíamayor complejidad.331. La Corte observa que en la mayoría de las investigaciones iniciadas se evidencia unainactividad procesal injustificada; y que en algunas investigaciones no se han llevado a cabotodas las diligencias necesarias para la comprobación de la materialidad de los hechos(supra párrs. 318 y 322). Por ello, este Tribunal encuentra que en estos casos el conjuntode las investigaciones no constituyó un medio efectivo para garantizar los derechos a laintegridad personal y a buscar, recibir y difundir información de las presuntas víctimas.** *332. Del análisis de los hechos alegados y la prueba ofrecida, quedó establecido que losreferidos pronunciamientos de altos funcionarios públicos colocaron a las presuntas víctimasque trabajaban para este medio particular de comunicación, y no solamente a sus dueños,directivos o quienes fijen su línea editorial, en una posición de mayor vulnerabilidad relativafrente al Estado y a determinados sectores de la sociedad (supra párrs. 131 y 143 a 149).En particular, la reiteración del contenido de tales pronunciamientos o discursos durante eseperíodo pudo haber contribuido a acentuar un ambiente de hostilidad, intolerancia oanimadversión, por parte de sectores de la población, hacia las presuntas víctimas.333. Así, el conjunto de hechos probados que afectaron a las presuntas víctimasocurrieron cuando intentaban ejercer sus labores periodísticas. En la mayor parte de loshechos que fueron probados (supra párr. 265), en varias oportunidades y en determinadassituaciones o eventos, que pudieron haber tenido un interés público o carácter o relevanciade noticia para ser eventualmente difundida, las presuntas víctimas vieron limitadas,restringidas o anuladas sus posibilidades de buscar y recibir información, en tanto equiposperiodísticos, por acciones de individuos particulares que los agredieron, intimidaron oamenazaron. Asimismo, es claro para el Tribunal el efecto intimidatorio o amedrentador queesos hechos, así como otros dirigidos contra el canal RCTV, como los ataques a la sede deéste (supra párr. 130), pudieron generar en las personas que estaban presentes ytrabajaban en esos momentos en dicho medio de comunicación.334. De tal manera, la Corte considera que el conjunto de hechos probados conformaronformas de obstrucción, obstaculización y amedrentamiento para el ejercicio de las laboresperiodísticas de las presuntas víctimas, expresadas en ataques o puesta en riesgo de suintegridad personal, que en los contextos de los referidos pronunciamientos de altosfuncionarios públicos y de omisión de las autoridades estatales en su deber de debidadiligencia en las investigaciones, constituyeron faltas a las obligaciones estatales de

-86-prevenir e investigar los hechos. Por ello, el Estado es responsable por el incumplimiento desu obligación contenida en el artículo 1.1 de la Convención de garantizar la libertad debuscar, recibir y difundir información y el derecho a la integridad personal, reconocidos enlos artículos 13.1 y 5.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Antonio José Monroy,Armando Amaya, Carlos Colmenares, David José Pérez Hansen, Erika Paz, Isabel CristinaMavarez, Isnardo José Bravo, Javier García Flores, Luisiana Ríos Paiva y Pedro AntonioNikken García. Además, el Estado es responsable por el incumplimiento de su obligacióncontenida en el artículo 1.1 de la Convención de garantizar la libertad de buscar, recibir ydifundir información reconocido en el artículo 13.1 de la Convención Americana, en perjuiciode Anahís del Carmen Cruz Finol, Argenis Uribe, Herbigio Antonio Henríquez Guevara, LauraCecilia Castellanos Amarista, Luis Augusto Contreras Alvarado, Noé Pernía, SamuelSotomayor, Wilmer Marcano y Winston Francisco Gutiérrez Bastardo.IXARTÍCULOS 13.1 Y 13.3 (LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN) 329Y 24 (IGUALDAD ANTE LA LEY) 330EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓNA) Pronunciamientos de funcionarios públicos relativos a la concesióncon que operaba el canal RCTV335. La Comisión consideró que los pronunciamientos señalados anteriormente (suprapárrs. 126 y 127), específicamente los que se refirieron a la línea informativa de los mediosde comunicación privados en Venezuela, al uso del espacio radioeléctrico de propiedadestatal por RCTV y a vías de intervención que podría utilizar el Estado, podían “tener elefecto de influir los contenidos, las líneas informativas y, en general, las ideas y lospensamientos que transmite el medio de comunicación”. Sostuvo que una fuerte crítica a lalínea informativa del medio de comunicación, seguida de posibles consecuencias pormantenerla, provenientes de una autoridad con poder decisorio sobre éstas, de las cualesdependen las posibilidades reales de funcionar, constituyen formas de restricción indirecta ala libertad de expresión. Solicitó a la Corte que declare responsable al Estado por laviolación del artículo 13.1 y 13.3 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dichoinstrumento.336. Los representantes coincidieron con lo anterior y señalaron que a partir del año 2002se “ha amenazado a las televisoras privadas –específicamente a RCTV- con el cierre orevocatoria de las concesiones, como […] sanción [contra] su línea editorial independiente ycrítica al gobierno”, lo que se concretó en este caso por la decisión adoptada el 27 de mayode 2007. Afirmaron que las continuas y reiteradas “amenazas de terminar o revocar laconcesión” de RCTV constituyen “un supuesto claro de desviación de poder” y que su329Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende lalibertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de suelección.[…]3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso decontroles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres yaparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir lacomunicación y la circulación de ideas y opiniones.330Artículo 24. Igualdad ante la LeyTodas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igualprotección de la ley.

-87-motivación no tiene que ver con el régimen de las concesiones para las emisoras detelevisión abierta, ni con la interpretación del derecho administrativo aplicable, sinopretenden acallar un medio cuya independencia y expresiones críticas perturban el proyectopolítico del gobierno. Esto es inaceptable en una sociedad democrática e incompatible con laConvención, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.337. El Estado negó haber incurrido en violación a la libertad de expresión y sostuvo, interalia, que “las consideraciones realizadas por el Presidente de la República […] encuadran[…] en el ordenamiento constitucional y legal venezolano -tanto la figura de la revocatoriade una concesión […] como la figura de la no renovación de una concesión-”.338. Los representantes alegaron, como hecho superviniente, “el cierre de la señalabierta” de RCTV, ocurrida el 27 de mayo de 2007, aunque también señalaron que nopretenden litigar la decisión del Estado de no renovar la concesión del canal RCTV y laejecución de esa decisión. La Comisión resaltó que “no pretende en el marco del presentecaso entrar a discutir el alcance de la discrecionalidad del Estado para actuar en el marco decontratos de concesión con entidades privadas”. La Corte observa que la revocatoria o norenovación de la concesión de RCTV es materia de otra petición presentada ante la ComisiónInteramericana y declara que no analizará este hecho, porque no forma parte del marcofáctico del presente caso.339. La Comisión señaló siete declaraciones 331 y los representantes cuatro 332 en el sentidoalegado. Se refieren a la concesión con base en la cual operan los medios de comunicacióny en algunas se menciona la posibilidad de cancelarla. Sin perjuicio de lo señalado encapítulos anteriores acerca del contenido de estas declaraciones (supra párrs. 131 a 149), laCorte observará si pudieron ser percibidas por las presuntas víctimas como amenazas ydeterminará si corresponde analizarlas como una vía o medio indirecto de restricción de sulibertad de expresión, en los términos del artículo 13.3 de la Convención 333 .331Dichas declaraciones tuvieron lugar el 9 de junio de 2002 en el Programa “Aló Presidente” No. 107 desdeel Estado de Zulia; el 8 de diciembre de 2002 en el Programa “Aló Presidente” No. 130; el 15 de diciembre de 2002en el Programa “Aló Presidente” N°131 desde el Palacio de Miraflores; el 12 de enero de 2003 en el Programa “AlóPresidente” No. 135 desde la Aduana Marítima en La Guaira; el 9 de noviembre de 2003 en el Programa “AlóPresidente” N°171 desde Tinaquillo, Estado Cojedes; el 12 de enero de 2004 en una entrevista publicada en eldiario El Universal, y el 9 de mayo de 2004 en el Programa “Aló Presidente” N°191 desde el Hospital MaternoInfantil de Barinas. Asimismo, la Comisión se refirió a otras declaraciones en las notas al pie de la demanda,incluso algunas ocurridas con posterioridad a la emisión del Informe de fondo de la Comisión.332Además, los representantes se refirieron a 14 pronunciamientos del Presidente y de otras autoridadespúblicas realizados entre los años 2006 y 2007 no contenidos en la demanda, que a su entender permiten explicarlos hechos reseñados en la misma y que demuestran que las amenazas de revocatoria y/o no renovación de laconcesión de RCTV continuaron y se intensificaron. Si bien en principio los hechos que expliquen y aclaren loscontenidos en la demanda son admisibles (supra párrs. 42 y 56), la Corte considera que estas últimasdeclaraciones no son explicativas de esos hechos, toda vez que no hacen referencia a los mismos sino que sonnuevas declaraciones, distintas y posteriores a las allí referidas. Por lo anterior, la Corte no tomará en cuentadichas declaraciones, aunque observa que el contenido de algunas de esas es similar a las que a continuación sonanalizadas.333Así, el 9 de noviembre de 2003 el Presidente sostuvo en referencia a cuatro canales de televisión privadosque “en el momento en que pasen la raya de la ley serán cerrados indefectiblemente para asegurar la paz aVenezuela, para asegurarle a Venezuela la tranquilidad”. Cfr. transcripción disponible enhttp://www.gobiernoenlinea.ve/misc-view/sharedfiles/Alo_Presidente_171.pdf. Asimismo, el 12 de enero de 2004,en una entrevista para el periódico El Universal, el Presidente de la República manifestó que “si algunas plantastelevisoras volvieran a azuzar a la gente a una rebelión, [les] quito [las empresas] también. Tengo el decreto listo.Mejor para mí si lo hicieran, porque estarían ocupadas militarmente, a riesgo de lo que fuese. Daría una orden,inmediatamente, ¡Tómenla por asalto! y los que estén adentro verán, si tienen armas defiéndanse, pero vamos conlas armas, porque un país se defiende así”. Cfr. entrevista para el periódico El Universal de 12 de enero de 2004disponible en http://www.eluniversal.com/2004/01/12/pol_art_12154A2.shtml.

-88-340. El artículo 13.3 de la Convención Americana dispone que “no se puede restringir elderecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controlesoficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseresy aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros mediosencaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Unainterpretación literal de esta norma permite considerar que protege en forma específica lacomunicación, difusión y circulación de ideas y opiniones, de modo que queda prohibido elempleo de “vías o medios indirectos” para restringirlas. La enunciación de mediosrestrictivos que hace el artículo 13.3 no es taxativa ni impide considerar “cualesquiera otrosmedios” o vías indirectas derivados de nuevas tecnologías. Además, el artículo 13.3 de laConvención impone al Estado obligaciones de garantía, aún en el ámbito de las relacionesentre particulares, pues no sólo abarca restricciones gubernamentales indirectas, sinotambién “controles... particulares” que produzcan el mismo resultado 334 . Para que seconfigure una violación al artículo 13.3 de la Convención es necesario que la vía o el mediorestrinjan efectivamente, aunque sea en forma indirecta, la comunicación y la circulación deideas y opiniones.341. Las declaraciones señaladas, examinadas en el contexto en que se produjeron,contienen opiniones sobre la supuesta actuación o participación de RCTV, o de personasvinculadas a éste, en eventos desarrollados bajo circunstancias de alta polarización políticay conflictividad social en Venezuela, lo cual se halla fuera del objeto del presente caso(supra párrs. 60 a 62). Independientemente de la situación o motivación que generó esasdeclaraciones, en un Estado de derecho las situaciones conflictivas deben abordarse através de las vías establecidas en el ordenamiento jurídico interno y conforme a losestándares internacionales aplicables. En el contexto de vulnerabilidad enfrentado por laspresuntas víctimas (supra párrs. 127 a 149), ciertas expresiones contenidas en lasdeclaraciones sub examine pudieron ser percibidas como amenazas y provocar un efectoamedrentador, e incluso autocensura, en las presuntas víctimas, por su relación con elmedio de comunicación aludido. Sin embargo, el Tribunal considera que, en consideraciónde los criterios señalados en el párrafo anterior, esos otros efectos de talespronunciamientos ya fueron analizados supra, bajo el artículo 1.1 de la Convención, enrelación con el artículo 13.1 de la misma.B) Impedimentos de acceso a fuentes oficiales de información oinstalaciones estatales342. Los representantes alegaron que las presuntas víctimas no pudieron acceder afuentes oficiales de información o instalaciones del Estado, lo que constituyó restricciónindebida a la libertad de buscar, recibir y difundir información, así como tratodiscriminatorio, en violación de los artículos 13.1 y 24 de la Convención. El Estado debiópermitir el acceso de los periodistas de RCTV a todos los actos oficiales, por ser denaturaleza pública. El derecho de acceder a las fuentes de información se relaciona con elprincipio de transparencia de los actos de gobierno. Se produjo un trato desigual ydiscriminatorio, en atención a la línea informativa de RCTV.343. La Comisión no alegó que se hubiese impedido el acceso de equipos periodísticos deRCTV a fuentes oficiales de información, ni la violación del artículo 24 de la Convención.344. El Estado enfatizó que la Comisión no había presentado este alegato y que losrepresentantes no probaron lo alegado. Además, señaló que el hecho de que determinadastelevisoras pudieron haber ingresado mayor cantidad de equipos para cubrir un evento en334Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre DerechosHumanos). Opinión Consultiva OC-5/8, supra nota 71, párr. 48.

-89-particular no necesariamente atienden a la violación de derecho alguno; y que no todos losactos que se desarrollan en una oficina estatal tienen carácter público. Asimismo, alegó quecorresponde únicamente al Ministerio del Poder Popular para Comunicación e Información yal Ministerio del Poder Popular del Despacho del Presidente, definir la naturaleza de losactos oficiales y el alcance de su difusión comunicacional, así como los eventos que ostentancarácter público. Corresponde al Estado, a través de su política comunicacional, resolver siinvita a determinados medios de comunicación social. En Venezuela existen otras formas decontrolar la transparencia de la gestión pública, que no se encuentra ligada a la obligatoriaasistencia de los medios de comunicación a todas las actuaciones de órganos estatales.345. Los representantes señalaron que en once casos hubo impedimentos de acceso afuentes oficiales de información o que periodistas habrían tenido que retirarse del lugar sincubrir la noticia o la manifestación, por actos de particulares o por falta de actuaciónadecuada de los cuerpos de seguridad, y alegaron intromisiones en la programación deRCTV por “cadenas presidenciales” o interrupciones de la señal del canal.346. A fin de evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder público, las restricciones enesta materia deben hallarse previamente establecidas en leyes subordinadas al interésgeneral, y aplicarse con el propósito para el cual han sido establecidas 335 . Con respecto a lasacreditaciones o autorizaciones a los medios de prensa para la participación en eventosoficiales, que implican una posible restricción al ejercicio de la libertad de buscar, recibir ydifundir información e ideas de toda índole, debe demostrarse que su aplicación es legal,persigue un objetivo legítimo y es necesaria y proporcional en relación con el objetivo quepretende en una sociedad democrática. Los requisitos de acreditación deben ser concretos,objetivos y razonables, y su aplicación transparente 336 . Corresponde al Estado demostrarque ha cumplido con los anteriores requisitos al establecer restricciones al acceso a lainformación bajo su control 337 .347. En este caso, los representantes no han invocado que la supuesta falta de acceso alas fuentes oficiales proviniera de una normativa o regulación emanada del Estado. De talmanera, los hechos alegados se refieren a supuestas restricciones de facto o impedimentospor vía de hecho, por lo que correspondía a los representantes probar que el Estadorestringió el acceso de las presuntas víctimas a determinadas fuentes oficiales deinformación. Una vez probadas las restricciones por quien las alega, corresponde al Estadosustentar las razones y circunstancias que las motivaron y, en su caso, justificar los criteriosen que se basaba para permitir el acceso a los periodistas de algunos medios y no permitirloa otros.348. La Corte ha señalado que “[e]l artículo 1.1 de la Convención, que es una norma decarácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, dispone laobligación de los Estados Parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de losderechos y libertades allí reconocidos ‘sin discriminación alguna’. Es decir, cualquiera sea elorigen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatoriorespecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es per se335Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre DerechosHumanos). Opinión Consultiva OC-5/8, supra nota 71, párrs. 40, 45 y 46; Caso Kimel Vs. Argentina, supra nota71., párrs. 63 y 83; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 deseptiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs. 89 y 91; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, supra nota 75, párr. 85;Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, supra nota 71, párr. 96; y Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra nota 71,párrs. 120, 121 y 123.336Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Gauthier v. Canada, Communication No 633/1995,U.N. Doc. CCPR/C/65/D/633/1995 (5 May 1999), para. 13.6.337Cfr. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, supra nota 335, párr. 93.

-90-incompatible con la misma” 338 . El artículo 24 de la Convención “prohíbe todo tratamientodiscriminatorio de origen legal. De este modo la prohibición de discriminación ampliamentecontenida en el artículo 1.1 respecto de los derechos y garantías estipulados por laConvención, se extiende al derecho interno de los Estados Parte, de tal manera que esposible concluir que, con base en esas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtudde la Convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatoriasreferentes a la protección de la ley” 339 .349. Es posible que una persona resulte discriminada con motivo de la percepción queotras tengan acerca de su relación con un grupo o sector social, independientemente de queello corresponda con la realidad o con la auto-identificación de la víctima. Teniendo encuenta lo señalado en el capítulo anterior (supra párr. 127 a 149), es posible que laspersonas vinculadas con RCTV pudieran quedar comprendidas en la categoría de “opinionespolíticas” contenida en el artículo 1.1 de la Convención y ser discriminadas en determinadassituaciones. En consecuencia, corresponde analizar las supuestas discriminaciones de hechobajo la obligación general de no discriminación contenida en el artículo 1.1 de laConvención 340 , en relación con el artículo 13.1 de la misma.350. Tomando en cuenta que diversos hechos señalados fueron analizados en el capítuloanterior, o en este mismo, bajo los conceptos pertinentes, el único hecho que cabríaanalizar en este apartado es la supuesta orden dada por un General de División del Ejércitode sacar a la periodista Anahís Cruz de la rueda de prensa e impedir su entrada en la sededel Cuartel Paramaconi en Maracay, Estado de Aragua. A este respecto, la Corte yaconsideró que la prueba aportada no permite acreditar que se hubiese producido unaagresión verbal contra la periodista ni un impedimento de acceso a las fuentes oficiales deinformación (supra párrs. 230 a 233). Además, tampoco surge de las pruebas ofrecidas quelas presuntas víctimas hubiesen impugnado la falta de acceso a las fuentes oficiales deinformación (supra párrs. 288 y 289).351. Por las razones anteriores, este Tribunal considera que en este caso no fuedemostrada la existencia de impedimentos sistemáticos de acceso a fuentes oficiales deinformación, ni un trato discriminatorio por parte de autoridades estatales hacia laspresuntas víctimas, con violación de su libertad de buscar, recibir y difundir información, enlos términos de los artículos 1.1 y 13.1 de la Convención, en este sentido.C) Oficios emitidos por CONATEL relativos al contenido de un programadifundido por RCTV352. Tanto la Comisión como los representantes alegaron que durante el períodocomprendido entre enero y principios de abril del año 2002, y en un contexto de amenazasy hostigamiento contra el canal y sus periodistas, los directivos de RCTV recibieron oficiosemitidos por CONATEL relativos al contenido de un programa informativo y de opinión338Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización.Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 53. Ver también, Caso Apitz Barbera yotros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 31, párr. 209.339Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización.Opinión Consultiva OC-4/8, supra nota 338, párr. 54. Ver también, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera delo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 31 párr. 209.340La diferencia entre los dos artículos radica en que si un Estado discrimina en el respeto o garantía de underecho convencional, violaría el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si por el contrario ladiscriminación se refiere a una protección desigual ante la ley interna, violaría las disposiciones del artículo 24 de lamisma Convención. Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs.Venezuela, supra nota 31, párr. 209. Ver también, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de CostaRica relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84, supra nota 338, párrs. 53 y 54

-91-llamado “La Entrevista en El Observador”, en el que trabajaban algunas de las presuntasvíctimas del caso, y a un supuesto incumplimiento por parte de RCTV de la normativa legalvigente en Venezuela.353. Según la Comisión, el contenido de los programas que ocasionaron la remisión de losoficios hacía referencia a un programa informativo en el que transmitieron imágenes einformaciones relacionadas con enfrentamientos entre varias personas y actos de violenciaocurridos en las calles, así como agresiones a trabajadores de la comunicación social. Sibien dichos oficios se sustentaban formalmente en el Reglamento Parcial sobreTransmisiones de Televisión, Decreto 2.625, y en el supuesto incumplimiento de RCTV de lanormativa legal vigente en Venezuela sobre contenido de violencia en horarios clasificadospara la transmisión de programas, aquéllos tenían el propósito de presionar a los directivosrespecto del contenido de la información difundida por el canal y las presuntas víctimas. ElEstado debió permitir que RCTV difundiera, conforme a la ley, la programación seleccionadapor quienes dirigen el canal y la información que los periodistas preparaban para losprogramas informativos de la televisión; abstenerse de ejercer presiones a propósito delcontenido de las noticias y garantizar la amplia circulación de éstas.354. El Estado manifestó que al remitir los oficios entre enero y principios de abril de2002, CONATEL asumió “su deber indeclinable de proteger a sus niños y niñas, y a sujuventud, de los efectos psicológicos devastadores que implicarían tolerar imágenes deviolencia en horarios donde la mayoría de los televidentes son menores de edad”.Argumentó que los oficios referidos no violentan en modo alguno la libertad de expresión einformación, ya que: a) no se inmiscuyen en el contenido de la línea editorial del medio,pudiendo éste discutir e informar lo que estime pertinente, sino que simplemente le solicitanque, en esa labor, y mientras se encuentre en horario infantil, no muestre las imágenes deviolencia, o al menos haga difusa la pantalla en las escenas más crudas que pudieran dañarpsicológicamente a los niños y niñas que las observan; b) fueron enviados en ejercicio decompetencias legítimas del Estado consagradas en una legislación preexistente; c) noaplican directamente ninguna sanción en contra del canal, limitándose a solicitar la norepetición de situaciones similares, pero reservándose otras acciones también previstas enla ley, como es su deber. El Estado señaló que esta Corte no puede calificar si RCTV violó ono la Ley Orgánica de Telecomunicaciones venezolana, sino debe limitarse a constatar quefue la autoridad competente la que dictó las decisiones, que lo hizo conforme a la ley y enatención al bien jurídico tutelado. El Estado resaltó que los oficios cuestionados secircunscriben al cumplimiento de la obligación estatal de proteger a los niños, niñas yadolescentes frente a mensajes violentos y no adecuados a su desarrollo integral, como lodemuestra también el hecho de que en ese mismo período CONATEL remitió a RCTV otrosoficios o exhortos que no se referían a espacios informativos o de opinión, pero queatendían al mismo fin. El Estado señaló que en ninguno de estos oficios se prohíbe ladifusión del programa, sino se sugiere transmitirlo en un horario adecuado para el públicoadulto 341 .355. La Corte observa que la Comisión remitió como prueba, en los anexos a la demanda,26 oficios enviados por CONATEL a RCTV relativos al programa periodístico “La Entrevistaen el Observador” 342 . La Comisión y los representantes solamente alegaron que tres de esos341En particular, ofreció un oficio de 28 de enero de 2002 en ocasión del programa “Lo que callan mujeres”difundido el 7 de enero de 2002, un oficio de 15 de febrero de 2002 en ocasión del programa “La Jungla”transmitido el 10 de enero de 2002, un oficio de 15 de febrero de 2002 en ocasión del programa “Rescate en elbarrio chino” emitido el 11 de enero de 2002, un oficio de 15 de febrero de 2002 en ocasión de los programas “ElRescate” y “La Última Misión” del 13 de enero de 2002, un oficio de 15 de febrero de 2002 en ocasión de losprogramas “Duro de Matar III”, “Juegos Sexuales”, y “Amenazas Submarina II” transmitidos el 13 de enero de2002 y un oficio de 12 de marzo de 2002 en ocasión del programa recreativo “Lo que Callan las Mujeres” emitido el19 de febrero de 2002. Cfr. (expediente de prueba, tomo XXI, folios 6544-6559).342Ver anexo 56 a la demanda (expediente de prueba, tomo VI, folios 1845 a 1900).

-92-oficios, emitidos el 28 de enero de 2002, constituyeron violación del artículo 13.1 y 13.3 dela Convención, a saber, los oficios números 578, 580 y 581 emitidos en relación conprogramas difundidos los días 7, 9 y 10 de esos mismos mes y año, titulados: “LosPeriodistas Dicen Ya Basta”; “¿El Gobierno Propicia la Violencia con los Medios?”; y “CírculosBolivarianos, ¿Provocan Conflicto?” 343 .356. De los oficios ofrecidos por la Comisión, se desprende que CONATEL consideró que elprograma “La Entrevista en el Observador”, transmitido en los referidos días, habíatransgredido la normativa legal vigente en Venezuela, por cuanto mostraba escenas con altocontenido de violencia en un horario clasificado para la transmisión Clase OrientaciónAdultos (OA) 344 . En los oficios se aduce que al transmitir las imágenes de violencia, RCTVtransgredió el artículo 6 del Reglamento Parcial Sobre Transmisiones de Televisión, DecretoN.2.625, que dispone que “las transmisiones Clase OA no incluirán los aspectos previstos enlos literales b) al j) del artículo 4 de este reglamento”. El artículo 4, literal “c”, de dichoartículo se refiere a “violencia traducida en agresiones, que mutilen o desgarren el cuerpohumano”, y el literal “h” a “Niveles excesivos de agresión física o psicológica”. Con base enello, CONATEL exhortó a los directivos del medio de comunicación RCTV, a través de losmencionados oficios, a difundir escenas como las transmitidas en el programa “La Entrevistaen el Observador” solamente a partir de las 21:00 horas, horario clasificado para programasClase Adultos (R) 345 , y les recordó que no habían cumplido su compromiso de adaptar elcontenido de los programas al horario de transmisión. Igualmente se exhortó a RCTV a nopresentar imágenes o sonidos que permitieran identificar a niños o adolescentes víctimas dehechos punibles. Por último, CONATEL señaló que, en caso de no seguir la recomendación,“se reserva[ría] las acciones legales a que h[ubiera] lugar”.357. La Corte toma nota que CONATEL, al emitir los mencionados oficios, se basó en elReglamento Parcial Sobre Transmisiones de Televisión, que tenía por objeto la ordenación yregulación de las transmisiones de televisión 346 y establecía un horario clasificado en que lastransmisiones no debían incluir escenas con alto contenido de violencia. La Corte nota quees una práctica de los Estados establecer sistemas y regulaciones de horarios y elementosclasificados para las transmisiones realizadas por televisión, lo cual puede restringirdeterminadas libertades e implica la observancia de los criterios de legitimidad señalados(supra párrs. 115 a 118). No obstante, la Comisión y los representantes no han cuestionadopropiamente el reglamento en que se fundan los oficios emitidos por CONATEL, ni lalegalidad de tales actos, y no han aportado pruebas para desvirtuar el contenido de losmismos. Por ende, corresponde a la Corte determinar si los tres oficios emitidos porCONATEL constituyeron, per se, una vía o medio directo o indirecto de restricción a lalibertad de buscar, recibir y difundir información de las presuntas víctimas.343La Comisión no especificó la numeración y fecha de los oficios y sólo manifestó que en enero y febrero de2002 CONATEL remitió tres oficios al presidente del canal RCTV. De la documentación remitida por la Comisión, laCorte observa que ésta aportó cuatro oficios de 28 de enero de 2002 de numeración 578, 579, 580, 581 y un oficiode 14 de febrero de 2002 de numeración 1105. Los representantes tampoco especificaron la numeración de losoficios, aunque sí mencionaron las fechas en que se recibieron, en particular mencionaron dos oficios de 28 deenero y uno de 14 de febrero de 2002. Dado que la Comisión y los representantes se refirieron a los temas sobrelos que habrían versado los programas cuestionados por los oficios, la Corte entiende que los tres oficios alegadoscomo violación al artículo 13.1 y 13.3 de la Convención son los señalados.344El Reglamento Parcial Sobre Transmisiones de Televisión, Decreto 2.625, establece en el artículo 10,literal “b” que “Las transmisiones clase OA, pueden llevarse a cabo únicamente entre la una y las tres postmeridiemy entre las 8:00 post-meridiem, y las nueve ante-meridiem del día siguiente”.345El Reglamento Parcial Sobre Transmisiones de Televisión, Decreto n. 2.625, establece en el artículo 10,literal “c” que “Las transmisiones Clase R pueden llevarse a cabo únicamente entre las nueve post-meridiem y lascinco ante-meridiem del día siguiente”.346Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por María Alejandra Díaz Marín el 9 de abril de2008 (expediente de prueba, tomo XVI, folio 5395).

-93-358. Bajo los criterios señalados respecto del artículo 13.3 de la Convención (supra párr.340), este Tribunal constata que en los referidos oficios emitidos por CONATEL no seprohíbe la difusión del programa, sino se sugiere transmitirlo en un horario adecuado parael público adulto. Asimismo, de los oficios y de la prueba aportada no surge que CONATELhaya iniciado las acciones legales a que hacen alusión los oficios, con alguna consecuenciasobre la transmisión del programa referido.359. En este mismo sentido, el Tribunal observa que la Comisión en su Informe de fondoconcluyó lo siguiente 347 :205. Al respecto, la Comisión destaca que no consta en el expediente prueba sobre lasacciones legales que mencionan los oficios y las consecuencias directas que tuvieron en laemisión de dicho programa, que permitan entenderlas y analizarlas como responsabilidadesulteriores por el supuesto ejercicio abusivo del derecho a la libertad de pensamiento y deexpresión a través de la emisión de dicha programación, en el marco del artículo 13.2 de laConvención. Sólo constan en el expediente diversas cartas que el presidente de RCTV, enrespuesta a dichos oficios, remitió a CONATEL indicando que el objetivo del programa enreferencia es informar al público sobre hechos que se verifican a diario en la sociedadvenezolana.360. En cuanto al propósito perseguido por esos oficios, en el sentido de incidirindirectamente y presionar a los directivos respecto al contenido de la informacióndifundida, el Tribunal nota que la Comisión y los representantes no han aportado pruebas oelementos que evidencien que la emisión de los oficios haya afectado la libertad de buscar,recibir y difundir información de las presuntas víctimas. Tampoco han aportado pruebaspara desvirtuar el contenido de los oficios, emitidos con base en una normativa vigente enVenezuela.361. Por todo lo expuesto, la Corte considera que no ha sido demostrado que la emisiónde los oficios por CONATEL constituyera una restricción indirecta o indebida al derecho abuscar, recibir y difundir información de las presuntas víctimas, contraviniendo el artículo13.1 y 13.3 de la Convención en este sentido.D) Intervenciones a emisiones de RCTV362. La Comisión expuso que el señor Eduardo Sapene Granier tuvo que permitir latransmisión de múltiples intervenciones por parte de distintos funcionarios, entes estatalesy organizaciones que hicieron uso de la señal del canal, durante los días 8 y 9 de abril de2002, mientras se llevaba a cabo el paro nacional y días antes de que ocurriera el golpe deEstado en Venezuela. Asimismo, alegó que el 13 de abril de 2002 un grupo de soldados dela Casa Militar se presentaron en las instalaciones del canal y obligaron al señor SapeneGranier a cerrar la señal de RCTV para que el canal del Estado transmitiera a través de laseñal de RCTV. Alegó que soldados de la Casa Militar, agentes de la DISIP y del Ejércitohabían realizado otras intervenciones directamente en las instalaciones de las antenasubicadas en el sector de Mecedores, desde donde se emite la señal de RCTV. La Comisiónseñaló que estas intervenciones son incompatibles con la Convención, aunado a quefuncionarios del gobierno venezolano de distintos rangos hicieron uso de la señal del canal.363. La Comisión y los representantes concluyeron que esas intervenciones constituyeronuna restricción indirecta, dado que incidieron en el contenido de la información que en esasoportunidades pudieran transmitir el señor Eduardo Sapene Granier, como Vicepresidente acargo de la información del canal de televisión RCTV, y los trabajadores de la comunicaciónsocial que trabajan en dicho canal, individualizados como presuntas víctimas, al347CIDH. Informe de fondo No. 119/06 de 26 de octubre de 2006, párr. 205 (expediente de prueba, tomo I,folios 51).

-94-imponérseles determinado contenido o impedir que se transmitiera otra información que sedeseaba difundir.364. Para determinar si el Estado es responsable por las alegadas violaciones, la Cortedividirá su análisis en i) uso abusivo de cadenas nacionales; y ii) interrupciones de la señalde RCTV.D.i.Uso abusivo de “cadenas nacionales” durante los días 8 y 9 de abril de2002365. La Comisión alegó que los días 8 y 9 de abril de 2002, RCTV tuvo que transmitir lasintervenciones y alocuciones realizadas en cadena y de manera intercalada por distintosfuncionarios y entes gubernamentales, tales como el Alcalde del Municipio Libertador delDistrito Capital, la Ministra del Trabajo, el General en Jefe de las Fuerzas Armadas, elMinistro de la Defensa, el Ministro de Educación, el Presidente de Petróleos de VenezuelaS.A. (PDVSA), el Gobernador del Estado Cojedes, el Presidente de FEDEPETROL yrepresentantes de diversos sindicatos relacionados con la industria del transporte, quienesen uso de la prerrogativa contemplada en el artículo 192 de la Ley Orgánica deTelecomunicaciones, efectuaron dichas trasmisiones en cadena a través de los distintosmedios de televisión y radiodifusión entre el 8 y 9 de abril de 2002, aproximadamentedesde las 14:30 horas, en forma ininterrumpida e intercalada. La Comisión también señalóel hecho notorio del llamado a huelga o paro general convocado por la Confederación de losTrabajadores de Venezuela (C.T.V.), a la que se sumó de manera pública la Federación deCámaras de Comercio de Venezuela (Fedecámaras).366. Los representantes señalaron que la programación de RCTV fue objeto deintromisiones por parte del Estado por las continuas y repetidas “cadenas”, ordenadas enflagrante violación de la normativa que establecía los límites al ejercicio de esta facultad.367. En cuanto al uso de la potestad administrativa denominada “cadenas”, el Estadoargumentó que la transmisión obligatoria de una información o alocución, que se encuentradebidamente establecida en el ordenamiento jurídico venezolano, no puede atentar o incidirde alguna manera sobre los bienes pertenecientes a RCTV, pues en nada desmejora lacalidad de sus equipos o instalaciones. Además, el Estado señaló la necesidad que existía detrasmitir a la población mensajes que evitaran la degeneración de las protestas en hechosviolentos, tales como los que tuvieron lugar en abril de 2002, razón por la cual sostuvo queno puede medirse en número de horas las alocuciones del Presidente de la República u otrosfuncionarios del Estado, sino deberá ponderarse considerando la situación de interés generalque deba ser planteada a la población. El uso de estas potestades, empleando todos losmedios de comunicación social, no constituye per se violación de derechos, ni aún en elsupuesto de que las transmisiones obligatorias hayan durado muchas horas, toda vez quelas circunstancias lo ameritaban.368. La Corte observa que las intervenciones a las emisiones de RCTV ocurrieron en lavíspera y durante el golpe de Estado de abril de 2002. Respecto del hecho alegado, fueaportada como prueba una resolución del 9 de abril del Juzgado Sexto de Primera Instanciaen lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana deCaracas 348 , relativa a una solicitud del apoderado de la sociedad mercantil RCTV para que eljuzgado dejara constancia del número y duración de las interrupciones a la programación deRCTV, por parte de las transmisiones anunciadas por el Ministro de la Secretaría de laPresidencia de la República conjuntamente con la red nacional de radio y televisión y de laspersonas intervinientes en cada una de las transmisiones conjuntas. En esa resolución, el348Cfr. resolución de 9 de abril del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito dela Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (expediente de prueba, tomo VI, folios 1912-1940).

-95-tribunal encontró que “los hechos señalados revestían tal notoriedad, que no requeríanpreconstituir prueba alguna para ser acreditados”, en virtud de lo cual negó la solicitud deinspección ocular.369. Es oportuno destacar que el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicacionesatribuye a la Presidencia de la República la facultad de ordenar la transmisión de mensajeso alocuciones oficiales 349 .370. El Estado señaló que quien considere que esa facultad atenta contra algún derecho,puede cuestionar dicha norma mediante la interposición del respectivo recurso de nulidadde la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, previsto en el artículo 112 de la Ley Orgánica dela Corte Suprema de Justicia y en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo deJusticia. Asimismo, remitió una resolución dictada en un proceso interno originado a partirde un recurso interpuesto por el señor Marcel Granier y el abogado Oswaldo Quintana, deRCTV, el 2 de marzo de 2006 ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,donde se cuestionaba la norma en mención.371. En el presente caso la Comisión y los representantes no han objetado el artículo 192de la Ley de Telecomunicaciones, ni han cuestionado o aportado elementos acerca de sureglamentación.372. La Corte toma en consideración que el juzgado interno dio por probado que entre el8 y 9 de abril de 2002 se transmitieron diversas alocuciones de funcionarios públicos yrepresentantes de sindicatos, a través de “cadenas” nacionales, que constituyentransmisiones conjuntas que debe hacer toda la red de radio y televisión a nivel nacional. Latransmisión de dichas cadenas se basó en la normativa citada anteriormente y entre lasalocuciones transmitidas figuraron intervenciones de funcionarios y personas que, según laley, no estaban expresamente facultados para ello. No han sido aportados videos con losmensajes transmitidos ni los oficios mediante los cuales se ordenó la transmisión de dichascadenas.373. Tomando en cuenta la situación imperante en Venezuela en aquel momento, la Corteconsidera que no cuenta con elementos suficientes para determinar si el número ycontenido de los mensajes y alocuciones transmitidos constituyeron un uso legítimo oabusivo de la referida facultad estatal, que perjudicara el ejercicio de los derechosreconocidos en los artículos 13.1 y 13.3 de la Convención por parte de las presuntasvíctimas.D.ii.Interrupciones a la señal de RCTVD.ii.1 Hecho del 10 de abril de 2002374. La Comisión y los representantes alegaron que el 10 de abril de 2002 agentes de laDISIP y de la Casa Militar se presentaron en las instalaciones de transmisión de RCTV,estación “Los Mecedores”, con la “orden de que si veían la pantalla dividida en una cadenapresidencial tumbarían la señal”. Ante esta situación, el apoderado de RCTV solicitó que serealizaran dos inspecciones oculares, una judicial y otra extrajudicial, para que se dejara349En los siguientes términos: “Sin perjuicio de las disposiciones legales en materia de seguridad y defensa,el Presidente de la República podrá, directamente o a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones,ordenar a los operadores que presten servicios de televisión por suscripción, a través del canal de información asus clientes y a las empresas de radiodifusión sonora y televisión abierta la transmisión gratuita de mensajes oalocuciones oficiales, de la Presidencia o Vicepresidencia de la República o de los Ministros. Mediante reglamento sedeterminarán las modalidades, limitaciones y demás características de tales emisiones y transmisiones. No estarásujeta a la obligación establecida en este artículo la publicidad de los entes públicos”.

-96-constancia del estado de las antenas y de otras instalaciones pertenecientes a RCTV endicha estación. Alegó que ninguna de dichas inspecciones pudo llevarse a cabo, dado quelos miembros de las fuerzas de seguridad que se encontraban en la estación “LosMecedores” no permitieron el ingreso a la misma.375. Además, los representantes señalaron que no se trataba del ejercicio de facultadjurídica alguna, sino de vías de hecho que serían decididas y ejecutadas “manu militari”directamente por esos funcionarios de los cuerpos de seguridad y defensa.376. El Estado manifestó que estaba justificado el ejercicio de las facultadesadministrativas de vigilancia, dado que al día siguiente tuvo lugar el golpe de Estado.377. Respecto de este hecho, fueron aportadas constancias de una inspección judicial delJuzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracasde 10 de abril de 2002 y de una inspección ocular extrajudicial realizada por la NotariaPública Tercera del Municipio de Chacao 350 , y las declaraciones testimoniales de dosoperadores de transmisiones.378. Los operadores de transmisiones declararon que en la madrugada del 10 de abril de2002 se presentaron en un vehículo cuatro personas que pertenecían a la DISIP,manifestando que “tumbarían” la señal del canal en caso de que la cadena presidencialsaliera con la pantalla dividida, y que posteriormente se apersonaron aproximadamente diezpersonas más, identificadas como personal de CONATEL, aunque luego se enteraron pormedio de la Guardia Nacional que eran personal de la Casa Militar. El Estado sostuvo queesos testimonios son insuficientes para tener por cierto lo alegado, pues son dichos de untrabajador de RCTV, que no pueden generar efecto alguno, por tener el supuesto testigo unamplio interés en los resultados de la declaración. La Corte observa que esas personas noson presuntas víctimas en este caso. No obstante, por su vinculación con el canal RCTV, esnecesario valorar su testimonio en el conjunto de la prueba ofrecida.379. El juez a cargo de la inspección judicial señaló que no se pudo realizar ésta, ya quepor orden de la Guardia Nacional no se permitía el acceso de ninguna persona al área de lasantenas de la estación “Los Mecedores”. La Notaria Pública Tercero del Municipio de Chacaoseñaló que no se pudo realizar la inspección extrajudicial ya que se impidió el paso a lasinstalaciones, por órdenes de la Guardia Nacional. Además, la persona que controlaba elingreso fue entrevistada por dicha Notaria y manifestó que solamente habían tenido accesoel personal técnico de relevo de los diferentes canales de televisión, que la transmisión delos diferentes canales de televisión era normal, que no habían recibido órdenes de afectarlas transmisiones de los canales y que su presencia en el lugar obedecía a la problemáticasuscitada el día 9 de abril de 2002. Posteriormente, quien había dado la orden de impedir elpaso hacia la estación “Los Mecedores” manifestó a la Notaria que mientras no se calmara lasituación en el país no se permitiría el acceso a las mencionadas instalaciones.380. Como ha sido señalado (supra párr. 340), este Tribunal estima que para que seconfigure una violación del artículo 13.3 de la Convención es necesario que la vía o el mediorestrinjan efectivamente, aunque sea en forma indirecta, la comunicación y la circulación deideas y opiniones.381. La Corte observa que si bien la presencia y manifestaciones de los agentes de laDISIP o de la Casa Militar en la estación “Los Mecedores”, donde se encontraban las antenasde transmisión de RCTV, pudieron ser percibidas como amenazas y provocar en las350Cfr. inspección judicial del Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del ÁreaMetropolitana de Caracas de 10 de abril de 2002 e Inspección ocular extrajudicial realizada por la Notaria PúblicaTercera del Municipio de Chacao. (expediente de prueba, tomo V, folios 1268-1445; en folios 1406, 1412, 1440).

-97-presuntas víctimas algún efecto amedrentador, el Tribunal no cuenta con prueba suficienteque demuestre que la amenaza de intervenir la señal del canal se hubiese materializado enactos concretos que afectaran los derechos de las presuntas víctimas de recibir y difundirinformación, en los términos del artículo 13 de la Convención.D.ii.2 Hecho del 11 de abril de 2002382. Según la Comisión, el 11 de abril de 2002 se interrumpió la señal de transmisión delos canales privados, mientras se transmitía la señal del canal estatal. Existe una inspecciónjudicial que dejó constancia que en el canal 2 de RCTV “no apareció imagen ni sonido”.383. El Estado señaló que la supuesta interrupción de la señal el día 11 de abril, porhaberse insertado en todas las transmisiones la señal del canal estatal “Venezolana deTelevisión”, no puede atentar contra los bienes de una planta televisora. Hizo notar que unavez que cesó la cadena, en la cual determinados medios de comunicación efectivamentedividieron la pantalla en contravención del ordenamiento jurídico vigente, los canalesprivados restablecieron su transmisión, sin que ningún equipo hubiese resultado afectado.384. Del acervo probatorio se desprende que se había ordenado la transmisión de unacadena a las 14:30 horas de ese día 351 . Fue aportada una inspección judicial realizada por elJuez Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el11 de abril de 2002 a las 17:16 horas, en respuesta a una solicitud del apoderado de RCTVde verificar que las emisoras de televisión nacional estaban transmitiendo su señal. Esejuzgado constató que a las 17:30 horas “no aparec[ió] ninguna imagen ni sonido” en elcanal de RCTV. Lo mismo pudo verificarse respecto de los canales 5 (Vale TV), 10(Televen), 33 (Globovisión) y 51 (CMT). En los canales 8 (Venezolana de Televisión) y 4(Venevisión) se observó imagen en la pantalla con sonido 352 .385. Si bien hubo interrupción en la señal y transmisión de RCTV, esta Corte consideraque no han sido aportados elementos suficientes para determinar, en la situación y contextoimperantes en Venezuela el 11 de abril de 2002, los motivos por los que no había imagen nisonido en la pantalla de RCTV a las 17:30 horas, ni la forma en que dicha interrupciónhabría afectado la libertad de las presuntas víctimas cuya violación se alega. En esecontexto de muy grave alteración del orden público, no está probado que autoridadesestatales ordenaron tal interrupción de la señal o que, en caso de haberlo ordenado, dichainstrucción contraviniera la legislación interna aplicable o restringiera ilegítimamente lalibertad de expresión de las presuntas víctimas.D.ii.3 Hecho del 13 de abril de 2002386. La Comisión señaló que el 13 de abril de 2002, alrededor de las 20:00 horas, ungrupo de soldados de la Casa Militar con armas largas se presentó en la sede del canal. Dosde los militares solicitaron reunirse con los ejecutivos a cargo del canal. Al hacerlo, pidieron“que saliera en vivo una entrevista con el[los]”. La Comisión alegó que el señor EduardoSapene Granier tuvo que cerrar la señal de RCTV y transmitir el canal estatal.387. Los representantes especificaron que ese día “a las 7:50 p.m. llegó a lasinstalaciones de RCTV un Mayor [del Ejército…], al mando de unos quince (15) soldados de351Cfr. copia de oficio de CONATEL recibido por RCTV el 11 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo VI,folio 1841).352Cfr. inspección judicial realizada por el Juez Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del ÁreaMetropolitana de Caracas el 11 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo V, folio 1401).

-98-la Casa Militar, armados con armas largas. El oficial solicitó entrar al canal desarmado juntoa dos Diputados del MVR, con una representación de la Defensoría del Pueblo, a objeto dereunirse con los ejecutivos a cargo, para lo cual se le permitió el acceso. Los funcionariosfueron atendidos por el Lic. Eduardo Sapene, el Lic. Pablo Mendoza y el Ing. Edgardo Mosca.El Mayor […] solicitó que saliera en vivo una entrevista con él y los Diputados y/o unmensaje vía telefónica del Ministro de la Defensa Dr. José Vicente Rangel”. Se les informóque era imposible acceder a su solicitud, dada la falta de personal técnico en el estudio, yque sólo era posible transmitir la señal del canal del Estado. Así se hizo, ante la insistenciadel funcionario militar.388. El Estado alegó que no puede hacerse responsable por las actuaciones departiculares en la indicada fecha, en virtud de “la omisión en que incurrió el canal RCTV detrasmitir la totalidad de las informaciones de manera veraz, así como la abierta y notoriaparticipación de algunos de sus directivos en apoyo al golpe de Estado”. Asimismo, resaltóque en los alegatos de las partes en ningún momento se reseña daño alguno que pudieragenerar una restricción del derecho a la libertad de expresión. Asimismo, el Estado alegóque la declaración rendida ante fedatario público por el señor Sapene Granier escontradictoria con su declaración ante el Ministerio Público, en cuanto a si fue una solicitud ouna exigencia que se transmitiera la señal del canal estatal ese día. Además, el Estadocuestionó si tal transmisión constituía una condición para retirar a los manifestantes que seencontraban frente a la sede de RCTV o una contribución a divulgar el regreso delPresidente.389. Respecto de este hecho, fue aportado un video realizado en el canal RCTV 353 , unescrito de denuncia del 6 de mayo de 2002 354 y la declaración escrita rendida por el señorEduardo Sapene Granier el 27 de mayo de 2002 355 . Esta declaración no hace referencia aeste hecho. En el acervo probatorio constan otras dos declaraciones del señor SapeneGranier, una rendida ante fedatario público 356 y otra ante el Ministerio Público 357 . La Corteconsidera que no han sido aportadas pruebas suficientes y concluyentes que corroboren lodicho por el señor Sapene Granier, en cuanto a que RCTV tuviese que transmitir la señal delcanal estatal el 13 de abril de 2002 en las horas señaladas, ni que evidencien el carácter,motivos o razones de tal transmisión, en caso de haber ocurrido. Tampoco ha sidodemostrada la forma en que tal interrupción habría afectado la libertad de buscar, recibir ydifundir información de las presuntas víctimas.D.ii.4 Hecho del 5 de julio de 2003390. La Comisión y los representantes alegaron que “el 5 de julio de 2003 un contingentedel Ejército tomó la estación transmisora de televisión ubicada en la estación “LosMecedores” impidiendo el acceso a dicha estación al personal técnico que laboraba en elmismo, dado que el Ejecutivo Nacional temía cualquier obstaculización de la señal televisivade origen[; que e]n ese momento, se transmitirían en Cadena Nacional los actosconmemorativos de la celebración de la firma del Acta de la Independencia desde el PaseoLos Próceres[; y que a]nte tal situación, las Fiscales 32 a Nivel Nacional y 126 del Área353354Video rotulado “Vándolos en la Sede de RCTV el 13/04/02” (anexo 70 a la demanda).Escrito de denuncia de 6 de mayo de 2002 (expediente de prueba, tomo V, folios 1485-1495).355Declaración escrita rendida por el señor Eduardo Sapene el 27 de mayo de 2002 (expediente de prueba,tomo V, folios 1222-1224).356Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Eduardo Guillermo Sapene Granier el 25 dejunio de 2008 (expediente de prueba, tomo XVIII, folios 5585-5591).357Cfr. declaración rendida ante la Fiscalía 68º de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana deCaracas por Eduardo Guillermo Sapene Granier el 7 de junio de 2004 (expediente de prueba, tomo XXI, folio 6502-6508).

-99-Metropolitana se apersonaron y levantaron un acta en la que dejaron constancia de lasviolaciones a las medidas cautelares ordenadas”.391. La prueba ofrecida consiste en un escrito de los apoderados de RCTV de 9 de julio de2003 ante los Fiscales 2º y 74º del Ministerio Público de la Circunscripción del ÁreaMetropolitana de Caracas 358 y un acta de 5 de julio de 2003 emitida por la Fiscal 32º a NivelNacional y la Fiscal 126º del Área Metropolitana de Caracas 359 .392. De la referida acta surge que, efectivamente, el 5 de julio de 2003 se encontrabanagentes del Ejército en la estación “Los Mecedores”, donde había antenas de transmisión devarios canales de televisión. Sin embargo, el levantamiento del acta ofrecida como pruebafue solicitada por la consultora jurídica del canal “Globovisión”, con base en que esaempresa gozaba de una medida cautelar de protección de sus bienes muebles e inmuebles,y en la misma se verifica que los agentes no permitieron instalar una antena microondas, loque no le permitió a “Globovisión” transmitir en vivo. Es decir, el acta no se refiere a hechosocurridos a RCTV o su personal. Fue con base en lo ocurrido a “Globovisión” que losapoderados de RCTV solicitaron ante los referidos fiscales del Ministerio Público que se“oficie el contenido de las Medidas Cautelares de Protección sobre las Antenas Transmisorasy Retransmisoras de RCTV [ordenadas por un tribunal interno] al Comandante General de laGuardia Nacional, para que de manera inmediata ponga en práctica esta protección” 360 .393. La Corte observa que si bien fue comprobada la presencia de los agentes del Ejércitoen la estación “Los Mecedores” en esa fecha, donde se encontraban antenas de transmisiónde RCTV, no fue aportada prueba que demuestre que la señal del canal RCTV haya sidointervenida o que esa situación afectara los derechos de las presuntas víctimas de recibir ydifundir información, en los términos del artículo 13 de la Convención.** *394. En definitiva, no ha sido comprobado ante la Corte que los tres oficios emitidos porCONATEL relativos al contenido de un programa transmitido por RCTV y las intervenciones asus emisiones hayan constituido restricciones indebidas e indirectas al derecho de laspresuntas víctimas a buscar, recibir y difundir información, que constituyeran violación delartículo 13.1 y 13.3 de la Convención Americana, en perjuicio de aquéllas.XREPARACIONES(Aplicación del Artículo 63.1 de la Convención Americana) 361395. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligacióninternacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente 362 .358Cfr. escrito presentado el 9 de julio de 2003 ante las Fiscalías 2º y 74º del Ministerio Público del ÁreaMetropolitana de Caracas (expediente de prueba, tomo IV, folios 966-975).359Cfr. acta de 5 de julio de 2003 emitida por la Fiscal 32º a Nivel Nacional y la Fiscal 126º del ÁreaMetropolitana de Caracas (expediente de prueba, tomo IV, folios 1084-1089).360Cfr. escrito presentado el 9 de julio de 2003 ante las Fiscalías 2º y 74º del Ministerio Público del ÁreaMetropolitana de Caracas (expediente de prueba, tomo IV, folio 968).361El artículo 63.1 de la Convención dispone que:Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Cortedispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondráasimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que haconfigurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

-100-Esa obligación se regula por el Derecho Internacional 363 . En sus decisiones a este respecto,la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana.396. Las reparaciones por violaciones de derechos humanos han sido determinadas poreste Tribunal con base en las pruebas aportadas, su jurisprudencia y los alegatos de laspartes, según las circunstancias y particularidades correspondientes, tanto en lo que serefiere a daños materiales 364 como a daños inmateriales 365 . Los daños de esta últimacategoría pueden ser compensados mediante una indemnización que el Tribunal determinaen aplicación razonable del arbitrio judicial y conforme a equidad 366 , así como medianteotras formas de reparación, como medidas de satisfacción y garantías de no repetición delos hechos. En los casos en que el Tribunal ha ordenado el pago de indemnizaciones ocompensaciones de carácter pecuniario, ha establecido que el Estado puede cumplir susobligaciones mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en unacantidad equivalente en moneda nacional, que aplica con base en el tipo de cambio entreambas monedas vigente en el mercado internacional 367 , atendiendo únicamente a lanecesidad de preservar el valor de las cantidades fijadas por concepto de reparación, enrelación con el tiempo transcurrido en la tramitación del caso, así como el que transcurrahasta que el pago ordenado sea efectivamente realizado.397. Una vez establecido el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones degarantía (artículo 1.1) de los derechos consagrados en los artículos 5.1 y 13.1 de laConvención, y a la luz de los criterios fijados en la jurisprudencia del Tribunal sobre lanaturaleza y alcances de la obligación de reparar 368 , la Corte considerará las pretensionesde la Comisión y los representantes y los argumentos del Estado.** *362Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989.Serie C No. 7, párr. 25; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra nota 29, párr. 198; y Caso Bayarri, supranota 38, párr. 119.363Cfr. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Fondo. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 11,párr. 44; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra nota 29; y Caso Bayarri, supra nota 38, párr. 120.364Este Tribunal ha establecido que el daño material supone “la pérdida o detrimento de los ingresos de lasvíctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan unnexo causal con los hechos del caso”. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, supra nota 44.365El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directay a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, decarácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. Dado que no es posible asignaral daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación mediante el pago deuna antidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determina entérminos de equidad, así como mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, quetengan como efecto el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar que vuelvan a ocurrir violaciones de losderechos humanos. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones yCostas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84.366Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas,supra nota 365, párr. 84; Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia, supra nota 48, párr. 130; y Caso Apitz Barbera y otros(“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 31, párr. 242.367Cfr. Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993.Serie C No. 15, párr. 89.368Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 362, párrs. 25-27; Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones yCostas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39 , párr. 43; y Caso de la “Panel Blanca” (PaniaguaMorales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párrs.76 a 79.

-101-398. La Comisión señaló que las presuntas víctimas realizaron esfuerzos económicosimportantes con el fin de alcanzar justicia a nivel doméstico y superar las consecuenciasfísicas, morales y profesionales que los hechos del presente caso les ocasionaron. Además,indicó que “han experimentado sufrimiento psicológico, angustia, incertidumbre y alteraciónde vida, al no poder realizar las asignaciones laborales y en virtud su sometimiento a actosde persecución, hostigamiento y agresiones físicas y morales; las consecuencias, personalesy profesionales de tales hechos”, por lo que solicitó a la Corte que ordene el pago de unacompensación por concepto de daños inmateriales.399. A su vez, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado:a) adoptar medidas de cesación de las violaciones. Dichas medidas deben incluir todas aquellasnecesarias para evitar que las restricciones indebidas o las obstaculizaciones directas o indirectas alejercicio del derecho a la libertad de expresión analizada en este caso continúen o se repitan. Venezueladebe tomar las medidas razonables para prevenir que tanto agentes del Estado como particularesinterfieran ilegítimamente con el ejercicio de la libertad de expresión. En este sentido, el Estado debesancionar las acciones ilegitimas que tiene el objetivo de silenciar la expresión;b) llevar adelante una investigación imparcial y exhaustiva con el fin de juzgar y sancionar a todos losresponsables materiales e intelectuales de los hechos, materia del presente caso y hacer público elresultado de tales investigaciones;c) permitir a las víctimas, trabajadores del canal RCTV, el acceso a las fuentes de información oficiales ydar cobertura a las noticias, es decir, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Además […] que elEstado adopte medidas destinadas a la rehabilitación moral y profesional de las víctimas, en tal sentido, laComisión solicita a la Corte que disponga, entre otras, la publicación en un medio de circulación nacionalde la sentencia que eventualmente pronuncie el Tribunal; y realizar un reconocimiento público de laresponsabilidad estatal por el daño causado y por las violaciones ocurridas;d) adopt[ar], en forma prioritaria las medidas legislativas, administrativas y de otro orden que seannecesarias para evitar actos tanto de agentes del Estado como de particulares que puedan obstaculizar labúsqueda, recepción y difusión de información por parte de los comunicadores sociales y personalesasociados;e) repar[ar] los daños materiales e inmateriales que la conducta de los órganos del Estado han causado alas víctimas; yf) pag[ar] las costas y gastos legales incurridos por las víctimas y sus representantes en la tramitacióndel caso tanto a nivel nacional, como las que se originen en la tramitación del presente caso ante elsistema interamericano.400. Los representantes no presentaron alegatos sobre daño material. En relación con eldaño inmaterial, señalaron que las presuntas víctimas han tenido que soportar el vejamenconstante y el menosprecio público al que los someten autoridades públicas y los“seguidores y partidarios del oficialismo”, así como la falta de investigación seria, diligente yefectiva por parte de las autoridades estatales para determinar lo sucedido e identificar ysancionar a los responsables, lo que ha originado considerables afectaciones. Por ellosolicitaron a la Corte que ordene la compensación en equidad de los daños inmaterialescausados.401. Además, los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado que:a) adopte las medidas apropiadas para que cesen y se prevengan los actos por parte de funcionarios ypersoneros del Estado así como de particulares que puedan obstaculizar la búsqueda, acceso,manifestación y difusión de información por parte de los comunicadores sociales y los medios decomunicación, en este caso RCTV; de manera que se garantice plenamente el ejercicio de la libertad eexpresión en la sociedad venezolana y de las víctimas en el presente caso;b) cesen las medidas gubernamentales que configuran una restricción indirecta al derecho a la libertad deexpresión constatadas en la Demanda, como son: los discursos de funcionarios públicos exponiendo a loscomunicadores sociales ataques y amenazas por particulares partidarios del gobierno; las intervencionesen las emisiones del canal RCTV; y las amenazas de revocar o de no renovar la concesión de RCTV, por lalínea editorial independiente y crítica del gobierno que adopte RCTV;

-102-c) adopte las medidas apropiadas que cesen y se prevengan aquellos actos que, en la tarea de la búsqueda,acceso, manifestación y difusión de información, afecten la integridad personal de las víctimas en elpresente caso; y para atenderlas de manera oportuna y eficaz en las situaciones en las que se produzcanactos por parte de funcionarios y personeros del Estado y de particulares, que afecten la integridadpersonal;d) adopte las medidas necesarias a fin de que se lleve a cabo una investigación seria, exhaustiva y completapara identificar a los responsables de las violaciones objeto del presente procedimiento, y que una vezidentificados los presuntos responsables se les someta a un debido proceso para establecer susresponsabilidades legales;e) el resultado de las investigaciones referidas en el numeral anterior sea hecho público, y que el Estadovenezolano reconozca públicamente su responsabilidad internacional por medio de la publicación de lasentencia que se dicte en el presente caso en un diario de circulación nacional;f) […] en su más alta instancia, efectúe una condena pública categórica a las agresiones de las que han sidoobjeto las víctimas en el presente caso por los hechos denunciados, y adopte una conducta que promuevael respeto a la libertad de expresión, a la tolerancia y a las opiniones y posturas disidentes;g) […] publique los extractos más relevantes de la sentencia de fondo que la Corte determine en un periódicode circulación nacional durante el tiempo que crea prudencial fijar esta Corte; y que el texto íntegro de lasentencia la publique en el diario oficial del Estado;h) […] brinde gratuitamente por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado querequieran las víctimas del presente caso, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos ypor el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamento;i) garantice el acceso equitativo, justo y libre de discriminaciones a las informaciones y sucesos noticiosos,sin condicionamientos discrecionales y arbitrarios;j) […] adopte las medidas legislativas y de otra naturaleza que sean necesarias para garantizar plenamenteel pleno ejercicio de la libertad de expresión e información; yk) pague a las víctimas identificadas en el presente caso, las indemnizaciones correspondientes a los dañosmateriales y morales que les han sido causados.402. El Estado señaló que no existe daño ilegítimo causado a las presuntas víctimas ymucho menos obligación de repararlo, por lo que solicitó a la Corte, en términos generales,que se declare sin lugar cada una de las reparaciones solicitadas.** *403. La Corte considera, conforme a lo establecido reiteradamente en la jurisprudenciainternacional 369 , que esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.404. Además el Estado debe conducir eficazmente las investigaciones y los procesospenales que se encuentran en trámite y los que se llegaren a abrir para determinar lascorrespondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuenciasque la ley prevea.405. Como se ha dispuesto en otros casos 370 , el Estado deberá publicar en el Diario Oficialy en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 1 a 5, 103 a155, 265 a 273, 288 a 290, 305, 306, 318, 330 a 334, 395 a 397 y 403 a 406 y la parte369Cfr. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996.Serie C No. 29, párr. 56; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra nota 29, párr. 224; Caso Ticona EstradaVs. Bolivia, supra nota 48, párr. 130.370Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001.Serie C No. 88, párr. 79; Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia, supra nota 48, párr. 130, párr. 160; y Caso Tiu Tojín Vs.Guatemala, supra nota 38, párr. 106

-103-resolutiva de la presente Sentencia, sin las notas al pie de página. Para ello se fija el plazode seis meses, a partir de la notificación de esta Sentencia.406. Habiendo constatado que las víctimas del presente caso se encontraron en unasituación de vulnerabilidad, reflejada en actos de agresiones físicas y verbales por parte departiculares, este Tribunal estima pertinente disponer, como garantía de no repetición, queel Estado adopte las medidas necesarias para evitar restricciones indebidas yobstaculizaciones directas o indirectas al ejercicio de la libertad de buscar, recibir y difundirinformación de las presuntas víctimas.** *407. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores, las costas y gastosestán comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de laConvención Americana 371 .408. La Comisión Interamericana solicitó al Tribunal que, una vez escuchados losrepresentantes de las víctimas, ordene al Estado el pago de las costas y gastos legalesincurridos en la tramitación del caso tanto a nivel nacional como ante el SistemaInteramericano. En su escrito de solicitudes y argumentos, los representantes solicitaron ala Corte que ordene al Estado pagar los gastos relacionados con la gestión del presente casoante las instancias internas e internacionales durante el período 2001-2007 y señalaron queéstos gastos habían “repercutido en el presupuesto y patrimonio de RCTV y por ende en elde sus accionistas”.409. Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes y la prueba aportada, la Cortedetermina en equidad que el Estado debe entregar la cantidad de US$ 10.000,00 (diez mildólares de los Estados Unidos de América), por concepto de costas y gastos.410. El reintegro de las costas y gastos establecido en la presente Sentencia será hechodirectamente a las víctimas o a la persona de entre ellas que las mismas designen, para quecubra lo que resulte pertinente a quienes les brindaron asistencia jurídica, conforme a laapreciación que hagan las víctimas o su representante o según el acuerdo alcanzado entreaquéllas y sus asistentes legales, en el plazo de seis meses, a partir de la notificación de lapresente Sentencia.411. Si por causas atribuibles a los beneficiarios no fuese posible que éstos reciban elreintegro de costas y gastos dentro del plazo indicado, el Estado consignará dicho monto afavor de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una instituciónfinanciera venezolana solvente, y en las condiciones financieras más favorables quepermitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de diez años el monto asignado delas costas y gastos no ha sido reclamado, las cantidades serán devueltas al Estado con losintereses devengados.412. El Estado deberá cumplir las obligaciones monetarias mediante el pago en dólaresestadounidenses o en la cantidad equivalente en moneda de Venezuela (supra párr. 396),utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio que se encuentre vigente en la bolsade Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, el día anterior al pago.371Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas, supra nota 368, párr. 82; Caso ValleJaramillo y otros Vs. Colombia, supra nota 29, párr. 243; y Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia, supra nota 48, párr.177

-104-413. Esos montos no podrán ser afectados o condicionados por motivos fiscales actuales ofuturos. Por ende, deberá ser entregada a los beneficiarios en forma íntegra conforme a loestablecido en esta Sentencia.414. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre lacantidad adecuada, correspondiente al interés bancario moratorio en Venezuela.415. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad, inherente a susatribuciones y derivada, asimismo, del artículo 65 de la Convención Americana, desupervisar la ejecución de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez queel Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en este fallo. Dentro del plazo de unaño, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corteun informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.XIPUNTOS RESOLUTIVOS416. Por tanto,LA CORTEDECIDE:Por unanimidad,1. Desestimar la primera excepción preliminar interpuestas por el Estado, en lostérminos de los párrafos 30 a 32 de la presente Sentencia.Por seis votos contra uno,2. Desestimar la segunda excepción preliminar interpuesta por el Estado, en lostérminos de los párrafos 37 a 40 de la presente Sentencia.Disiente el Juez ad hoc Pasceri Scaramuzza.DECLARA:Por seis votos contra uno, que:3. El Estado es responsable por el incumplimiento de su obligación contenida en elartículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de garantizar el ejerciciode la libertad de buscar, recibir y difundir información y el derecho a la integridad personal,reconocidos en los artículos 13.1 y 5.1 del mismo tratado, en perjuicio de Antonio JoséMonroy, Armando Amaya, Carlos Colmenares, David José Pérez Hansen, Erika Paz, IsabelCristina Mavarez, Isnardo José Bravo, Javier García Flores, Luisiana Ríos Paiva y PedroAntonio Nikken García, en los términos y por las razones expuestas en los párrafos 112 a334 de la presente Sentencia. Asimismo, el Estado es responsable por el incumplimiento desu obligación contenida en el artículo 1.1 de la Convención de garantizar la libertad debuscar, recibir y difundir información, reconocida en el artículo 13.1 de la ConvenciónAmericana, en perjuicio de Anahís del Carmen Cruz Finol, Argenis Uribe, Herbigio AntonioHenríquez Guevara, Laura Cecilia Castellanos Amarista, Luis Augusto Contreras Alvarado,Noé Pernía, Samuel Sotomayor, Wilmer Marcano y Winston Francisco Gutiérrez Bastardo, enlos términos y por las razones expuestas en los párrafos 112 a 334 de la presenteSentencia.

-105-4. No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a igualdad ante la ley,reconocido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lasrazones señaladas en los párrafos 342 a 351 de la presente Sentencia.5. No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a buscar, recibir ydifundir información, en los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana sobreDerechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 335 a 394 de la presenteSentencia.6. No corresponde analizar los hechos del presente caso bajo los artículos 1, 2 y 7.b) dela Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra laMujer (“Convención de Belem do Pará”), por las razones señaladas en los párrafos 274 a280 de la presente Sentencia.Disiente el Juez ad hoc Pasceri Scaramuzza respecto de la parte declarativa.Y DISPONE:Por seis votos contra uno, que:7. Esta Sentencia constituye, per se, una forma de reparación.8. El Estado debe conducir eficazmente y dentro de un plazo razonable lasinvestigaciones y procesos penales abiertos a nivel interno que se encuentran en trámite,así como los que se abran en lo sucesivo, para determinar las responsabilidades por loshechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea, en los términos delpárrafo 404 de la presente Sentencia.9. El Estado debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulaciónnacional, por una sola vez, los 1 a 5, 103 a 155, 265 a 273, 288 a 290, 305, 306, 318, 330a 334, 395 a 397 y 403 a 406 y la parte resolutiva de la presente Sentencia, sin las notas alpie de página correspondientes, en el plazo de seis meses, contado a partir de lanotificación del presente fallo, en los términos del párrafo 405 del mismo.10. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para evitar restricciones indebidas yobstaculizaciones directas o indirectas al ejercicio a la libertad de buscar, recibir y difundirinformación de las personas que figuran como víctimas en el presente caso, en los términosdel párrafo 406 de la misma.11. El Estado debe pagar la cantidad fijada en el párrafo 409 de la presente Sentencia,por concepto de reintegro de costas y gastos, dentro del plazo de un año, contado a partirde la notificación del presente fallo, en los términos de los párrafos 410 a 414 del mismo.12. Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido elpresente caso una vez que el Estado haya dado cumplimiento a lo dispuesto en la misma.Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la esta Sentencia, elEstado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darlecumplimiento.Disiente el Juez ad hoc Pasceri Scaramuzza respecto de la parte dispositiva.El Juez ad hoc Pasceri Scaramuzza hizo conocer a la Corte su Voto Parcialmente Disidente,el cual acompaña la presente Sentencia.

-106-Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el28 de enero de 2009.Cecilia Medina QuirogaPresidentaSergio García RamírezManuel E. Ventura RoblesLeonardo A. FrancoMargarette May MacaulayRhadys Abreu BlondetPier Paolo Pasceri ScaramuzzaJuez ad hocPablo Saavedra AlessandriSecretarioComuníquese y ejecútese,Cecilia Medina QuirogaPresidentaPablo Saavedra AlessandriSecretario

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ ad-hoc PIER PAOLO PASCERI SCARAMUZZA.En el caso Ríos y otros vs. La República Bolivariana de VenezuelaData venia del criterio de la mayoría, Pier Paolo Pasceri S., Juez ad-hoc de laCorte Interamericana de Derechos Humanos lamenta salvar su voto, por tenercriterio contrario, tanto en la motiva como en la dispositiva, a excepción delpunto 1 de la parte resolutiva del fallo) 1 y por tanto disentir de la mayoría de losintegrantes de esta Corte, cuyos votos favorables aprobaron la sentencia defondo en los restantes puntos que integraron la decisión de la que hoy mepermito disentir. En tal sentido, paso de seguidas a razonarlo de la siguientemanera:He disentido de la sentencia que antecede porque en mi opinión existen tantorazones de forma como de fondo para hacerlo; en efecto a mi juicio existen:1) Razones formales:Las razones formales están relacionadas con la excepción de no agotamientode los recursos internos, que no fue decidida sino hasta la fecha de emisión delfallo, siendo desestimada por la mayoría sentenciadora. En mi criterio, por elcontrario, debió ser acogida en virtud de las pretensiones contenidas en lademanda intentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos yconsecuencialmente respecto a las solicitudes contenidas en el escritoautónomo de las presuntas víctimas.En épocas tempranas en esta causa, fue alegado por ante la Comisión (yreiterada por ante esta Corte), la existencia de recursos internos. Así al folio394 del expediente de las pruebas, Tomo 2, riela escrito presentado por elAgente del Estado Venezolano para los Derechos Humanos en donde seseñaló: “…Agotadas como estén las primeras instancias penales de estos casos enumeradospreviamente, los peticionarios tendrán una segunda instancia a la cual podrán recurrir, yademás de una gama de recursos extraordinarios como los de Casación, AmparoConstitucional: Autónomo, Sobrevenido, Conjunto, Habeas Data o Habeas Corpus,Invalidación, Revisión Constitucional, recurso de Nulidad; los cuales aún no han Agotado…”Subrayado mío.1Punto resolutivo del fallo referente a la desestimación de la excepción preliminar atinente a la “parcialidad en lasfunciones que desempeñan algunos jueces integrantes de la Corte”. La razón para no discrepar de ello es porque yafue emitida en su oportunidad decisión que devino en firme. Aceptarse que en esta oportunidad se revise ese asunto,sería tanto como aceptar la posibilidad de remover o levantar el efecto de cosa juzgada que produjo la Resolución de18 de octubre de 2007 que fue tomada por la Corte compuesta por los Jueces que en esa oportunidad la integraron,(folio 1192 del expediente del fondo) la cual a tenor de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la CorteInteramericana de Derechos Humanos no es objeto de recurso alguno. En efecto, dicho artículo señala:Artículo 29. Resoluciones.1. Las sentencias y las resoluciones que pongan término al proceso son de la competencia exclusiva de laCorte.2. Las demás resoluciones serán dictadas por la Corte, si estuviere reunida; si no lo estuviere, por elPresidente, salvo disposición en contrario. Toda decisión del Presidente, que no sea de mero trámite, esrecurrible ante la Corte.3. Contra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación.

2Aun cuando quien suscribe sostiene que las acciones penales no resultancongruentes ni suficientes para satisfacer las pretensiones perseguidas anteesta Corte como se analizará infra, hay que recordar, que el mismo Agente deEstado había señalado en el mismo escrito referido que: “Por otra parte, observaquien suscribe, que varios de los numerosos hechos de los denunciados al Ministro Público,consisten en agresiones verbales, propias a los tipos de difamación e injuria, los cuales no sonhechos que debieran haberse denunciado ante el citado organismo, como lo hicieron lospeticionarios a su decir, pues al responder tales ilícitos penales a la naturaleza de delitos deacción privada, la viña legal consiste en interposición directa de querella privada ante el tribunalde juicio penal competente por el territorio, lo cual no han ni siquiera intentado –como recursojurídico interno venezolano--; ninguno de los accionantes en sede internacional”.De lo expuesto es evidente que desde el inicio, el agotamiento de sus recursosinternos, constituyó una defensa del Estado en la que se señaló que no solo nose habían agotado los recursos internos, sino que añadía que existían recursosdistintos a los penales; esta defensa fue en su oportunidad, desechada por laComisión y fue alegada nuevamente ante esta Corte y, tal como se desprendedel fallo del cual disiento, fue desechada nuevamente por la misma. En talsentido, la sentencia de la cual disiento realiza un pronunciamiento anticipadosobre cuestiones que deberían ser decididas antes que todo, por los órganosjurisdiccionales del Estado Venezolano. Por ello la demanda interpuesta porante esta Corte debió ser declarada inadmisible, bien al inicio de este juicio obien de forma previa a la decisión del fondo de la presente causa, yconsecuencialmente, declarar terminado el presente asunto.La anterior consideración se encuentra fundamentada en las razones queserán analizadas a continuación:1.1 De la CongruenciaEn mi entender, existen acciones, demandas o recursos en el derechovenezolano, que aun cuando pudieran dirimir y satisfacer eventualmente lasmismas pretensiones que fueron solicitadas por los actores en esta instanciainternacional (contenidas bien sea en la demanda intentada por la Comisiónbien sea en su escrito autónomo), no fueron ejercidas por los solicitantes.De la simple lectura de la demanda presentada por la Comisión -y de formasimilar y ampliada en el escrito autónomo de solicitudes 2 -, se desprende que de2En efecto del escrito autónomo de solicitudes de las presuntas víctimas se señala:“ 1) Que el Estado venezolano ha violado el derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de laConvención Americana de Derechos Humanos, en relación con su obligación general de respetar y garantizar losderechos humanas establecida en el artículo 1.1 ejusdem, de:a. integridad psíquica: …omissis...b. integridad física... omissis….Y que por esas violaciones, el Estado es responsable internacionalmente.2) Que el Estado venezolano ha violado el derecho a la libertad de expresión e información reconocido en elartículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con su obligación general derespetar y garantizar los derechos humanos establecida en el artículo 1 (1) ejusdem, de… omissis…; enconcordancia con el derecho de igualdad ante la ley reconocido en el artículo 24 de la Convención; y que pordicha violación es responsable internacionalmente.3) Que el Estado venezolano ha violado el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidosen los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con su obligación generalde respetar y garantizar los derechos humanos establecida en el artículo 1 (1) ejusdem, de… omissis… y que pordicha violación es responsable internacionalmente

3acuerdo con el petitorio realizado ante esta Corte, se pidió se condenara alEstado venezolano por:• violación a la libertad de expresión (artículo 13 de la ConvenciónAmericana)• violación a las garantías judiciales y la protección judicial (artículos 8(1) y25 de la Convención Americana, en relación con la obligación general derespeto y garantía de los derechos humanos consagrada en el artículo1(1) del mismo instrumento)• violación (por lo que respecta a José Antonio Monroy, Armando Amaya yCarlos Colmenares), del derecho a la integridad personal previsto en elartículo 5 de la Convención Americana, en relación con la obligacióngeneral de respeto y garantía de los derechos humanos consagrada enel artículo 1(1) del mismo instrumento. Y como consecuencia de ello que el Estado Venezolano:En consecuencia, en virtud de las violaciones denunciadas, y luego de que se declare la responsabilidadinternacional del Estado venezolano por ellas, se le requiera a éste que adopte las siguientes medidas dereparación integral a las víctimas:1. Que adopte las medidas apropiadas para que cesen u se prevengan los actos por parte defuncionarios y personeros del Estado a como de particulares que puedan obstaculizar la búsqueda,acceso, manifestación y difusión de información por parte de los comunicadores sociales y losmedios de comunicación, en este caso RCTV : de manera que se garantice plenamente el ejercicio dela libertad de expresión en la sociedad venezolana y de las víctimas en el presente.2. Que cesen las medidas gubernamentales que configuran una restricción indirecta al derecho a lalibertad de expresión constatadas en la Demanda, como son: los discursos de funcionarios públicosexponiendo a los comunicadores sociales ataques y amenazas por particulares partidarios delgobierno; las intervenciones en las emisiones del canal RCTV y las amenazas de revocar o de norenovar la concesión de RCTV, por la línea editorial independiente y critica del gobierno que adopteRCTV.3. Que adopte las medidas apropiadas que cesen y se prevengan aquellos actos que, en la tarea de labúsqueda, a manifestación y difusión de información, afecten la integridad personal de las víctimasen el presente caso; y para atenderlas de manera oportuna y eficaz en las situaciones en las que seproduzcan actos por parte de funcionarios y personeros del Estado y de particulares, que afecten laintegridad personal.4. Que adopte las medidas necesarias a fin de que se lleve cabo investigación seria, exhaustiva ycompleta para identificar a los responsables da las violaciones objeto del presente procedimiento, yque una vez identificados los presuntos responsables se les someta a un debido proceso paraestablecer responsabilidades legales.5. Que el resultado de las investigaciones referidas en el numeral anterior sea hecho público, y que el Estadovenezolano reconozca públicamente su responsabilidad internacional por medio de publicación de lasentencia que se dicte en el presente caso en un diario de circulación nacional.6. Que el Estado venezolano, en su más alta instancia, efectúe una condena pública categórica a lasagresiones de las que han sido objeto las víctimas en el presente caso por los hechos denunciados, y adopteuna conducto que promueva el respeto o la libertad de expresión, a la tolerancia y a las opiniones y posturasdisidentes.7. Que el Estado publique los extractos más relevantes de la sentencia de fondo que la Corte determine en unperiódico de circulación nacional durante el tiempo que crea prudencial fijar esta Corte; y que el texto integro de lasentencia la publique en el diario oficial del Estado.8. Que el Estado brinde gratuitamente por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado querequieran las víctimas del presente caso, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos y por el tiempoque sea necesario, incluida la provisión de medicamentos.9. Que garantice el acceso equitativo, justo y libre de discriminaciones a las informaciones y sucesos noticiosos, sincondicionamientos discrecionales y arbitrarios.10. Que el Estado adopte las medidas legislativas y de otra naturaleza que sean necesarias para garantizarplenamente el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información.11. Que pague a las víctimas identificadas en el presente caso, las indemnizaciones correspondientes a losdados materiales y morales que les han sido causados” Resaltado mío.

4• Que adopte todas las medidas necesarias para prevenir los actostanto de agentes del Estado como de particulares que puedanobstaculizar la búsqueda, recepción y difusión de información porparte de los comunicadores sociales y personal asociado.• Que adopte todas las medidas necesarias para prevenir los actos,tanto de agentes del Estado como de particulares que puedanobstaculizar la búsqueda, recepción y difusión de información; porparte de los comunicadores sociales y personal asociado..• Que realice una investigación imparcial y exhaustiva con el fin dejuzgar y sancionar a todos los responsables de los hechos delpresente caso y haga público el resultado de tales investigaciones.• Que garantice (por lo que respecta a Luisiana Ríos, Luis AugustoContreras Alvarado, Eduardo Sapene Granier, Javier García, IsnardoBravo, David Pérez Hansen, Wilmer Marcano, Winston Gutiérrez, IsabelMavarez, Erika Paz, Samuel Sotomayor, Anahís Cruz, HerbigioHenríquez, Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura Castellanos,Argenis Uribe, Pedro Nikken, Noé Pernía y Carlos Colmenares) elejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión,particularmente el ejercicio de su actividad laboral.• Que repare los daños materiales e inmateriales que la conducta delos órganos del Estado han causado (a los señores Luisiana Ríos; LuisAugusto Contreras Alvarado; Eduardo Sapene Granier; Javier García;Isnardo Bravo; David Pérez Hansen; Wilmer Marcano; WinstonGutiérrez, Isabel Mavarez, Erika Paz, Samuel Sotomayor, Anahís Cruz,Herbigio Henríquez, Armando Amaya, Antonio José Monroy, LauraCastellanos, Argenis Uribe, Pedro Nikken, Noé Pernía y CarlosColmenares)• Que pague las costas y gastos legales incurridos por las víctimas y susrepresentantes en la tramitación del caso tanto a nivel nacional, comolas que se originen en la tramitación del presente caso ante el sistemainteramericano.En concordancia con la posición que se sostiene acá y a manera de ejemplo,debe resaltarse que existe una acción adecuada dentro del ordenamientojurídico venezolano para la protección autónoma de los derechosconstitucionales, los cuales tienen una regulación similar en la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos, como el de la libertad de expresión,prevista en el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela (en adelante CRBV), el derecho a la defensa y al debido proceso (olo que es lo mismo garantías judiciales y la protección judicial), previstas en losartículos 26 y 49 de la CRBV, derecho a la integridad personal, previsto en elartículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estaacción adecuada es la de amparo constitucional prevista en el artículo 27de la CRBV, desarrollada de forma pre-constitucional en la Ley Orgánica deAmparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en algunas sentenciasvinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cualpudo haber sido efectiva en Venezuela, bien de haberse accedido de formainmediata o directa, para el supuesto que no existieren acciones comunescapaces de proteger al justiciable, bien sea aun con el carácter subsidiario deotras acciones comunes previstas en el ordenamiento venezolano.

5Del expediente sustanciado por ante esta Corte, se evidencia que ningunaacción de amparo constitucional fue ejercida a los fines de proteger orestablecer los derechos presuntamente violados o amenazados de violación,los cuales constitucionalmente encuentran previsión y regulación similar en laConvención Americana sobre Derechos Humanos como se apuntó; es deresaltar que esta situación fue advertida preliminarmente por el Estado ante laComisión.Al hilo de lo expuesto se puede señalar que una eventual decisión de amparopodía haber satisfecho alguna o todas las pretensiones contenidas en lademanda, las cuales fueron transcritas supra –y que de forma similar yampliada fueron solicitadas por las presuntas víctimas en su escrito autónomoordenándose,por ejemplo las medidas necesarias para prevenir los actos tantode agentes del Estado como de particulares, que puedan obstaculizar labúsqueda, recepción y difusión de información por parte de los comunicadoressociales y personal asociado; o por ejemplo, medidas necesarias para prevenirlos actos, tanto de agentes del Estado como de particulares que puedanobstaculizar la búsqueda, recepción y difusión de información ordenando a lafuerza pública acciones concretas para evitar que hechos como losdenunciados no se repitan; o garantizar a los demandantes identificados elejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión,particularmente el ejercicio de su actividad laboral; u, ordenar, a través porejemplo de una acción de amparo contra sentencias o contra la omisión deactuación judicial, una investigación imparcial y exhaustiva con el fin de juzgary sancionar a todos los responsables de los hechos señalados en la demanda.Por otra parte, fuera del ámbito de la justicia constitucional, pero en el ámbitode la Jurisdicción Contenciosa Administrativa Venezolana, debo señalar queésta no sólo conoce del control de algunas manifestaciones del poder público(de actos administrativos, contratos administrativos), sino también de lasomisiones o carencias, (en los servicios públicos por ejemplo), así como delcontrol sobre vías de hecho o actuaciones materiales o groseras en las quepudiera incurrir la propia administración, teniendo competencia de rangoconstitucional (artículo 259 de la CRBV 3 ) para restablecer y disponer lonecesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivaslesionadas por la actividad del Estado.De forma evolutiva, la tutela judicial que el Estado Venezolano venía realizandoa través de su poder judicial, respecto a estas últimas actuaciones (vías dehechos o actuaciones materiales o groseras), vino a tener previsión formalpositiva,en la Legislación Venezolana cuando se consagró la posibilidad quelos jueces contenciosos administrativos conocieran de reclamaciones contra lasvías de hecho imputadas a los órganos del Ejecutivo Nacional y demás altasautoridades de rango nacional que ejerzan el Poder Público (artículo 5 numeral27, en concordancia con el primer párrafo del mismo artículo, todos de la Ley3 Artículo 259. La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demástribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anularlos actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar alpago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración;conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de lassituaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.

6Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de Venezuela). De allí que,pretensiones tendentes a controlar vías de hecho que pudieron haber cometidoórganos del Ejecutivo y demás altas autoridades de rango nacional que ejerzanPoder Público del Estado, pudieron haberse solicitado y tramitado a través deesta acción prevista en el derecho interno como se denota.Por otro lado, siempre a manera de ejemplo se insiste, las pretensionespatrimoniales contenidas en el escrito autónomo de solicitudes, argumentos ypruebas de las víctimas (folio 652, de las medidas de reparación integralsolicitadas por las víctimas que fuera recogida al numeral 11), que se hacenpor ante esta Corte, tuvieron que haberse canalizado a través de una acciónespecífica existente en Venezuela, cual es, la de demandas patrimonialescontra la República, con todos los requisitos que ello conlleva (artículo 5,numeral 24, en concordancia con el primer párrafo del mismo artículo, todos dela Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de Venezuela 4 ).Aunado a lo anterior, y sin haber querido ser exhaustivo con la gama deposibilidades existentes en el derecho interno Venezolano, debo señalar quelas acciones referidas conviven con los recursos y acciones que existen dentrode la jurisdicción penal venezolana, las cuales, como fue alegado por el Estadovenezolano, tampoco fueron agotados integralmente. Un breve comentariorespecto de ellas se realizará más adelante.Los medios internos descritos, a juicio de quien disiente, cumplen con lasexigencias de la Convención en las que los Estados se obligan a suministrarrecursos judiciales efectivos a las presuntas víctimas de violación de losderechos humanos (artículo 25), que los mismos sean sustanciados deconformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ellodentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar ellibre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a todapersona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1).Como se desprende del expediente sustanciado por ante esta Corte, alcontrastarlo con lo que aquí se expone, se evidencia que no fueron agotadosefectivamente por las presuntas víctimas los recursos de la jurisdicción internatendientes a la protección de Derechos Humanos, reparación de daños, etc., locual a tenor de los artículos 46.a y 47 de la Convención Americana sobreDerechos Humanos (1969) 5 , se constituye como una causal de inadmisibilidad4Artículo 5“Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.…omissis…24. Conocer de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún InstitutoAutónomo, ente público o empresa, en la cual la República ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto a sudirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.);… omissis…El Tribunal conocerá en Sala Plena lo asuntos a que se refiere este artículo en sus numerales 1 al 2. En SalaConstitucional los asuntos previstos en los numerales 3 al 23. En Sala Político Administrativa los asuntos previstos enlos numerales 24 al 37. En Sala de Casación Penal los asuntos previstos en los numerales 38 al 40. En Sala deCasación Civil el asunto previsto en los numerales 41 al 42. En Sala de Casación Social los asuntos previstos en losnumerales 43 y 44. En Sala Electoral los asuntos previstos en los numerales 45 y 46. En los casos previstos en losnumerales 47 al 52 su conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia debatida.”5Artículo 46 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por laComisión, se requerirá: que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a losprincipios del Derecho Internacional generalmente reconocidos; (…)

7de la demanda, lo cual a criterio de quien salva su voto, constituía una cuestiónde orden público internacional, verificable, aún oficiosamente bien por laComisión 6 o bien por la Corte, aún cuando, como se señaló, esta defensapreliminar fue opuesta por el Estado venezolano inicialmente.Es por ello que sólo luego de haberse agotado estas acciones (y siempreteniendo en consideración la debida congruencia y conexidad que debeexistir entre lo solicitado ante la jurisdicción interna y lo que sería lapretensión por ante la Comisión y luego ante esta Corte), es que pudieraaccederse al sistema de protección interamericano o en su defecto queexistiera prueba que ellas son inefectivas, inoperantes o insuficientes parasolventar el conflicto planteado.Dicho en otras palabras, lo que por ante este Sistema Interamericano deProtección de los Derechos Humanos constituya la prensión debe estaríntimamente relacionado con las acciones agotadas en el derecho interno, paraasí verificar entre otras cosas la idoneidad o no de la vía escogida paraproteger, en la instancia internacional, la situación denunciada que se suponeinfringida, así como el debido agotamiento de los recursos internos, todo ellopara darle oportunidad al Estado no sólo de examinar y declarar a través desus recursos internos la resolución del conflicto planteado sino de reparar losdaños eventualmente causados. Es por eso que la Jurisdicción internacionaltiene carácter subsidiario, coadyuvante y complementario 7 de la jurisdiccióninterna.Alguna probanza que las acciones señaladas supra (o alguna otra accióndistinta que pudiera existir), haya sido intentada por los solicitantes o que lasmismas demostraran efectividad o no en el derecho interno, no fue agregada alos autos, ni mucho menos existió justificación probatoria alguna de porqué nofueron ejercidos, ello de conformidad con la exigencia prevista en el artículo 46numeral 2 literales a,b,c., de la Convención, en consecuencia lo procedente, ajuicio de quien suscribe este voto disidente, tuvo que haber sido reexaminar losrazonamientos de la Comisión acerca del agotamiento de los recursos internos,y llegar a la conclusión que la petición introducida por ante ella ha debido sersiempre inadmisible.Esta Corte se ha pronunciado en varias oportunidades acerca de laoportunidad para decidir una causal de inadmisibilidad como la planteada por elArtículo 47 La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos44 ó 45 cuando: a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; (…)6Conforme al numeral 1 del artículo 31 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es a laComisión a la que le corresponde verificar si se han interpuesto y agotados los recursos de la jurisdicción interna.7Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 157, párr. 66; y Caso Zambrano Vélez yotros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 47; El Efectode las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75).Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 2, párr. 31; La Expresión "Leyes" en el Artículo30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. SerieA No. 6, párr. 26; y Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4,párr. 61.

8Estado y ha señalado que se puede realizar de manera previa a la sentencia defondo 8 o bien preliminarmente en la sentencia que resuelva la controversia demanera definitiva. 9En el caso sub judice, simplemente los recurrentes alegaron haber agotado losrecursos internos a través de denuncias ante el Ministerio Público y algunasactuaciones ante los tribunales penales, las cuales se insiste, no resultancongruentes con el petitorio solicitado por ante esta Corte 10 .En efecto, la decisión de un juez penal actuando con competencia penal enVenezuela (y no como juez constitucional), dentro del ámbito de suscompetencias, no podrá pronunciarse respecto a la violación de la libertadde expresión (como fue una de las resolutorias de esta Corte), ni ordenarmedidas necesarias para prevenir los actos que puedan ejecutar, tanto deagentes del Estado como los particulares, tendientes a obstaculizar labúsqueda, recepción y difusión de información por parte de los comunicadoressociales y personal asociado; ni podrá ordenar medidas necesarias paraprevenir los actos, tanto de agentes del Estado como de particulares quepuedan obstaculizar la búsqueda, recepción y difusión de información; ogarantizar el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión,particularmente el ejercicio de la actividad laboral de los solicitantes. Opinión encontra a lo que expongo tiene la mayoría cuando se lee la dispositiva del fallo yel párrafo 285 de la misma. Estas pretensiones como vimos son tuteladas porotras acciones que no fueron ejercidas.Lo anterior revela razones suficientes para disentir de la opinión mayoritaria.1.2 De la Oportunidad en que debe ser opuesta la excepciónUna de las razones esgrimida por la mayoría sentenciadora para desechar laexcepción de falta de agotamiento de los recursos internos, fue que el Estadopresentó su primera comunicación a la petición fuera del plazo otorgado por laComisión para tales efectos 11 , deduciéndose de allí que se habría presentadola defensa preliminar fuera de lapso.8; Vid. sentencia a favor de una decisión preliminar distinta a la del fondo Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs.Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 90; y Caso Godínez CruzVs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, párr. 93.9 Vid. sentencia a favor de acumular la decisión de agotamiento de los remedios internos con el fondo: CasoVelásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 198710Ya desde otro punto de vista, en atención a lo adecuado o no de la vía penal se puede consultar el voto concurrentedel Juez Sergio García Ramírez, a la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Kimel, del 2 de mayo de 2008.11La otra razón que dio la Corte para desestimar esta excepción preliminar está representada por la estimación quehace la Corte respecto a que el análisis preliminar sobre la efectividad de las investigaciones de los hechos delpresente caso implicaría una evaluación sobre las actuaciones del Estado en relación con sus obligaciones degarantizar los derechos reconocidos en la Convención Americana cuya violación se alega, en particular a través deinvestigaciones serias y efectivas, cuestión que se debe analizar en el fondo de la controversia por lo que considerópertinente acumular al fondo la excepción interpuesta por el Estado y examinar los argumentos de las partes al resolversi el Estado es responsable por la violación de los artículos de la Convención que se alegan violados en este caso.

9Tampoco se puede estar de acuerdo con la extemporaneidad de la excepción,aun cuando pareciera ser una variante de criterio establecido en anterioresfallos 12 , por cuanto ello sería tanto como aceptar que el Agente del Estado antela Comisión o la Corte puede alterar los términos en que el Estado (cualquieraque el sea) aceptó adherirse a la Convención Americana sobre DerechosHumanos. Entendemos que si se hubiese querido establecer una oportunidadpreclusiva para alegar esta excepción, ha debido preverse de manera explícitaen el texto de la Convención Americana.Nada de lo anterior significa que no se comprenda el punto de la decisión de lamayoría respecto a la preclusividad de lapsos, pero estos deben ser expresos.Es evidente que se hace necesario tener regulaciones adjetivas recogidas demanera expresa y positiva que establezcan los supuestos procesales yconsecuencias en las que se pueda ubicar fácticamente un Estado y quepudieran describirse de seguidas como hipotéticos: presentación de alegatosatinentes al orden público internacional de forma extemporánea; renunciar enforma tácita a la invocación de la falta de agotamiento de los recursos internos;oportunidad y etapa en que debe ser planteada la excepción de no agotamientode recursos internos; posibilidad que la Comisión elimine esa etapa;obligatoriedad para el Estado que alega la excepción referida, en indicar losrecursos internos que son preciso agotar, así como acreditar que esos recursosson efectivos.Regulación en ese sentido no existe en los actuales momentos en el SistemaInteramericano y a juicio de quien suscribe este voto disidente, son normasmuy trascendentes para la tramitación de los asuntos y juicios de naturalezahemisférica que conocen tanto la Comisión o la Corte respectivamente; por ellolege ferenda se requiere un texto normativo aprobado por los Estados, enProtocolo de enmiendas a la parte procesal de la Convención Americana sobreDerechos Humanos, o sencillamente enmendar al artículo 62 de la ConvenciónAmericana, para regular esta tema. Ello redundaría en el perfeccionamiento delSistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y resguardaría laseguridad jurídica y equilibrio para las partes en el proceso.12Supuestos: A) Estado demandado puede renunciar en forma expresa o tácita la invocación de esa regla (CasoCastillo Páez, Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996. Serie C No. 24, párr. 40; Caso LoayzaTamayo, Excepciones Preliminares. Sentencia de 31 de enero de 1996. Serie C No. 25, párr. 40). B) la excepción deno agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento,o como se señaló en sentencias posteriores para que sea oportuna, en la etapa de admisibilidad del procedimientoante la Comisión, o sea, antes de cualquier consideración en cuanto al fondo, a falta de lo cual se presume la renunciatácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado (Caso Castillo Páez, Excepciones Preliminares. Ibíd., párr.40; Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares. Ibíd., párr. 40; Caso Castillo Petruzzi, Excepciones Preliminares.Sentencia de 4 de septiembre de 1998. Serie C No. 41, párr. 56). Caso Tibi, supra nota 26, párr. 49; Caso HerreraUlloa, supra nota 27, párr. 81; y Caso de la Comunidad de Mayagna (Sumo) Awas Tigni. Excepciones Preliminares,supra nota 29, párr. 53. C) el Estado que alega el no agotamiento debe señalar los recursos internos que debenagotarse y proporcionar la prueba de su efectividad (Caso Castillo Páez, Excepciones Preliminares. Ibíd., párr. 40;Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares. Ibíd., párr. 40; Caso Cantoral Benavides, Excepciones Preliminares.Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C No. 40, párr. 31; Caso Durand y Ugarte, Excepciones Preliminares.Sentencia de 28 de mayo de 1999. Serie C No. 50, párr. 33).Estos criterios han sido ratificados recientemente en los siguientes asuntos: Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr.43; y Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie CNo. 179, párr. 40.

10Insisto, aceptar que en sedes internacionales pueda declararse laextemporaneidad o la renuncia tácita o expresa para presentar excepcionesque implican el análisis de normas de orden público internacional, como porejemplo lo es el agotamiento de los recursos internos, generaría una claradesigualdad entre quienes se encuentran dirimiendo sus conflictos dentro de unEstado y aquellos que no haciéndolo, accedan de manera directa a órganosjurisdiccionales internacionales, contando tal vez con el exceso de trabajo de laCancillería, el riesgo procesal que conlleva atender un casointernacionalmente, o tal vez teniendo presente que esta defensa deagotamiento de los recursos in loco, no ha prosperado nunca ante la Corte,como consecuencia, seguro, de la falta de claridad con la que esta cuestión seencuentra recogida en los cuerpos normativos arriba citados. Ello aunado alaumento de causas que haría de esta Corte más que un tribunal subsidiariosea convertido en un tribunal principal, con la congestión que ello conlleva.Pareciera que la solución casuística y particular de una o varias causasinternacionales pudieran generar un claro desequilibrio en losordenamientos internos y una clara desigualdad entre nacionales.En mi entendimiento, si en la Comisión se decidió sobre la cuestión deadmisibilidad, ésta debería ser analizada de nuevo por ante esta Corte dado elcarácter jurisdiccional de este último órgano por contraposición al primero. Esteactuar se encuentra en perfecta sintonía con la potestad de jurisdicción plenaque tiene la Corte respecto a lo decidido por la Comisión. 13Esta facultad inherente de ejercer su jurisdicción in toto ha sido sostenida poresta Corte en casos anteriores 14 señalando que la Convención Americana estáredactada en términos amplios que indican que la Corte ejerce una jurisdicciónplena sobre todas las cuestiones relativas a un caso. Este Tribunal escompetente, por lo tanto, para decidir si se ha producido una violación a algunode los derechos y libertades reconocidos por la Convención Americana y paratutelar a través de las medidas apropiadas las consecuencias derivadas desemejante situación; pero lo es igualmente para juzgar sobre los presupuestosprocesales en que se fundamenta su posibilidad de conocer del caso y paraverificar el cumplimiento de toda norma de procedimiento en la que estéenvuelta la interpretación o aplicación de la Convención. 15Soy del criterio que cualquier pronunciamiento que haga esta Corte debe sersubsidiario al sistema de justicia de cada Estado y solamente podría seremitido un fallo previo al que pudiera emitirse a nivel Estatal, si se demostrasela ineficacia de los recursos internos, cuestión que de manera integral y13Vid Caso Tibi Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 144; Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 79; y Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie CNo. 99, párr. 65.14Vid Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Excepciones Preliminares. Sentencia de 11 deseptiembre de 1997. Serie C No. 32, párrs. 17 y 19. Esta sentencia ratifica criterio de la sentencia del Caso VelásquezRodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 198715Vid Caso de los 19 Comerciantes. Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, párr. 27;Caso Constantine y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 82, párr. 71;Caso Benjamin y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 81, párr. 71; yCaso Hilaire. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 80, párr. 80.

11congruente con las pretensiones realizadas ante esta Corte, no se hizo en elpresente asunto, deduciéndose de ello que los mismos no fueron intentados.Salvo mi voto pues, por la necesidad de entender una justa armonía entre laConvención, los propios Reglamentos de la Comisión y de la Corte, y, elordenamiento interno del Estado demandado, régimen interno que como Juezad hoc he tratado de hacer llegar a los Jueces de la Corte para que tengan unconocimiento más cercano del derecho vigente en el Estado que se estájuzgando y de la práctica que dentro de él se desarrolla con sus estándares,para hacerla compatible con los preceptos de la Convención Americana.2) Razones de fondo:Aún cuando técnicamente no sería necesario realizar ningún análisis respectoal fondo de la presente causa, creo oportuno hacerla por cuanto al desechar ladefensa preliminar de agotamiento de los recursos internos, la Corte señaló:“Por otro lado, la Corte estima que un análisis preliminar sobre la efectividad de lasinvestigaciones de los hechos del presente caso implicaría una evaluación sobre lasactuaciones del Estado en relación con sus obligaciones de garantizar los derechosreconocidos en la Convención Americana cuya violación se alega, en particular através de investigaciones serias y efectivas, cuestión que se debe analizar en el fondode la controversia. En consecuencia, este Tribunal considera pertinente acumular alfondo la excepción interpuesta por el Estado y examinar los argumentos de las partesal resolver si el Estado es responsable por la violación de los artículos de laConvención que se alegan violados en este caso.”De lo expuesto es claro para la Corte, que la excepción alegada de noagotamiento de los recursos internos, tocaba el fondo, por lo que lo analizó almomento de tratar lo referente a la presunta violación del derecho a laintegridad personal y libertad de pensamiento y de expresión.Así, y aún cuando en la parte dispositiva o resolutiva del fallo no fue declaradoque el Estado Venezolano incumplió la obligación prevista en el artículo 8 16 de16Artículo 8. Garantías Judiciales1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez otribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquieracusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,fiscal o de cualquier otro carácter.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezcalegalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientesgarantías mínimas:a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o nohabla el idioma del juzgado o tribunal;b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y decomunicarse libre y privadamente con su defensor;e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o nosegún la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazoestablecido por la ley;f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia,como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, yh. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

12la Convención (garantía judicial), la resolutiva atinente a la declaratoria deresponsabilidad del Estado por incumplimiento de su obligación contenida en elartículo 1.1 ejusdem referente a ofrecer las garantías en el ejercicio de lalibertad de buscar, recibir y difundir información, y, el derecho a la integridadpersonal recogidos en el artículo 13.1 y 5.1 del mismo tratado, se fundamentaen un trípode argumental el cual se encuentra unido por un factor común, cuales –según señaló la mayoría- la inoperatividad del sistema de justiciavenezolano; de allí la conexidad de las razones formales para disentir de lamayoría y la pertinencia de estas breves consideraciones en el fondo.En efecto, el Capítulo VIII del texto de la sentencia se encuentra dividido entres subcapítulos, el primero que se refiere al contexto de los hechosdenunciados y discursos de funcionarios públicos, el segundo atinente a loshechos violatorios de la integridad personal de las presuntas víctimas y de sulibertad de buscar, recibir y difundir información y por último, el terceroconcerniente a las investigaciones de los hechos.Se observa en el primero de los subcapítulos, que:a) se contextualiza la situación planteada señalándose que todos los hechosdel presente caso ocurrieron en contextos y periodos de alta polarización yconflictividad social (párrafo 121 de la sentencia);b) se toma nota que la Comisión en sus informes anuales sobre la situación dederechos humanos en Venezuela emitidos entre 2003 y 2006, señaló “la faltade investigación de tales actos e hizo notar que en varias oportunidadessolicitó al Estado la adopción de medidas cautelares con el fin de proteger lavida, la integridad personal y libertad de expresión de periodistas,camarógrafos y fotógrafos”. (párrafo 122 de la sentencia) resaltado mío.c) se deja expresa constancia que no está acreditado que los discursos queanaliza el fallo demuestren o revelen, por sí mismos, la existencia de unapolítica de Estado. Además, se señala que tampoco han sido aportadossuficientes elementos probatorios que demuestren actos u omisiones de otrosórganos o estructuras estatales, a través de los cuales se evidencia que elejercicio del poder público correspondiere a una política de Estado 17 en lostérminos alegados. (párrafo 138 de la sentencia).17 En el mismo sentido informe de la Comisión 119/06, del 26 de octubre de 2006, “caso Luisiana Ríos y otros vs.Venezuela”, párrafos 180 y 212,en donde se señala:"…omissis…Es por ello, el pensamiento y la expresión de quienes ejercen periodismo crítico al gobierno goza deamplia protección en la Convención en la medida que forman parte del debate político de la sociedad. De la mismamanera, la propia democracia exige que la expresión del pensamiento de quienes son políticos o partidarios deloficialismo en el marco de ese debate doce de igual protección… omissis…La Comisión observa que la mayoría de lospronunciamientos anexados, en los que el Presidente, por ejemplo, denomina a los medios de comunicación privados,inter alía, "jinetes del Apocalipsis", "fascistas", que tienen "una campaña de terrorismo", que están concertados en unaacción contra el gobierno de Venezuela, contra el pueblo, contra las leyes y contra la República, mentirosos, perversos,inmorales, golpistas y terroristas (supra párr. 109), aunque pueden tener un contenido fuerte y crítico que inclusopuede ser valorado como ofensivo, constituyen expresiones legítimas de pensamientos y opiniones sobre las formasparticulares que puede tener un medio de comunicación de ejercer el periodismo que se encuentran protegidas ygarantizadas bajo el artículo 13 de la Convención Americana y la Comisión no encuentra que constituyan violaciónalguna de ese instrumento”En términos similares informe de fondo de de la Comisión caso “Gabriela Perozo y otros vs. Venezuela”,párrafos 176,177,180,181,139, en donde sobre las mismas declaraciones que se analizan en el presente caso:

13d) determina la mayoría que los pronunciamientos oficiales son incompatiblescon la obligación estatal de garantizar la integridad personal y la libertad debuscar, recibir y difundir información, y por tanto han podido resultarintimidatorios para las víctimas. (párrafo 149).La sentencia concluye que existe la posibilidad que el no reproche 18 por lasautoridades frente a los hechos de agresión cometidos por terceros, hayaderivado en que los trabajadores de RCTV, quedaron en una posición demayor vulnerabilidad relativa para realizar su labor periodística, corriendoriesgo de sufrir consecuencias desfavorables para sus derechos. (párrafo 142al 149).De los tres párrafos anteriores, observa quien disiente, que el nexo causalexistente entre el daño denunciado como sufrido por las presuntas víctimas enalgunos de los casos y la responsabilidad del Estado por el cual se determinósu incumplimiento, es débil o inexistente, dado que no llega a determinarseconcretamente, con certidumbre, si los discursos colocaron o no a lostrabajadores (periodistas, fotógrafos, camarógrafos, asistentes) en esa especialsituación de vulnerabilidad relativa 19 por cuanto sólo existe la posibilidad, queimplica que pudo haber sucedido o no, aunado que conforme a lo señalado porla Comisión, la mayoría de los pronunciamientos no constituyen violaciónalguna de la Convención. En efecto se señala en el texto de la sentencia que,aún cuando no se desprende de las declaraciones que los hechoslamentablemente sucedidos hayan sido asumidos como propios por lasautoridades, y tampoco que fuera una conditio sine qua non para losdenunciantes la auto-identificación con la línea editorial de RCTV para que seles ubicara en una situación de vulnerabilidad, se condena, indefectiblemente alEstado por incumplimiento en su obligación de garantizar el ejercicio de lalibertad de buscar, recibir y difundir información y el derecho a la libertadpersonal."…omissis… La Comisión observa que la mayoría de los pronunciamientos anexados aunque pueden tener uncontenido fuerte y crítico constituyen expresiones legítimas de pensamientos y opiniones sobre las formas particularesque puede tener un medio de comunicación de ejercer el periodismo que se encuentra protegidas y garantizadas bajoel artículo 13 de la Convención Americana y la Comisión no encuentra que constituyan violación alguna de eseinstrumento…omissis…La Comisión estima que la importancia de los medios de comunicación y particularmente lalabor de los periodistas no implica una inmunidad con relación a las posibles críticas de la sociedad en general,incluyendo a los funcionarios públicos. Por el contrarío, como vehículos de la comunicación social deben estar abiertosy mantener un margen de tolerancia frente al escrutinio público y crítica de los receptores de la información quedifunden…omissis… Por ello, es evidente que en el marco del debate público en Venezuela, el tema de cómo losmedios de comunicación ejercen su trabajo es un tema de discusión pública y por ello, las críticas y calificacionesrealizadas en este marco por funcionarios o por particulares deben ser toleradas en cuanto no conduzcan directamentea la violencia …omissis… la Comisión considera que dichas declaraciones de los funcionarios, pese a poder serchocantes, fuertes, ofensivas o carentes de prudencia …omissis… no pueden considerarse como incumplimiento delEstado del deber de respetar el derecho a la libertad de pensamiento y de opinión, cuando justamente lo que suponees su ejercicio …omissis… aunque coadyuvan a crear un ambiente de fuerte politización y polarización de los mediosde comunicación…el fuerte contenido de los pronunciamientos no puede considerarse como la causa directa de losposteriores actos en perjuicio de los trabajadores de Globovisión”.18 En contra de lo que se señala, es importante transcribir el párrafo 142 del informe de fondo de de la Comisión caso“Gabriela Perozo y otros vs. Venezuela”, en donde sobre las mismas declaraciones que se analizan en el presentecaso, se señala:“…omissis… la Comisión toma nota de que en abril del 2003 el Presidente de la República llamó a respetar a losperiodistas y darles el tratamiento que ellos dignamente merecen."19 Concepto que fuera introducido primero en Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de Septiembre de 2003. CondiciónJurídica y Derechos De Los Migrantes Indocumentados.; y luego en sentencias: Caso de la “Masacre de Mapiripán”Vs. Colombia Sentencia de 15 septiembre de 2005. Párr. 174. Sentencia Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs.República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005

14Dentro de la teoría de la responsabilidad, la Corte en el fallo del cual disiento almomento de analizar la influencia de las presuntas víctimas en los hechosgenerados señaló:“62. La Corte reitera que su función es determinar, en ejercicio de su competenciacontenciosa como tribunal internacional de derechos humanos, la responsabilidad delEstado bajo la Convención Americana por las violaciones alegadas, y no laresponsabilidad de RCTV u otros medios de comunicación social o de sus directivos,accionistas o empleados en determinados hechos o sucesos históricos en Venezuela,ni su papel o desempeño como medio de comunicación social. La Corte no haceninguna determinación de derechos de RCTV, en tanto empresa, corporación opersona jurídica. Aún si fuese cierto que RCTV o su personal han cometido los actosque el Estado les imputa, ello no justificaría el incumplimiento de las obligacionesestatales de respetar y garantizar los derechos humanos. El disenso y las diferenciasde opinión e ideas son consustanciales al pluralismo que debe regir en una sociedaddemocrática.”El cuestionamiento al nexo causal puso en relieve la necesidad de queexaminara la participación de las víctimas en la producción de losacontecimientos reseñados en la sentencia, no para juzgarlas ni condenarlas,por cuanto es sabido que esta Corte no tiene dentro de sus funciones juzgar alos nacionales de los Estados, sino por el contrario para determinar conprecisión la existencia de culpabilidad o no del Estado así como paradeterminar lo que condujo a esa condición de vulnerabilidad relativa. Esoportuno resaltar que una prueba en este sentido fue promovida por el Estadoy declarada inadmisible por la Corte 20 .De los argumentos del Estado no se desprende que se estaba exigiendo laresponsabilidad de las presuntas víctimas sino que por el contrario se estabaenervando una causal de eximente de responsabilidad. Lamentablemente laspruebas tendentes a demostrar esta eximente no fueron admitidas como sedijo, no obstante ello creo que era una de las respuestas esperadas en el juiciotanto de parte de las presuntas víctimas como del Estado, ello en el marco dela paz social que debe derramar toda sentencia dentro de una sociedad odentro de una nación, de allí que no exista la posibilidad para juzgar estacausal de relevo de responsabilidad.Los anteriores comentarios y precisiones entorno a la sentencia de la cualdifiero, se ubican como antecedentes al cuestionamiento del servicio público dejusticia y al sistema de justicia venezolano que realiza el fallo en el subcapítulosiguiente, el cual vuelve a tratar, como lo hizo el presente, la obstrucción oimposibilidad de realizar labores periodísticas por parte de algunostrabajadores del sector (parte final del párrafo 148) adminiculados con la faltade diligencia debida, inactividad procesal, tardanza en las investigaciones.En el sentido de lo que se expone, se observa en el segundo de lossubcapítulos, que:a) Vuelve a evidenciarse la necesidad de haberse evacuado la pruebapromovida por el Estado en la cual se determinase o no, la participación de las20 Ver sentencia de trámite (Resolución) de la Presidenta de la Corte de fecha 11 de junio de 2008, párr. 27 y 33.

15víctimas en la producción de los acontecimientos reseñados o “que tomaranparte en los actos de alteración del orden publico” (párrafo 154), por cuanto losrepresentantes negaron que las consecuencias sufridas por las presuntasvíctimas fueran consecuencia de su conducta (párrafo 153) aún cuando comose señaló, el Estado la había opuesto como eximente de responsabilidad.b) Sorprende para quien disiente que aún cuando la razón para acumular alfondo la excepción preliminar de agotamiento de los recursos internos, fue queel análisis de la efectividad de las investigaciones desplegadas por el Estadoimplicaría una evaluación del demandado en relación con sus obligacionesfrente a la Convención, (párrafo 40), más adelante expresamente se señalaque la Corte no se pronunciará respecto a la idoneidad y efectividad de lasmedidas de protección (párrafo 155), como si fuera posible escindir ensecciones la actuación del sistema de justicia venezolano; estepronunciamiento se hace luego que se señalare que la mera orden de adoptarmedidas de protección no demuestra que el Estado haya protegidoefectivamente a los beneficiarios de las medidas. (párrafo 154). Todo esto poneen evidencia la conexidad entre los hechos, y el sistema de justicia (y dentro deéste el servicio de justicia venezolano) y de todo lo anterior con la sentenciaaprobada por mayoría.c) De forma sistemática se realiza un análisis de cada uno de los hechos,determinando la mayoría sentenciadora que fueron terceros no vinculados algobierno, quienes llevaron a cabo actividades obstaculizadoras que impidieronlas labores periodísticas de las presuntas víctimas; igualmente se concluye quepor esa actividad de terceros el Estado no es responsable por la violación a laintegridad física. Al margen de esa consideración se señala expresamente enla mayoría de los casos, que existieron actividades y omisiones imputables alsistema de justicia venezolano 21 sin que el Estado haya dado justificación deello; por ejemplo se señala que: se denota una inactividad procesal que no fuejustificada, o, que no existe prueba que el Estado haya actuado con la debidadiligencia debida en el desarrollo de las investigaciones, o en la oportunidaddebida, o, que las investigaciones duraron determinado tiempo, o, que huboinactividad procesal por el tiempo que se señala en el texto, o, que se ordenó lainvestigación después de determinado número de tiempo, o, que se realizó laprimera diligencia después de determinados años, o que no se realizó ningunaactuación o desplegó ninguna investigación o que hubo tardanza en ellas, oque no se realizó la evaluación médico-legal en casos determinados, o quehubo retardos injustificados en la emisión de ciertas decisiones por parte de losórganos encargados de la persecución penal, por no haber prueba suficientede la investigación. (vid. entre ellos los párrafos, 167, 171, 183, 187, 191, 195,21“Artículo 253. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre dela República por autoridad de la ley.Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante losprocedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias.El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determinela ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares yfuncionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, losciudadanos y ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogadosautorizados o autorizadas para el ejercicio.” Resaltado mío

16199, 215, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 263, del texto de lasentencia).Visto ello así, pareciera ser evidente la poca eficiencia y eficacia del sistemaJudicial venezolano y consecuencialmente pareciera procedente desde esaineficiencia, la condena que establece la sentencia respecto al incumplimientode garantizar los derechos previstos en los artículos 13.1 y 5.1 de laConvención. No obstante ello, como se analizará Infra, eso no tuvo que haberconstituido un factor para la condena.d) Al tratar dentro de este subcapítulo la violación a la integridad psíquica ymoral de las presuntas víctimas, la Corte aún cuando desecha el peritajerepresentado por la evaluación psicológica llevada a cabo por MagdalenaLópez, determina – partiendo presumiblemente de una máxima de experienciapor cuanto no existe prueba que haga concluir científicamente lo determinadopor la mayoría sentenciadora- que en virtud de que las presuntas víctimasfueron objeto de amedrentamiento y obstaculizaciones, agresiones, amenazasy hostigamientos en su labor periodística, el Estado es responsable por laobligación de garantizar el derecho a la integridad psíquica y moral de lasvíctimas señaladas. (párrafo 273). Presume quien disiente que esta condena sehace porque el Estado expuso a las presuntas víctimas a una situación devulnerabilidad relativa así como por la falta de operatividad del sistema y delservicio de justicia venezolano. Dado que no existe razonamiento para laconclusión a la que arriba la mayoría sentenciadora, debemos ratificar que elnexo causal es muy débil o inexistente como se analizó supra.Por último y siguiendo el orden señalado, se observa en el tercero de lossubcapítulos, que:a) Resalta para quien disiente, que la Corte luego de analizar los argumentosdel Estado en donde se listaban otras acciones existentes diferentes a laspenales (párrafo 286) concluya que las partes han puesto énfasis encontroversia llevada por ante esta Corte en las denuncias e investigacionesrealizadas en sede penal, deviniendo de allí un análisis respecto a los recursosexistentes dentro de la sede penal (en el párrafo 291), al punto de tratar desubsumir que el control de las actuaciones de la Comisión Nacional deTelecomunicaciones (CONATEL) tuvieron que haberse realizado ante elMinisterio Público.Ratifico lo dicho supra respecto a que no existió congruencia entre laspretensiones traídas ante el Sistema Interamericano de Protección y losrecursos internos que tuvieron que haberse agotado para poder acceder a ella,por cuanto un juez penal actuando con competencia penal en Venezuela nopodrá pronunciarse respecto si las actuaciones de CONATEL denunciadas,violaron o no la libertad de expresión y restituir la situación que señalan laspresuntas víctimas como lesionada. Estos actos son revisables a través de lasacciones o recursos contenciosos administrativas previstas en el ordenamientojurídico venezolano o a través de acciones constitucionales.

17b) Observa quien suscribe que al no ser idónea ni suficiente la vía penal comose señaló supra, la Corte solamente analizó la eficacia y efectividad de la víapenal para evidenciar, -erradamente a mi juicio- que si los órganos del Estadohubieran actuado conforme a lo dispuesto en el COPP 22 las resultas de estejuicio hubiesen sido otras.c) Inclusive es analizado por la sentencia la falta de actividad del Estado dentrode la jurisdicción penal para concluir que ello generó una conducta lesiva paralas víctimas. En efecto se señala que el Ministerio Público tuvo que solicitar ladesestimación de la denuncias para el caso de que luego de iniciada lainvestigación se determinase que los hechos objeto del proceso constituyendelito cuyo enjuiciamiento sólo procede a instancia de parte agraviada, elloconforme al artículo 301 del COPP de 2001. Debemos señalar que encontradicción con esta conclusión se encuentran dos artículo del mismo cuerpolegal, el artículo 24 y 25. 23 El fundamentar la condena del Estado 24 por lainactividad del Ministerio Público al no haber solicitado la desestimaciónconforme al artículo 301 ejusdem, es no interpretar el código en cuestiónintegralmente y no percatarse que los particulares en esa situación debieron,conforme a los dos artículos reseñados, acudir directamente ante los órganosde justicia.Esta exigibilidad además se fundamenta (párrafo 301 y 302), en lainterpretación errada del artículo 75 del COPP, 25 al extraer de él, la carga sobreel Estado de disponer todas las medidas de prueba necesarias e investigar enforma diligente la denuncia, concluyendo que las autoridades judiciales no sepronunciaron sobre la aplicabilidad de las reglas de conexidad ni emitió, salvoen algunos casos, decisiones que hubiesen aclarado si la vía intentada era laadecuada (párrafo 303). Lo cierto es que el mencionado artículo trata loreferido al fuero de atracción para el caso en que a una misma persona se leatribuya la comisión de delitos de acción pública y de acción a instancia departe agraviada, determinando el mencionado artículo que la causacorresponderá al Juez competente para el juzgamiento del delito de acción22vid Párr. 294 al 296 de la sentencia que se disiente.23“Artículo 24. Ejercicio. La acción penal deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, salvo que sólo puedaejercerse por la víctima o a su requerimiento.” Resaltado mío“Artículo 25. Delitos de instancia privada. Sólo podrán ser ejercidas por la víctima, las acciones que nacen de los delitosque la ley establece como de instancia privada, y su enjuiciamiento se hará conforme al procedimiento especialregulado en este Código.Sin embargo, para la persecución de los delitos de instancia privada previstos en los Capítulos I, II, y III, Título VIII,Libro Segundo del Código Penal, bastará la denuncia ante el Fiscal del Ministerio Público o ante los órganos de policíade investigaciones penales competentes, hecha por la víctima o por sus representantes legales o guardadores, siaquella fuere entredicha o inhabilitada, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales”Cuando la víctima no pueda hacer por sí misma la denuncia o la querella, a causa de su edad o estado mental, ni tienerepresentantes legales, o si éstos están imposibilitados o complicados en el delito, el Ministerio Público está en laobligación de ejercer la acción penal. El perdón, desistimiento o renuncia de la víctima pondrán fin al proceso, salvoque fuere menor de dieciocho años.24Párr. 304 de la sentencia que se disiente.25“Artículo 75. Fuero de atracción. Si alguno de los delitos conexos corresponde a la competencia del juez ordinarioy otros a la de jueces especiales, el conocimiento de la causa corresponderá a la jurisdicción penal ordinaria.Cuando a una misma persona se le atribuya la comisión de delitos de acción pública y de acción de instancia de parteagraviada, el conocimiento de la causa corresponderá al juez competente para el juzgamiento del delito de acciónpública y se seguirán las reglas del proceso ordinario.”

18pública y se seguirán las reglas del proceso ordinario. Lo que trata la norma noes la diligencia que debe adelantar el Estado sino cómo ha de resolverse elproblema adjetivo para el caso en que se impute a una persona dos delitos denaturaleza disímil.d) Concluye por todo ello la mayoría sentenciadora que el conjunto de lasinvestigaciones no constituyeron un medio efectivo para garantizar losderechos a la integridad personal y a buscar, recibir y difundir información delas presuntas víctimas (párrafos 330 y 331); por lo que se determina que elEstado resulta responsable por haber incumplido los artículos 13.1 y 5.1 enconcordancia con el artículo 1.1 de la Convención, no sólo por haber puesto alos periodistas en una situación de vulnerabilidad relativa (con un débil oinexistente nexo causal como se resaltó supra), lo que devino en unaobstrucción en el ejercicio de las labores periodísticas, a lo cual se le unió laomisión de las debidas autoridades estatales en su deber de debida diligenciaen las investigaciones. (párrafo 334).La anterior conclusión nos hace reflexionar necesariamente respecto de laresponsabilidad del Estado por la prestación de sus servicios públicos, y dentrode ellos el servicio de justicia venezolano, para de allí poder validar la síntesis ala que arriba la mayoría en su fallo. Ello es así por cuanto en definitiva es elservicio público de justicia lo que ésta Corte está analizando y sobre el cualrecayó la ratio fundamental para emitir el fallo. En definitiva se exige unestándar general y uniforme muy alto en el servicio de justicia venezolano.Lo primero que debe tenerse en cuenta, a juicio de quien disiente, es lanaturaleza del servicio de que trate, los aleas, y las dificultades que comporta ylo que se necesita para que éste se desarrolle. Corroborado lo anterior sepodrá establecer si el servicio funcionó mal, tardíamente o sencillamente nofuncionó. Ningún análisis al respecto se realizó en el fallo.Igualmente dentro de los requisitos para la procedencia de la responsabilidadestatal debe destacarse uno, el referido al daño.Responsablemente debemos señalar que en lo atinente al daño, en el presentecaso éste no representó uno que fuera especial ni anormal.No es especial porque no se particulariza solamente en las presuntas víctimaslas omisiones y tardanzas determinadas por la Corte y ello es así porquelamentablemente la tardanza y algunas otras deficiencias judiciales soncomunes al conjunto de miembros de la colectividad venezolana. El Estado hahecho esfuerzos para solventar los problemas del servicio de justicia y enalgunos casos esto ha traído un alto grado de éxito para remediar la situación.En efecto existen resultados satisfactorios en la reforma laboral con la entradaen vigencia de la Ley Orgánica Procesal Laboral en el año 2002; no obstanteen materia penal, pese a la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesaldesde el año 1998 (aunado a sus subsecuentes reformas) no ha sido tan alto eléxito, tal vez porque es la jurisdicción que históricamente ha tramitado mayorescausas en el país.

19Consecuencialmente con lo anterior, el daño que se analiza en esta causatampoco es anormal, por cuanto no excede de los inconvenientes inherentes alfuncionamiento de un servicio público como el de la justicia venezolana ni delas limitaciones que impone a la vida colectiva. En definitiva no traspasa losobstáculos propios del funcionamiento del servicio.Estos comentarios no se hacen con la finalidad de justificar el modo en quefunciona el sistema de justicia venezolano y las consecuencias que el tuvo enel presente asunto. Nada más lejos de mis pretensiones más aún cuandoestamos en presencia de derechos humanos. Lo que se persigue con ello eshacer notar que estos extremos no fueron tomados en cuenta para motivar lacondena que hace la sentencia ni menos aun para catalogar lo que es un plazorazonable o debida diligencia en las investigaciones, por cuanto como setrascribió, fue por ello que se estableció que el Estado incumplió con laobligación de garantizar el ejercicio de buscar, recibir y difundir información y elderecho a la integridad física, fue porque las investigaciones no contribuyeronni constituyeron un medio efectivo para garantizar los derechos a la integridadpersonal y a buscar, recibir y difundir información de las presuntas víctimas, ycon base a ello se realizó la condena.Dicho en otras palabras, es mayormente por los defectos del sistema dejusticia, (prestada en la jurisdicción penal, por cuanto como se señaló al iniciode este voto disidente no fueron agotados otros recursos, de los que senecesariamente no se pudiera inferir lo mismo) que se condena al Estadovenezolano, condena que se realiza sin que se hayan analizado los extremosnecesarios para establecer la responsabilidad del Estado por el sistema yservicio de justicia.Aunado a lo anterior hay que resaltar, como lo hace la sentencia, el alto gradode conflictividad al momento del acaecimiento de los lamentables y repudiableshechos denunciados, todo lo cual minimiza o acerca la situación a unaeximente adicional de responsabilidad estatal por la existencia de casosfortuitos o de fuerza mayor en la prestación de servicios públicos.No quiere quien suscribe cerrar este voto disidente o salvado, sin señalar quedeplora de la manera mas categórica y enfática posible, la violenciadesplegada en Venezuela durante la época en que se suscitaron los hechosanalizados en el juicio, pero como queda demostrado en las líneas queanteceden, no se dejó que la jurisdicción interna intentara, con sus propiosestándares, virtudes y defectos, buscarle una solución al conflicto que seplanteó por ante esta Corte. Solamente después de resultar insatisfactorias lasactuaciones del Estado o demostrarse de manera integral que los recursosinternos no fueren idóneos para satisfacer las pretensiones, es que pudohaberse sometido a consideración del Sistema Interamericano de protección, elasunto que se debatió y sentenció en el presente caso. Entender lo contrariosería vaciar el sistema de justicia venezolano.Por todo lo expuesto es que me siento en el deber y obligación pues, comodije, en plantear mi reserva al fallo del cual disiento, el cual emito con el mayorrespeto hacia quienes sustentan un punto de vista diferente.

20Queda de esta forma planteada la razón para salvar mi voto en la presentedecisión. Fecha ut-supra.Pablo Saavedra AlessandriSecretarioPier Paolo PasceriJuez Ad Hoc