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y concertación entre el Estado y la sociedad civil, buscandore-legitimar el sistema de representación políticay fortalecer el sistema democrático en el país.Un espacio decisivo para promover el diálogo socialentre el Estado, la sociedad civil y los partidos políticosfue la creación del Foro del Acuerdo Nacional. Esteposibilitó no solo la elaboración de políticas de Estado,sino también un espacio permanente de diálogo y reconocimientoentre actores decisivos en la vida públicadel país. Por su parte, la MCLCP fue otro espacio dediálogo y articulación permanente entre el Estado y lasociedad civil, articulando una vasta red nacional. Asimismo,se constituyeron diversos espacios sectoriales,regionales y locales de encuentro y concertación en ladefinición de políticas públicas y planes de desarrollo,construyendo, a la vez, un mecanismo sistemático deelaboración de presupuestos participativos en regionesy localidades.Muchos de estos nuevos espacios y mecanismos recogenexperiencias anteriores, reformas sectoriales queincorporan el diálogo con la sociedad civil y, en particular,formas de participación y concertación en losespacios locales. Estas últimas, desde mediados de ladécada de 1980, luego de restablecida la elección delas autoridades municipales, movilizaron la participaciónde distintos actores locales, institucionalizando instanciasde diálogo y concertación que adquirieron la formade “mesas” o de “consejos de desarrollo”. No obstante,podremos apreciar más claramente la significación deestos nuevos espacios y mecanismos en la relaciónentre el Estado y la sociedad civil si reconocemos lascaracterísticas que asumieron estas relaciones duranteel régimen de Fujimori.La huella autoritaria: una comprensiónpragmática de la participaciónLa aplicación de las políticas neoliberales, durante elrégimen de Fujimori, incidió en una mayor desestructuraciónsocial, y la lógica individualista fue afectandolas estrategias colectivas para la inserción en la economíay el reconocimiento de derechos. Asimismo,la violencia política debilitó profundamente el tejidosocial popular e incrementó la desconfianza en lasinstituciones.El Gobierno de Fujimori instauró un tipo de participaciónque apuntaba a una mayor eficiencia administrativa enla provisión de servicios públicos, con el fin de frenar almáximo posible el gasto público y reducir el tamaño delEstado. 111 El ciudadano es visto principalmente comousuario de servicios y, más concretamente, en el casode los programas sociales, como “pobre” que se organizay ejecuta los programas, compitiendo por los fondosde compensación social. Marcados por esta lógica, seorganizan diversos espacios de participación, como losnúcleos ejecutores de FONCODES, nuevos comedorespopulares o los CLAS —más allá del gran potencial quemostraron estos últimos en eficacia y construcción deequidad—. Esta forma de participación, a su vez, permiteal Estado orientarse “por la demanda”, sirviendo así desustento al desmontaje de la planificación estatal, puesya no es el Estado el que debe tener iniciativas y propuestassino la organización social. 112Este esquema de participación es la contraparte de undiscurso que fustiga la ineficacia de los partidos existentese invoca la democracia directa. 113 Es en estalógica, pero también desde las apuestas de distintossectores del Congreso y presiones sociales, que la111 Iguiñiz, Javier. “Participación social: Tensiones y esperanzas en la experiencia peruana”. Revista El Sur, n.º 20, Navarra, junio, 2005.112 Remy, María Isabel. Los múltiples campos de la participación ciudadana en el Perú. Lima: IEP, 2005, p. 26.113 Ibíd., p. 26.Parte 2: Desempeño de los actores 99